El juego político

México vive por diseño constitucional un sistema presidencialista con rasgos de parlamentarismo. Es histórica la lucha entre ambos sistemas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, donde el centro de la discusión es el gobierno unipersonal contrario sensu del colegiado, bajo la existencia de la división de poderes garantizada por una constitución. El sistema presidencialista se distingue por la mayor presencia de facultades constitucionales y metaconstitucionales -o de facto- en el titular del poder ejecutivo, como vivimos en México durante setenta años, hasta el debilitamiento sufrido por la figura en los últimos doce años, en los cuales ha crecido el parlamentarismo como reflejo de la alta competencia electoral. Es cierto que no puede darse un presidencialismo o un parlamentarismo absoluto. Eso no ocurre siquiera en países con alta predominancia del Legislativo como Inglaterra. Lo que ocurre en todo el mundo son sistemas donde prevalece uno u otro sistema, pero con matices de ambos. En el caso de México este equilibrio se ha acentuado desde las reformas de 1977 hasta la fecha. Una tímida presencia de partidos de oposición en el legislativo estatal y nacional se ha fortalecido a partir de 1988 con el movimiento político principal de las izquierdas, 2000 con el triunfo del Partido Acción Nacional y en el 2006 y 2012 donde los resultados electorales se deciden por porcentajes mínimos de votos. Esta competencia electoral se transforma en presencia de representantes de distintas fuerzas en las dos cámaras, la de senadores y diputados, donde las alianzas coyunturales pueden provocar votaciones como las vividas con la reforma laboral, con acercamientos PAN-PRI en la Cámara Baja y PAN-PRD en la Cámara Alta, con una sobrevaloración de los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista virtud de su carácter de partidos "visagra". Esta naturaleza plural complica los acuerdos ante los matices parlamentarios o bien presidencialistas que en el ámbito constitucional han sido autorizados en los últimos años. Uno de ellos, reciente, la Iniciativa Preferente, ha encontrado serias dificultades en su implementación pervirtiendo su origen. Esta figura permite al Presidente de la República que sus principales iniciativas de reforma legal eviten quedar en el sueño de los justos en el Congreso de la Unión. El problema es que nunca se pensó que esta figura pudiera ser usada como arma política en contra del sucesor: es decir, nunca se prohibió el uso de esta figura en la sesión de instalación del Congreso en el último año de administración del Presidente, con lo cual se hereda un problema de gobernabilidad al nuevo Legislativo y al nuevo titular del Ejecutivo. Si a esto agregamos que la figura, por su reciente autorización, carece de reglamentación, se le condena a la no autorización, como ha ocurrido en el caso de la Reforma Laboral. Cuando Calderón presenta su iniciativa preferente -sin la mínima atención de correr cortesía al Presidente Electo- no estaban constituidas las comisiones legislativas por que los nuevos diputados apenas se estaban instalando en su responsabilidad. Aun más, versando el proyecto de iniciativa de ley calderonista acerca de un problema mayúsculo -que no atendió de fondo en su sexenio- era natural que se complicara en las negociaciones: en principio la reforma del Presidente fue modificada por los diputados, para que luego, el proyecto de estos, sufriera también modificaciones, para que, perdida la iniciativa preferente, regresara al cauce legislativo normal y vuelva a ser sujeta de negociación. Queda claro que la iniciativa preferente puede constituir un mecanismo que fortalece el presidencialismo frente a la congeladora del Congreso de la Unión por la ausencia de acuerdos, pero debe ser reglamentada. En principio, es necesario que no puedan presentarse este tipo de iniciativas en el último año de la administración, para que no se preste al juego político en los estertores del ejercicio del poder.

