En un mundo globalizado como el que vivimos, las acciones que pueden realizar las localidades para impulsar las actividades económicas o de seguridad poco resultado tendrán si la administración nacional o federal es errática u omisa al respecto.
En el caso particular de México, siendo una de las estrategias desde el inicio de la actual administración federal, incluso slogan de campaña, el empleo no ha podido despuntar.
De acuerdo a las cifras dadas a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en promedio, de cada 100 mexicanos que arribaron al estatus de Población Económicamente Activa, durante los últimos diez años, sólo 26 encontraron un empleo formal: en la década el Instituto Mexicano del Seguro Social solo registró 2.2 millones de asegurados contra un alza en la PEA de 8.5 millones.
La población en edad de laboral aumentó en dos por ciento promedio anual, mientras que la generación de empleos sólo en 1.6 por ciento.
En esta década, del 2001 al 2010, se calcula, de acuerdo a los datos del INEGI un déficit de 6.28 millones de empleos formales.
Actualmente, sin considerar el Censo de Población y Vivienda 2010, existen 47.8 millones de individuos en la PEA, es decir, cerca de 44 por ciento de la población total.
El dato es revelador, porque la informalidad creció, con todos sus efectos fiscales y de protección social a los trabajadores y sus familias, costo que al final de cuentas se traslada al Estado.
Si de cada cien personas solo 26 encontraron empleo formal, 74 se sumaron a la informalidad. Y el problema aumenta momento a momento: de abril a marzo de 2011 según cifras de la Secretaria del Trabajo Federal se sumaron al desempleo 263 mil personas.
El problema no tiene solo que ver con la baja generación de empleos formales, sino también implica el nivel salarial de estos trabajadores. De ellos 1.1 millones de personas reciben como máximo cinco salarios mínimos al mes.
En cuanto a protección social, las millones de personas en la informalidad acuden a los servicios asistenciales oficiales subsidiados, que se limitan a la protección a la salud.
No existe un mecanismo para la protección al retiro más que el Afore, donde se debe cotizar de manera voluntaria. Pero desde la informalidad, es probable que la persona no lo haga, generándose un problema social a largo plazo.
El empleo, acompañado de la violencia, sigue siendo el reto nacional a enfrentar por la administración pública federal, paradójicamente ambos vinculados de manera indisoluble: los indicadores de violencia impactan a la inversión y el empleo y viceversa.
La estrategia debe ser integral: el subsidio como estrategia de ataque al desempleo debe ser momentáneo y no permanente; igual ocurre con la militarización del país, partiendo de que, en el caso de la violencia, el empleo, en su solución, corresponde de principio a la construcción de condiciones nacionales y no locales: el gobierno federal debe voltear auténticamente a una administración con sentido social, lejos del paternalismo y el afán mercadológico por construir imagen con afanes electorales.
