Riesgo mayor

En un país democrático hay cosas que no debieran suceder, pero suceden. No debería haber noventa mil muertos a consecuencia de una estrategia fallida de contención de la violencia criminal organizada. No debería haber toma violenta de universidades, como ocurre en el Distrito Federal, dentro de una riña de grupos politicos de izquierda en busca de presupuesto. No debería haber paros ni bloqueo por la fuerza de carreteras principales como pasa en Oaxaca para presionar a un gobierno de izquierda a otorgar prebendas indebidas. No debería haber iniciativas preferentes del Presidente de la República en busca de romper la congeladora legislativa, pero así ocurre. No deberíamos gastar tanto dinero en financiar las elecciones para romper con las dudas e histerias colectivas de fraude, pero así ha tenido que suceder. México ha tenido que avanzar por el camino de la construcción de una democracia sui generis. La participación de la ciudadanía a través de la organización colectiva se desborda en ánimo que rebasa los límites de las expresiones señalados en la Constitución, es decir, es común que se violenten el orden y el derecho de terceros. ¿Cual es el limite para que la autoridad adopte medidas que permitan pensar en una actuación legitima? La proporcionalidad de dichas medidas, es una respuesta. Gabino Cue ha tenido que utilizar por un lado la fuerza pública y por el otro la negociación para levantar los bloqueos en Oaxaca; en el Distrito Federal, los granaderos son utilizados como fuerza contenedora ante los disturbios provocados por la pelea entre fuerzas de izquierda. Actualmente para la toma de posesión presidencial se ha tomado como medida de precaución la implementación de un cerco de seguridad común en todas las naciones ante eventos de esta naturaleza, que implica vallas y restricciones en el tránsito masivo de personas. Se ha criticado la decisión preventiva tomada para evitar la llegada de grupos beligerantes a San Lazaro con motivo del acto solemne de protesta del Presidente de la República. ¿Es proporcional la medida ante la amenaza de grupos hostiles por llegar al palacio legislativo a provocar a las fuerzas del orden y dar la noticia mundial de desorden y ausencia de gobernabilidad, golpes, lesionados y abuso de autoridad? La democracia plena, al menos en el apartado instrumental electoral, implica aceptación de los resultados, una vez validados por los órganos jurisdiccionales. La mayoría votó elegir a una autoridad, y por ese motivo debe considerársele con la legitimidad necesaria. Las manifestaciones de fraude o de inconformidad solo son mecanismos para patentizar fuerza de movilización popular como presión. Igual habrá de ocurrir hacia el interior de San Lazaro con las fuerzas políticas: esa manifestación exterior encontrará eco entre diputados y senadores de las fuerzas radicales. ¿Deben permitirse esas manifestaciones? Por supuesto que deben permitirse y además no reprimirse. Tanto en el exterior como en el interior de San Lazaro debe escucharse, con toda su fuerza y claridad, la voz de quienes no están de acuerdo con el actual estado de cosas: todos debemos estar posibilitados de expresarnos y escuchar a quienes se expresan. La colocación de vallas solo son un mecanismo de prevención a escenarios de mayor enfrentamiento y conflicto. La civilidad exige capacidad de razonar y exigir en un ámbito democrático, de tolerancia, de unos y otros. Cuando esa manifestación se convierte en una actitud rijosa y violenta pierde su naturaleza de expresión política y se convierte en una expresión facciosa de uso de poder material que trata de imponer puntos de vista por la fuerza. Esto es lo que ha ocurrido con los grupos de izquierda radical que se alejan de un comportamiento democrático y tolerante. Esto ocurre en Oaxaca y en la Universidad Autónoma del Distrito Federal. La colocación de vallas es proporcional a las amenazas de agresión, es una contención pacifica para evitar un riesgo mayor. Ojalá que la valla, construida con el respeto a protocolos y al cumplimiento de sus responsabilidades legales y constitucionales, por parte de los legisladores en el interior de Palacio Legislativo, también sea efectiva, y fuera de estridencias, manotazos y toma de tribunas, podamos escuchar el debate parlamentario que es fuente y expresión esencial de una democracia.

