Sainete senatorial azul

No es el primer coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República en caer en desgracia. Lo mismo ocurrió con Santiago Creel en 2008. Curiosamente en aquel entonces el Presidente del Partido designó a Gustavo Madero como líder de la bancada azul de senadores. Creel, igual que Cordero tenían cargos directivos: el primero era presidente de la comisión permanente, y el segundo ocupa la presidencia de la mesa directiva. En ambos casos Felipe Calderón aparece en escena: cuando Creel, el entonces Presidente manifestó a medios de comunicación que la decisión era del Partido y deseó éxito a Madero en el nombramiento de líder de la bancada; hoy tuiteo "Vieja regla del PAN: los asuntos internos se ventilan internamente. Cuando los presidentes la preservábamos el partido avanzó notablemente". Demostró su poca memoria. Se trata de una disputa interna de un partido político venido a menos con motivo de la derrota presidencial del 2012. Los grupos internos se reconfiguran: los calderonistas reprochan a Gustavo Madero su acompañamiento al Pacto por México. La critica se convirtió en estrategia legislativa, al presentar Cordero junto con el líder perredista del Senado una contra propuesta de reforma política, lo cual dejo en entredicho la palabra y compromiso del presidente nacional del PAN. Cordero no se plegó a la estrategia de Madero desde el inicio de la administración federal actual. El fondo: la rencilla por la candidatura presidencial que persigue a ambos personajes. No perdona el ex secretario de Hacienda calderonista que el Partido haya postulado a Josefina Vázquez Mota a contra pelo de Calderón. Madero tiene problema jurídico. Sabe que por estatutos tiene facultades de nombramiento del líder senatorial de la bancada, pero previa consulta. De la facultad de remoción, se entiende implícita, pero alguien pudiera recurrirla. No obstante desde el domingo, vía telefónica, destituyó a Cordero, sin necesidad de tocar base o consultar a los 38 senadores panistas, a quienes ayer debió visitar sólo para aquietar las aguas, en una charla donde consultó solo para efectos indicativos y no vinculatorios. Lo cierto es que las declaraciones han subido de tono: Ruffo Appel, Javier Lozano y María Luisa Calderón: incluso durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional se lanzaron serias acusaciones contra Madero en voz de Juan José Rodríguez Pratts. Madero y los 24 senadores apoyadores de Cordero participan en un intercambio epistolar, donde el único que pierde es el PAN y, porque no decirlo, la ciudadanía en general. La crisis albiazul afecta al sistema político todo. Por iniciar campañas electorales en 14 entidades federativas el sainete solo deja entrever las disputas palaciegas de la clase política panista, deteriorando el clima de consenso y avance político demostrado en los primeros meses de administración, con acuerdos de gran alcance palpables en las reformas a temas torales bajo el auspicio del Pacto por México. Es también síntoma de una profunda crisis de liderazgo azul. http://robertopinon.blogspot.mx/

Seguros contra el crimen

El negocio de los seguros tiene que ver con la incidencia de los sucesos y la dimensión de sus efectos. De esta manera, por ejemplo, se venden pólizas de seguro para garantizar las menores pérdidas por situaciones tan diversas como los choques vehiculares. La aseguranza de un choque vehicular tiene que ver con diversas condiciones, la licencia de conducir, el estado físico en que se conduce, la situación jurídica del coche, la responsabilidad en el accidente, las previsiones y prudencia al conducir, entre otras. La ausencia o presencia de estas condiciones determina la validez de la póliza ante el suceso y por supuesto, el precio de la prima y el tipo de seguro en su caso que se debe de contratar para una mayor o menor protección. Parece sencillo hablar de seguros vehiculares. Pero no lo será cuando ahora se trate de seguros contra daños provocados por acciones de la delincuencia organizada. La diferencia entre ambos es abismal: en el primero hay aleatoriedad, no voluntad, una comisión por omisión, en los segundos, comisión premeditada, sistemática, organizada. México es uno de los primeros países donde se oferté este tipo de póliza. No ha sido un paso sencillo. Primero se tuvo la experiencia en aseguranza contra efectos del terrorismo. Se trató de que la póliza contra terrorismo protegiera también los daños provocados por delincuencia organizada, sin embargo existe una diferencia fundamental entre ambos: la acepción de terrorismo tiene que ver con motivos políticos, religiosos o ideológicos. El crimen organizado carece de una motivación de esta naturaleza, su fin único y último es el lucro inmediato. La cuestión ahora será darle contenido a las condiciones y alcance de una póliza de seguro contra daños patrimoniales provocados por el crimen organizado. La póliza cubrirá daños hasta los 25 millones de dólares. Se dice que la empresa ofrecerá la aseguranza a las empresas sin importar el giro. No creo que sea así de simple. Por incidencia, existen giros más propensos a la extorsión, y por lo tanto de más alto riesgo. Es obvio que habrá restricciones hacia ellos. Recordemos Casino Royal. Tiene otras exclusiones, por ejemplo, el dolo o la mala fe e información no fidedigna proporcionada por la empresa contratante, como sería el caso de omitir manifestaciones en relación con amenazas o extorsiones. Asimismo, la empresa deberá presentar el plan de medidas de seguridad que implementa para proteger sus bienes y persona. La aseguradora evaluara el nivel de riesgo de las empresas y con base en ello calcula la prima y los deducibles. Estas condiciones reducirán el mercado de empresas que reúnan los requisitos para acceder a la póliza. Otra cuestión es que resulta evidente que en el estudio de mercado se detectó un equilibrio entre la incidencia del delito y la recuperación del resarcimiento de daños. Saben que si bien es cierto existe una imagen de recuperación de la tranquilidad, subsiste la extorsión, el secuestro y los ataques directos por parte de crimen, aunque en menor escala. Fuera de la casuística, la Confederación Patronal de la República Mexicana detectó el año pasado un millón y medio de empresas víctimas, con un costo promedio de sesenta mil pesos por extorsión: las firmas grandes pagan hasta un millón de pesos. Nada mas Petróleos Mexicanos pago en ocho años primas por tres mil millones para asegurar contra terrorismo. Ahora podrá ampliar por actos cometidos por crimen organizado para proteger sus activos calculados en un billón de pesos. Fuera del lucro natural que obtendrá la compañía aseguradora con el negocio de las pólizas por daños provocados por crimen organizado, la figura comercial no resulta del todo plausible. Podría alentar su incidencia. Es una suposición, pero al saber que existe un soporte financiero quienes lucran con el dolor y sufrimiento podrían buscar aprovecharse. Este asunto, como en general ocurre con los seguros, debe manejarse en la más completa confidencialidad. Ya lo hacen las empresas. El ámbito público también deberá hacerlo por lo valioso de los datos con que cuenta en materia delictiva. La solución, al final, no se encuentra en la recuperación del daño, sino en la prevención del mismo. Lo demás solo abona a una cadena comercial de lucro, probablemente legítimo, pero no contribuye a una solución a largo plazo.

