Persecución periodística

Antes de concluir su segundo periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, emite dos recomendaciones que son relevantes para efectos de libertad de expresión: la recomendación general número 17 y la 57, relativa al caso Contralinea.
La recomendación general, tiene que ver con señalamientos a los distintos niveles de gobierno para adecuar el marco jurídico para garantizar plenamente el ejercicio de la libertad de expresión, vulnerado por practicas de omisión y corrupción en los ámbitos judicial y administrativo, especialmente por la actuación de los cuerpos policíacos.
Dicha recomendación general se basa en una serie de casos que en lo particular merecieron un señalamiento concreto en su momento, y que hace hincapié en la vulnerabilidad de medios y periodistas frente a los abusos del poder público establecido y el poder fáctico, fundamentalmente el crimen organizado.
En el caso de la revista Contralinea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se refiere al acoso personal que sufrieron los colegas Ana Lilia Pérez Mendoza y Agustín Badillo Cruz, a raíz de una serie de trabajos periodísticos en relación con el posible tráfico de influencias desde el gobierno federal hacia la paraestatal Petróleos Mexicanos, especialmente en beneficio de una empresa del norte del país denominada Zeta Gas, propiedad de la familia Zaragoza.
Los reportajes y noticias molestaron a la empresa paraestatal y a Zeta Gas, quienes, por un lado, restringieron publicidad y por el otro, presentaron denuncias penales que provocaron el arresto de Agustín Badillo en México, Distrito Federal, por los delitos utilizados políticamente de difamación y calumnia.
La Comisión Nacional considero en la mencionada recomendación 57 del 2009, que Petróleos Mexicanos en ningún momento comprobó contar con un procedimiento que otorgue seguridad jurídica en la asignación de publicidad, esto es, en términos llanos, que se realiza arbitrariamente y por capricho, en función de que tras eliminar como proveedor a Contralinea, continuó contratando publicidad en revistas similares, por lo cual el argumento de circulación o restricción presupuestal, dice la CNDH, no aplica.
En el caso de las denuncias penales, el Ombudsman acredito irregularidades en la integración de las averiguaciones previas y excesos por parte del juez que llevó la causa, ya que ni siquiera fueron notificados oportunamente, violando las garantías de seguridad jurídica y legalidad en el procedimiento.
Insólito: el juez condenó a los periodistas utilizando elementos que ni siquiera incorporó Zeta Gas a las denuncias, curiosamente originadas por una entrevista que integrantes de la familia Zaragoza ofrecieron a la revista y que constan en grabaciones.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y las organizaciones periodísticas en el país, es evidente que en ambos casos se viola flagrantemente la garantía constitucional e internacional de libertad de expresión, daño que debe ser reparado inmediatamente.

Recorte a la cultura

El ejecutivo federal envió el presupuesto de egresos a la Cámara de Diputados con una reducción de una cuarta parte al recurso ejercido en 2009.
La reducción planteada es por el orden de los tres mil millones de pesos. Es obvio que muchos proyectos y programas se verán afectados, dentro de ellos, los que tienen que ver con la cultura.
Se anticipa que el daño ocurrirá en el desarrollo artístico en todas sus manifestaciones, investigación y difusión el patrimonio arqueológico, arquitectónico y artístico, producción cinematográfica y divulgación cultural a través de radio y televisión.
El problema no se detiene ahí. Una reducción sustancial en el presupuesto destinado a cultura, afectaría la construcción de museos, bibliotecas, centros culturales y otros espacios de esta naturaleza; los artistas y creadores contarían con menos apoyos para el desarrollo de proyectos (libros, exposiciones, montajes, producciones, circuitos, presentaciones); de igual forma, algunos programas de animación cultural como festivales, ferias de libros, jornadas culturales y encuentros, reducirían su cobertura y alcance.
Esta reducción planteada es insostenible, ya que en estos momentos en que hay que restañar el tejido social resulta de primera importancia. La cultura, en estos momentos, es capacidad para resistir por la fuerza que genera a favor de la identidad y el reconocimiento de nuestras tradiciones y patrimonio. La cultura es el mejor antídoto contra la intolerancia y la mejor alternativa para fomentar la creatividad, el respeto a la diversidad y la construcción de comunidad ante los problemas de inseguridad.
La propuesta de reducción tendrá que ser analizada en comisiones, particularmente la de cultura, que al igual que el resto, aún carece de definición en sus titulares.

