Crítica y abuso de poder

Los foros sobre la ley de protección a periodistas organizados por el H. Congreso del Estado terminaron por constituir eventos políticos, con el agravante de la censura de oradores y una visita de observadores internacionales ad hoc, que vinieron, escucharon discursos proclives y se retiraron. 

El último de los principios contenidos en la declaración de Chapultepec se refiere a las leyes que sancionan y persiguen a los periodistas por incurrir en difamación o calumnia.

Dice dicho principio que “10.- Ningún medio de comunicación o  periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas  o denuncias contra el poder público”. 

Resulta calumnia cuando se difunden mentiras (falsedades) y difamación cuando se divulgan verdades (falsedades) que lastiman el honor o la fama de una persona.

Bajo esta premisa, durante muchos años en México existieron estos tipos legales, tanto difamación como calumnia. Bajo el pretexto de castigar la difusión de mentiras o de verdades, se persiguió a los medios de comunicación y periodistas, amenazándolos con cárcel.

El pretexto, muchas veces, no era la aplicación del tipo penal, sino exigir que revelaran sus fuentes de información, bajo presión de que al no hacerlo, eran coparticipes del delito.

En el caso de chihuahua, desde finales del sexenio de José Reyes Baeza, por circular administrativa interna emitida por la procuraduría general de justicia dejó de llamarse a los periodistas a comparecer para revelar sus fuentes de información, bajo el pretexto de investigaciones por difamación y calumnia.

Posteriormente, por modificación al artículo cuarto constitucional estatal, se eleva a dicho nivel de protección el secreto profesional, con lo cual se salvaguardan las fuentes de información de los periodistas, preludio de la eliminación posterior del delito de difamación y calumnia, práctica que hoy campea -con sus excepciones- en todo el territorio nacional.

Ha dejado de perseguirse al periodista bajo el argumento legal de la difamación y la calumnia; sin embargo, bajo la figura civil de la reparación del daño, se continúan instruyendo procedimientos contra medios de comunicación y periodistas.

Particularmente quienes inician esos procedimientos son personajes de la vida pública, altos funcionarios de los gobiernos en sus distintos niveles, que exigen cantidades millonarias, en busca de estrangular económicamente a quienes ejercen el periodismo.

Es cierto que debe salvaguardarse la vida privada, la intimidad de las personas, y debe cuidarse al máximo el honor y la fama, aspectos de la personalidad de valor importante, empero, en una democracia donde se practica la transparencia y la rendición de cuentas, son los funcionarios públicos que ejercen recursos también de naturaleza pública, quienes deben estar sujetos al máximo escrutinio.

Estos funcionarios y personajes de interés público, ligados al poder económico y político, se diferencian de los ciudadanos comunes por su exposición pública, por tanto, su protección a la vida privada y a la crítica debe ser menor, en aras de proteger el interés general.

A ello se refiere la declaración Chapultepec, aunque, debe decirse, acotado a un concepto de poder público que ya quedo rebasado. Hoy en día debe hablarse de personajes de interés público, deportistas, artistas, líderes de opinión, empresarios, iglesias, presidentes de partidos políticos, sindicatos, una gran gama de personas que no pueden quedar ajenas al escrutinio crítico de los medios de comunicación.

Los jueces del ámbito civil tienen una importante labor porque los montos de indemnización bajo el concepto de reparación del daño moral constituyen auténtica censura a la libertad de expresión. Los asuntos judiciales debían concluir con el simple derecho de réplica, y nunca una sanción, mucho menos exhorbitante: esto, con la lógica de tutelar el bien preciado del control periodístico en relación con quienes detentan los poderes formales y fácticos.

En una democracia debe alentarse la crítica como instrumento que profundiza el valor de la corresponsabilidad y ayuda a evitar la presencia del abuso de poder.

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Normas éticas impuestas

La reactivación de la mesa técnica que da seguimiento a las agresiones contra periodistas, es un avance en la implementación del sistema integral de protección a periodistas, bajo una visión plural y responsable, con la integración de los tres poderes del Estado, la CEDH y la representación de organizaciones periodísticas. Enhorabuena.

Del apartado noveno de la declaración de Chapultepec, debe insistirse en dos aspectos fundamentales: la clara diferenciación de los mensajes periodísticos y los comerciales, y la no imposición de valores éticos.

Los medios de comunicación tienen como mecanismo de captación de recursos económicos la venta de publicidad: el medio pone a disposición de su audiencia los anuncios publicitarios, con lo cual obtiene su viabilidad como negocio.

