Uno de los grandes pendientes del 2009 es sin duda el combate al crimen organizado, pese a la espectacularidad de los operativos del mes de diciembre.
La cuestión de fondo es que la coordinación con los Estados Unidos parece no dar los resultados esperados en materia de estrangulamiento de las finanzas de dichos grupos.
Mientras el gobierno mexicano continúa con una política de presencia militar en las calles y apenas se vislumbran aspectos positivos de inteligencia en la persecución de cabecillas, la unión americana parece más preocupada por revisar el funcionamiento de los recursos enviados mediante la operación Mérida, que en profundizar la colaboración de investigación bursátil y bancaria, y detener el criminal trasiego de armas.
Se anticipa la instalación de una oficina que daría seguimiento a los recursos autorizados en el marco de la colaboración binacional, cuando lo que se requiere es una unidad integrada por ambos países que profundice el seguimiento de recursos económicos y su flujo, como una vía para detener el poderío del crimen organizado.
Es obvio que ambas naciones trabajan en dicha tarea, la cuestión es hasta donde realmente ha funcionado. También es lógico que existan otras prioridades.
Para los Estados Unidos surge una nueva preocupación con las acciones terroristas de Al Qaeda y el regreso de las revisiones exhaustivas en vuelos desde instalaciones aeroportuarias mexicanas.
Este nuevo ingrediente coloca de nueva cuenta la coyuntura en el primer plano y no las acciones de largo plazo y definitivas en el combate a la criminalidad organizada.
Nadie en su sano juicio, conociendo que el crimen adopta caracteres multinacionales, estaría en desacuerdo en una colaboración con los Estados Unidos, la cuestión es el cariz que esta adopta: ¿auditoria en el uso de recursos –por cierto insuficientes- autorizados por el Congreso Norteamericano?, o una auténtica colaboración entre pares, donde no solo exista realmente información de inteligencia financiera, compartida y trabajada al más alto nivel, pese a la existente desconfianza, sino que el vecino del norte por fin decida cerrar la frontera al tráfico de armas, un frente indispensable y elemental para que México supere la situación de alta violencia que vive.
martes, 29 de diciembre de 2009
martes, 15 de diciembre de 2009
Bonitas declaraciones
El flamante gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, se estrenó con declaraciones que confirman el papel que habrá de desempeñar al frente de tan importante función.
Las afirmaciones apuntan, textual, que “sin menoscabo de sus funciones en política monetaria y sin poner en riesgo su autonomía, el Banco de México debe sumarse de forma decidida al desarrollo económico del país a través de una mayor coordinación y colaboración con la Secretaría de Hacienda, aprovechando al máximo las instancias que a propósito prevé la propia ley del instituto central”.
Porque, dice, desde su perspectiva, “el hecho de que el Banco se sume de forma decidida al desarrollo financiero nacional es imperativo porque en su situación actual es como un avión de cuatro motores”.
¿A qué se refiere el señor gobernador del Banco de México?, nos preguntamos todos los mexicanos, porque en ningún momento aclaró cómo desarrollar esa coordinación con la secretaria de hacienda sin menoscabo de su autonomía.
Pero además, parece que el señor gobernador carece de memoria histórica, porque el banco de México ha sufrido una evolución que le ha permitido estar al resguardo de los intereses políticos coyunturales del jefe del ejecutivo en turno. Se le podrán criticar muchos desplantes a Guillermo Ortiz, pero su independencia es uno de los elementos que generaron confianza a nivel internacional.
Ahora, de un plumazo, de facto, Carstens abandona el papel autónomo del banco central para ubicarse, una vez más, como ocurrió muchas veces en el pasado, en la nómina de oficinas, dependencias, simples estanquillos del poder ejecutivo federal.
El problema central entre Guillermo Ortiz, recordemos, fue precisamente lo que Calderón denominó falta de coordinación, pero que en términos llanos se refiere a la ausencia de sumisión del Banco de México a las políticas económicas y financieras de su gobierno.