Tres Marías

Ha sido cuestionada la política gubernamental federal en el combate al crimen organizado. Fundamentalmente se refiere la critica a la ausencia de una real política de inteligencia nacional en lugar de asumir únicamente acciones de presencia militar y policial, y a las muertes violentas ocurridas durante el sexenio que se cuentan en decenas de miles. Adicionalmente se ha desplegado una campaña perversa en contra de las entidades federativas por la falta de acreditación de los cuerpos policiacos en el sistema de exámenes de confianza. Se ha dicho que las entidades federativas son las responsables de lo que ha estado ocurriendo en el país en materia de seguridad. La cuestión es que la intención federal de trasladar responsabilidades han caído por su propio peso, una y otra vez. Son muchos los ejemplos, el último de ellos el caso Tres Marías. Primero se dijo que los agentes policiacos atendían un secuestro y al observar un vehículo sospechoso, que se negó a hacer alto, se propicio el ataque armado. Posteriormente cayo el tinglado: se ha procedido contra una veintena de elementos federales, entre ellos mandos, que orquestaron un ejercicio de manipulación de las investigaciones para tratar de engañar a la Procuraduría General de la República. Ahora la comisionada nacional de la Policía Federal concluye que se trató de una estupidez. La verdad, fueron varias: primero los agentes federales violaron los protocolos y dispararon en contra de un vehículo. Estaban vestidos de civiles, en vehículos particulares, situación que se trató de ocultar presentándolos uniformados y en vehículos oficiales, por orden superior. Luego se dijo que habían sido atacados, lo cual quedo desmentido por la pericial, estableciéndose que por la concentración de los disparos en zonas específicas del coche, se presume un intento de ejecución. El hecho de que había un oficial de la marina y tres agentes encubiertos estadounidenses, y que viajaban en un vehículo blindado de la embajada- cosa de gran relevancia en las relaciones con los Estados Unidos- lo hace un asunto de alta gravedad, pero es más que eso: la falta de cumplimiento a protocolos por parte de los agentes, certificados o no, representa un mal existente en las corporaciones policíacas, que esta siendo erradicado y donde el ámbito federal no puede excluirse. Lo que acusa el gobierno federal en las entidades, de falta de preparación, se regresa y golpea en la credibilidad de los esfuerzos por combatir al crimen organizado. La ausencia de cumplimiento de protocolos por parte de las corporaciones federales propicia la violación de los derechos humanos. El proceso de certificación con los exámenes de confianza y las demás acciones que se realizan al interior de las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales para garantizar un combate al crimen profesional y garante de los derechos humanos, debe continuar y prevalecer, pero no ser utilizado como arma política, porque al final, es la misma ciudadanía quien evalúa a los gobiernos y observa como sin tanto ruido, pero con trabajo, las entidades reducen la incidencia delictiva como ocurre en Chihuahua.

Reforma histórica

Será en estos días -probablemente hoy mismo- cuando el Presidente Electo Enrique Peña Nieto entregue a los líderes parlamentarios de su partido, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, una reforma histórica en materia de combate a la corrupción. Se trata de modificaciones constitucionales que crean un órgano autónomo con capacidad de persecución de delitos -antes en manos estrictamente del Ministerio Público Federal-, integrado por un cuerpo colegiado, designado por el Senado de la República. La Comisión Nacional Anticorrupción -que sustituye a la Secretaría de la Función Pública creada en abril del 2003 para sustituir en aquel entonces a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo- constituye uno de los tres ejes autónomos que la constitución reserva de la dependencia jerárquica subordinada de los poderes de la Unión, para realizar funciones clave en una democracia: las materias electoral, banca y, en breve, el combate a la corrupción. En un amplio artículo publicado en el periódico ABC en su viaje reciente por España, el Presidente Electo, de su puño y letra, describe las tres reformas estructurales que planteará al cuerpo legislativo, relativos a los aspectos hacendario, hidrocarburos y anticorrupción. El órgano anticorrupción mexicano, de acuerdo al adelanto realizado por el mismo Enrique Peña Nieto, será una instancia autónoma, con competencia en el territorio nacional, en los tres ámbitos, federal, estatal y municipal, que sin mayor formalidad que las denuncias ciudadanas podrá iniciar procedimientos de investigación. Como ocurre en el resto de los órganos constitucionales autónomos -Banco de México e Instituto Federal Electoral- los Comisionados deberán ser aprobados por el Senado de la República a partir de propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo. Serán cinco los comisionados integrantes del órgano, los cuales solo podrán dedicarse -adicionalmente- a actividades académicas. La reforma representa el rompimiento de un paradigma en la función pública, primero, al desprender del Poder Ejecutivo la atribución de perseguir y castigar la corrupción y entregarla a un órgano colegiado, que por la conformación del Senado, se antoja será plural; segundo, porque, de acuerdo al anteproyecto de iniciativa -ventilado desde ayer en diversos medios nacionales- se contemplan reformas al artículo 21 constitucional para dotar a la Comisión Nacional Anticorrupción de facultades para investigar y perseguir delitos relacionados con la corrupción. En el ámbito mundial la tendencia de la administración pública es hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. Transparentar es colocar en una vidriera la actuación de los servidores públicos; la rendición de cuentas es sancionar las conductas que se apartan de la actuación legal y ética. La reforma anticorrupción constituye esta evolución de la transparencia a la rendición de cuentas, en busca de construir una sociedad cabal, confiada y participativa, y aspirar a un país fuerte, equitativo e incluyente, fincado en la transparencia, la responsabilidad y la legalidad, como escribió puntualmente el Presidente Electo en la página Tres del influyente diario madrileño, espacio editorial destinado a la pluma de los liderazgos y personajes influyentes del mundo.