Esa actividad económica de los medios no se cuestiona ni se discute. Es legítimo que los medios de comunicación obtengan sustento en la publicidad oficial, privada o social.

Lo que se discute es que los medios de comunicación confundan al auditorio con publicidad que es presentada como información: la información es la justificación de responsabilidad social del medio y la publicidad un instrumento de lucro.

No puede ni debe confundirse la información con la publicidad: la información busca generar pensamiento crítico sin ninguna intencionalidad subyacente: la publicidad acerca al auditorio con los productos que se pretenden vender.

Es cierto, no todos los productos que se venden u ofertan son de naturaleza mercantil: los hay también de naturaleza política y oficial: un partido político busca posicionar su ideología, personajes y propuestas, con fines de alcanzar o retener el poder. Lo mismo hace una instancia de gobierno que oferta sus logros y avances con animo electoral.

Por ello, cuando se habla de publicidad no solo debe estarse a la comercialización de productos del sector privado, sino también a los productos de naturaleza política y oficial.

Luego entonces, un medio de comunicación responsable distingue la publicidad de la información, mediante recuadros y leyendas: no se permite engañar al público lector, radio escucha o televidente, presentando publicidad bajo formato de información, porque ello constituye propaganda.

La propaganda es un instrumento utilizado por corporativos privados y públicos para afianzar su posicionamiento social, con fines de ejercicio de poder. Esa propaganda debe ser plenamente identificada, para que el auditorio se percate que no se trata de información del medio de comunicación, sino un artilugio propagandístico.

Cuando no se identifica a cabalidad la publicidad de la información, el auditorio tiende al error. Ello ocurre con gacetillas o comunicados que se leen como si fuera información: entrevistas que a todas luces buscan como fin posicionar la imagen del personaje o del gobierno.

En el fondo, identificar la publicidad en relación con la información, constituye un dilema ético de los medios de comunicación, periodistas y comunicadores.

La ética de los medios de comunicación debe ser auto-impuesta y jamás dictada desde los poderes fácticos o formales: los condicionamientos oficiales que alegan objetividad, independencia o imparcialidad, desde el sector oficial, deben ser rechazados, porque se constituyen en elementos que coartan la libertad de expresión.

Lamentablemente, los poderes económicos y políticos alzan la voz hacia la ética periodística, cuando se ven lastimados en sus intereses. Una vía para imponer criterios éticos a la prensa, lo constituyen los apartados legales en todos sus niveles, constitucional, legal o reglamentario.

El mismo artículo sexto constitucional que habla de límites a la libertad de expresión, como el orden público, el derecho de terceros, vida privada o la moral, constituyen elementos restrictivos, porque en su interpretación tendrán una aplicación que acota, constriñe: nunca será flexible o amplia. En sus niveles de reglamentación legal, ejemplo la ley de imprenta, el afán restrictivo de la libertad de expresión se exacerba.

La intencionalidad es obvia: proteger la clase política y económica, de los alcances de divulgación de los medios de comunicación, cuando precisamente la libertad de prensa y expresión nace para controlar esos excesos de poder, cuyo protagonista no son los ciudadanos comunes, sino la clase que detenta el poder económico y político.

Si algo se puede criticar al Pacto de San José de Costa Rica, es que permita leyes restrictivas a la libertad de expresión, bajo la intención de evitar abusos por parte de los medios de comunicación, cuando por su naturaleza, la comunicación y la libre expresión de las ideas deben ser plena y totalmente ajenas a cualquier tipo de control oficial, porque éste, inevitablemente, buscará proteger sus intereses de poder.

En esta materia debe estarse al auto control de los medios de comunicación y periodistas. Que sea el auditorio, quien al final de cuentas, determine que medio de comunicación subsista, virtud su objetividad, independencia y ética social, y jamás la autoridad política o los poderes fácticos.

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Supuesta defensa de la libertad

"La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los  valores éticos  y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga".

Tal es la redacción del apartado noveno de la Declaración de Chapultepec y que se refiere, en sintesis, a la auto-regulación ética del periodista y la importancia de que sea el mercado lector, radio escucha, televidente o cibernauta, quien lo sancione mediante reducción de audiencia.

Los periodistas en su ejercicio cotidiano demuestran su compromiso con la verdad. Salvo excepciones, el periodista indaga, corrobora el dato, busca opinión contrastada, otorga el derecho de réplica, con una visión de compromiso social, todo ello en busca de precisión, imparcialidad y equidad.

