El apagón que viene

La Televisión Digital Terrestre representa uno de los mayores proyectos de telecomunicaciones desde la invención del aparato televisor, por sus ventajas en calidad de señal y eficiencia de gasto de energía eléctrica, pero además, porque permite un mayor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, ya que las frecuencias adquieren un carácter "multicanal", es decir, cada frecuencia de televisión podrá soportar la transmisión de varios canales, con lo cual podrán otorgarse nuevas concesiones, y aumentar con ello la oferta de contenidos y la capacidad de comercialización.

Además, no sólo representa una oportunidad, sino una obligación legal superar el duopolio existente en materia televisiva, situación que se entiende subyace en la reforma, con restricciones para qué televisión azteca y televisa incursionen con más frecuencias en un mercado, que ya de por sí, tienen acaparado, bajo una interpretación estricta a la norma, y no laxa como se teme pueda ocurrir.

Pero además, como lo prevé el articulado transitorio constitucional, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, deberá dotar de aparatos descodificadores a cuando menos el noventa por ciento de los hogares de escasos recursos económicos que cuentan con televisor analógico, y que por tal motivo, con el apagón previsto para diciembre de 2015, quedarán sin señal irremediablemente.

El problema es que los tiempos ya se vinieron encima y no hay datos que señalen cumplimiento de la meta, estimada en poco más de doce millones de hogares, distribuidos en todo el territorio nacional, principalmente el Distrito Federal, Veracruz y las entidades del Sur y sureste del país.

Chihuahua no es la excepción. Se calcula que doscientos mil hogares deberán recibir apoyo con los aparatos descodificadores, lo que representa 6.6 por ciento, apenas, de la población estatal: a decir de SEDESOL y SCT, solo esos hogares recibirán apoyo para la migración al sistema digital de televisión, datos que evidentemente contrastan con la realidad.

El Consejo Nacional de Evaluación en su informe 2012 encontró que 1.2 millones de chihuahuenses se encuentran en pobreza. Si se calcula, como parece que lo hizo la Secretaría de Desarrollo Social, cuatro personas en promedio por hogar, estaríamos frente a casi 300 mil hogares en condición de pobreza, y no los doscientos mil que se asegura existen en el Estado. Si el cálculo se hace sobre la base de tres personas por hogar, la cifra sube a 400 mil.

Es obvio que estamos frente a un problema nacional. De acuerdo con CONEVAL, al 2012, 53.3% de mexicanos se encontraban en situación de pobreza. Haciendo un cálculo similar, se estarían dejando de atender unas seis millones de personas, pensando que efectivamente se va a lograr la meta de los doce millones de descodificadores.

Tanto el transitorio constitucional como el legal, señalan como fecha para el apagón analógico de la televisión el próximo mes de diciembre del 2015, estableciendo un calendario de cobertura con aparatos descodificadores, donde chihuahua debería estar listo para agosto del próximo año.

La cuestión es conocer hasta donde ha avanzado el gobierno federal a través de las secretarías mencionadas, en la dotación de aparatos descodificadores y cuanto falta para lograrlo. De antemano, los municipios fronterizos del Estado debieron haber concluido ya con la preparación para enfrentar el apagón analógico, de acuerdo con el programa de trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación desde mayo del presente año. No solo es ciudad Juárez, sino Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Guadalupe, Nuevo Casas Grandes y Praxedis G. Guerrero, que desde agosto se supone están preparados para el apagón analógico.

La Televisión Digital Terrestre es un avance importante tecnológicamente hablando. Eso es cierto. El problema es que la población de escasos recursos económicos encuentra en los canales de señal abierta el único medio de comunicación accesible. Por ello la reforma constitucional y legal en la materia prevé la dotación de aparatos descodificadores. Esperemos que esa orden se cumpla en sus tiempos y no lleguemos al año entrante con deficiencias en la cobertura que atrasen la llegada de la era digital a los canales de televisión abierta, y las marchas atrás como ocurrió en Baja California el año pasado, bajo la fuerza de las manifestaciones populares.

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Menos presupuesto a la radio cultural

En la letra chiquita se encuentran los detalles más interesantes. Así ocurre con los transitorios del decreto que expide el paquete de reformas que incluye a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la ley que regula el sistema público de radiodifusión, autorizadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación en julio pasado.

Se trata del cuadragésimo primer artículo transitorio, que a la letra señala "Las instituciones de educación superior de carácter público que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, cuenten con medios de radiodifusión a que se refieren los artículos 67, fracción II Y 76, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no recibirán presupuesto adicional para ese objeto".

¿A que se refieren los artículos enunciados? A las concesiones de radiodifusión de carácter público otorgadas a dependencias o entidades de gobierno, situación en la cual encuadran las universidades públicas en función de su naturaleza administrativa descentralizada, que operan 24 estaciones de radio cultural en el país (Berlín, Irving, 2000: El derecho a decir, radios universitarias y educativas en México).

