Una comunicación social fallida

"En tres reuniones escuche a Enrique Serrano. En todas ellas se comprometió, ante los diversos planteamientos, a impulsar una necesaria e indispensable agenda que fortalezca el papel de los medios de comunicación y periodistas, con pleno respeto, sin distingos ni favoritismos. Enhorabuena".

Las próximas elecciones a celebrarse el domingo cinco de junio son momento propicio para cuestionar el modelo de comunicación social electoral como un instrumento que coarta la libertad de expresión y fortalece el sistema hegemónico de partidos, y hoy, lamentablemente, de candidatos independientes.

Es cierto que el actual formato de comunicación social es producto de un proceso histórico inacabado, que arranca con las reformas de los setentas -diputados de representación proporcional-, los noventas -creación del organo autonomo administrativo y creación de los organismos jurisdiccionales-, dos mil -radio y televisión- y dos mil diez -candidatos independientes-.

Proceso histórico donde el sistema electoral se transforma, hasta el momento de propiciar una real competencia electoral. Y con ese espíritu,  se piensa en un mecanismo de comunicación social espotizado que elimina cualquier vestigio de crítica entre partidos y candidatos, en la completa ausencia ciudadana: una reacción al 2006 de Coparmex y su campaña del peligro para México.

El sistema de comunicación social resulta inacabado y por ello perfectible: no puede ser modelo de comunicación aquel que restringe la posibilidad a un ciudadano de contratar publicidad para apoyar o criticar a un candidato, partido u opción política, al grado de considerar que sus manifestaciones, a  favor o en contra, resultan una falta incluso de tipo penal: ley mordaza que ahuyenta la discusión de los asuntos públicos.

Al contrario, el alto nivel de competencia política que México vive, exige un nuevo modelo de comunicación, donde los candidatos y partidos hagan uso libre de la tribuna -con las limitaciones normales y excepciones que marca la Constitución-. Un modelo, donde se elimine la espotización, comunicación de cliché que trata al elector como un cliente pasivo que compra un producto mercadológico, con base en promesas falsas o estimulos emocionales.

Debe transitarse a un esquema donde los partidos salgan a la calle a generar base social, principal soporte de sus propuestas políticas, y donde los medios de comunicación electrónicos, concesiones de Estado, abran sus espacios para la discusión de los asuntos políticos, eliminando el modelo de espotización: que exista una auténtica comunicación de proyecto e ideología.

De esta manera, dejaría de fomentarse el partidismo satélite que goza de los privilegios del sistema político basados en la ausencia de una real estructuración como opción política, y que solo captan los sufragios que la magia de la comunicación les proporciona, y que se premia con diputaciones de representación proporcional y financiamiento público.

Los partidos evolucionarían a una real estructura social, que fortalecería el sistema de organización poltica de los ciudadanos, base fundamental de la democracia. En este escenario, los partidos capacitan a sus militantes en su posición ideológica y programa de gobierno: tendrían que estar cerca de ellos de manera permanente, y no ausentes, y a la distancia, como ocurre hoy en día, que la clase privilegiada de los partidos políticos se encuentra, desafortunadamente, desconectada de la realidad social.

La máxima autoridad Soy Yo

"La arbitrariedad de los gobiernos contra los medios de comunicación es un mal que continúa, expresó Julio E. Muñoz, catedrático de la Universidad de Concepción en Chile, durante el III Foro Binacional de Periodismo, auspiciado por la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Juárez, que preside el colega Francisco Cabrera. En la inauguración intervinó el líder del Foro de Periodistas, Ángel Zubia, con una pieza crítica y oportuna. Felicidades".

El abuso de poder en contra de periodistas y medios de comunicación se actualiza incluso durante los comicios electorales. En Colima, el año pasado, la consejera Presidenta del OPLE, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, ordenó a guardias de seguridad el desalojo de periodistas que cubrían una manifestación de un partido político. Les dijo: aquí la máxima autoridad soy Yo.

Los colegas periodistas denunciaron los hechos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que a doce meses del acontecimiento, dictó recomendación, donde ordena la capacitación del personal electoral -no exclusivamente de la presidenta- en materia de protección al ejercicio periodístico, pero además le exige una disculpa pública, suficiente e institucional, en favor de los periodistas agredidos.

La recomendación se quedó corta. Debió haber ordenado al superior jerárquico iniciar un procedimiento de sanción en contra de la servidora pública, que evidentemente se excedió en sus funciones, cubierta bajo el manto protector del fuero constitucional que le otorga ser funcionaria electoral estatal, porque, ¿como puede ser alguien árbitro electoral sí actúa de manera prepotente y autoritaria en contra de los representantes de los medios de comunicación?

