Ausencia de equidad

La equidad en la información de medios de comunicación social es un ingrediente fundamental en la democracia moderna, tanto por lo que tiene que ver con publicidad como noticias. Sin embargo, regular el contenido y la cantidad de la información es un asunto sumamente delicado por la controversia natural que existe por tratarse de libertad de expresión. En nuestro país se ha optado por un sistema donde se ha excluido la posibilidad de contratar publicidad con fines político-electorales por parte de particulares, candidatos y partidos, en todo momento. Es decir, se trata de una prohibición absoluta aplicable solo a radio y televisión, que por disposición legal son permisionados o concesionados. El resto de los medios de comunicación, internet y prensa escrita, no son sujetos a la regulación pero sí han sido impelidos por los lineamientos expedidos por la autoridad electoral que propugnan por una equidad en el manejo de la información. En estos medios, los partidos, candidatos y particulares no tienen restricción para su contratación. En cuanto a las autoridades, estás tienen prohibido realizar contratación de publicidad durante las campañas electorales para realizar promoción de obra pública o acciones de gobierno, y de manera absoluta, no pueden apoyar a ningún partido o candidato. La equidad en la información es un asunto complejo. En principio, hablar de equidad es pensar en un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Este es el principio mediante el cual se distribuye el financiamiento público. Los recursos son distribuidos de acuerdo a la cantidad de votos de manera prevalente. Debiera pensarse que, en este sentido, también de esa manera debieran distribuirse los espacios noticiosos, lo cual no ocurre así. De acuerdo al estudio presentado por la Universidad Autónoma de México al Instituto Federal Electoral, de 136 mil 463 piezas informativas divulgadas en las estaciones de radio y canales de televisión muestreados, 132 mil 610, esto es, un 97%, estuvieron ausentes de valoraciones, negativas o positivas en relación con candidatos o partidos. Las valoraciones negativas se distribuyeron 45.27% a Josefina Vázquez Mota, 26.87% a López Obrador, 10.87% a Enrique Peña Nieto y 16.97% a Gabriel Quadri. Las positivas, a Josefina 23.88 exactamente igual que Andrés Manuel, Peña Nieto 28.20% y Quadri 24.03%. Del total del espacio monitoreado en el muestreo, 156 mil 984 piezas informativas que se refieren a candidatos o partidos, Peña Nieto captó 30.64% del tiempo, seguido por la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, con 26.52%; el candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador, con 26.3%, y Gabriel Quadri de la Torre, con 16.48% del tiempo. De acuerdo al computo final de la elección presidencial, Josefina Vázquez Mota obtuvo el 25.41 por ciento de los votos; Peña Nieto el 38.21%; Andrés Manuel el 31.59 y Quadri 2.29 por ciento. Es obvio que los porcentajes de notas positivas y negativas así como la cobertura en espacio dado a los candidatos es incongruente con los porcentajes de votación obtenidos. Lo que es cierto, es que el estudio muestra que la información negativa cargo sobre la abanderada panista y no sobre Andrés Manuel, y que las notas positivas representan una diferencia mínima (4.32%) entre Peña Nieto, Josefina y Andrés Manuel. También permite establecer con claridad que los tiempos se distribuyeron, no con equidad, sino casi con igualdad, entre los tres punteros de la elección, y que incluso Quadri fue tratado con un exceso de tiempo si se compara votación contra porcentaje de espacio recibido. Es cierto. Debe perfeccionarse el sistema para permitir una contienda con mayor equidad. Sin embargo, un sistema rígido coarta las libertades de prensa y expresión y es propio de estados totalitarios. Cada medio de comunicación tiene su propia línea editorial, basado en sus intereses políticos, sociales, culturales y económicos. Los lectores, radioescuchas o televidentes tienen la última palabra en relación con ellos. Lo que cobra importancia es la apertura de nuevos espacios y romper con el duopolio.

