Principios violentados

Los atributos de la norma jurídica han permitido construir leyes permanentes, pero no inflexibles, permitiéndole una adaptación paulatina y gradual a los cambios sociales, sirviendo como un impulsor y conductor del desarrollo de las comunidades y un dique a las conductas antisociales que amenazan con destruir y dañar el progreso y la convivencia pacífica de la colectividad. La norma jurídica, por su abstracción, generalidad e impersonalidad, posibilita que el legislador, cualquiera que este sea, carezca de un interés de grupo o facción: esto es, que la norma convertida en ley pueda alentar o prohibir conductas en términos generales, sin un destinatario especifico. Lo contrario, es que la norma jurídica, en este caso la penal, fuera personal, concreta y particular, lo cual resulta contrario al principio de estado de derecho que le garantiza a todos los ciudadanos igualdad de circunstancias frente a la ley. Desde el punto de vista penal, existe una tipicidad, una conducta apegada a un tipo, que no es otra cosa que la correspondencia de hechos a la descripción de la ley, elementos señalados por la norma como necesarios para castigar un comportamiento que causa daño de cualquier naturaleza a alguno de los sujetos o bienes jurídicos tutelados y protegidos, como puede ser la sociedad en su conjunto o de manera individual, la propiedad, el medio ambiente o la gobernabilidad o gobernanza. Las leyes no pueden ser inmutables ni estar escritas en piedra: requieren actualización continua, es cierto, pero basados en una actitud responsable y no caprichosa del legislador, como acaba de ocurrir en el Distrito Federal. En la Ciudad de México, como en todo el país, existe una conducta antijurídica castigada por la norma penal, se trata de los delitos cometidos en contra de la paz pública, un bien jurídico tutelado en vista del provecho que un clima de cordialidad, armonía y convivencia social procuran al mayor desarrollo de la comunidad. Este delito ha sido cuestionado, al igual que el resto de los contenidos en el capitulo de delitos políticos, porque sanciona las conductas que exceden el uso de libertades, como la libre manifestación o asociación, al volcarse en situaciones señaladas como delito, como el robo, los daños, las lesiones o el homicidio: los estudiantes del primero de diciembre se manifestaron pero lo hicieron por medio de la violencia, el ataque a los agentes policiacos y la destrucción de bienes de particulares. ¿Será legitima la conducta desplegada por estos manifestantes? En términos generales lo es: las manifestaciones son connaturales a un estado democrático, siempre y cuando las mismas se conduzcan en términos de ley. ¿Que significa esto? que no ataquen vías públicas, respeten los derechos de terceros y no alteren la paz pública. Los manifestantes del primero de diciembre cometieron daños en la zona de San Lazaro por un monto de 150 millones de pesos y en Reforma del orden de los 28 millones. El tipo penal atribuido a su conducta lo señalaba el artículo 362 del código penal del Distrito Federal: Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación. Sin embargo, los grupos radicales del Partido de la Revolución Democrática presionaron a sus diputados, que son mayoría absoluta -por virtud del principio de gobernabilidad, derogado en todo el país excepto en el Distrito Federal- para modificar la pena y permitir la libertad con el pago de una fianza, que al final terminó por ser ridícula: 140 mil pesos en total por todos los sujetos procesados, la cual fue pagada por dos legisladores perredistas. Los representantes de la Asamblea Legislativa violentan de manera legal -la norma fue autorizada por la asamblea, promulgada y publicada, entrando en vigor al día siguiente- los principios mediante los cuales se construyen las normas jurídicas, para beneficiar a un grupo de personas afines ideológicamente, pertenecientes a grupos anarquistas. Es cierto, había y hay que revisar en su conjunto los llamados delitos políticos, no solo la penalidad discutida; sin embargo, la realidad indica que estas conductas deben ser sancionadas de manera ejemplar: no existe en el país argumento que justifique la violencia por parte de estos grupos radicales: las vías democráticas de participación están abiertas y garantizadas por diversas instituciones y normas.

