Una radio "oficial"

Resulta acertado el proyecto de dictamen que diversas comisiones del Senado han emitido desde el pasado 22 de abril -y que aún continúa atorado sin poder avanzar-, por lo que hace a su fase discursiva: es decir, tutelar la doble vertiente de libertad de expresión y acceso a la información, derechos íntimamente vinculados e interdependientes, que los hace ser indispensables unos de otros: no podemos hablar de un auténtico derecho a la información si antes no se garantiza de manera adecuada la libre expresión del pensamiento, valuarte de su pluralidad y por tanto, principal riqueza subyacente en su carácter heterogéneo. En este sentido constituye un avance la conformación de un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, conformado a propuesta del Ejecutivo Federal y ratificado por una mayoría calificada en el Senado, responsable de operar la radio -y tal vez una televisión pública- en cada entidad federativa. Se trata de conformar un modelo de medios públicos que sean referente de cobertura y linea editorial para el resto de los medios, reflejo de una sociedad que necesita mas pluralismo informativo. Una comunicación pública -resalta el proyecto de iniciativa- que debe encauzarse hacia la consolidación de independencia editorial, garantía de financiamiento y desvinculación de intereses coyunturales o políticos de los gobernantes en turno. Un organismo público creado por disposición de ley, adscrito al Gobierno Federal, con autonomía técnica, operativa, decisión y gestión, que provea servicios de información sin fines de lucro; donde la información transmitida sea imparcial, objetiva, oportuna y veraz: espacio abierto a las obras de producción independiente, diversidad y pluralidad de ideas, que fortalezca la vida democrática. Insisto: la fase discursiva impecable. El problema es que se cae en el error histórico de otorgar el manejo del organismo descentralizado a la Secretaría de Gobernación, bajo cuyo sector quedará adscrito. Estamos hablando de un sistema de radio y televisión con repetidoras en todo el país, conducido por un Presidente de Sistema designado por el Senado a propuesta del Ejecutivo Federal, sujeto a las disposiciones de un órgano de gobierno conformado por Directores de área de las Secretarías de Gobernación, Salud, Educación y otras. ¿Como garantizar los principios de pluralidad, objetividad y, sobre todo, contenido crítico de la información? Es sumamente complicado, si no, imposible de lograr, en un aparato de gobierno, que obvio es, buscará hacer prevalecer el sentido informativo favorable al signo político en turno. Para evitar que Presidencia de la República cuente con repetidoras de sus mensajes oficialistas en todo el país, es necesario desvincular al nuevo organismo público descentralizado de la Secretaría de Gobernación, y que su cuerpo de gobierno sea más plural y no dominado por las áreas del mismo gobierno federal, potenciando el Consejo Ciudadano con auténtica función administrativa y de dirección, y no sólo únicamente como consejo consultivo que de poco servirá a lograr los altos fines que la norma propone. Este sería un auténtico avance, que ratificaría en los hechos lo que en la fase declarativa sustenta el proyecto de ley de telecomunicaciones y del nuevo Sistema de Radiodifusión de México, y que haría realidad los ideales de objetividad, imparcialidad y veracidad periodística informativa. EN EL TABLERO...Las quejas en contra de la Coordinadora de Transporte Colectivo continúan diariamente...La percepción ciudadana es que el sistema de recaudo tronó, pero no solo es deficiente, sino que se están apropiando, mediante el sistema, de los recursos de los usuarios del transporte...Esta semana, con el regreso de miles de estudiantes a clases, se recrudecen los problemas...Los señores diputados deben explicar el esquema bajo el cual adquirieron los vehículos para su uso personal y oficial, mostrar los contratos y demás documentos oficiales signados, y en los cuales intervino el Congreso del Estado con recursos del erario público...