En este sentido hay un bloque de estados que analizan con preocupación dicho nombramiento. Por lo pronto, Chihuahua, con Carlos Carrera, Yucatán, Oaxaca, Puebla y Estado de México se reunieron con el diputado federal Armando Báez Pinal, quien representa una de las opciones más firmes para defender el proyecto cultural, en principio, del afán reduccionista del presidente Calderón.
La cultura y la educación merecen un trato distinto. Ojala haya una reconsideración desde la Cámara de Diputados y la designación del titular de la comisión sea afortunada y no de mero trámite.

Buenas intenciones

El Presidente de la República Felipe Calderón fue felicitado por la Organización de las Naciones Unidas, por su decisión de ayudar a los más desposeídos.
Dice el representante de la ONU en México, que la organización no puede más que reconocer como ética la decisión de apoyar a los pobres a través de un impuesto generalizado.
El problema no es que se apoye a los pobres. Probablemente la ONU no ha caído en cuenta que ningún partido político, al menos públicamente, puede estar en contra de apoyar a las clases mas desprotegidas del país. La cuestión es que el mecanismo implementado parece el menos idóneo.
El gobierno federal deberá resolver una serie de situaciones antes de gritar a los cuatro vientos que dos de tres mexicanos en pobreza recibirán apoyo directo a través de diversos programas asistenciales.
Primero, que el impuesto generalizado, aún y cuando sea proporcional, en función de que afectará en mayor medida a los grandes consumidores, no distinguirá si éste último forma parte de la población en pobreza que Calderón dice habrá de ayudar.
Y no distingue el impuesto, porque se habrá de cobrar por igual: los alimentos y medicinas, adquiridos, cargarán al comprador, lo mismo si paga con unos centavos apenas que si lo hace con tarjeta de crédito, por poner un ejemplo: no hay un castigo o una carga diferente.
Por lo tanto, primero le quitas un dos por ciento sobre lo que compre el pobre, y luego, tras un galimatías burocrático, intentarás, como gobierno, entregárselo en su mano, con el deterioro natural por los costos que esto implica. Con lo cual, ya no será un peso el que le entregues, sino unos cuantos centavos.
Segundo, insisto en que no existe un padrón confiable que ubique a la población en situación de pobreza. Elaborarlo, implicará el natural gasto administrativo, gasto corriente, que el gobierno –dice- esta empeñado en reducir. Pero además es una navaja de dos filas, por un lado lo difícil de construirlo, y en segundo lugar, el uso electorero que seguramente tendrá.
Habría de pensarse en un mecanismo distinto, más directo de apoyo, que no implique el gasto corriente aplicado en los programas asistenciales y la dificultad de construir un padrón confiable y no utilizable electoralmente. Cuestión sumamente difícil. Solo buenas intenciones.