Tuvieron qué pasar diez años

Resultaba incongruente que las entidades federativas hubiesen avanzado con mayor rapidez en garantizar la transparencia, el acceso a la información y a la protección de los datos personales, que la instancia Federal. Entidades como Chihuahua, marcaron parte aguas en el ámbito nacional, cuando fruto del derecho comparado, probablemente de manera tardía, pero aprovechando la experiencia que ello mismo proporcionó, arribaron a un marco jurídico de avanzada en materia de transparencia. Esta era la segunda ocasión que el gran estado del norte se posicionaba a nivel nacional con figuras de inéditas como ocurrió en 1994 con la materia electoral. Tres aspectos fundamentalmente deben destacarse de la transparencia chihuahuense: la constitución de un órgano constitucional autónomo, la ampliación de los sujetos obligados y la reducción de plazos. Resulto inédito que nuestra entidad, sin titubeos, autorizará la creación de un órgano constitucional autónomo, garante de la transparencia, no subordinado jerárquicamente a ninguno de los poderes establecidos. También fue un hito la ampliación de los sujetos obligados a cualquier ente que recibiera recursos del erario público, sin limitación alguna: la categoría de sujeto obligado la otorga, no el carácter de personal moral pública, sino el hecho material de recibir dinero del sector público estatal, con lo cual se incorporó a los partidos políticos en automático, amén de que fueron señalados expresamente en el texto para que no cupiera duda alguna. Los plazos también fueron reducidos en el procedimiento de acceso a la información pública, bajo la interpretación de que la dilación en los tiempos solo propiciaba el incumplimiento al derecho constitucional del ciudadano de acceder a la información pública, por ejemplo, para la aclaración de la solicitud, a nivel federal se otorga un plazo de diez días al sujeto obligado para requerirlo al solicitante y a nivel estatal, en Chihuahua, solo se otorgan cinco días: los plazos fueron reducidos a la mitad. Estaba la transparencia federal retrasada. La semana pasada el Senado de la República autorizó la reforma constitucional en materia de transparencia avanzando significativamente. Por lo pronto, a reserva de revisar el decreto correspondiente, se aprecia una reforma de gran calado: se crea un órgano constitucional autónomo a nivel federal para garantizar la transparencia, sólo dejando de lado asuntos jurisdiccionales que deberá resolver, en la materia, un comité designado por el Poder Judicial de la Federacion, fórmula que de suyo resulta innecesaria si de antemano se considera a todos los procedimientos jurisdiccionales como información reservada. La reforma parte de diversas propuestas, la Presidencial y la presentada por los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, ampliando el número de comisionados de cinco a siete, otorgando la categoría de inatacables a las resoluciones de órgano constitucional autónomo, calificándolas de vinculatorias y definitivas, y ampliando la categoría de sujetos obligados incluyendo partidos políticos. Adicionalmente le otorga al órgano constitucional la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes y tratados que atenten contra el principio de máxima publicidad y transparencia y se establece que las entidades deberán constituir órganos con igual categoría y facultades en las entidades. Transcurrieron apenas tres semanas de la nueva administración y se observa el consenso para llegar a fórmulas legislativas detenidas desde hace casi diez años, cuando nace el Instituto Federal de Acceso a la Información, en una disposición de las distintas fuerzas para sentarse a dialogar y llegar a acuerdos, en una visión a corto, mediano y largo plazo, sancionada en el Pacto por México, que demuestra su gran utilidad.