Pensamiento crítico

La norma en materia de telecomunicaciones, en su etapa reglamentaria, debe propender hacia auténticas garantías de independencia editorial, tutela de sus contenidos, defensa del auditorio y rendición de cuentas -fuera de su expresión constitucional formal- no solo de los medios públicos -como lo señala el Décimo transitorio de la reforma del once de junio pasado- sino que incluya además las señales concesionadas. Es decir, al pie de la letra, la Constitución exige únicamente de los considerados medios públicos -permisos otorgados conforme a la ley a instituciones del sector público, particularmente indigenistas, educativas o culturales, sin fines de lucro- diversos derechos y obligaciones, independencia editorial; autonomía de gestión financiera; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Como se observa, la independencia editorial, la autonomía de gestión financiera, la defensa de sus contenidos, las opciones de financiamiento y el pleno acceso a tecnologías, constituyen una garantía para el mas adecuado desempeño de los medios públicos: buscan protegerlos de la presión financiera del gobierno y de los poderes fácticos -crimen organizado, sindicatos, sector privado, Iglesias, etc.- para que desarrollen sus tareas de comunicación con ideal independencia, sin sujeción a ningún grupo de interés, legal o ilegal, público o privado. Sin embargo esa autonomía de gestión financiera -vinculada a las opciones de financiamiento- resulta una falacia toda vez que los sueldos y gastos de operación provienen del presupuesto público, y éste esta sujeto a una decisión política coyuntural; aún más, la fase fiscal y auditoria de gasto transcurren por rutas gubernamentales, también sometidas al factor político. Por otro lado, las garantías de participación ciudadana, las reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, y las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, están llamadas a constituir una opción de empoderamiento del ciudadano frente a los medios de comunicación públicos de radio difusión. El reto es que sean los mismos medios quienes se otorguen mediante autorregulación los procedimientos claros que garanticen esa intervención activa del radioescucha frente a su derecho a información plural y objetiva, pero además a participar en la discusión de los temas de interés público, sin ningún tipo de cortapisa ni censura. La reforma constitucional, llevada adecuadamente a la legislación reglamentaria, tiene la oportunidad de propiciar el fortalecimiento de la masa crítica. Es además momento para que los medios públicos comparezcan ante la opinión pública y muestren su actividad financiera, administrativa y de operaciones: que expliquen que hacen y porque lo hacen. El problema es que la reforma se queda corta al referirse estrictamente a los medios públicos dedicados a la radio difusión, si entendemos por ellos exclusivamente las empresas del sector público, los medios permisionados. Se regula lo menos y se deja suelto lo más. Es cierto que la naturaleza de ambos, los permisionados y los concesionados es distinta, empero usufructúan el mismo bien, el espacio radio electrico propiedad de la nación y por tanto deben compartir las mismas obligaciones en materia de comunicación e información, independencia, autonomía, rendición de cuentas y pluralidad; claro, por medio de procedimientos distintos que garanticen el libre desarrollo de la empresa privada, pero bajo el objetivo final de proteger a la audiencia y crear en ella un pensamiento plural y crítico de la realidad social. EN EL TABLERO...El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya asumió plenamente sus nuevas facultades y echó abajo la designación de consejeros efectuada por el poder legislativo tamaulipeco...El Instituto Nacional Electoral esta por hacer lo propio con las facultades que lo colocan como cabeza de los organismos electorales en el país...Las demandas laborales son reflejo de condiciones y políticas de trabajo inadecuadas, que terminan enrareciendo el ambiente laboral...Por eso resulta positivo que el próximo jueves 24 de abril se realice un maratón de conciliación auspiciado por el Secretario del Trabajo de Chihuahua, Fidel Pérez Romero...En tres años se han conciliado bajo estos mecanismos cerca de ochenta y siete mil asuntos...