La precisión la otorga el dato duro, la entrevista, noticia, o reportaje fielmente redactado, con apego a la información recolectada. Un proceso donde el periodista no es el último eslabón, sino que en él interviene la mesa de redacción, con particular intervención del editor, y el ojo crítico del jefe de información, el jefe de redacción y el mismo director del medio.

El problema es que el proceso de revisión de la información se ha acortado: del reportero la información va directamente a la publicación, en el caso de internet, y muchos medios impresos que primero la suben a su página y después hacen el proceso de revisión. La celeridad por publicar rebasa los controles propios del medio. Ello, indudablemente afecta la precisión.

Abona a ello también la ausencia de una labor de comunicación social profesional, que no otorga a los representantes de los medios la información puntual mediante tarjetas informativas o cualesquier otro apoyo, y que se limita a proporcionar transcripciones a posteriori, demasiado tarde, cuando la información ya se propago en internet.

En busca de la imparcialidad, el periodista debe contrastar información cuando tiene conocimiento de un dato existe la obligación de buscar el contraste, la contraparte. El problema es la celeridad por publicar la información, ello le impide contrastar: primero se publica el dato y luego busca la réplica, que en ocasiones, es cierto, tiene diferencia mínima en el tiempo. Ello en términos de la celeridad de la información, se convierte en una "moderna" imparcialidad, que en épocas de medios impresos o noticiarios nocturnos, con anterioridad llevaba al día siguiente. Hoy eso no ocurre. Sin embargo, la publicación, sin contraste, en lo inmediato, falta a la imparcialidad de esa forma, aunque de manera mediata, -¿media hora, una hora después?- se subsane o corrija la deficiencia.

La equidad como principio tiene un alto sentido social y subsidiario de la prensa. La equidad debe ser entendida como la necesidad de tratar desigual a los desiguales: es decir, suplir las deficiencias técnicas o económicas para comunicar, que tienen amplios sectores de la sociedad, frente a las grandes empresas o los aparatos de gobierno.

Ante ello, la prensa esta llamada a dar voz a quienes carecen de voz mediática: la prensa es el mecanismo intermediario, un altavoz, para que el gobierno y la clase política escuche mensajes que de otra manera jamás podría conocer: es el compromiso social.

Sin embargo, esa equidad no solo es subsidiaria socialmente, sino que también significa un mayor rigor, exigencia y crítica a la clase política, empresarial y gubernamental. Una prensa equitativa exige mayor transparencia y rendición de cuentas a los servidores públicos, porque tienen una responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Por ello, la Corte ha considerado que en estos casos existe una menor protección a aspectos de privacidad que en caso de particulares, toda vez que, es lógico, quien maneja recursos del erario público debe estar ante un mayor escrutinio.

En esa equidad, los funcionarios no pueden equipararse a los particulares, eso seria un contrasentido. No son iguales. En términos jurídicos podríamos decir que nos encontramos frente a una relación de supra-subordinación, donde el poder público coloca a sus representantes en una relación desigual frente al resto de la sociedad: el particular está sometido no solo formalmente a la autoridad, sino también materialmente, dado el gran peso de ese poder que detenta, y que sin empacho hace ostensible en cualquier oportunidad.

-Es el funcionario en su Yukon 2018, escoltado por cuatro Rams 4x4, también del año que entra, frente al tsuru 1992, en el cruce de una calle. La diferencia es abismal. El simple ciudadano termina haciéndose a un lado, sometido-

Precisión, imparcialidad y equidad son obligaciones que Chapultepec impone moralmente a la prensa, y que ésta hizo suyas desde su nacimiento, con las dificultades ya señaladas para su cabal cumplimiento.

Pese a esas deficiencias, naturales en una actividad humana tan compleja, no se admite imposición de ningún poder fáctico ni formal, porque son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios.

Al final, como lo señala Chapultepec, será la opinión pública quien premie o castigue: que sea la misma audiencia quien cambie de estación o canal de televisión, deje de navegar por determinadas páginas de internet o abandone la compra de medios impresos.

Que no sea el gobierno ni el sector empresarial quien imponga un contenido en medios de comunicación, bajo criterios de supuesta defensa de la libertad de expresión. No les corresponde a ellos ese papel.

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Instrumento de libertad

Mi más sentido pésame al colega editorialista Sergio Armendáriz Royval por el deceso de su señora esposa Doña Luz Olga Molina. Descanse en paz.