Discurso absurdo

El Presidente Felipe Calderón realizó declaraciones justificando la imposición del dos por ciento en medicinas y alimentos, así como en servicios como electricidad y gasolinas, en el sentido de que beneficiarían a la población mas pobre.
Dice textualmente el señor presidente que “"Si nosotros logramos que las familias más pobres consuman menos agua, sin sacrificar sus satisfactores, y consuman menos electricidad, vamos a hacerle ahorrar a esas familias dinero contante y sonante sobre su ingreso disponible, pero también vamos a ahorrar nosotros, porque cada kilovatio-hora que deje de consumirse es un subsidio que dejamos también de pagar".
Hay dos vertientes, primero en las declaraciones del mandatario nacional y posteriormente, por lo que toca con la propuesta fiscal que pretende imponer nuevas tributaciones para apoyar directamente a las clases mas desprotegidas.
Son desafortunados los comentarios presidenciales en función de que las clases más pobres son también quienes tienen un alto consumo de electricidad, por dos motivos, las instalaciones defectuosas y la falta de capacidad económica para adquirir electrodomésticos modernos.
Las clases pobres carecen de la posibilidad de invertir en instalaciones eléctricas y comprar fotos de bajo consumo de energía; al contrario, por lo regular los focos los compran en la tiendita de la esquina y la instalación eléctrica es de autoconstrucción, con materiales de baja calidad.
Los electrodomésticos son adquiridos usados o bien, son antiguos, muy alejados de la tecnología que reduce el consumo de energía. ¿Cómo reducir entonces los kilowatts en esas condiciones?
Se ve que el señor presidente desconoce la situación de las clases mas desprotegidas.
Con relación al paquete fiscal, el impuesto al valor agregado en medicinas y alimentos, sin duda tiene el objetivo plausible de ayudar a las clases pobres.
Esos recursos se destinarían para apoyar directamente a las familias desprotegidas, pero la pregunta es ¿Cómo esperar que el regreso de impuestos en inversión y apoyo directo llegue específicamente a las personas en situación de pobreza extrema, cuando los programas sociales caen por lo general en el clientelismo electoral y la corrupción?
¿Cual va a ser la autoridad responsable de elaborar un padrón confiable de las personas en esta condición?, pero además, ¿Cuál va a ser el mecanismo para hacer llegar el dinero? ¿Será acaso una tarjeta bancaria? ¿En efectivo? ¿O en cheque?
Es difícil para el señor presidente defender esta propuesta. Lo mejor sería retirarla antes de que sea desechada en la cámara de diputados, salvo que eso sea lo que al final se quiera, victimizar a la administración federal, argumentando la cerrazón de los partidos frente a las propuestas fiscales del gobierno panista.

El camino fácil

El Presidente de la República optó por la vía fácil para resolver el problema financiero del país: incrementar los impuestos a los contribuyentes cautivos e implementar un nuevo modelo del IVA a alimentos y medicinas.
Se dirá que la medida resulta antipopular y por ese motivo es injusto señalarle al mandatario nacional lo anterior; una cosa no tiene que ver con lo otro.
Los contribuyentes, ciudadanos todos en fin, no se oponen al cobro de impuestos. Existe el convencimiento de que la población debe participar en el financiamiento del gobierno, para garantizar la prestación de servicios esenciales para la vida comunitaria, salud, educación, seguridad, entre otros.
El problema es cuando no se observa ese regreso. Esto es, no hay seguridad, en servicios de salud hay grandes deficiencias e ineficiencias y en educación, la gratuidad es una garantía constitucional no cumplida.
Por lo tanto, el problema no es el cobro de los impuestos, que en general se acepta, sino la ausencia de beneficios hacia la población.
Un aspecto más que debe considerar el presidente es la proporcionalidad en el pago de los impuestos. El IVA generalizado, sea del porcentaje que sea, es un impuesto a rajatabla que castiga el consumo, de los que mas tienen y de los que menos tienen. No es que le moleste a los ciudadanos una nueva imposición, sino la insuficiencia de recursos para hacer frente a ellos. No es que el ciudadano se niegue a contribuir, el problema es que existen 60 millones de personas en pobreza patrimonial y un tercio de ellos, en una situación verdaderamente aguda.
Por eso, lo fácil para el presidente era enviar un esquema fiscal agresivo, que sabe que no pasa en la Cámara de Diputados, que le permitirá dividendos políticos en la negociación: asume públicamente una posición de responsabilidad, pero sabe que no es la vía adecuada.
Coincide en esto el presidente de la sociedad mexicana de geografía y estadística, Julio Zamora, quien observa no solo lo impopular de la medida, que al final de cuentas es lo de menos, sino el impacto real negativo en la economía de los mexicanos, que provocará el paquete fiscal.
Por eso, lo más fácil es costear al gobierno en detrimento del patrimonio ciudadano; como si el Estado fuera el fin, y no un medio para lograr el bienestar de las familias, en lugar del camino contrario: sacrificar auténticamente al Estado y a los sectores privilegiados.