Es cierto, los bancos centrales juegan un papel clave en el desarrollo de los modernos estados, pero no en el papel simplón del órgano irresponsable y benefactor de la economía, que imprime circulante sin ton ni son, provocando severas crisis económicas.
Tampoco es su papel modificar la estrategia en materia de tasas de interés, solo por el interés político del momento, porque a alguien se le ocurre que esa podría ser una estrategia para impulsar el desarrollo.
Las decisiones del Banco Central deben estar basadas en estudios objetivos, sin populismo, porque en sus manos se encuentra la estabilidad económica del país. Ojalá Don Agustín Carstens piense de esta manera.
Las afirmaciones apuntan, textual, que “sin menoscabo de sus funciones en política monetaria y sin poner en riesgo su autonomía, el Banco de México debe sumarse de forma decidida al desarrollo económico del país a través de una mayor coordinación y colaboración con la Secretaría de Hacienda, aprovechando al máximo las instancias que a propósito prevé la propia ley del instituto central”.
Porque, dice, desde su perspectiva, “el hecho de que el Banco se sume de forma decidida al desarrollo financiero nacional es imperativo porque en su situación actual es como un avión de cuatro motores”.
¿A qué se refiere el señor gobernador del Banco de México?, nos preguntamos todos los mexicanos, porque en ningún momento aclaró cómo desarrollar esa coordinación con la secretaria de hacienda sin menoscabo de su autonomía.
Pero además, parece que el señor gobernador carece de memoria histórica, porque el banco de México ha sufrido una evolución que le ha permitido estar al resguardo de los intereses políticos coyunturales del jefe del ejecutivo en turno. Se le podrán criticar muchos desplantes a Guillermo Ortiz, pero su independencia es uno de los elementos que generaron confianza a nivel internacional.
Ahora, de un plumazo, de facto, Carstens abandona el papel autónomo del banco central para ubicarse, una vez más, como ocurrió muchas veces en el pasado, en la nómina de oficinas, dependencias, simples estanquillos del poder ejecutivo federal.
El problema central entre Guillermo Ortiz, recordemos, fue precisamente lo que Calderón denominó falta de coordinación, pero que en términos llanos se refiere a la ausencia de sumisión del Banco de México a las políticas económicas y financieras de su gobierno.
Es cierto, los bancos centrales juegan un papel clave en el desarrollo de los modernos estados, pero no en el papel simplón del órgano irresponsable y benefactor de la economía, que imprime circulante sin ton ni son, provocando severas crisis económicas.
Tampoco es su papel modificar la estrategia en materia de tasas de interés, solo por el interés político del momento, porque a alguien se le ocurre que esa podría ser una estrategia para impulsar el desarrollo.
Las decisiones del Banco Central deben estar basadas en estudios objetivos, sin populismo, porque en sus manos se encuentra la estabilidad económica del país. Ojalá Don Agustín Carstens piense de esta manera.
lunes, 14 de diciembre de 2009
Centralismo y endeudamiento
Los gobiernos centralistas siempre buscan ejercer el monopolio presupuestal, bajo la base, indudable, de que el manejo de los recursos públicos significa la posibilidad real de ejercer el poder.
Al contrario, los gobiernos federalistas, esto es, sustentados en una distribución de competencias hacia las entidades y municipios, buscan liberar recursos para un ejercicio plural y democrático, en busca de una mayor permeabilidad presupuestal.
Los estados navegan muchas veces bajo la bandera federalista, pero se comportan como administraciones centralistas.
Tal es el caso del sistema mexicano.
Para Chihuahua, en el presupuesto 2010, hay una baja sensible de participaciones federales, lo cual provocó una reducción del uno por ciento en el gasto público del año próximo.
No es el único caso a nivel nacional. Otras entidades sufren los estragos de la crisis económica provocados por el contexto internacional, por un lado, y por el otro, por las decisiones inadecuadas del pasado inmediato que derrocharon los ingresos petroleros en forma inexplicable.