Un grave problema de salud pública

Las drogas constituyen uno de los principales problemas de salud pública para nuestro país. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones realizada en 2002 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en conjunto con la Secretaria de Salud, el tabaco, las drogas y el alcohol afectan a una gran porción de la población. La encuesta se realizó sobre un universo poblacional de 69 millones 767 mil 017 personas, en edades de 12 a los 65 años, arrojando datos sumamente interesantes para la definición de políticas públicas y acciones de la sociedad civil. De estas personas, 28 millones 526 mil aceptaron haber consumido tabaco en algún momento de su vida, 45 millones 254 mil consumieron alcohol y 3 millones 508 mil drogas ilegales, como es el caso de la marihuana (2 millones 430 mil 285), cocaína (857 mil 766) e inhalantes (314 mil 760). De esta forma, de la poblacion encuestada, el 40 por ciento consume o ha consumido tabaco, el 64 por ciento alcohol y el 5 por ciento drogas ilegales. En un ejercicio de simple comparación, si proyectamos la estadística nacional a chihuahua, tendríamos unos 840 mil personas que fuman o han fumado, 1 millón 344 mil que consumen o han consumido alcohol y 105 mil personas que consumen o han consumido drogas ilícitas. El dato no es nada despreciable. Se requiere de una atención conjunta de todos los sectores con la finalidad de reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Los padres de familia tienen responsabilidades, igual el maestro, el sacerdote, la policía, las autoridad en conjunto, siendo, como lo es, un problema multifactorial, requiere de soluciones integrales. Una de estas acciones es sin duda incentivar la participación social, reconociendo e impulsando los esfuerzos que se realizan en la materia. Los poderes ejecutivo y legislativo convocaron al premio estatal de atención a las adicciones, en busca de reconocer los proyectos y acciones que desde la sociedad civil se realizan, que concluye en la aceptación de trabajos el próximo 31 de octubre. Existen múltiples organizaciones no solo en chihuahua, sino en el país que todos los días contribuyen en la promoción para reducir y erradicar el consumo de drogas, así como para dar tratamiento a las personas que padecen este problema de salud pública. La participación conjunta de autoridad y sociedad civil es la vía de solución de los grandes problemas que aquejan a nuestro país. Este premio es ese reconocimiento a cientos de miles de personas que colaboran desinteresadamente por construir una sociedad más armónica y saludable.

UACJ: el rostro de la frontera

Las instituciones de educación superior constituyen una de las expresiones auténticas del desarrollo de los pueblos. Difícilmente una comunidad puede sentirse avanzada si carece de una universidad, el espacio de expresión y adquisición del conocimiento: creadora de los profesionistas que orientan el crecimiento y consolidación de valores y oportunidades. Crisol ideológico, punta de lanza en la discusión de los temas torales, la universidad debe acariciarse como un foro emblemático, ágora moderno, que no admite exclusiones e intolerancias. Si a estas virtudes universitarias agregamos la excelencia académica, fruto del esfuerzo de los últimos años, es evidente que la institución educativa se convierte en la clave para el desarrollo comunitario. Es decir, como apunta Héctor Murguia, alcalde juarense, la Universidad resume los valores del pueblo No es casualidad que en chihuahua, particularmente en Juárez se hablé así de la Universidad. El Subsecretario federal de educación, Tuiran, lo reconoce: chihuahua es importante enclave cultural, una de las diez entidades con mayor desarrollo educativo, basados en una transición democrática y tolerante, donde debe destacarse la formación de valores. El alto funcionario federal se refiere a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez: la número 277 en Iberoamérica, la 27 a nivel nacional en investigación, la 199 en América Latina. Se trata de la toma de protesta del rector Ricardo Duarte Jaquez, acerca del cual el gobernador platica una anécdota, cuando él de17 y Ricardo de 24, le dio un "aventon" a este último en su primer día de clases, hace treinta años. El jefe del ejecutivo aclara: "no hay quinto malo". Ricardo es el quinto hijo. Y agrega, de cara a la sociedad juarense, en un teatro "Rascón Banda" totalmente lleno: Hombre honorable, honesto de valores, que merece haber llegado a donde llego y -sobre todo- que ustedes lo hayan decidido, refiriéndose al Consejo Universitario del alma mater juarense. Sincero, el gobernador Cesar Duarte apunta : "No me es fácil que la relación familiar nos haya llevado a esta situación", expresiones que arrancaron los aplausos de la concurrencia. Y acota: la Universidad Autonoma de Ciudad Juarez tendrá mi respaldo. "Respeto absoluto a la autonomía de la universidad, seré respetuoso de las decisiones y los planteamientos que se ofrezcan". De entrada le pidió al subsecretario su gestión para obtener noventa millones para el desarrollo de infraestructura de la Universidad. Dice el gobernador, y lo dice bien, el estigma de Juarez debe ser la Universidad. Esa es la imagen que chihuahua debe vender. El estigma de juarez no debe ser más la violencia inusitada que agobia a las familias, ahuyenta inversiones y genera pobreza, en un círculo vicioso que por sí mismo se convierte en criminal. Juárez, ciudad, debe adoptar la imagen fuerte, pujante y esperanzadora del pensamiento universitario.