Reconocimiento

El panorama no es nada alentador: en cifras destacadas por medios nacionales, del 2006 al 2011, uno de cada tres hogares en el país cuenta con una víctima del delito; siete de cada diez mexicanos se siente inseguro; 70 mil personas murieron; hay nueve mil cuerpos sin identificar y mas de veinticinco mil desapariciones; se cometieron cerca de once millones de delitos, incrementándose el secuestro en un 83 por ciento y el robo con violencia en un 65 por ciento a nivel nacional. Mientras todo esto ocurría, inexplicablemente durante los últimos años se acusaba la incapacidad de los gobiernos estatales y municipales; se señalaban complicidades con el crimen organizado, incluso con detenciones múltiples de servidores públicos que al final fueron liberados, como ocurrió en Michoacán y se sancionaba a los municipios con la disminución de recursos del fondo de seguridad pública, situación acontecida en la capital de Chihuahua. En suma, el gobierno federal disputó durante doce años con los estados y municipios y no se coordinó plenamente: se asumió un discurso mediante el cual se responsabilizaba a estos dos ordenes de gobierno del avance del crimen organizado, presumiendo que la federación acudía en auxilio ante la incapacidad de éstos para enfrentar la delincuencia. No se realizó política de seguridad pública, lo cual no fue impedimento para que entidades federativas, como es el caso de Chihuahua, redujeran los indices delictivos de manera sustancial en los dos últimos años, fruto del esfuerzo de coordinación y liderazgo estatal en la materia. Todo esto viene a colación por la presentación que de la Política de Estado por la Seguridad y la Justicia realizó el presidente Enrique Peña Nieto, donde destacan, como atributos necesarios la planeación, prevención, protección y respeto a los derechos humanos, coordinación, transformación institucional y evaluación. En el marco del Consejo Nacional de Seguridad y en presencia de gobernadores de todos los partidos se anunció la creación de la Gendarmería nacional, la organización de cinco regiones así como la inversión de 117 mil millones de pesos para la prevención del delito, línea estratégica de atención transversal que busca reorganizar la atención social en la reconstrucción del tejido social, redimensionando, pero sin descuidar, la visión estrictamente policial. La presentación del proyecto de seguridad es precedido de un severo diagnostico: adicionalmente a los datos estremecedores señalados arriba, desde el punto de vista de la procuración de justicia y procesamiento de información estratégica, se señala una desarticulación que impide la correcta y eficaz coordinación, con estructuras que no corresponden a la realidad, provocando fragmentación que bloquea y desfasa las acciones. Destacan en las políticas de la nueva administración federal, el respeto a los derechos humanos y las acciones de prevención del delito: se ordena la creación de protocolos que protejan los derechos humanos y se establece como línea rectora la corresponsabilidad de los tres ordenes de gobierno. Por supuesto, el contenido de los anuncios resultan importante, pero adicional a ello, se respira un nuevo aire de consenso en la aplicación de las políticas en materia de seguridad pública. No es casualidad que el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera haya reconocido en la visión de combate a la inseguridad el apartado de prevención, como línea toral para fortalecer un nuevo modelo de participación de todos los órdenes de gobierno y sociedad, que rescate y recupere la tranquilidad de todos los mexicanos. Tampoco es casualidad que, ayer, un día después de la presentación de las políticas en materia de seguridad, el presidente Peña Nieto haya decidido encabezar actos públicos relativos a seguridad e impulso a la reactivación económica en Chihuahua, bajo la hospitalidad del gobernador César Duarte, quien en el Consejo Nacional de Seguridad tocó el delicado tema del tráfico de armas como uno de los detonantes de la violencia en nuestro país, que requiere atención inmediata. La explicación de evento es simple: Chihuahua es clave a nivel nacional en cuestiones de seguridad, por la participación ciudadana en esquemas de cultura de la legalidad y rescate de espacios públicos, así como la reducción relevante de indices delictivos, que de manera general en el país están generando crisis, como es el caso del secuestro y la extorsión.

Normalidad democrática

Los recientes hechos ocurridos el pasado primero de diciembre constituyen un exceso al uso de la libertad de expresión por parte de grupos radicales que al final buscaban una doble afectación, empañar la toma de posesión presidencial y evidenciar la lucha intestina, con una izquierda moderada que se fortalece en la persona de Marcelo Ebrard y su sucesor Miguel Ángel Mancera, en una línea de negociación y consenso que ha alcanzado al mismo Partido de la Revolución Democrática, cuyo líder ha aparecido, en menos de quince días, al lado de las otras fuerzas, en eventos encabezados por el nuevo titular del ejecutivo federal. Es difícil justificar bajo la premisa de la libre asociación y libre manifestación de las ideas las acciones protagonizadas por jóvenes embozados, armados con bombas molotov y artefactos caseros que lanzaban clavos como proyectiles; lamentablemente, la autoridad poco pudo hacer frente a ellos, mas que contenerlos, ya que no pudieron ser detenidos, salvo trece que están siendo procesados y 54 que tuvieron que ser liberados ante la falta de pruebas, en una evidencia de falta de preparación policial y un deficiente trabajo del ministerio público que consignó sin contar con elementos suficientes de prueba. Se trató por parte del grupo radical de evidenciar los abusos de la autoridad federal el mismo día de la toma de posesión presidencial, pero la prevención de instalar cercos los contuvo y provocó la ausencia de choque en la zona de San Lazaro, obligándolos, ante la impotencia del contingente agresor, a trasladarse a Juárez y Reforma, enfrentándose a la policía capitalina, aún bajo las órdenes de Marcelo Ebrard. De haber cedido a las presiones para retirar las vallas de seguridad en el área de San Lazaro, probablemente otro hubiera sido el escenario. Es evidente: se trató de reventar por fuera y por dentro la sesión solemne de toma de protesta: por fuera los grupos autodenominados anarquistas y por dentro, la diputación que se alejó del pacto de civilidad e intentó la toma de tribuna, sin éxito, ante una estrategia diseñada con macetones resguardados por decenas de diputadas priístas. Las acciones de beligerancia emprendidas por los grupos anarquistas terminaron por provocar la primera crisis en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en una campaña mediática nacional orquestada para evidenciar la falta de preparación de los elementos policiacos, que habrían cometido abusos en contra de ciudadanos inocentes detenidos y recluidos en Santa Martha Acatitla: ironía: los grupos de protesta terminaron violentamente enfrentados con policía comandada por un gobernante de izquierda. No cabe duda que hay corrientes radicales que están en contra del consenso y civilidad con que se han conducido tanto Ebrard y Mancera, no solo con la nueva administración, sino con la anterior, con la cual predominó una relación de sana distancia y respeto institucional. Ahora esos grupos mascullan la decisión política del líder nacional del Partido de la Revolución Democrática de honrar su palabra empeñada durante la firma del Pacto por México y aparecer de nueva cuenta al lado de Gustavo Madero, Cristina Diaz y el Presidente Peña Nieto, para la presentación del proyecto de reforma educativa, en un camino de normalidad democrática: discusión plural, disenso natural y al final consenso, entendiendo que no hay mayorías absolutas, sino relativas, y que por tanto los acuerdos son obligados, en una negociación donde todos los actores son tomados en cuenta y al final la colectividad es beneficiada mediante acciones de gobierno surgidas del crisol variopinto de la pluralidad.

