Corresponderá a la Contraloría Superior del Estado o bien a la Fiscalía General determinar el grado de responsabilidad que tienen los servidores públicos municipales de la administración panista 2007-2010 en el escándalo público en que se convirtió la edificación de la Gaza Vial localizada a la altura del estadio universitario, al norte de la ciudad.
Por supuesto, alrededor de la polémica construcción destaca el hecho de que la obra haya sido licitada quince días antes de la culminación de la administración municipal de Carlos Borruel, que en calidad de interino concluyó Álvaro Madero.
Asimismo, llama la atención que habiendo sido destinados inicialmente para la edificación 34 millones de pesos solo se firma el contrato por 24 millones, sin que el resto haya sido reportado a la actual administración municipal.
Por último, que la obra, en el procedimiento licitatorio de adjudicación, se hubiese aprobado por la anterior administración municipal, cuando el proyecto invadía indebidamente un predio propiedad de un particular, afectado de manera arbitraria, en un auténtico y claro abuso de autoridad, irresponsabilidad técnica del área encargada de validar el proyecto de ingeniería.
La regularidad administrativa, si se quiere, el orden y el método, simplemente, exigen de las gobiernos asumir posturas que permitan la continuidad de los servicios y la obra pública.
Sin embargo, debe considerarse que, si bien no existe ningún impedimento legal para licitar en algún lapso previo a la culminación de las gestiones gubernamentales, también es cierto que despierta el “sospechosismo” la obra pública asignada unos días antes de la conclusión del mandato. ¿Por qué la prisa en asignar los contratos, dejando a la siguiente administración la responsabilidad de construir? ¿Era verdaderamente tan urgente, atendiendo esta característica como elemento esencial, indispensable, licitar la obra? Creo que no, salvo que los tiempos de asignación y ejecución se hayan dejado correr de manera irresponsable a grado tal de correr el riesgo de castigo con motivo de tratarse de una inversión federal. En ambos casos no es justificable.
Por otro lado, como es que se habla de una inversión de 34 millones cuando el contrato firmado entre gobierno del estado, municipio y federación es del orden de 24 millones, monto del subsidio autorizado para la obra, y que fue finalmente destinado en la ejecución de la Gaza. ¿Por qué se habla de diez millones más? ¿Dónde quedaron si esto fue así?
Una cosa más, ¿Cómo es que se proyecta la edificación de la obra invadiendo terrenos sobre los cuales no existe certeza jurídica? ¿Será que no existe memoria histórica: el caso Encino no le dice nada a la anterior administración panista?
La obra, cualquiera que sea, debe construirse sobre predios propiedad, en este caso, del ayuntamiento. Claro que existe responsabilidad al respecto.
Habrá que esperar las determinaciones de la autoridad.