Medidas desesperadas

El gobierno de México ha adoptado un sistema centralista flexible de funciones, que especializa áreas con la finalidad de eficientar el servicio público.
De esta manera, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal considera una serie de unidades administrativas, denominadas Secretarias, a través de las cuales se despliega el quehacer del poder ejecutivo.
Por ejemplo, Agricultura atiende las necesidades del campo, turismo la promoción y generación de divisas de la industria sin chimeneas, entre otras; en total dieciocho secretarias y una consejería jurídica del ejecutivo federal.
Es obvio que en un ejercicio de creatividad e ingenio, las secretarias podrían desaparecerse hasta constituir tres o cuatro súper secretarias, que aglutinen sectores: Se me ocurre, por ejemplo, seguridad nacional, subsumiendo en ella gobernación, defensa nacional, seguridad pública, y marina, incluyendo, por supuesto, la Procuraduría General de la República.
En otra gran súper secretaria podrían quedar aquellas que tienen que ver directamente con bienestar social, calidad de vida y desarrollo, como por ejemplo, desarrollo social, salud, educación, trabajo y previsión social, agricultura, medio ambiente y recursos naturales.
En una tercera gran super secretaria, podrían aglutinarse las áreas ligadas con la economía, por supuesto economía, hacienda, energía, comunicaciones y transportes, y turismo. Podría cuestionarse si función pública queda en esta última súper secretaria o en seguridad nacional. Me inclinó por esta última opción partiendo de la base de que el combate a la corrupción es un asunto, sin lugar a dudas, de seguridad nacional.
Como se ve, si se quiere adelgazar el aparato burocrático, se puede lograr y concentrar el poder en tres súper secretarios, con funcionarios de menor nivel y salario, atendiendo las cuestiones concretas por rubro.
Pero no me parece una buena decisión. La administración pública federal se ha especializado y ha demostrado, en general, su eficacia, en función de necesidades, económicas, sociales e incluso políticas. Ha sido una evolución que ha permitido el funcionamiento federal.
Desaparecer la secretaria de la función pública, es enviar a un segundo nivel el combate a la corrupción; lo mismo pasará con turismo y reforma agraria, cuando las tres son funciones relevantes y de especial interés para los mexicanos.
Si las secretarías están fallando, que se diga mediante cual mecanismo o procedimiento evaluatorio, se llega a dicha conclusión; y que incluso se adjudiquen responsabilidades; de lo contrario, la medida presidencial parece coyuntural, desesperada y por tanto, inadecuada; si en el fondo se trata de generar ahorros, hay otras medidas que adoptar.

