Expresiones soeces

En memoria de Xavier Garabito, reconocido colega periodista de Guadalajara, líder gremial e impulsor incansable de la libre expresión de las ideas. Mi más sentido pesame a su apreciable familia y amigos. Descanse en paz.

Cuando las leyes avanzan para restringir la libre expresión de las ideas, y algunos jueces tratan, invocando la comisión de delitos, de cerrar la puerta a la crítica, existen resoluciones, que en la interpretación de la norma, buscan prevalecer el desahogo social contra la injusticia y el ejercicio abusivo del poder.

Es cierto que en el ámbito nacional en México, la Constitución General de la República es muy clara en sus términos, cuando el artículo sexto establece como límites a la libre expresión de las ideas, el ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, se provoque algún delito o perturbe el orden público.

Sin embargo, ¿que ocurre cuando las manifestaciones realizadas en aras de la libre expresión son genéricas? Es decir, se habla de una autoridad corrupta, o, como en el caso del ejemplo que a continuación trataré, autoridad "cabrona", utilizando una palabra soez.

¿Se estará en el caso concreto cometiendo una injuria contra las personas que ocupan los diversos cargos de autoridad? Podríamos, a priori pensar que sí. Que al llamar a todos ellos con el calificativo señalado, se les atribuye dicha calidad a todos ellos, los que conforman la autoridad.

Empero, en un análisis más profundo, el tribunal constitucional alemán ha considerado que dichas manifestaciones genéricas constituyen un ejercicio pleno y están protegidos constitucionalmente por el derecho a la libre expresión de las ideas.

El tribunal referido consideró que los insultos genéricos al cuerpo de la policía, como el acrónimo "A.C.A.B.", asociado a la frase "todos los policías son unos cabrones" en su versión inglesa, está cubierto por la libertad de expresión, según han difundido diversos medios de comunicación internacionales.

Para el tribunal, las expresiones despectivas de carácter genérico en espacios públicos no constituyen un delito y sólo se pueden considerar una injuria si se dirigen a "un grupo de personas limitado".

Curiosamente, las manifestaciones genéricas con el apelativo soez hacia los cuerpos policiacos alemanes, no tienen nada que ver con política, sino con futbol: eran dos aficionados que portaban cartulinas con el acrónimo, lo cual molestó a la autoridad, que llevó a juicio a ambas personas, las cuales debieron promover recursos constitucionales de protección y salvaguarda a sus derechos.

La resolución es un antecedente internacional sumamente interesante. Los señalamientos que de manera genérica se realizan contra la autoridad forman parte de la libre expresión de las ideas, señalamientos de crítica, no solo necesarios, sino indispensables, para el fortalecimiento de la democracia.

Más aún, debe valorarse que al referirse la crítica hacia una autoridad, más aún se justifica, dado el carácter público de la misma y de quien ostenta el cargo, persona física, que también ve disminuida la protección hacia la crítica, toda vez que se considera un factor indispensable de equilibrio y contrapeso social en contra del abuso de poder.

Así lo ha determinado la Corte en nuestro país, bajo la premisa de que los personajes públicos -no solo funcionarios de gobierno, sino incluso aquellos que realizan una tarea de caracter público en la sociedad y sector privado- por necesidad en el desempeño de sus encargos -exposición pública- se encuentran sujetos a una mayor visibilidad en su actuar y por tanto, a una crítica recurrente, tanto de periodistas, comunicadores y sociedad en general.

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Artero crímen

Corresponde al Tribunal Electoral de Chihuahua, -un órgano  experimentado y fortalecido, cuyas resoluciones en su amplia mayoría han sido ratificadas por el criterio del tribunal federal- resolver la elección del pasado cinco de junio, por lo cual debe tenerse confianza en la determinación que tomen sus integrantes, presididos por el abogado César Wong

Los agravios contra los periodistas continúan. No son únicamente los agentes del Estado quienes los cometen, ni el crimen organizado, sino otros poderes fácticos, envueltos en la nube del derecho a la libre manifestación: en Oaxaca, mataron al compañero Elidio Ramos, cuando cubría los enfrentamientos de la policía con la CNTE.

No es la primer ocasión que ocurre un atentado de esta naturaleza, y que cobra la vida de un colega periodista. En 2006, ahi mismo en Oaxaca, otro reportero, en este caso un camarografo estadounidense, perdió la vida en un fuego cruzado entre manifestantes de la APPO y autoridad. 

En aquel entonces, el deceso de Brad Will, puso de manifiesto la necesidad urgente de contar con un protocolo de protección para periodistas, que culminó con la ley federal a nivel nacional y antes con el mecanismo de protección tutelado en Chihuahua por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el último tramo del gobierno de José Reyes Baeza.

A Brad lo asesinaron cuando captaba en video los violentos enfrentamientos. Una bala cruzada lo hirió de muerte. Con la investigación, quedó de manifiesto que por un lado existió responsabilidad de la autoridad y de los mismos manifestantes en la muerte del periodista, por que era inconfundible, dado el volumen de su cámara, que se trataba de un periodista que ralizaba su labor.

