Un órgano autónomo de la Radio y la Televisión

La materia electoral se ha desprendido de las instancias de gobierno, tanto federal como estatal, lo cual significa que ambos quedan sujetos al órgano autónomo regulador creado ex profeso.
Decir que ambos están sujetos en algunos apartados del rubro electoral y en otros no, es negar el principio general que busca construir un andamiaje ajeno a la coyuntura política y al tráfico de influencias desde el poder para la sucesión del mismo.
La autonomía constitucional aún no es plena, faltan dos aspectos relevantes para alcanzar dicho cometido: una suficiencia presupuestal permanente y la administración autónoma real de la radio y la televisión.
La radio y la televisión deben considerarse como bienes preciados del Estado mexicano, en busca de propiciar el fortalecimiento de valores universales como la pluralidad y la tolerancia, así como defender los principios bajo los cuales se ha edificado la nación mexicana como la independencia; en momentos de emergencia, la solidaridad; en forma permanente, la democracia como sistema de vida.
Estamos hablando de valores, principios y fines no coyunturales, por eso, se habla de Estado y no de gobierno, llámese administración en turno: la radio y la televisión no deben servir al presidente del momento.
Si no se entiende en este contexto la importancia de los medios, es indispensable que el ejecutivo federal deje de tener la tutela sobre la administración de los mismos.
La cuestión es que el uso en cadena nacional de dichos medios electrónicos, a unos días de las elecciones en 14 entidades federativas, en una demostración de inequidad y parcialidad, así como la posterior arrogancia de no aceptar la sanción pública emitida por el Instituto Federal Electoral, demuestran que el gobierno federal no entiende y que carece de la facultad de manejar responsablemente el espacio radioeléctrico.
Ante esta incapacidad, debe reflexionarse acerca de la posibilidad de crear un órgano autónomo que regule la Radio y la Televisión, con independencia de la administración pública federal.
Estamos hablando de una independencia constitucional, no una autonomía técnica de un órgano desconcentrado o descentralizado.
Probablemente no es el IFE el órgano adecuado, por la carga de sus responsabilidades, porque la materia desborda el simple uso y la administración de espacios, y se refiere además a la concesión y los permisos en relación con ella. Tal vez hay que pensar en un nuevo organismo.
Lo que es cierto, es que éste, es un asunto de urgente atención, ante la galopante marea monopólica que ha sido denunciada en los últimos años y que sirve, necesariamente, al empoderamiento de una facción política, lo cual es contrario a un sistema auténticamente democrático.

Licitaciones desde el poder

Las licitaciones son un instrumento para democratizar y transparentar las contrataciones que realizan los diferentes niveles de gobierno.
Como tales, deben garantizar la participación en igualdad de circunstancias a los diversos postores, sin ningún tipo de favoritismo, para propiciar la libre oferta y la competencia económica en ciertos rubros.
Para garantizar que lo anterior se cumpla, las licitaciones deben ser transparentes, con el fin de que los competidores conozcan las reglas del juego y los criterios adoptados para adjudicar los contratos.
Uno de los rubros donde se celebran licitaciones y que han llamado la atención en los últimos tiempos es el de las comunicaciones.
Si en los tiempos del gobierno priísta se cuestionó el favorecimiento a la gran cadena nacional Televisa, con la administración de Vicente Fox y Felipe Calderón se denunció abiertamente, al grado de que fue la suprema corte quien resolvió cuestiones de inconstitucionalidad en la ley de radio y televisión porque fortalecían el monopolio de las comunicaciones.
Irónicamente, las disposiciones de la corte no fueron suficientes para detener el afán gubernamental federal por controlar la señal de televisión, radio y telecomunicaciones, como la transmisión de datos y voz, así como su convergencia con el uso de nuevas tecnologías: en una nueva decisión el ramo otorgó licitaciones por cantidades irrisorias a la empresa televisiva y le regala una excensión fiscal de dos años por mil ochocientos millones de pesos.
Es curioso, mientras Telcel y Telefónica obtienen 20 y 10 megaherzt por cinco mil millones cada uno, televisa paga por 30 MHz la cantidad de 180 millones, por la ausencia de postores.
Extrañamente, en lugar de que el órgano licitante declare desierta la licitación, por la oferta tan ridícula, al contrario, la asigna con desparpajo, pese a que le provoca un daño patrimonial al erario público, extremo protegido por la ley y sancionado por lo mismo.
Aún más, el gobierno federal arrastra en lo inmediato la sombra de sospecha por haber entregado la concesión de la fibra oscura de CFE a Televisa, en una licitación que también fue severamente cuestionada.
No es todo. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes anticipó que aún y con un amparo en contra, que señala una suspensión en el otorgamiento de las concesiones, los títulos serán otorgados, en un drama que llegará de nuevo a la corte por la rebeldía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones por acatar los fallos judiciales.
El problema de fondo es que se perpetúan los privilegios a medios de comunicación con fines de concentración de control informativo para aplicación política, muy lejos del ideal del Estado democrático, donde se practique el libre mercado como un incentivo de crecimiento económico: el monopolio gangrena la actividad productiva, desalienta la inversión y ahuyenta capitales.