Pero aún más, los hechos tienen trascendencia electoral, porque la funcionaria podría estar incurriendo en un acto que perjudica al partido político que intentó divulgar sus acciones por medio de la prensa: se trata de un acto de injustificada inequidad en la contienda en materia de medios de comunicación, prohijada desde el mismo órgano electoral. Situación grave y delicada, que debió seguir un cauce institucional de sanción.

No se ignora que el partido político convocó a medios de comunicación en el interior del órgano electoral, para cubrir una conferencia de prensa, en la cual se presentarían diversas denuncias. Los representantes de los medios cubrirían informativamente un suceso político de interés general. Podría señalarse un exceso del partido o de los mismos medios, pero ¿no es el espacio electoral el ámbito ad hoc para dirimir la contienda política, recinto de tolerancia, pluralidad y democracia? Por ello, de manera atinada, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, considera -con la acción de la presidenta del OPLE- violentado el derecho humano de buscar y recibir información, tutelado por diversos instrumentos internacionales.

Ahora lamentablemente solo falta que la funcionaria electoral, como responsable del órgano electoral, acepte la recomendación total o parcialmente, o la rechace. Esto es así, porque los dictámenes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos son simplemente recomendaciones, sin mayor fuerza legal. Eso sí, podría el ombudsman interponer denuncias -se trata de un abuso de autoridad, no de un asunto electoral, por aquello de la excepción- contra los servidores públicos que cometieron el exceso o lo ordenaron, o bien dar vista al órgano interno de control, ya sea del OPLE, el INE o bien, a la misma contraloría estatal.

Las facultades electorales, ni materia alguna, deben ser justificante para violar derechos humanos, como lo es la libre expresión de las ideas, y con ella, la libertad de buscar y recibir información. Más aún, el mismo órgano electoral debía ser el primero en dar muestra de apertura  transparencia e impulso a la labor periodística, eje fundamental de la vida democrática.

Cuando el responsable del órgano electoral menoscaba la libre expresión de las ideas, ataca, de manera toral, el principio que le da razón a su cargo: la democracia.

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Ética y protección a la libre expresión

"Lo dijo frente al micrófono y lo ha ratificado en diversas reuniones: la libre expresión de las ideas deben protegerse y defenderse. De acuerdo con Enrique Serrano"

Por supuesto que es un asunto grave y de vital importancia el tema de la libre expresión de las ideas y su tutela desde el aparato estatal jurisdiccional.

Por ello, la Suprema Corte de Justicia, a través de sus Salas y Tribunales ha establecido criterios que protegen la libre expresión, y justifican el ejercicio critico de ella.

Por ejemplo, tratándose de funcionarios públicos o personajes de la vida social, económica o política, que ejercen funciones de interés público, existe una limitación a la defensa de lo que se denomina honor o fama pública, en relación con la que tendría un ciudadano común.

¿Por que es esto así? Porque el ciudadano común se encuentra inerme ante un factor fáctico de poder, como son los medios de comunicación y los periodistas. Frente a ellos no tiene mayor defensa que tratar de hacer uso del derecho de réplica, o la vía civil para exigir la reparación del daño o indemnización. El ciudadano tiene que defender, con sus propios medios, su derecho al honor o la fama pública.

No ocurre así con los funcionarios, lideres empresariales, artísticos, sociales o políticos, que detentan un salario y grandes recursos de origen privado o público, que viven de la fama pública, y que basan mucha de su actividad éxitosa en las relaciones con el poder, en cualquiera de sus expresiones: así vemos a esos personajes mezclados y en ocasiones confundidos con la clase política profesional, que hacen del erario público su actividad económica primordial.

Estos personajes son a todas luces personajes de carácter público, que desempeñan actividades que concitan el interés público, y que no puden sustraerse a la crítica, aún excesiva, porque su misma exposición pública así lo exige.

Otro criterio jurisdiccional relevante lo es el del contexto de la información publicada, es decir, como se justifica el exceso de la comunicación. Se puede señalar a algún funcionario de actividad ilícita o inmoral, siempre y cuando el contexto de la información lo permita: hay un vínculo entre esa denuncia y la protección del interés colectivo, por ejemplo, el uso de recursos, o el ejercicio del poder político.

Ahora bien, el periodismo es ejercicio profesional de la libre expresión. Por ello, la información que se publique debe ser debidamente investigada, periodisticamente y no ministerialmente: es decir, el periodista no es ministerio público para llegar a una verdad histórica de hechos, pero si puede acercarse, con veracidad, a plasmar una certeza periodistica, con elementos de indagación, que permitan darse cuenta de que el periodista cubrió todos los flancos de una noticia: en ello hay una gran responsabilidad.

Por ello, el periodista debe ejercer su actividad de manera ética, de manera tal que exista un equilibrio entre la información, por mas cruda que esta sea, y su compromiso ético en la protección del sujeto de la infomación y la colectividad. El periodista debe sopesar esa utilidad pública de la información, el contexto de la información, los elementos con que cuenta y su apartado ético.