Responsabilidad histórica

En el año dos mil seis el Presidente Felipe Calderón tomo protesta de manera atropellada. Estuvo a punto de no hacerlo debido a las acciones de resistencia y oposición adoptadas por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La dificultad fue superada gracias a un acuerdo político de gobernabilidad e institucionalidad con algunas fuerzas políticas, entre ellas el Partido Revolucionario Institucional. La institucionalidad en el Congreso mexicano se ha roto desde hace tiempo. En la época post-revolucionaria los asuntos se arreglaban a balazos. Luego las cosas se apaciguaron durante el periodo de partido hegemónico y la institucionalidad de la revolución. Las reformas de 1977 permitieron la llegada de diputados de partido representantes de fuerzas parlamentarias minoritarias. Unos años después la cámara de diputados y senadores se pluraliza aun mas con el sistema mixto, mayoría relativa y representación proporcional, con el agregado de la cláusula de gobernabilidad, que evita la sobre-representación del partido mayoritario. Con estas reformas el sistema político se pluralizo desde la ley, de manera artificial. Con el tiempo, como ocurre hoy, ya no resulta necesario. La sociedad ha dividido la preferencia política, con lo cual se acaban las mayorías simples o calificadas: la aprobación de reforma legales y constitucionales requiere de manera obligada el consenso de fuerzas heterogéneas. Sin embargo esta pluralidad se ha malentendido. Se han olvidado que la pluralidad no significa parálisis ni chantaje. La pluralidad debe ser debate, pero sobre todo acuerdo en una institucionalidad democrática. El debate permitirá que la sociedad conozca los argumentos y de esta manera califique las decisiones de sus representantes en el plebiscito cotidiano de los comicios. Una discusión que debe ser de altura y profundidad, con propuestas de solución a corto, mediano y largo plazo, no la estridencia, la obstaculización, la toma de tribunas, las mascaras de cerdo o las grandes mantas desplegadas a lo largo del recinto oficial en San Lázaro. Un congreso auténticamente plural, responsable e institucional, debió permitir en la normalidad la protesta de Calderón. Pero desafortunadamente no había tolerancia, autentico respeto a la democracia, como tampoco la habrá ahora con el Presidente Enrique Peña Nieto. Las fuerzas parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento ciudadano y Partido del Trabajo, trataran de obstruir la toma de protesta del mandatario virtualmente electo. Ya se esperaba una reacción de esta naturaleza. Lo que no se esperaba es la posición irresponsable que ha adoptado Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, cuya figura cada día desmerece mas, no solo por la ausencia de liderazgo, sino por la torpeza de olvidar su responsabilidad en la gobernabilidad del país y pretender ocultar en irregularidades -que solo existen en su cabeza y en la de Andrés Manuel- la falta de eficacia en su trabajo partidista. En una democracia lo correcto es aceptar la voluntad popular construida mediante un andamiaje administrativo y jurisdiccional que garantiza la efectividad del sufragio. Lo incorrecto es hacer lo contrario. En 2006 prevaleció la institucionalidad democrática. De esta manera asumió Felipe Calderón. En 2012 debe prevalecer esta misma institucionalidad. Esperemos que Gustavo rectifique y asuma su responsabilidad histórica.

Estridencia post-electoral

El sistema electoral mexicano ha evolucionado no solo en su eficiencia administrativa de operación logística para garantizar el sufragio en su expresión, libre, secreta e individual, sino que ha consolidado un sistema de medios de impugnación con base en una visión estricta de derecho. Hasta antes de la construcción de un tribunal electoral especializado y técnico, las elecciones eran calificadas por un órgano político, en este caso el Congreso de la Unión, con lo cual no se garantizaba un estudio verdadero de las inconformidades ciudadanas o partidistas. Posteriormente, en 1987, se crea un tribunal contencioso electoral, órgano auxiliar de los colegios electorales, máxima autoridad en la calificación de las elecciones. Las decisiones políticas seguían predominando sobre las decisiones jurisdiccionales. En 1993 se crea el Tribunal Electoral Federal, paso fundamental para que en 1996 se constituya el tribunal electoral del poder judicial de la federación, dotándolo de la atribución de cómputo final y emisión de declaración de validez, soportado en la definitividad e inatacabilidad de sus decisiones. El fortalecimiento orgánico del tribunal electoral fue acompañado de modificaciones al marco jurídico, con un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y una Ley General de Sistema de Medios de Impugnación Electoral, instrumentos técnicos que sirven de base para la organización comicial y el desahogo de las inconformidades de los actores políticos y la garantía de los derechos políticos de los ciudadanos. La estridencia en las calles era el instrumento de presión para forzar las negociaciones de los resultados electorales. El voto del ciudadano podía ser modificado mediante el acuerdo cupular con el voto del colegio electoral. La decisión política prevalecía sobre un sistema de estricto derecho electoral. A partir de 1996 las elecciones fueron revisadas por órganos administrativos, en primera instancia y posteriormente por el tribunal. Cientos de miles de casillas electorales han sido revisadas en los últimos años para garantizar los presupuestos establecidos en la ley. En 2012 entró en vigor una nuevo sistema legal que obliga al recuento voto por voto en las casillas cuando la diferencia entre primer y segundo lugar es menor al uno por ciento. De esta manera, en la elección presidencial, se abrieron cerca de ochenta mil paquetes electorales, cerca del sesenta por ciento del total. Estos paquetes, por disposición legal, ya no pueden ser abiertos por el Tribunal Electoral. Sus resultados se dan por definitivos. Por eso se encuentra en aprietos el equipo legal de Andrés Manuel. Han tenido que invocar violaciones constitucionales, para, sin entrar en el expediente técnico electoral, buscar la nulidad de la elección por supuestas violaciones al gasto, compra de votos, uso de encuestas como marketing electoral, entre otros argumentos generales. Saben que no tendrán resultado. Y lo saben porque conocen el sistema jurídico electoral. El sistema de medios de impugnación señala como causales de nulidad de la elección presidencial irregularidades en el 25 por ciento de las casillas o que éstas no hayan sido corregidas en el recuento; que el 25 por ciento de las casillas se hubieran instalado y que el candidato ganador resulte inelegible. De que irregularidades hablamos: de la instalación de la casilla en lugar distinto, entrega extemporánea de paquetes, escrutinio y cómputo realizado en lugar distinto, recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, dolo o error en la computación de los votos, entre otras. Ninguna de estas ni de las restantes seis causales pudo ser acreditada en el documento entregado por el PRD, donde se impugnan de manera genérica 290 distritos de la elección presidencial. La decisión del tribunal se anticipa será confirmar la legalidad de la elección y el voto mayoritario de 19 millones 226 mil 784 ciudadanos. Lo demás es estridencia post-electoral que para nada concierne a un tribunal de estricto derecho.