Ante esta situación, las entidades federativas deben hacer esfuerzos de administración, para sostener las políticas de obra pública y los beneficios sociales a la población, así como acentuar las acciones en materia de seguridad.
Dos son los mecanismos que tienen las entidades federativas como chihuahua para hacer frente a la situación, el crédito y los impuestos.
Una política sana, pero además de compromiso social, privilegia el empréstito por encima del alza en contribuciones, las cuales deben moverse en forma prudente. Debe existir un equilibrio en la aplicación de ambos mecanismos.
Un crédito blando, manejable, razonable, parece una buena medida para impulsar la obra pública. Esta deberá ser una de las bases que el congreso del estado de chihuahua deberá atender al discutir la propuesta de deuda por dos mil quinientos millones de pesos solicitada por la administración estatal, el otro, por supuesto, su destino, en busca del mayor crecimiento y beneficio social de los habitantes.
Al contrario, los gobiernos federalistas, esto es, sustentados en una distribución de competencias hacia las entidades y municipios, buscan liberar recursos para un ejercicio plural y democrático, en busca de una mayor permeabilidad presupuestal.
Los estados navegan muchas veces bajo la bandera federalista, pero se comportan como administraciones centralistas.
Tal es el caso del sistema mexicano.
Para Chihuahua, en el presupuesto 2010, hay una baja sensible de participaciones federales, lo cual provocó una reducción del uno por ciento en el gasto público del año próximo.
No es el único caso a nivel nacional. Otras entidades sufren los estragos de la crisis económica provocados por el contexto internacional, por un lado, y por el otro, por las decisiones inadecuadas del pasado inmediato que derrocharon los ingresos petroleros en forma inexplicable.
Ante esta situación, las entidades federativas deben hacer esfuerzos de administración, para sostener las políticas de obra pública y los beneficios sociales a la población, así como acentuar las acciones en materia de seguridad.
Dos son los mecanismos que tienen las entidades federativas como chihuahua para hacer frente a la situación, el crédito y los impuestos.
Una política sana, pero además de compromiso social, privilegia el empréstito por encima del alza en contribuciones, las cuales deben moverse en forma prudente. Debe existir un equilibrio en la aplicación de ambos mecanismos.
Un crédito blando, manejable, razonable, parece una buena medida para impulsar la obra pública. Esta deberá ser una de las bases que el congreso del estado de chihuahua deberá atender al discutir la propuesta de deuda por dos mil quinientos millones de pesos solicitada por la administración estatal, el otro, por supuesto, su destino, en busca del mayor crecimiento y beneficio social de los habitantes.
martes, 8 de diciembre de 2009
Las prisas del ayuntamiento
El presupuesto es un instrumento del sector público para eficientar el gasto y orientarlo a la consecución de los objetivos programáticos establecidos.
Esto es, no solo es suficiente hacer un uso racional, sin exceso, del gasto público, sino que además es necesario, que desde su base, el gasto se encuentre sustentado en líneas generales y particulares de gasto, con base en una planeación que defina con claridad y sencillez programas, y éstos a su vez, se encuentren sujetos a actividades y acciones.
Se trata más que todo de evitar la discrecionalidad en el gasto, y con ella, las decisiones atropelladas y coyunturales, que propician la anarquía en el gasto, instrumento perverso de algunos servidores públicos para cometer peculado, en el estricto sentido, utilizar de manera patrimonialista el recurso público, o bien, incurrir en el peculado electoral, distrayendo el erario para construir candidaturas y proyectos políticos.
Las entidades públicas, aún con la autorización del presupuesto, carecen de la posibilidad de auditarse por sí mismas, al menos en forma definitiva; lo hacen, pero en forma preventiva y correctiva, pero siempre existirá un órgano distinto que los revise y sancione, en la facultad de rendición de cuentas que camina hacia el perfeccionamiento de una auténtica autonomía constitucional.
Esa autorización presupuestal recae también en una diversa entidad. Tratándose de las autoridades municipales, es el cabildo quien revisa la pertinencia del gasto, el cual, pese a la deficiencia estructural básica de su conformación política, es un mecanismo de control.