Vandalismo

Es evidente que el detonante del Pacto por México firmado por las fuerzas políticas mas importantes del país, y atestiguado por el Presidente Enrique Peña Nieto, lo fueron los actos vandálicos del primero de diciembre. Un día antes, el Partido Acción Nacional -con su omisión y actitud dubitativa- secundó la decisión perredista de evitar la firma del Pacto, consensuada por el Presidente Nacional del Revolucionario Institucional, enviando un mensaje de ausencia de acuerdos previo a la toma de posesión del exgobernador del Estado de México, tratando -sin éxito- de lesionar la imagen del Jefe del Ejecutivo Federal. Se leía en la decisión cupular de la oposición un afán por presionar en medio de las medidas preventivas adoptadas para evitar un escenario de toma del Palacio Legislativo, anunciado por fuerzas radicales de izquierda. Les molestaron las decisiones de blindar el palacio legislativo en lo exterior y en el interior, en una decisión de inteligencia y determinación por preservar la realización sin contratiempos del acto solemne de transmisión del poder nacional, concretado en la colocación de la banda presidencial y la toma de protesta constitucional. Primero fue socavar la firma del Pacto: luego, el uso de bombas molotov en el exterior por medio de grupos anarquistas que chocaron contra los granaderos y destrozaron todo a su paso desde Bucarelli hasta Bellas Artes. La violencia utilizada por los jóvenes no tiene parangón: el mismo Marcelo Ebrard apareció en Televisión Nacional mostrando su enojo por el uso desproporcionado y planeado del vandalismo: el ala radical de la izquierda se movilizó para hacer evidente su malestar por la asunción de un nuevo presidente ajeno a sus intereses y deseos. La izquierda moderada inmediatamente se replegó a las manifestaciones vandálicas: Ebrard se coordinó en las acciones policiacas de contención con el subsecretario de seguridad del gobierno Federal, Manuel Mondragon y Kalb, quien hace apenas unos días fungía como el responsable de la seguridad en el gobierno del Distrito Federal. El saldo fue impresionante: 150 millones de pesos en daños a inmuebles en la zona de San Lazaro y 28 millones en Reforma: en total la zona comercial, turística y financiera dejó de realizar operaciones por 950 millones de pesos, según cálculos de la Cámara de Comercio. La condena a los actos vandálicos es unánime. No existe -salvo Andres Manuel y sus seguidores- quien justifique las acciones de los jóvenes utilizados como instrumento criminal de presión, y no de autentica libertad de expresión y manifestación, como debió haber ocurrido. La constitución y las leyes protegen la libre manifestación de las ideas. Es responsabilidad de todos, de la sociedad en su conjunto, alentar, no solo proteger, el derecho de discrepar e increpar, pero en el marco del respeto al derecho de terceros y la conservación de la paz social. Un sociedad plural se manifiesta en la tolerancia de la discusión de los asuntos públicos, no en la violencia del tono estridente, las bombas molotov y las manifestaciones incendiarias. Conscientes de ello, las fuerzas de oposición cedieron, probablemente asustadas de los actos vandálicos, a la firma de un pacto de alcances ambiciosos que busca rescatar la confianza en las instituciones y generar acciones de bienestar común a corto y mediano plazo, donde destacan la reforma educativa, salud y seguridad social, telecomunicaciones, combate a la delincuencia y corrupción.