Al final, un ejercicio ético del periodismo, con responsabilidad, pero con crítica, es de la mayor utilidad, aunque se exceda en el ejercicio del derecho, para detener -o al menos tratar de controlar- el abuso del poder público o privado, mayor enemigo de la democracia: preferible ese exceso que una actitud complaciente en el ejercicio de la libre expresión de las ideas.

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Libertad de prensa

"Es impostergable resolver el grave problema de transportación en la ciudad de Chihuahua, mediante un rediseño y transformación total, sin medias tintas, teniendo como eje central al pasajero. De acuerdo en ello con Lucía Chavira"

Se conmemora hoy el día internacional de la libertad de prensa. Es una fecha significativa declarada así en 1993 por disposición de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, bajo la premisa de hacer enfásis en la importancia de tutelar tan cara libertad, pilar fundamental de un auténtico Estado de derecho democrático.

Es cierto que hay que distinguir entre libertad de prensa y libertad de expresión. El primero es una especie del género libertad de expresión, porque todos, en todo momento, hacemos (o debemos hacer) uso permanente y cotidiano de la libre expresión de las ideas: en casa, en el trabajo, en la escuela, en cualquier relación social. Es una libertad inherente al ser humano, que le permite ser pleno, porque el pensamiento y la expresión del mismo, son su sello distintivo natural.

La libertad de prensa, por otro lado, es la organización de recursos humanos, materiales y financieros para ejercer esa libertad de expresión de manera profesional, buscar y difundir información del acontecer cotidiano, bajo una técnica, que es el periodismo, en sus diferentes modalidades y género: radio, televisión, medios impresos e internet: escribiendo o transmitiendo nota informativa, reportaje, entrevista, crónica, columna o editorial.

Miles de personas se dedican a la prensa y miles más estudian para seguir esa vocación. Hacen un esfuerzo diario para que Usted escuche las noticias, las vea o las lea: se entere del acontecer, compare información y genere pensamiento crítico. No es una tarea fácil. El poder busca una prensa dócil y acomodaticia, servil. Y para lograrlo utiliza diversas estrategias. Hoy se celebra el día de la libertad de prensa bajo nuevas reglas y acciones cotidianas de los gobiernos y factores reales de poder, por acotarla o manipularla.

Desde gobiernos que simulan la transparencia y la libertad de prensa, bajo acciones de coacción directa o indirecta, dando vuelta a las disposiciones jurídicas que tutelan este ejercicio, hasta aquellas regiones que ni siquiera han avanzado juridicamente en la protección de éstos derechos, e incluso judicialmente toman medidas absurdas, como ocurrió recientemente en Brasil en donde un Juez ordenó la suspensión del servicio de whattsapp, porque la empresa se negó a abrir de par en par la mensajería, en protección del derecho a la privacidad de las comunicaciones. Ahí, en Brasil, ya se habían dictado otras acciones, como el arresto del representante de Facebok, bajo los mismos argumentos utilizados ahora contra whatssapp: el uso de las redes sociales para delinquir.

A nivel mundial, 2015 no fue un buen año para la prensa: fueron encarcelados 155 periodistas en el mundo; 63 fueron asesinados y ocho de estos casos ocurrieron en México: las medidas que se han adoptado, si bien son se avanzada, han sido insuficientes para proteger a los periodistas.

Se requiere una mayor coordinación entre el mecanismo operador de la protección de periodistas y medios de comunicación y las organizaciones periodísticas: dicho mecanismo debe bajar a los comunicadores y no quedar en mera acción reactiva: las medidas preventivas deben ser la llave para evitar nuevas tragedias.

Es ocasión para que se insista en la agenda legislativa federal y estatal pendiente para fortalecer la libre expresión de las ideas. Despenalización de difamación y la calumnia; Cláusula de conciencia y Secreto profesional; Creación de la subprocuraduría en la PGR de atención a delitos contra periodistas; Creación de la Comisión Ordinaria que de seguimiento a agresiones contra periodistas de la Cámara de Diputados; Ley federal y estatal de desarrollo social del periodista; Reforma a la ley de transparencia; Federalización de delitos contra la libertad de expresión; Ley de publicidad oficial y reforma a la Ley de Derecho de réplica.

Estas modificaciones o creación de normas, son de atención urgente e indispensable, de acuerdo a cada entidad federativa. Por ejemplo, en Chihuahua, ya no existe delito de difamación y calumnia y existe protección al secreto profesional, pero aún quedan acciones pendientes, como se enuncia lineas arriba, que deben ser atendidas bajo una premisa de consenso entre legisladores y periodistas, con intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y en algunos casos, desde la iniciativa del Ejecutivo Estatal.

Que la conmemoración internacional de la libertad de prensa sea ocasión para retomar estos trabajos legislativos y administrativos pendientes.

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