Pero además, se evidenció, en toda su crudeza, que el periodista debe adoptar mecanismos de auto-protección. Por ello, en 2009 y 2010, se realizaron trabajos arduos bajo la coordinación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside el abogado José Luis Arméndariz, para construir un modelo de protección integral para los periodistas, con obligaciones de la autoridad y recomendaciones a los colegas, tomadas de la experiencia internacional, particularmente de Colombia.

Este mecanismo exigía capacitación para los colegas periodistas, con el fin de adoptar medidas de seguridad para la cobertura de sucesos de alto riesgo, asi como capacitación para los cuerpos policiacos, a fin de armonizar, por un lado, la necesaria tarea de seguridad pública y persecusión de los delitos, con la indispensable función del comunicador social.

Tan necesaria e indispensable es realizar esta labor de capacitación, que hoy nuevamente, el gremio periodístico se envuelve de luto. El colega Elidio Ramos, reportero del diario El Sur de Juchitan, cubría las violentas manifestaciones y enfrentamientos entre maestros de la CNTE y los cuerpos policiacos.

Elidio, antes de su muerte, texteo en whatts app con la subdirectora del medio, Ivonne Flores, que lo habían amenazado simpatizantes de la CNTE. Le pidieron que ya no tomara fotos. Luego no se supo más de él, hasta que fue localizado sin vida.

Con este crimen se elevan a 216 los asesinatos cometidos contra periodistas de 1983 a la fecha, gravísimo atentado a la libre expresión.

No se justifica el artero crimen por las demandas, lo justo o injusto de las manifestaciones: ninguna libertad puede ahogar a la otra. La violencia exacerbada acarrea destrucción de la libertad de expresión, indispensable para la construcción del estado democrático.

El periodista es interlocutor, censor social, testigo indispensable: no se le puede ni se le debe combatir: al contrario, debe protegerse su labor, ya que permite difundir la realidad de los acontecimientos sociales y plasmar su histórico acontecer.

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Inaceptable colusión

Felicitaciones al estimado colega Raúl Gómez Espinosa, presidente del Club Primera Plana, por la excelente anfitrionía a compañeros periodistas chinos, que la pasada semana fueron recibidos cálidamente en la ciudad de México

Las fuerzas que guardan y cuidan el orden, en el ámbito civil o militar, ya sean municipales, estatales o federales, tienen como principal obligación actuar dentro del cumplimiento de la ley, salvaguardar y proteger los derechos humanos.

El problema es que los integrantes de las fuerzas policiales incumplen de manera cotidiana con esta obligación. Es cierto que la violación a los derechos humanos es la excepción, pero no por ello debe dejar de señalarse la gravedad de estos acontecimientos, que al ser solapados, adquieren un matiz institucionalizado inaceptable.

Aún mas grave se convierte la actuación policial cuando, para encubrir sus actos ilegales, acuden a la invención de cargos contra las personas, criminalizando a un inocente, deteniéndolo, incomunicándolo, torturándolo psicológicamente y al final, sometiéndolo a un proceso judicial que podría no tener fin, como ocurre con el caso que da pie a la recomendación 19/2016 que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En este asunto, un periodista fue golpeado, amenazado, detenido y procesado por el delito de lesiones, como represalia por haber tomado fotos de vehículos que ingresaban a instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas.

Dos agentes de la policía estatal tamaulipeca lo acusaron penalmente del delito de lesiones y ataque a la autoridad: lo entregaron a la policía municipal, donde permaneció  incomunicado, hasta que fue entregado a un juez, quien ordenó la liberación bajo caución.

Insólito: el agresor de los policías mostraba lesiones, que si bien no eran de consideración, si demostraban la golpiza a la que fue sometido: los agentes policiacos solo refirieron dolor, sin que se les practicará ningún examen médico: aún así el juez dictó auto de formal prisión y sujeción a proceso.

Aunque tardía -los hechos acontecieron en 2014-, la resolución de la Comisión de Derechos Humanos emitida a principios de mayo de éste año, es un llamado de atención para la procuraduría estatal, la policía preventiva y el poder judicial tamaulipeco: que advierte la colusión criminal de agentes de Estado que violentan derechos humanos y atacan la libertad de expresión.

El reportero únicamente se limitó a tomar fotografías del acceso de vehículos a la procuraduría de justicia: un hecho de interés periodístico, que desató la furia de los agentes de policía que resguardaban el recinto.

Pero además, un ejercicio profesional protegido por las leyes mexicanas y las convenciones internacionales: la libertad para buscar y publicar información, base fundamental del derecho a la libertad de expresión.

Ahora toca que el gobernador Egidio Torre acepte la recomendación, inicie el procedimiento administrativo que sancione a los agentes policiacos que cometieron el abuso, repare los daños y perjuicios, e implemente acciones que sensibilicen y capaciten a los integrantes de cuerpos policiacos, en el respeto y protección de derechos humanos, particularmente el ejercicio profesional de los periodistas y comunicadores.

