El presupuesto es un instrumento del sector público para eficientar el gasto y orientarlo a la consecución de los objetivos programáticos establecidos.
Esto es, no solo es suficiente hacer un uso racional, sin exceso, del gasto público, sino que además es necesario, que desde su base, el gasto se encuentre sustentado en líneas generales y particulares de gasto, con base en una planeación que defina con claridad y sencillez programas, y éstos a su vez, se encuentren sujetos a actividades y acciones.
Se trata más que todo de evitar la discrecionalidad en el gasto, y con ella, las decisiones atropelladas y coyunturales, que propician la anarquía en el gasto, instrumento perverso de algunos servidores públicos para cometer peculado, en el estricto sentido, utilizar de manera patrimonialista el recurso público, o bien, incurrir en el peculado electoral, distrayendo el erario para construir candidaturas y proyectos políticos.
Las entidades públicas, aún con la autorización del presupuesto, carecen de la posibilidad de auditarse por sí mismas, al menos en forma definitiva; lo hacen, pero en forma preventiva y correctiva, pero siempre existirá un órgano distinto que los revise y sancione, en la facultad de rendición de cuentas que camina hacia el perfeccionamiento de una auténtica autonomía constitucional.
Esa autorización presupuestal recae también en una diversa entidad. Tratándose de las autoridades municipales, es el cabildo quien revisa la pertinencia del gasto, el cual, pese a la deficiencia estructural básica de su conformación política, es un mecanismo de control.
El problema, como ocurre en el caso de Chihuahua, es que de manera deliberada se agotan los tiempos para provocar una revisión superficial del presupuesto, en busca de burlar la facultad legal y constitucional que tienen los regidores.
Como bien lo apunta Kenny Arroyo, el presidente municipal de chihuahua utiliza la dilación para evadir un mecanismo minucioso de evaluación de los programas para el próximo año, dentro de los cuales destacan las acciones de asistencia social y obra pública, que por ser año electoral, corren el riesgo de ser utilizados con ese objetivo.
Pero además, el ayuntamiento debe programar en forma responsable el pago de la deuda que se contrajo en esta administración y que rebasa los cien millones de pesos, y por supuesto, verificar con lupa los recursos destinados al área de seguridad pública, que de por sí son insuficientes, debe verificarse su programación.
La ausencia de un tiempo razonable hace que esta facultad revisora del cabildo se transforme en simulación. Ojalá no ocurra así.