Levanta dedos

El gobernante se encuentra obligado a generar los espacios políticos necesarios que permitan dar cauce a las presiones de los grupos políticos formales e informales. Se trata de una obligación natural de encontrar puntos de negociación y consenso, cuando los cauces institucionales resultan demasiado rígidos y por tal motivo, restringen la posibilidad de acuerdos. Es esta la base fundamental del denominado Pacto por México: una opción innovadora para motivar a los grandes actores políticos institucionales a marcar la agenda y consensos en materia legislativa: una especie de pacto de Moncloa que permite dar cauce institucional a los puntos de vista confrontados de tres visiones de país, tras un choque electoral continuado desde 1988 en el ámbito nacional y local, en chihuahua, desde 1983, con el surgimiento de una real competencia electoral. Establecer una ruta de país, mediante un gran consenso, fuera de los apasionamientos políticos de la tribuna, estridentismo político caótico, producto de la natural lucha por el poder y aderezada con intereses personales y de grupo, en busca de los puntos de acuerdo, debe ser considerada plausible y no criticable. De esta forma surgió la reforma laboral, la ley de amparo, la norma en materia de competencia económica, entre otras modificaciones legales de gran importancia para la vida nacional. Se encuentran en el tintero la reforma en materia de telecomunicaciones y la energética, por ejemplificar la agenda pendiente. Nunca antes una legislatura había sido tan pródiga en modificaciones de gran calado. Es cierto que las modificaciones legislativas, sobre todo las constitucionales, deben ser sometidas a un procedimiento especial para evitar legislar al vapor. El procedimiento vigente mismo obliga a votaciones calificadas y posteriormente a la ratificación de las legislaturas estatales. Se ha pensado en agregar un elemento adicional como candado para que este tipo de modificaciones sean autorizadas por dos legislaturas distintas o incluso que sean previamente revisadas por la Suprema Corte como Tribunal Constitucional en una especie de control previo de la constitucionalidad. Sin embargo aún es proyecto, las modificaciones que se han efectuado en este periodo han cumplido con el procedimiento vigente desde el punto de vista material y formal. El Pacto por México solo es un catalizador político de las propuestas: el Congreso de la Unión ha tenido que revisar las iniciativas, dándoles el cause específico procedente de acuerdo a su naturaleza. El órgano regulador del Pacto no sustituye a ninguna de las cámaras ni asume funciones de estas. Los señalamientos de Ernesto Cordero descalificando al Pacto tienen que ver más con los problemas internos de su partido que el funcionamiento eficaz que hasta el momento ha demostrado este nuevo cauce institucional de negociación política del Presidente de la República con los actores políticos formales. Los legisladores están obligados a revisar a conciencia las iniciativas de ley, sean o no fruto del Pacto. Tienen la obligación de hacer cumplir el procedimiento de discusión y aprobación. Si bien no están obligados a ser expertos en las materias técnicas discutidas, por su origen ciudadano, deben ir al fondo con ayuda del cuerpo asesor. Limitarse a ser levanta dedos es una tragedia. http://robertopinon.blogspot.mx/