Efectiva investigación policial

La investigación de los delitos forma parte de las tareas fundamentales de cualquier gobierno, y con ella, el esclarecimiento y sanción de las conductas delictivas. Por el contrario, la impunidad, es decir, la ausencia de castigo, prohíja la sensación de fragilidad social ante los delincuentes que amenazan con afectar la integridad y el patrimonio de los ciudadanos de bien. La afectación al bien público "sensación de seguridad" es distinto de acuerdo al tipo de delito cometido. Un delito de afectación patrimonial personal podrá causar indignación, pero es distinto que cuando se ve afectada la integridad física de una persona, como ocurre cuando hay lesiones u homicidio. Tiene en la sociedad un mayor impacto, escozor, el segundo de los delitos. De igual forma, cuando la sociedad percibe acciones contundentes que castigan los delitos, se fortalece la confianza en las instituciones. Esto esta ocurriendo con motivo del arresto del presunto responsable del múltiple homicidio cometido en el Bar Colorado, donde perdieron la vida los estimados colegas Javier Moya y Javier Salinas, junto con 14 personas más, el 20 de abril pasado. Al esclarecerse esté crimen, con la detención de uno de los responsables del mismo, se pudo resolver también el asesinato de la activista social Marisela Escobedo ocurrido el 16 de diciembre de 2010. La investigación policial a cargo de la Fiscalía General del Estado permitió establecer el móvil de los crímenes, en ambos se buscaba enviar mensajes a la sociedad, uno de terror y el otro de mordaza. El crimen organizado utiliza la comunicación como una técnica para reforzar su posicionamiento social: la activista es asesinada porque estaba causando mucho ruido y las personas en el bar porque era necesario generar ruido. Posiciones contradictorias del crimen organizado que generan dolor a decenas de familias en Chihuahua y el país entero, en medio de una guerra nacional e internacional por la venta y trasiego de droga y actividades ilícitas conexas, donde el gobierno federal ha tratado de trasladar la responsabilidad a las entidades federativas y municipios de manera irresponsable, ya que las mayores facultades están ayunas de mayor presupuesto. Una posición responsable de la administración pública federal es modificar el marco legal y presupuestal de manera integral y coherente. Que las entidades federativas asuman cada día mayores responsabilidades, pero acompañadas del recurso necesario. En tanto, los esfuerzos por combatir delitos del fuero común tienen trascendencia en el combate al crimen organizado, como ocurre en este caso, con el esclarecimiento de homicidios que han tenido y tienen un alto impacto social, como resultado de efectiva investigación policial.

Los ejes de la administración

Tres son los ejes sobre los cuales descansa la política pública en el Estado de Chihuahua: salud, educación y seguridad. De esta manera se aterrizan las funciones del estado, servicios y gendarmería, traducidas en atención a la población en sus necesidades básicas elementales, como es la salud y la subsidariedad obligatoria de un estado social, así como la procuración de condiciones de desarrollo familiar y comunitario, y la recuperación de espacios públicos vía la reducción palpable de indicadores de violencia. En Juárez, que llegó a ubicarse como la ciudad con mayor índice de violencia a nivel mundial, se han reducido los homicidios, tomando como parámetro el mes de septiembre, en un 300 por ciento: en 2010 ocurrieron 289 homicidios contra 146 en 2011 y 44 en 2012. De ubicarse chihuahua en el primer lugar nacional en violencia mejoró su posición. Una de las tareas que más resultados ha generado es el combate al secuestro y a la extorsión, a través de acciones de inteligencia y uso de tecnología por parte de la Fiscalía General del Estado. En educación, chihuahua ocupa en indicadores uno de los primeros lugares en aprovechamiento, lectura y matemáticas. Se crearon en el último año 35 mil espacios educativos para jóvenes que sin esta oportunidad hubiesen quedado al garete y por tanto, a expensas de la delincuencia. Para ampliar la oportunidad educativa, rompiendo con actitudes centralistas, se construyeron 38 centros educativos en distintos municipios, propiciando el arraigo a través de la oferta regionalizada. En salud se logró una meta de un millón 295 mil personas incorporadas al seguro popular y se otorgaron 500 mil consultas seguras a través del Sistema Nominal en Salud. Se acreditaron 29 unidades médicas. En las unidades médicas se atendieron 59 mil personas de escasos recursos de un total de un millón 260 mil atenciones médicas, adicionales a las 340 mil acciones específicas de atencion a menores, 60 mil adolescentes, 170 mil mujeres y 180 mil adultos. Es cierto. Realizar todas estas acciones es responsabilidad del estado. Pero detrás de ello hay una visión estratégica y miles de personas colaborando. Se han planteado los tres ejes, bajo una vertiente sencilla de comunicar reiterada por el gobernador César Duarte: un andamiaje como una casa requiere piso, paredes y techo. Ahí están la salud, la educación y la seguridad. Habría que agregar como eje articulador la política. El informe público presentado el domingo es una muestra de ello. Personajes de la vida pública nacional y estatal, de distintos signos partidistas, acudieron a la presentación del trabajo desarrollado durante el último año. Para muestra un botón: los operadores cercanisimos de quien se va y quien llega: José Antonio Mead y Miguel Ángel Osorio. Como colofón, el cumplimiento de la obligación constitucional, el informe ante el congreso, en un formato donde el jefe del ejecutivo escucha la crítica de la oposición, ejercicio inédito para muchos lugares del país, para empezar la capital, donde el presidente, ante la intolerancia tiene que enviar un propio a entregar el informe en el vestíbulo.