Reformas de gran calado, pero insuficientes

Las reformas constitucionales han resultado de gran calado declarativo. Resultan ambiciosas y retadoras. Me refiero específicamente a las modificaciones a la máxima norma publicitadas el once de junio del 2013, en materia de radio y televisión, las cuales marcan una ruta que permite atisbar, al menos en lo legislativo, un espectro de mayor apertura, respeto a la radio y tele-audiencia y mayores exigencias a los concesionarios y permisionarios en materia de calidad, pluralidad y riqueza de contenido. Adicionalmente, establece con todas sus letras la obligación que tienen estos medios de comunicación de conducirse con independencia editorial, con todo lo que ello significa y que se traduce en la ausencia de intereses fácticos o formales que determinen los contenidos de información, tarea compleja si tomamos en cuenta -nada mas- la diversidad de actores politicos, sociales y económicos que convergen en la generación de datos informativos, todos ellos, matizados desde origen por sus propios intereses. El artículo Sexto constitucional, fruto de esta reforma, establece en sus primeros tres numerales, "I.- El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. II.- Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. III.- La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución". Como se observa, son propósitos constitucionales complicados de llevar a la realidad. El reto es convertirlas en normas realmente aplicadas, vivas no solo en el papel. Se trata de que la era de las tecnologías de la comunicación y la información llegue a las comunidades mas recónditas del país, y que esta sea accesible sin importar la posibilidad económica de la población. Romper el cinturón de miseria que impide acceder, ya no digamos al internet y a la modernidad en telecomunicaciones, sino a lo básico, el sustento diario. Parece una meta demasiado elevada, demagógica. Las injerencias arbitrarias han sido fruto de una relación de complicidad de la industria de la radio y televisión con el aparato gubernamental, producto del sistema de concesiones, operadas desde la secretaria de gobernación. Ahora, la constitución prohibe esas intervenciones, y prescribe para los industriales de esta rama condiciones de calidad, pluralidad y competencia. Se trata de un reto mayúsculo, que exigirá de los concesionarios procesos, inversión y una nueva cultura en su personal. La veracidad y pluralidad en la información permitirá construir masa critica. La cuestión es si existen los incentivos para que los concesionarios participen de este ideal. Es decir, la pauta publicitaria mayormente depende de las administraciones gubernamentales, ¿como romper con las inercias informativas homogéneas? ¿Como construir un mercado publicitario auténticamente regido por la ley de la oferta y la demanda? Es un proceso gradual. La norma ayuda, pero no es suficiente. La reforma constitucional deberá ser cristalizada en normas secundarias. La ley de radio y televisión vigente data de 2012. Es anterior a la reforma constitucional. Esta pendiente la reforma en comunicación social que regulara el gasto gubernamental en propaganda. Aun falta camino por recorrer. Lo interesante es que se marca una ruta adecuada para un nuevo desenvolvimiento de la comunicación, en donde destacan aspectos inéditos, independencia, calidad, competencia, pluralidad, libre acceso. Es el deber ser. Ahora falta la cruda realidad del ser. En este sentido la sociedad organizada tiene mucho que aportar en la consolidación del sistema de radio y televisión. La sociedad es el cliente. Es quien decide lo que compra. Por tanto decide lo que quiere. En su organización puede estar la clave para garantizar que la reforma constitucional sea vigente y no se repitan los vicios del pasado. EN EL TABLERO...Justa y merecida la reelección del abogado José Luis Armendáriz como Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos...En materia de libre expresión de las ideas ha jugado un papel relevante...Chihuahua es de los pocos Estados en el país en contar con un mecanismo de protección a periodistas y con programas de capacitación continuos, todos impulsados desde el organismo derechohumanista...Raúl Gómez Espinosa, Presidente del Club Primera Plana, director de la revista Proyección Económica, encabezó la asamblea anual, allá en la ciudad de México, con un destacado informe, ante los integrantes de esta prestigiada agrupación...