El problema, como ocurre en el caso de Chihuahua, es que de manera deliberada se agotan los tiempos para provocar una revisión superficial del presupuesto, en busca de burlar la facultad legal y constitucional que tienen los regidores.
Como bien lo apunta Kenny Arroyo, el presidente municipal de chihuahua utiliza la dilación para evadir un mecanismo minucioso de evaluación de los programas para el próximo año, dentro de los cuales destacan las acciones de asistencia social y obra pública, que por ser año electoral, corren el riesgo de ser utilizados con ese objetivo.
Pero además, el ayuntamiento debe programar en forma responsable el pago de la deuda que se contrajo en esta administración y que rebasa los cien millones de pesos, y por supuesto, verificar con lupa los recursos destinados al área de seguridad pública, que de por sí son insuficientes, debe verificarse su programación.
La ausencia de un tiempo razonable hace que esta facultad revisora del cabildo se transforme en simulación. Ojalá no ocurra así.
Esto es, no solo es suficiente hacer un uso racional, sin exceso, del gasto público, sino que además es necesario, que desde su base, el gasto se encuentre sustentado en líneas generales y particulares de gasto, con base en una planeación que defina con claridad y sencillez programas, y éstos a su vez, se encuentren sujetos a actividades y acciones.
Se trata más que todo de evitar la discrecionalidad en el gasto, y con ella, las decisiones atropelladas y coyunturales, que propician la anarquía en el gasto, instrumento perverso de algunos servidores públicos para cometer peculado, en el estricto sentido, utilizar de manera patrimonialista el recurso público, o bien, incurrir en el peculado electoral, distrayendo el erario para construir candidaturas y proyectos políticos.
Las entidades públicas, aún con la autorización del presupuesto, carecen de la posibilidad de auditarse por sí mismas, al menos en forma definitiva; lo hacen, pero en forma preventiva y correctiva, pero siempre existirá un órgano distinto que los revise y sancione, en la facultad de rendición de cuentas que camina hacia el perfeccionamiento de una auténtica autonomía constitucional.
Esa autorización presupuestal recae también en una diversa entidad. Tratándose de las autoridades municipales, es el cabildo quien revisa la pertinencia del gasto, el cual, pese a la deficiencia estructural básica de su conformación política, es un mecanismo de control.
El problema, como ocurre en el caso de Chihuahua, es que de manera deliberada se agotan los tiempos para provocar una revisión superficial del presupuesto, en busca de burlar la facultad legal y constitucional que tienen los regidores.
Como bien lo apunta Kenny Arroyo, el presidente municipal de chihuahua utiliza la dilación para evadir un mecanismo minucioso de evaluación de los programas para el próximo año, dentro de los cuales destacan las acciones de asistencia social y obra pública, que por ser año electoral, corren el riesgo de ser utilizados con ese objetivo.
Pero además, el ayuntamiento debe programar en forma responsable el pago de la deuda que se contrajo en esta administración y que rebasa los cien millones de pesos, y por supuesto, verificar con lupa los recursos destinados al área de seguridad pública, que de por sí son insuficientes, debe verificarse su programación.
La ausencia de un tiempo razonable hace que esta facultad revisora del cabildo se transforme en simulación. Ojalá no ocurra así.
jueves, 3 de diciembre de 2009
Transparencia y demagogia
La transparencia es considerada como un elemento consustancial a la democracia, en función de que, aunada a la rendición de cuentas institucional, constituye la auditoria ciudadana, popular, de la información de interés público.
El nivel de transparencia constituye uno de los indicadores para considerar sí efectivamente nos encontramos frente a la existencia de un estado democrático.
Desafortunadamente, la transparencia es, por un lado, un elemento demagógico y de simulación, y por el otro, una simple nulidad.
Hay entidades federativas y ayuntamientos –sin descartar al ejecutivo federal, cuya estructura de rendición de cuentas deja mucho que desear- que navegan en la oscuridad de la información, e insisto, en la demagogia transparente.