Conductas abusivas

A río revuelto, ganancia de pescadores.
Así reza el dicho. Y es verdad.
Una cosa son los abusos documentados de Comisión Federal de Electricidad y otra el exceso de particulares que aprovechan para obtener ganancias millonarias gracias a la cultura del no pago de sus cuotas por consumo eléctrico en pozos.
Si en el caso de los pozos colectivos de uso comunitario debe existir un sentido social y la reconsideración de la paraestatal federal, en el otro, el de los particulares, omisos e irresponsables, debe aplicarse el rigor de la ley.
Es cierto, el asunto no es tan simplista, ¿Qué diferencia existe entre el productor particular que adeuda millones y se reconecta impunemente cuando le cortan el suministro de energía, del pobre obrero que adeuda un bimestre, doscientos o trescientos míseros pesos, e inmediatamente recibe como obsequio el corte de servicio?
Al final de cuentas, son los miles de obreros, trabajadores, amas de casa, empleados, profesionistas, etcétera, quienes subsidian a los particulares que en el campo tienen millonarios adeudos.
Los datos proporcionados confidencialmente al Observador indican que son particulares que explotan el campo, y no simples agricultores, quienes presentan los adeudos importantes: un solo ejemplo: Miguel y Omar García, quienes tienen su parcela en el denominado sector Cerritos en la zona de Casas Grandes, adeudan un total de 53 millones 355 mil 554 pesos: lo equivalente a un bimestre de 265 mil viviendas populares: Cuauhtemoc, Delicias y Parral, juntos.
Podría entenderse en las pequeñas comunidades que en forma colectiva explotan un pozo, el adeudo de ciertas cantidades, en función de que existe un bien social protegido, son los que menos tienen, pequeñas parcelas, fundamentalmente de autoconsumo, pero ¿los grandes propietarios con adeudos estratosféricos, que explotan el pozo en beneficio particular y que han hecho de la cultura del no pago un método de lucro, colgándose de las manifestaciones legitimas de los auténticos campesinos?
Ahora bien, aún y cuando habría que entrar a revisar la organización colectiva de las comunidades en el aspecto administración, en busca de irregularidades, la posición de Comisión Federal de Electricidad en relación con ellos, debe ser de profunda flexibilidad y búsqueda de soluciones consensuadas, bajo el concepto de una solución con sentido social.
Con los particulares es distinto. Su compromiso es con el beneficio personal a través del máximo ahorro en insumos, uno de ellos, si no es que el principal, la energía eléctrica. Con ellos debe ser otro cantar.

Más de lo mismo

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa se presentó en Palacio Nacional para ofrecer un diagnostico del país y soluciones a medias.
No rindió cuentas ante la Nación: antes, un día antes, el palacio legislativo recibió por escrito el informe presidencial, que será motivo de glosa y de estudio por parte de los legisladores.
Se convirtió el acto en un simple evento protocolario, administrativo.
¿Qué sigue? Las reformas estructurales, que serán detenidas una vez más en el seno de las negociaciones legislativas, dando al traste con los diez propuestas presidenciales, que en principio demandan voluntad de las fuerzas políticas para consensuar.
Ironicamente, el presidente propone fortalecer los mecanismos de protección laboral a favor de los trabajadores, cuando la iniciativa privada exige la disminución del proteccionismo que ahoga a las empresas; la propuesta encontrara –seguramente- la mayor resistencia en el Partido Acción Nacional.
No son nada nuevas las propuestas en materia de salud, educación, política, seguridad. De hecho, no descubre el hilo negro.
La reforma de fondo es que no haya reforma, que haya voluntad de aplicar las leyes vigentes para reordenar los distintos ámbitos.
Si hay que adelgazar el aparato burocrático, por ejemplo, Felipe Calderón cuenta con los instrumentos para hacerlo. Lo mismo ocurre con la educación para todos o la cobertura universal de salud.
El problema esta en la administración y sus mecanismos de control; en una eficiente rendición de cuentas y eliminación de la impunidad.
En materia de seguridad, el mandatario nacional tiene la llave en sus manos, con los instrumentos juridicos que se le han otorgado para el combate a la delincuencia organizada: para ello no es necesario capacitar a las policias locales para combatir delitos del fuero comun: al final de cuentas, estos son ejecutados con armas de grueso calibre, y con ese simple hecho, arriban a la escala de delitos federales por razón de materia.
El Presidente fue realista cuando acepta su responsabilidad porque la administración federal no ha logrado sus objetivos, el problema es que se queda ahí, azuzando que el problema es de todos y no solo del mandatario nacional: es cierto, solo que el ciudadano común esta abandonado al determinismo social y pobreza, y el señor presidente no.