Monopolio de la propaganda electoral

En el análisis de las distintas normas que reglamentan la actuación de los medios de comunicación masiva durante los procesos electorales destacan varias. Sin embargo, existe una en particular que significa una clara regresión en materia de libertad de expresión y que obstaculiza la libre discusión de las ideas y el uso de la propaganda como instrumento para afianzar ideas criticas, aun en el uso banal, superficial y con interés de grupos fácticos que legítimamente buscan -o deberían buscar- influir en la intención de voto, aun y cuando en ello se oculte un subrepticio afán partidista. Me refiero concretamente al aún vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 49, numeral 4, que señala textual: "Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular...". Este artículo es una respuesta a la campaña emprendida por el sector empresarial en contra de Andres Manuel López Obrador, donde se le señalaba, por su planteamiento discursivo, como un peligro para méxico. Sin embargo el animo prohibitivo para generar una esfera de confort a los partidos politicos y candidatos en el ámbito mediático masivo, llámese radio y televisión, aún desde su característica de empresas concesionadas o permisionadas, representan un atentado contra la libre expresión de las ideas. La propaganda forma parte de la posibilidad de proyectar ideas, no solo del sector gubernamental o partidista, sino de cualquier factor real de poder. Se trata de posibilitar un auténtico acceso a la información, garantía constitucional que le permite al ciudadano conformar opinión. Una democracia implica la intervención de todos sin excepción en los asuntos públicos. ¿Que mas asunto público que la definición de la representación que administrará la función pública en todos sus niveles? Al generar un monopolio de la discusión pública a los demás poderes fácticos, el sector partidista y -ahora- candidatos independientes, adquieren la única voz para confrontar ideas, dejando al elector al arbitrio de la comunicación social sesgada, superficial y plena en clichés, que nada aportan a la discusión critica de los asuntos de Estado, y que se convierte en una mera difusión de imágenes cuidadas, sin debate y confrontación auténtica de ideas. Es justo, como ocurría en el pasado reciente, que los partidos y candidatos accedan en igualdad de circunstancias -atemperados por un principio de equidad-, sin que tengan que erogar recursos económicos, y que los particulares, desde sus posiciones fácticas de poder, asumen la defensa de sus intereses legítimos con cargo a su pecunio, para rebatir y contradecir las ideas propagadas por partidos y candidatos. Nada mas adecuado en un régimen democrático. Al continuar en la tesitura de prohibir el acceso de los poderes fácticos a la comunicación social, los orillan -como seguramente ocurrirá- al patrocinio de candidaturas independientes, único mecanismo que permite el acceso a las prerrogativas de la discusión de los asuntos públicos en el escenario electoral. Luego entonces, tendremos candidatos del sector empresarial o de cualquier otro factor de poder, ante la disyuntiva que plantea el deteriorado entorno político partidista, alejado de las expectativas populares y ciudadanas. De esta manera, la figura del candidato independiente, nace contaminada: lo que debía ser reflejo del apoyo ciudadano a un líder social se convierte en instrumento de disputa organizada de los intereses de grupo, afectando aún más al sistema electoral mexicano, que permitía que los partidos fueran el conducto de los distintos anhelos de ciudadanos y factores de poder, situación en crisis desde hace algunos años. El botón de muestra es el nacimiento del Partido Nueva Alianza, reacción del sector magisterial que se escinde del Revolucionario Institucional para incursionar en la busca de espacios y negociaciones de poder sin necesidad de depender, como satélite, de un instituto político, en el cual solo era un sector más, y carecía de decisión propia. EN EL TABLERO...Un éxito el Seminario Gobernar Bien, Comunicar Mejor, organizado en Culiacán, Sinaloa, por la Asociación de Comunicadoras de Sinaloa que preside Carmen Meza, apoyada por el Instituto Internacional de Periodismo y Comunicación de Chihuahua...La Semana Cultural del Colegio de Bachilleres se ha colocado como uno de los principales eventos juveniles del año, donde miles de estudiantes participan en actividades diversas como teatro, canto y artes plásticas...Estos son días de definiciones en la designación de consejeros de Ichitaip...