Votos nulos

Los votos nulos alcanzaron la cifra de dos millones 472 mil 614 en la pasada elección de diputados a nivel nacional. Representan el 4.6 por ciento del total de votos sufragados por los mexicanos el pasado primero de julio. Las entidades federativas presentaron diversos porcentajes de voto nulo, agudizándose el fenómeno en aquellas donde no se presento coalición Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México en las elecciones de diputados y senadores. Así de esta forma, Aguascalientes tuvo una incidencia de voto nulo de 7.97% (38,779); Baja California, 2.45% (30,399); Baja California Sur, 8.38% (20,883); Campeche, 6.49% (24,557); Coahuila, 6.93% (81,607); Colima, 3.18% (9,515); Chiapas, 6.89% (138,570); Chihuahua, 9.0% (119,270); Distrito Federal, 3.41% (164,226); Durango, 8.04% (54,576); Guanajuato, 4.59% (105, 326); Guerrero, 6.73% (94,002); Hidalgo, 7.15% (86,793); Jalisco, 3.81% (129,563); México, 3.07% (210,772); Michoacán, 8.68% (141,716); Morelos, 4.69% (39,619); Nayarit 7.76% (35,882); Nuevo León, 2.97% (59,649); Oaxaca, 7.18% (113,712); Puebla, 4.26% (104,765); Querétaro, 6.79% (57,626); Quintana Roo, 3.29% (17,478); San Luis Potosí, 8.85% (98,893); Sinaloa, 8.04% (93,869); Sonora, 6.81% (74,062); Tabasco, 3.21% (34,677); Tamaulipas, 5.91% (83,820); Tlaxcala, 8.43% (43,727); Veracruz, 3.21% (113,376) y, Yucatán, 2.60% (27,203). Destacan por el porcentaje de votos nulos Chihuahua, el primer lugar nacional, San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala, Baja California Sur, Durango y Sinaloa, todos arriba de los ocho puntos porcentuales, seguidos de Aguascalientes, Nayarit, Oaxaca e Hidalgo por encima de los siete puntos, y debajo de ellos con seis puntos porcentuales Coahuila, Chiapas, Sonora, Querétaro, Guerrero y Campeche. En el rango de cinco puntos de nulos se encuentra solo Tamaulipas, y en el de cuatro, Morelos Guanajuato y Puebla. En los tres puntos porcentuales de votos nulos, aun un porcentaje atípico, se localizan Jalisco, Distrito Federal, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Colima y México. En la normalidad de votos nulos, por así decirlo de acuerdo a los históricos de votación nacional y local, se encuentran solo Nuevo León, Yucatán y Baja California. El fenómeno de nulos se relaciona con la coalición parcial efectuada entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, pactada en 199 distritos electorales del país (66.33% de los 300 distritos uninominales) y diez formulas de senadurías (31.25% de las 32 formulas), donde ambos resultan ser los únicos afectados por esta anulación generalizada de votos. A esta situación debe agregarse que las coaliciones de diputados y senadores, no siempre coincidieron en las entidades federativas. Por ejemplo, en Baja California, la coalición parcial aplicó para diputados, pero no para Senadores. De ahí que el PRI ganara abrumadoramente en la elección de diputados con una tasa de nulos sumamente baja, la más baja en el país (2.45%) y que en senadores haya sido elevadísima, de las más altas en el país con 103,536 votos nulos (8.32%). Esto genero una situación compleja para el ciudadano, ya que en la elección presidencial ambos partidos contendieron coaligados de manera total. El Tribunal Electoral, por la magnitud del fenómeno, debe revisar en su momento lo que ocurrió, en una visión de respeto integral al voto, con la visión crítica hacia la campaña masiva implementada por el IFE, la cual abonó a la confusión. Se transmitieron cientos de miles de spots tratando de instruir al ciudadano como votar, en una campaña nacional, a través de cientos de estaciones de radio y televisión en el país, en una decisión que excede sus facultades de promoción del voto. Hay un derecho político del ciudadano que ha sido negado, que es el valor de su voto. Un voto que, por los márgenes de diferencia, puede significar reveses en resultados, como podría ser el del distrito 03 en chihuahua o el senado en Baja California, donde las diferencias entre el primer y segundo lugar son menores a los nulos atípicos, con lo cual también se viola el derecho político del candidato como receptos de dichos votos. Esos votos nulos que representan la voluntad ciudadana volcada de manera sistemática y mecánica hacia una preferencia electoral de coalición no puede simplemente ser desechada, sino que debe tomarse en cuenta. El ciudadano jamás trató de anular su voto. Trató de manifestar su voluntad, lo cual hizo en error, provocado en gran medida por la campaña de comunicación. Los saldos, en principio, un equilibrio ficticio en la conformación tanto de la cámara de diputados como la de senadores, por ambos principios, generando una sobre representación causada por la nulidad de sufragios, y por supuesto, la decepción de más de dos millones de ciudadanos que ven vulnerada su decisión.