La afirmación transitoria tiene múltiples lecturas. La primera es que los apoyos ordinarios presupuestados por el gobierno federal para apoyar los esfuerzos de radiodifusión universitaria continuarán, pero no serán autorizadas partidas adicionales a las ya previstas. La segunda, es que, pese a estar previstas, al momento de vigencia de la reforma, lo cual ocurrió en julio pasado, las partidas consideradas son restringidas.

Ambas interpretaciones son desafortunadas, porque la radio cultural universitaria es el laboratorio de enseñanza practica de alumnos de las carreras de periodismo y comunicación, amén de la importancia que tiene para todo universitario la formación en menesteres de radiodifusión como herramienta de comunicación masiva de las ideas: no puede entenderse a un profesionista integral sin un acercamiento práctico elemental a los mass media, y la radio cultural significa esa oportunidad.

Pero además, la radio cultural universitaria llena un hueco social que la transmisión radial comercial no alcanza a llenar.

Por ello, más que restringir los recursos económicos públicos, deben ampliarse de manera tal que la radio universitaria pueda contar con los avances tecnológicos necesarios para desempeñar mejor su labor, más ahora con la posibilidad de incursionar en la transmisión de datos e imagen a través de la frecuencia modulada en la era digital de la radiodifusión.

Es cierto que la reciente reforma en materia de telecomunicaciones permite a la radio universitaria allegarse de recursos económicos a través del patrocinio publicitario privado. Sin embargo, esta oportunidad financiera debe verse como un agregado presupuestal y no la base del funcionamiento de la radio cultural, porque entonces perdería su esencia al depender enteramente del interés privado de la comercialización de marcas y productos.

Además la venta de patrocinios no significa venta de espacios publicitarios o mensajes radiofónicos: el patrocinio se encuentra limitado a la mención de marcas y no de productos, con un uso técnico restringido.

Las universidades públicas hacen esfuerzos presupuestales para sostener y operar las estaciones de radio, recibiendo un exiguo presupuesto esporádico del gobierno federal, que ahora se establece será retirado.

Es cierto que dentro del presupuesto por programas 2014 destinado a educación superior no existe una partida presupuestal especifica destinada a las estaciones de radio universitarias; sin embargo, siempre se generaban apoyos adicionales, enmarcados en alguno de los programas establecidos, para fortalecer la infraestructura física o adquisición de equipo, situación que debe prevalecer y fortalecerse a través de una partida especifica que formalice dichos apoyos.

Lo contrario, aplicar a rajatabla la reforma ya vigente que cancela apoyos presupuestales a la radio universitaria, es un retroceso al fortalecimiento de los espacios de comunicación cultural en el país.

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Debilidad auditiva y comunicación

El 5.1 por ciento de los mexicanos padece alguna disfunción orgánica que lo coloca en desventaja. Se trata de cinco millones setecientas mil personas que todos los días tienen que superar -o al menos tratar de hacerlo- las inequidades planteadas por una mayoría "normal", en un entorno de políticas públicas insuficientes. La discapacidad auditiva representa la tercera a nivel nacional en incidencia entre la población, sólo superada por la motriz y la visual.

La discapacidad auditiva afecta a un 12.1 por ciento de la población que padece disfunción. Se trata de setecientas mil personas a nivel nacional que todos los días se esfuerzan por incorporarse al mundo de la vida real, pero carentes o con disminución de los sonidos.

En una política auténtica de equidad, la deficiencia debe ser suplida con base en políticas públicas y privadas que tiendan a dotar a las personas con discapacidad del acceso a todas las comodidades y oportunidades que brinda la sociedad.

Sin embargo esto no ocurre  o al menos, no de la manera en que debiera ocurrir.

En materia de telecomunicaciones, la reciente reforma, atiende el tema, al obligar a las cadenas de televisión nacional la inclusión del doblaje al lenguaje de señas de su principal noticiario.

Dice el artículo 161 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: "En el caso de canales de televisión deberán cumplir con lo siguiente, en los términos que fije el Instituto: I. Contar con guía electrónica de programación, conforme a las disposiciones aplicables, y  II. Contar con servicios de subtitulaje o doblaje al español y lengua de señas mexicana para accesibilidad a personas con debilidad auditiva. Estos servicios deberán estar disponibles en al menos uno de los programas noticiosos de mayor audiencia a nivel nacional".

Tres observaciones tiene la norma, ya discutidas en su momento sin ser escuchadas en el seno de ambas Cámaras: el primero que sólo obliga a incorporar el doblaje en un noticiario a nivel nacional, que representa -considerándolo de una hora de duración- apenas el cinco punto cinco por ciento de la barra programática diaria,considerando un horario de transmisión de dieciocho horas. Se trata de un cinco por ciento que impide disfrutar a las personas con esta discapacidad del resto de la programación. Segundo, se dejan fuera los noticiarios locales de las televisoras nacionales y locales. Tercero, si resulta oneroso el doblaje a lenguaje de señas, ¿porque no se insiste en los subtítulos al español en toda la barra programática, dada la facilidad de acuerdo a los avances tecnológicos existentes?

Es cierto que la reforma de telecomunicaciones da respuesta parcial a la necesidad de acercar la televisión a las personas con debilidad auditiva. La norma es insuficiente.