Sobreregulación mediática

Las reformas constitucionales en materia de libertad de expresión y uso de medios de comunicación masiva, vigentes apenas desde mediados del mes de febrero pasado, representan una sobreregulación en el tema que lo convertirá en un auténtico dolor de cabeza, no solo para las salas regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral, sino para los mismos actores, y por supuesto, la representación de los medios de comunicación, que recibirán una andanada de presiones que limitarán el derecho a la información y la critica del actuar político electoral. El termino sobreregulación lo escuche la semana pasada del Doctor Salvador Nava, magistrado de la Sala Superior del Trife, quien -en su calidad de catedrático y en un evento académico auspiciado por el Tribunal Estatal Electoral- llama la atención por la decisión antiliberal de sancionar la cobertura informativa. Y es que resulta verdaderamente complicado demostrar con pruebas y no los simples alegatos apoyados con un audio o un video, para acreditar esa compra ilegal. Entiendo que podrán acompañarse depósitos bancarios, estados de cuenta, vídeos de transacciones -tipo el señor de las ligas-, diversas probanzas complejas, que meten en un verdadero brete al partido actor o denunciante, para acreditar dicho intercambio de dinero por cobertura informativa. La intención de probar el hecho llevara a la comision de fiscalización del Instituto Nacional de Elecciones a solicitar informes a las instituciones bancarias y -por que no- a los mismos medios de comunicación acerca de sus transacciones y operaciones, justificando sus ingresos obtenidos de partidos o terceros, y su vinculación con mayor o menor tiempo de exposición de candidatos. Es cierto. El sistema de control de propaganda de partidos, candidatos e instituciones del sector público es complejo en su operación y control. Coincido con el Dr. Nava, lo idóneo seria prohibir la propaganda en medios masivos de comunicación o permitirla sin cortapisas. Sin embargo, la primer opción me parece un grave retroceso en la posibilidad democrática de la critica que permite evaluar personas y propuestas en el ámbito político-electoral, y que exige el mismo derecho a la información tutelado constitucionalmente. El uso del marketing electoral es un instrumento de pelea por la intención del voto. Los candidatos deben echar mano de su eficiencia en esta materia para presentarse frente al elector, desde su manejo en un programa de revista cocinando hasta una mesa panel de discusión acerca de un tema sentado junto a diversos analistas. ¿Por que no?, en una entrevista con Joaquín López Doriga o Carmen Aristegui. Esto tiene que ver con logística de relaciones públicas y planeación de contenidos, entre otros aspectos. ¿Que los grandes medios de comunicación tienen intereses económicos y por ese motivo apoyan a un partido y sus candidatos?. Es probable. Pero el mecanismo de control no es la persecución financiera y de contenidos. Es el ejercicio responsable de todos los actores, desde quienes realizan la política, el auditorio hasta los mismos comunicadores. Aquí el arbitro jugará un papel importante a través del monitoreo de equidad en contenidos. Incluso, desde el punto de vista financiero, se han roto los candados, y en la materia, ya no existe secreto. El periodista también jugará un papel relevante desde una posición ética de equilibrio y derecho de réplica. Independientemente de su forma de pensar el periodista sabe que acude a un auditorio plural, y que por tal motivo debe buscar ofrecer información que aglutine los diversos puntos de vista y ofrezca información que genere critica. Poner en la palestra a los medios de comunicación -radio y televisión- como propiciadores de la compra-venta ilegal de espacios informativos, lleva a una posición de desconfiar de todos los contenidos. Luego si un candidato se presenta de tal o cual forma, ya resulta un teatro con fines de persuasión electoral. Había cuestionario de por medio, preguntas y respuestas preparadas con anticipación. La reforma constitucional ahonda una visión de desconfianza, de colocar candados sobre candados, vigilar al vigilante. Si los medios de comunicación resultaban un cuarto poder regulador de los excesos del Estado, hoy son un simple instrumento de propaganda con fines estructurales de poder. Es un sistema costoso e inoperante. ¿Funcional? No lo sé. Perseguir a los medios de comunicación por medio de la sobreregulación en el control de contenidos no parece ser una adecuada ruta democrática. EN EL TABLERO...La conferencia del magistrado electoral Salvador Olimpo Nava Corral convocó a la clase política...Destacaron José Miguel Salcido Romero, magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia así como Mario Trevizo Salazar, Consejero Jurídico del Estado...El evento sirvió para que la magistrada Roxana García presentará la colección jurídica Quid Iuris en su modalidad digital, por medio de la cual, se puede acceder al contenido a través de los dispositivos móviles de Apple...Atinada la selección del ponente y de llamar positivamente la atención el avance en la socialización tecnológica de los artículos especializados en derecho electoral por parte del presidente del tribunal Erick Muñoz Lozano...