Columna de análisis crítico

martes, 13 de junio de 2017

Supuesta defensa de la libertad


"La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los  valores éticos  y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga".
Tal es la redacción del apartado noveno de la Declaración de Chapultepec y que se refiere, en sintesis, a la auto-regulación ética del periodista y la importancia de que sea el mercado lector, radio escucha, televidente o cibernauta, quien lo sancione mediante reducción de audiencia.
Los periodistas en su ejercicio cotidiano demuestran su compromiso con la verdad. Salvo excepciones, el periodista indaga, corrobora el dato, busca opinión contrastada, otorga el derecho de réplica, con una visión de compromiso social, todo ello en busca de precisión, imparcialidad y equidad.
La precisión la otorga el dato duro, la entrevista, noticia, o reportaje fielmente redactado, con apego a la información recolectada. Un proceso donde el periodista no es el último eslabón, sino que en él interviene la mesa de redacción, con particular intervención del editor, y el ojo crítico del jefe de información, el jefe de redacción y el mismo director del medio.
El problema es que el proceso de revisión de la información se ha acortado: del reportero la información va directamente a la publicación, en el caso de internet, y muchos medios impresos que primero la suben a su página y después hacen el proceso de revisión. La celeridad por publicar rebasa los controles propios del medio. Ello, indudablemente afecta la precisión.
Abona a ello también la ausencia de una labor de comunicación social profesional, que no otorga a los representantes de los medios la información puntual mediante tarjetas informativas o cualesquier otro apoyo, y que se limita a proporcionar transcripciones a posteriori, demasiado tarde, cuando la información ya se propago en internet.
En busca de la imparcialidad, el periodista debe contrastar información cuando tiene conocimiento de un dato existe la obligación de buscar el contraste, la contraparte. El problema es la celeridad por publicar la información, ello le impide contrastar: primero se publica el dato y luego busca la réplica, que en ocasiones, es cierto, tiene diferencia mínima en el tiempo. Ello en términos de la celeridad de la información, se convierte en una "moderna" imparcialidad, que en épocas de medios impresos o noticiarios nocturnos, con anterioridad llevaba al día siguiente. Hoy eso no ocurre. Sin embargo, la publicación, sin contraste, en lo inmediato, falta a la imparcialidad de esa forma, aunque de manera mediata, -¿media hora, una hora después?- se subsane o corrija la deficiencia.
La equidad como principio tiene un alto sentido social y subsidiario de la prensa. La equidad debe ser entendida como la necesidad de tratar desigual a los desiguales: es decir, suplir las deficiencias técnicas o económicas para comunicar, que tienen amplios sectores de la sociedad, frente a las grandes empresas o los aparatos de gobierno.
Ante ello, la prensa esta llamada a dar voz a quienes carecen de voz mediática: la prensa es el mecanismo intermediario, un altavoz, para que el gobierno y la clase política escuche mensajes que de otra manera jamás podría conocer: es el compromiso social.
Sin embargo, esa equidad no solo es subsidiaria socialmente, sino que también significa un mayor rigor, exigencia y crítica a la clase política, empresarial y gubernamental. Una prensa equitativa exige mayor transparencia y rendición de cuentas a los servidores públicos, porque tienen una responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Por ello, la Corte ha considerado que en estos casos existe una menor protección a aspectos de privacidad que en caso de particulares, toda vez que, es lógico, quien maneja recursos del erario público debe estar ante un mayor escrutinio.
En esa equidad, los funcionarios no pueden equipararse a los particulares, eso seria un contrasentido. No son iguales. En términos jurídicos podríamos decir que nos encontramos frente a una relación de supra-subordinación, donde el poder público coloca a sus representantes en una relación desigual frente al resto de la sociedad: el particular está sometido no solo formalmente a la autoridad, sino también materialmente, dado el gran peso de ese poder que detenta, y que sin empacho hace ostensible en cualquier oportunidad.
-Es el funcionario en su Yukon 2018, escoltado por cuatro Rams 4x4, también del año que entra, frente al tsuru 1992, en el cruce de una calle. La diferencia es abismal. El simple ciudadano termina haciéndose a un lado, sometido-
Precisión, imparcialidad y equidad son obligaciones que Chapultepec impone moralmente a la prensa, y que ésta hizo suyas desde su nacimiento, con las dificultades ya señaladas para su cabal cumplimiento.
Pese a esas deficiencias, naturales en una actividad humana tan compleja, no se admite imposición de ningún poder fáctico ni formal, porque son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios.
Al final, como lo señala Chapultepec, será la opinión pública quien premie o castigue: que sea la misma audiencia quien cambie de estación o canal de televisión, deje de navegar por determinadas páginas de internet o abandone la compra de medios impresos.
Que no sea el gobierno ni el sector empresarial quien imponga un contenido en medios de comunicación, bajo criterios de supuesta defensa de la libertad de expresión. No les corresponde a ellos ese papel.

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