Si la resistencia proviene del sector privado concesionario y como obstáculo los recursos, bien pudiera el gobierno federal y los Estados asumir parte del costo. Se trata al fin de hacer esfuerzos mayúsculos por incorporar a las personas con deficiencias auditivas a la posibilidad de la comunicación, como un derecho humano universal.

Aún más: se debe sumar a estas limitaciones legislativas la vacatio legis aplicada al respecto: deberán transcurrir tres años para que la obligación de doblaje sea exigible, término que vence en julio del año 2017, tal cual lo señala el transitorio cuadragésimo tercero: "Dentro de un plazo que no excederá de 36 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las señales de los concesionarios de uso comercial que transmitan televisión radiodifundida y que cubran más del cincuenta por ciento del territorio nacional deberán contar con lenguaje de señas mexicana o subtitulaje oculto en idioma nacional, en la programación que transmitan de las 06:00 a las 24:00 horas, excluyendo la publicidad y otros casos que establezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones, atendiendo a las mejores prácticas internacionales. Los entes públicos federales que sean concesionarios de uso público de televisión radiodifundida estarán sujetos a la misma obligación".

Es un avance la legislación, indudablemente sí. Llena, o más bien, medio llena un gran vacío. Pero hace falta hacer más, mucho mas, para reducir la brecha de desigualdad en que se encuentra la población afectada por la ausencia o debilidad de su capacidad auditiva.

Una auténtica radio indigenista

Es necesario aprovechar las modificaciones recientes a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, superando sus limitaciones, con el fin de relanzar a la radio indígena, no solo por lo que hace al número de éstas, sino en potenciar su calidad y contenido, para cumplir de mejor manera su objetivo como medio de comunicación y reforzador cultural.

De acuerdo a un amplio estudio elaborado por la Investigadora Inés Cornejo -http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/article/viewFile/25963/24442- en México al 2005 existían 12 millones de indígenas distribuidos en 62 grupos étnicos en todo el país, destacando la zona centro y sur del país en términos demográficos. En chihuahua aún subsisten personas pertenecientes a las etnias Raramuris, Pima, Tepehuan y Guarojio, aunque estas últimas mucho más reducidas que la primera.

Estos pueblos -siguiendo a la investigadora citada- tienen como único medio de comunicación masiva la radio indígena, que desafortunadamente se ha desarrollado sin una adecuada participación de las comunidades en el diseño y gestión de contenidos, ya que son dirigidas por mestizos y los indígenas incorporados asumen funciones de tipo operativo exclusivamente,  con algunas excepciones muy contadas.

Esta situación es particularmente delicada si tomamos en cuenta que los pueblos indígenas son los pobres de los pobres en nuestro país: altos indices de natalidad, carencia de servicios, piso de tierra en sus viviendas, hacinamiento, analfabetismo, conflictos por la tierra, alto índice migratorio, que en conjunto provocan una esperanza de vida siete años menor que el promedio nacional.

En este sentido, la radio indígena cumple con un cometido crucial: servir como elemento de comunicación, enlace entre los habitantes de las distantes comunidades y revitalizador cultural; es también, el único vehículo para llevar de manera expedita y continúa consejos y prácticas en materia de salud, y educación.

Como se observa, lejos del mero discurso, al papel de la radio indigenista es de gran relevancia. Por ese motivo, la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, debe ser aplicada a la letra, sin cortapisas: detonar el crecimiento exponencial de la radio indígena, mediante los apoyos financieros que ahí se estipulan, que si bien son escasos, permitirán la instalación de estaciones donde se hace más necesario, mediante el impulso de la organización comunitaria.

El papel del gobierno debe ir más allá de la tarea de esperar los proyectos para la instalación de la radio indígena: debe organizar e impulsar su realización, mediante los mismos instrumentos públicos con que ya cuenta, como es el caso de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y las organizaciones estatales, como en Chihuahua, la Coordinadora de la Tarahumara.

Deberán sortearse algunos obstáculos. La nueva ley posibilita el otorgamiento de concesiones tanto en la frecuencia de amplitud modulada como de frecuencia modulada. Ambas tendrán que ser utilizadas de acuerdo a la mayor eficiencia tomando en cuenta la región geográfica especifica, ya que cada ámbito es diferente.

El problema en la norma es que mientras en la Frecuencia Modulada se ordena reservar el diez por ciento del espacio existente entre los 88 y los 108 mega hertz, en la amplitud modulada solo se establece la facultad discrecional de otorgar concesiones entre los 1605 y los 1705 kilo hertz, situación incongruente que deberá ser subsanada en la práctica con la voluntad de generar los espacios de radio transmisión más acordes de conformidad con la geografía en que habitan las comunidades indígenas.

La instalación de mayor número de estaciones -en Chihuahua sólo existe una, XETAR, en Guachochi- no resuelve por si misma el problema de la gestión de contenidos, que deberá ser atendido con una visión de inclusión de los mismos indígenas en posiciones de decisión, dando una mayor participación a la misma comunidad por medio de sus autoridades tradicionales, donde el gobierno solo sea un facilitador, propiciador de una radio auténticamente indígena.

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