Inmigración necesaria

No creo que se asusten los norteamericanos por el alto nivel de inmigración que existe en su país, porque al final de cuentas, ellos mismos surgen del mismo fenómeno histórico, y de él abrevan su riqueza cultural.
Más bien lo que debe llamarles la atención es la ausencia de controles reales en la inmigración. Quisieran ellos adoptar un mecanismo que permitiera autorizar uno por uno los procesos de introducción de personas a su territorio. Eso es imposible.
Muchos países antes que ellos han tratado de implementar mecanismos durísimos para controlar la salida y entrada de personas, pero han fracasado, y lo peor, derivan en acciones que atentan contra el derecho humano, elemental de buscar nuevas alternativas de vida.
Los países han concluido en que, es cierto, debe existir un mecanismo que controle los flujos poblacionales, en busca de equilibrios en el crecimiento de las ciudades y la protección a la economía. Los argumentos de control poblacional basados en el color de la piel, la religión o costumbres de los pueblos, se considera arcaica y violatoria de derechos humanos, en un mundo globalizado que busca el entendimiento y la comprensión mutua de los pueblos.
Por ello, los países cuentan con normas migratorias que buscan regular mediante diversos estatus a la población inmigrante, otorgando permisos provisionales o permanentes y concediendo la residencia o ciudadanía, cumpliendo ciertos requisitos.
También, los países cuentan con mecanismos que reprimen la inmigración, por lo regular compuestos por policías nacionales habilitadas al respecto, con coadyuvancia en policías locales, como son los cuerpos estatales o municipales.
Tal es el caso de México, donde por denuncias, agentes municipales llevan a cabo con regularidad la detención de grupos de indocumentados, que son turnados a las autoridades de migración y finalmente repatriados.
Lo grave en el caso de la política migratoria norteamericana es el mensaje de persecución étnica y racial enviado con la ley SB1070, y enmendado legalmente con la ley HB2162, ésta última adecuada y acorde a los estándares internacionales en la materia.
El problema para los Estados Unidos es que todo mundo quedo con la idea de la ley represora y no ha parado en la nueva disposición, porque todos sin excepción observamos un original deseo represor xenofóbico.
Es muy probable que la juez que analiza el caso considere que la primer norma atenta contra la dignidad de las personas, atacando de raíz las bases constitucionales norteamericanas; en la segunda es muy complicado que encuentre disposiciones inconstitucionales.
Por ese motivo debe esperarse poco de la resolución judicial, ya que los dos aspectos polémicos, como son la solicitud de identificación al cometer una infracción, sea de la naturaleza que sea, o la coordinación de inspectores u oficiales del condado con autoridades federales en materia migratoria, representan una obligación en países federalistas donde existe colaboración entre oficiales de distintos niveles de competencia legal.
Ojalá me equivoque al respecto.
Al final de cuentas, independientemente de la resolución, el asunto es un llamado de atención a la conciencia internacional para revisar las políticas y las leyes migratorias, para hacerlas más humanas y flexibles a la realidad globalizante, donde hemos autorizado el libre tránsito de cosas pero nos negamos a permitir el libre tránsito de personas, que es la base de la riqueza y desarrollo de los pueblos.

EL ABC del periodismo de alto riesgo

La Real Academia Española determina con mucha claridad el concepto protocolo al considerarlo una secuencia detallada de un proceso.
De esta manera, un protocolo se convierte en una guía, lo más simplemente estructurada, donde se describen los pasos a seguir en un determinado proceso.
Claro, no es tan sencillo como parece. Un proceso se integra de diversos procedimientos, y cada uno de estos, de una serie de pasos, siguiendo la anterior explicación.
La determinación del concepto protocolo y su posterior comprensión son fundamentales para abordar con éxito la tarea que una comisión técnica, integrada por especialistas de cuerpos policiacos, periodistas independientes y líderes de organizaciones periodísticas, se ha echado a cuestas dentro de los compromisos políticos establecidos con el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas.
El protocolo, como su conceptualización indica, debe ser liso y llano: describir los pasos de seguridad para prevenir agresiones a la integridad física de los periodistas.
No es el protocolo un prolongado texto de buenas intenciones y declaraciones deontológicas –aunque materialmente estas se encuentran subsumidas en algunos de los procedimientos y sus pasos-, que ya forman parte del deber ser de los códigos éticos que cada organización, medio de comunicación o periodista se ha elaborado, sea formal o informal, escrito o no, pero que dirige el quehacer periodístico individual, donde la única censura proviene del “Yo” interior, con base en una complicada valoración personalísima, donde –no hay duda- hay un claro determinismo social.
Transitar por una ruta intrincada de encontrar un código ético unificador del periodismo en Chihuahua, en el país o en el mundo, es una tarea colosal a la cual es necesario llegar, arremeter, incursionar, descubrir, pero que es de tal magnitud, que debe ser proyecto de largo aliento.
En cambio, encontrar un método, integrado por un orden en conductas fácticas, parece, no solo viable, sino urgente, a corto plazo.
Esto es, ¿Cuáles son los cuidados que el periodista debe tener al salir de su domicilio y dirigirse a su lugar de trabajo? Las rutas a seguir, la revisión del coche, la forma de manejar, el cuidado del entorno al estacionar el vehículo, etcétera.
Asimismo, ¿cuál es en su caso el procedimiento para cubrir una ejecución, con sus diversas variantes: distancias, punto ciego para evitar un tiro, equipo…?
No sé. Aspectos técnicos, un ABC para evitar riesgos inútiles de los comunicadores.
Este es el reto al que se enfrenta la comisión técnica encabezada por el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, con la asesoría cercana, valiosa del ingeniero Héctor Martínez, especialista en tareas de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Ojalá los comunicadores estemos a la altura de construir, mediante el consenso, un protocolo, que estoy seguro, será un documento inédito a nivel nacional, y que servirá de base para perfeccionar estrategias de autoprotección de los periodistas, en una situación inédita de violencia nacional.