Tareas éstas últimas que son de obligada y permanente realización en los gobiernos de los estados, como acto preventivo de abusos contra la libertad de expresión, que desafortunadamente han caído en el olvido.

La libertad de expresión es la base de la sociedad democrática, como tal debe resguardarse de la coerción directa o indirecta del poder formal o fáctico, que, per se, intenta manipular la comunicación para beneficio propio, tratando de desnaturalizar ésta preciada libertad.

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Agenda periodística olvidada

Nada hay que celebrar éste siete de junio: en lo que va del 2016, seis periodistas han sido asesinados en todo el país. Urge retomar acciones de prevención y no esperar nuevos homicidios

La renovación del poder público estatal es la oportunidad de retomar la agenda que en materia de fortalecimiento de periodismo y libertad de expresión, se ha impulsado por el Foro de Periodistas de Chihuahua durante los últimos veintidos años.

Una agenda no exclusiva de Chihuahua, sino necesaria en cada una de las entidades federativas y que involucra también a la administración pública federal, y por supuesto al Congreso de la Unión.

Hoy, ya con los resultados prácticamente definidos -solo falta la entrega de la constancia de mayoría el próximo viernes para diputados y gobernador- las nuevas autoridades tendrán el reto de asumir a cabalidad compromisos para fortalecer la libertad de expresión, desde su ámbito de actuación.

La agenda planteada inicia con la despenalización de los delitos de difamación y calumnia, que en el estado de Chihuahua ya es una realidad, pero que en diversas entidades aún es un rezago intolerable. Desafortunadamente la despenalización ha sido una solución a medias. Aún los periodistas, comunicadores y medios de comunicación son demandados por la vía civil exigiéndose cuantiosas -y en ocasiones exhorbitantes- sumas de dinero por reparación del daño, por parte de personajes públicos, del sector oficial o privado.

La clausula de conciencia y el secreto profesional caminan de la mano. La primera tiene que ver con el derecho del periodista de escribir sobre el tema que disponga, sin que se le pueda imponer línea editorial alguna: es un garante de su desempeño profesional; la segunda es la prohibición que tiene la autoridad para quebrantar ese secreto profesional. En Chihuahua ya se reconoce constitucionalmente el secreto profesional, sólo que no se sanciona penalmente y de manera expresa la intentona de funcionarios públicos por violentarla. Es necesario explorar un tipo penal exclusivo para ello, dentro del capítulo de delitos oficiales. La clausula de conciencia debe ser incorporada al texto constitucional.

Se planteó desde la creación del sistema estatal de protección a periodistas la creación de un órgano dentro de la entonces procuraduría estatal, en 2010, que investigue abusos o delitos contra periodistas. Es necesario retomarlo dentro de la actual Fiscalía, para que sea el enlace con las comisiones de derechos humanos, las mismas organizaciones periodísticas y el sistema que prevé la Ley General de protección a periodistas y defensores de derechos humanos a nivel nacional.

Dentro del poder legislativo estatal y federal es importante retomar la comisión de seguimiento a libertad de expresión, con la presencia de representantes de organizaciones periodísticas y diputados. A nivel federal ya existió en algún momento una comisión especial, hoy debe ser una comisión ordinaria. En el ámbito estatal rquerimos empezar con una comisión especial que realice balance y discusión acerca de esta fundamental libertad, foro crítico que revise políticas públicas en la materia.

Ya se habían dado pasos para generar beneficios sociales para los periodistas y sus familias en el ámbito estatal. Con cargo al erario público se contrató una poliza de vida, que el periodista podía incrementar de acuerdo a su posibilidad personal. Este seguro ayudó a múltiples colegas que fallecieron en los últimos años. Desafortunadamente se abandonó. Es necesario retomarlo, habida cuenta que la mayoría de los colegas carecen de seguridad social y sus familias no cuentan con el soporte económico para hacer frente al deceso. En otras entidades como Guerrero funciona un fideicomiso que genera posibilidades de acceso a vivienda o financiamiento para micro-empresas, fundamentados en una Ley de Desarrollo Social, que con sus mejoras podría funcionar bastante bien.

Transparencia y réplica son dos aspectos también necesarios de fortalecer. En transparencia se requiere una reforma legislativa que haga más expedito el trámite de solicitud de información, que podría tardarse meses antes de recibir el dato solicitado. Hay que acortar los tiempos. Además debe obligarse desde el mismo ejecutivo, judicial y legislativo, en su ámbito, una política más abierta y ordenada de la transparencia de la información pública, que en los hechos se oculta detrás de páginas tortuosas, datos incompletos o genéricos, que no abonan a la transparencia del quehacer público, y parecen destinados al ocultamiento de la información.

En cuanto a la réplica, tema federal, debe impulsarse más que la judicialización hoy planteada, la amable composición, el fortalecimiento ético de los medios, y no la espada de dámocles de sanción judicial que hoy pende sobre los comunicadores y medios de comunicación si se niegan a difundir la información solicitada.

La agenda está planteada. Que la renovación del poder público en 2016 sea oportunidad para retomar su cumplimiento.

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