Reformas periodísticas

Al concluir el proceso electoral, este fin de semana, con la entrega de constancias de mayoría, y posteriormente con la resolución de las impugnaciones que pudiesen existir ante el tribunal electoral, es momento de reflexionar acerca de las necesarias reformas legislativas en el apartado periodístico que el Foro de Periodistas de Chihuahua y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos sostienen, partiendo de que la conformación del Congreso y la oxigenación política en las entidades plantea una posibilidad real de concretarlas. La despenalización de los delitos de difamación y calumnia es el primer apartado. Las entidades han avanzado en ese sentido. A nivel federal ya ocurrió la reforma. Sin embargo, es necesario profundizar y avanzar en los estados donde aún se persiguen estas conductas desde el punto de vista penal. Morelos acaba de legislar en materia de desarrollo social para periodistas. Es esta ley la más avanzada desde la Ley Guerrero, la primera en su tipo. Debe ser por ello un primer referente para continuar en la legislación que protege socialmente al periodista, desde un punto de vista que privilegia el ejercicio periodístico como un pilar de la democracia y el fortalecimiento de las libertades. Se debe revisar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las correspondientes de los estados, para su modificación en lo que tiene que ver con procedimiento, reserva y confidencialidad, tomando como referencia Chihuahua, en busca de procedimientos abreviados y criterios que auténticamente protejan la publicidad de la información. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República debe ser revisada para elevar de rango a la actual fiscalía especial para la atención de delitos contra periodistas, que se ha convertido en un elefante blanco, incapaz por su falta de recursos y el perfil no idóneo de sus titulares, de evitar la impunidad en el tema de delitos contra periodistas, partiendo de la base de que la mayoría de los delitos son competencia del ámbito federal. En este sentido, si bien es un avance la reforma constitucional que federaliza a medias los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación, creemos que es necesario evitar la discresionalidad en la atracción federal y ubicarla como una obligación por parte de jueces y ministerios públicos federales. Es fundamental elevar a permanente y ordinaria la comisión especial que da seguimiento a atentados y agresiones contra periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para otorgarle la posibilidad jurídica de presentar dictámenes al pleno. En este aspecto, cobra importancia, para recuperar un foro de expresión y caja de resonancia, por parte de organizaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos, formalizar la existencia del Consejo Consultivo de la Comisión que da seguimiento a atentados y agresiones contra periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que no quede su existencia y funcionamiento a la discrecionalidad de la legislatura en turno. Fase relevante será impulsar un verdadero acuerdo nacional desde el Congreso de la Unión para operar un programa que proteja a los periodistas que han recibido amenazas de muerte, mediante un comité de riesgo que evalué cada caso en particular y presupuesto interinstitucional, que sustraiga al periodista y su familia de la situación de riesgo, rescatando los avances que ya existen al respecto, en una construcción horizontal y sin exclusiones. Finalmente, como un avance sustancial, el reconocimiento constitucional del secreto profesional del periodista y la cláusula de conciencia.