La tarea de buscar, recibir y difundir información, dentro de la libre expresión de las ideas, se realiza profesionalmente por los periodistas y comunicadores.

Para desempeñar tales funciones no se requiere autorización especial de ninguna autoridad. Hoy más que nunca: un ciudadano común que publica en las redes sociales se convierte materialmente en periodista de manera espontánea y temporal.

La diferencia es que el periodista y el comunicador hacen de esta actividad de buscar, recibir y difundir, su actividad de vida, de manera permanente. Son reconocidos como periodistas por esa labor continua, tanto por sus pares como por la sociedad, y dentro de ella, por supuesto, la autoridad.

El periodista y el comunicador difunden información y la interpretan: encuentran en ella las condiciones causales y sus efectos: no son meros correos informativos, son contextualizadores de la realidad, para ofrecer al público lector aquellos ángulos informativos que los ojos ciudadanos no alcanzan a visualizar.

Son instrumento crítico del acontecer cotidiano, particularmente del ejercicio del poder, función importantísima en una democracia, porque equilibra fuerzas y controla los excesos del gobernante.

El periodista lo es por su función material y formal: material porque busca, recibe y difunde información y formal por el canal que utiliza para propagarlo, que es un medio de comunicación, con características de continuidad y permanencia, bajo géneros periodísticos establecidos.

El periodista lo es, no por obsequio de la autoridad formal o por reconocimiento de sus pares, al contrario: la patente de periodista ni sus atributos -como por ejemplo imparcialidad o veracidad- deben ser censura de la autoridad- no cursa por la Secretaría de Educación Pública del gobierno del Estado o la Federación: ese es reconocimiento formal de estudios, que habla de su actualización y formación profesional: pero es un exceso llegar a pensar en que será el poder político quien autorice profesionalmente la actividad periodística, porque rompe con su esencia, que es la libertad.

El reconocimiento de la actividad periodística de la autoridad o del resto de la comunidad que ejerce dicha profesión, deviene de que el periodista cumple con sus funciones cotidiana y permanentemente: lo hace con ética buscando informar con imparcialidad y objetividad: interpreta y escruta en los hechos.

Por ello, en su punto ocho, la Declaración de Chapultepec prohibe la colegiación o incorporación gremial obligatoria de los periodistas. Textual señala que: "El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de  los medios de comunicación  a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios".

Del mismo modo, con posterioridad a Chapultepec, la Declaración de principios sobre libertad de expresión emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a lo mismo en su principio seis, donde señala que "... La  colegiación  obligatoria  o  la  exigencia  de  títulos  para  el  ejercicio  de la  actividad  periodística,  constituyen  una  restricción  ilegítima  a  la  libertad  de expresión.  La  actividad  periodística  debe  regirse  por  conductas  éticas,  las  cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados".

Como se observa, por un lado se refiere a los pares periodistas: ni entre ellos puede existir una estructura que diga quien es periodista y quien no lo es. Y por el otro, no es dable a la autoridad arrogarse el derecho de otorgar permisos para realizar la actividad periodística.

Es decir, la actividad periodística, buscar, recibir y difundir información, es parte esencial de la libertad de expresión, y por lo tanto es libre. 

No debe ser atada por requisitos de autoridad o del gremio, porque ello redunda en un ataque a la libre expresión de las ideas, atenta contra el principio de libertad.

El ser periodista, ¿está peleado con la organización gremial o la superación profesional, o inclusive, con la actualización continúa y permanente del profesional del periodismo y la comunicación?

No, no lo está, sin duda. Pero debe ser voluntaria. Ningún periodista puede ser obligado a la colegiación o reunión gremial.

Pero, ¿No resulta necesario impulsar el crecimiento ético y profesional de la actividad periodística? Eso no se pone en tela de duda. Es clave hacerlo para propugnar por el crecimiento técnico y ético de la actividad, con una visión de compromiso social y colectivo, pero siempre bajo la premisa de respetar el carácter voluntario.

Actualmente existe una intentona por obligar a la colegiación de los periodistas. Se trata de un afán en el cual subyace una flagrante violación, no solo a la declaración de Chapultepec, sino a los principios sobre libertad de expresión y a la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, y por esto último, solo por esta razón, resulta inconstitucional, por ser México firmante de dicho Tratado Internacional.

Pero más que la evidente ilegalidad de la pretensión, constituye un ataque directo en busca de controlar la función periodística, afán permanente de los poderes formales y fácticos, que ven en la prensa, de forma lamentable, un conducto de propaganda y manipulación, y no un instrumento de libertad.

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