Compromiso con la calidad

Las instituciones educativas tienen la obligación social de construir buenos ciudadanos, entendidos estos como aquellos personajes comprometidos con su entorno, en una visión de entenderse como seres responsables integrantes de una comunidad, que participan en la solución de sus problemas, generan riqueza a través del desarrollo profesional de sus habilidades o crean empresas, propiciando el empleo, en una actitud de respeto a la legalidad y demás valores colectivos. En resumen, la construcción de un ciudadano integro. Esta es la fase en la que se encuentra la Universidad Autónoma de Chihuahua, en particular la Facultad de Contaduría y Administración. Con 3 mil 85 nuevos alumnos en el ciclo 2012-2013 - de una matricula total de mas de siete mil- en Contaduría y Administración la calidad educativa, ha sido un bastión cardinal y esencial, bajo los estándares de acreditación y evaluación de organismos nacionales como son los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA); así como el organismo internacional “Asociación Internacional para la Educación en Administración de Estados Unidos” (AACSB), en una primera fase de afiliación. En la actualidad, el 100 por ciento de los programas de licenciatura se encuentran acreditados por CACECA, 3 de los cuales se han re-acreditado hasta el 2017; el 100 por ciento de los programas en licenciatura y posgrado han sido evaluados en el nivel 1 por CIEES, incluyendo, por primera vez en sus 26 años de vida, a los programas educativos de la Extensión Delicias. Si antes la acreditación por organismos nacionales era suficiente, hoy no lo es. Se requiere de la participación de organismos internacionales en consonancia con un mundo globalizado. Actualmente la Facultad de Contaduría se afilio a la Asociación Internacional para la Educación en Administración, dando el primer paso para obtener la acreditación internacional en calidad. Para darse una idea de este importante paso, basta conocer que solo se encuentran afiliadas a este organismo internacional el Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Anáhuac, la Universidad de las Américas de Puebla, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Monterrey y hoy, la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de esta Facultad de Contaduría y Administración. Hace unos días, el Director de la Facultad, Alfredo de la Torre, fue recibido en Tampa, Florida, en las oficinas de este organismo internacional, donde entregó la información necesaria para iniciar el trámite de re-acreditación. Esta acreditación internacional es consecuencia natural del avance que ha mostrado la Facultad de Contaduria, en la presente administración que cumple dos años, y que es reconocida en el lugar 16 de las maestrías de administración y recursos humanos en el país. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de Contaduría, es la segunda institución en el país que se suma al Pacto Mundial de Responsabilidad Social, donde participan 409 instituciones. Contaduria es ejemplo de lo que se hace en Chihuahua en materia educativa. Se conoce y acepta que hay rezagos. Así lo aceptó el director Alfredo de la Torre frente a diversas autoridades, donde destaca Eduardo Avalos Director Nacional de CACECA. Las observaciones y recomendaciones que han señalado los organismos evaluadores y acreditadores, son fortalecer las tutorías y asesorías, abatir el rezago educativo, mejorar las tasas de egreso y titulación por cohorte generacional, cerrar las brechas de calidad entre los programas educativos y las extensiones, y fortalecer la planta docente, entre otras. Aceptar estos rezagos forma parte de una cultura de calidad, donde Contaduría da ejemplo de consolidación, con investigación y extensionismo nacional e internacional y un fuerte compromiso social.