Autonomía y calidad universitaria

Las universidades públicas constituyen un mecanismo de desarrollo y equilibrio social, un coadyuvante natural del Estado mexicano para construir mejores condiciones de vida.
Particularmente se debe hablar de las universidades del sector público, porque a través de subsidios, permiten que los integrantes de familias de clase baja y media, participen del proceso innovador y creador de la educación.
Es obvio que las universidades privadas también contribuyen a la construcción de un México de calidad, solo que desde una perspectiva de lucro y acceso elitista, determinado por el nivel socioeconómico de los estudiantes, con las naturales excepciones de políticas de becas, que solo representan un paliativo, un argumento social de justificación.
Un ejemplo de esta aportación del sector público a la educación de nivel superior es la Universidad Autónoma de Chihuahua, que incursiona con éxito en las auditorias para acreditar y certificar programas de calidad.
Para lograr el estándar de calidad, los maestros deben acreditar estudios de posgrado; los programas deben ser revisados bajo criterios independientes; se debe evaluar la mejora de infraestructura, es decir, son diversos los factores, en los cuales la Universidad de Chihuahua ha salido avante.
No se trata de un proceso sencillo; en él deben intervenir lo mismo estudiantes que maestros, es decir, los integrantes de la comunidad universitaria, con una visión de cohesión con el resto de la sociedad.
Destacan en los procesos diversas facultades, entre ellas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que encabeza el doctor Eduardo Borunda, quien ha propiciado el impulso de criterios que permitan fortalecer las acciones que desde la rectoría son señaladas, dentro del proyecto general de calidad.
El avance de las comunidades no puede entenderse sin una vinculación clara entre las instituciones de educación superior y los diversos sectores de la sociedad.
Por un lado la vinculación, por el otro, los estándares de calidad que deben cuidarse.
Entre tanto, los procesos políticos de renovación no deben confundir ni dañar las acciones de calidad. Lo peor que le puede pasar a una institución superior es atravesar por acciones de desestabilización y confrontación.
Sería lamentable que esto ocurriera con la Universidad Autónoma de Chihuahua, que en 2010 enfrenta un proceso de renovación, el cual debe realizarse bajo los cauces institucionales establecidos en su normatividad, sin intervención de personajes externos que tratan de vulnerar su autonomía.
Ni la universidad de chihuahua ni ninguna otra universidad merecen un enfrentamiento social, que vulnere los procesos de calidad.