Participación social contra el crimen

Se debate si el Estado Moderno ha claudicado a sus principales funciones, entre ellas la de proveer a la población de seguridad.
El avance y fortalecimiento de los grupos de la delincuencia organizada, hacen patente que los distintos niveles de gobierno, sin el auxilio de la sociedad, poco pueden hacer para garantizar dicha seguridad.
Sobre todo, cuando las acciones policíacas o militares, de persecución e inhibición de los delitos, resultan insuficientes e ineficientes, como lo ha demostrado la estrategia aplicada desde el operativo conjunto, que privilegia la fuerza al grito de “todos son delincuentes”, desconfiando de la ciudadanía, en lugar de convocarla al esfuerzo solidario con la autoridad.
Por eso llaman la atención las propuestas legislativas que tratan de impulsar desde el sector gubernamental un reconocimiento de la necesaria participación social, con acciones como la policía encubierta y la coparticipación de medios de comunicación masivos, como radio y televisión, para generar acciones de auto-protección.
De acuerdo a la iniciativa presentada por el legislador local Jorge Neaves, la policía encubierta deberá cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, una solicitud ante un juez, quien autorizará la intervención de la autoridad bajo esa modalidad. Esto es, no será capricho de la policía efectuar los operativos encubiertos, con lo cual se genera una garantía de legalidad y de revisión previa de la pertinencia de la medida excepcional.
Por otro lado, la participación de los medios de comunicación, en este caso radio y televisión, en la difusión de situaciones que requieran una atención inmediata de la sociedad, como el caso de un robo de un auto, tendrá que ser concertada y no impuesta.
Los medios de comunicación, en ese sentido, mediante una acción en la cual exista un convenio, pueden colaborar en la estimulación de la participación social, para atender situaciones de emergencia. Esa es una de las labores de los medios de comunicación social.
Al margen de que las propuestas sean finalmente legisladas o no, parten del valiente reconocimiento de que las autoridades han sido rebasadas, y que no pueden seguir caminando en una ruta de un solo camino, disociadas de la participación comunitaria.
La sociedad tiene mucho que aportar para la resolución del problema de la criminalidad: 107 millones de habitantes distribuidos en 32 entidades federativas, pueden más que la base social incipiente con que cuenta la delincuencia.
En este sentido los medios de comunicación juegan un papel relevante en la construcción ética de una comunidad más critica, pero constructiva y participativa; una comunicación menos superficial y coyuntural, que constituya –adicionalmente- instrumento para la resolución de problemas, y no solo para su amplificación, en una prensa de amplio y profundo compromiso social.