Uno de estos casos es el ayuntamiento de Chihuahua, que presume de premios nacionales e internacionales, pero que en la realidad, se queda atrás de diversos órganos municipales que hacen esfuerzos por transparentar su vida interior.
Pero no es el único ayuntamiento que se encuentra en esta circunstancia.
De acuerdo a una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, los recursos públicos en manos de los más de 2 mil alcaldes del país se ejercen sin transparencia.
El informe, elaborado a partir del estudio a 373 municipios, que representan 80% del PIB nacional, 65% de la población y 65% del gasto municipal total, es demoledor.
Los resultados señalan que 100 de los ayuntamientos evaluados no cuentan con página de internet oficial, sólo 97 publican su presupuesto en la red, 89 no lo publican, 52 tienen una página que no funciona y sólo 35 ofrecen la opción de solicitar información pública.
No es Chihuahua uno de los municipios reconocidos en los primeros lugares, apenas se encuentra en el doceavo, incluso por debajo de Juárez; entre los primeros destacan Mexicali, La Paz, Atizapán y Tlaquepaque.
La transparencia constituye un logro de las diversas fuerzas políticas en pro de un mayor control del gasto. Es el paso inmediato anterior a una auténtica fiscalización, con un órgano autónomo, independiente de los poderes de gobierno.
Por lo mismo, no debe ser utilizado como esquema demagógico electoral para posicionarse ante los ciudadanos, que tienen bien claro quién es quién en el manejo de la información.
El nivel de transparencia constituye uno de los indicadores para considerar sí efectivamente nos encontramos frente a la existencia de un estado democrático.
Desafortunadamente, la transparencia es, por un lado, un elemento demagógico y de simulación, y por el otro, una simple nulidad.
Hay entidades federativas y ayuntamientos –sin descartar al ejecutivo federal, cuya estructura de rendición de cuentas deja mucho que desear- que navegan en la oscuridad de la información, e insisto, en la demagogia transparente.
Uno de estos casos es el ayuntamiento de Chihuahua, que presume de premios nacionales e internacionales, pero que en la realidad, se queda atrás de diversos órganos municipales que hacen esfuerzos por transparentar su vida interior.
Pero no es el único ayuntamiento que se encuentra en esta circunstancia.
De acuerdo a una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, los recursos públicos en manos de los más de 2 mil alcaldes del país se ejercen sin transparencia.
El informe, elaborado a partir del estudio a 373 municipios, que representan 80% del PIB nacional, 65% de la población y 65% del gasto municipal total, es demoledor.
Los resultados señalan que 100 de los ayuntamientos evaluados no cuentan con página de internet oficial, sólo 97 publican su presupuesto en la red, 89 no lo publican, 52 tienen una página que no funciona y sólo 35 ofrecen la opción de solicitar información pública.
No es Chihuahua uno de los municipios reconocidos en los primeros lugares, apenas se encuentra en el doceavo, incluso por debajo de Juárez; entre los primeros destacan Mexicali, La Paz, Atizapán y Tlaquepaque.
La transparencia constituye un logro de las diversas fuerzas políticas en pro de un mayor control del gasto. Es el paso inmediato anterior a una auténtica fiscalización, con un órgano autónomo, independiente de los poderes de gobierno.
Por lo mismo, no debe ser utilizado como esquema demagógico electoral para posicionarse ante los ciudadanos, que tienen bien claro quién es quién en el manejo de la información.
martes, 1 de diciembre de 2009
Ética y crítica en el periodismo
Existen dos elementos fundamentales en el ejercicio periodístico, la crítica y la ética.
Podrá decirse que también existe la objetividad, la pluralidad, la independencia, entre otros muchos elementos conceptuales, sin embargo, la crítica implica un periodismo objetivo y plural, y la ética, la necesaria independencia y autonomía de criterio al momento de redactar una información.
¿Por qué un periodismo debe ser crítico? Porque es una de sus funciones elementales, el servir de control a los abusos y omisiones del poder público y los poderes facticos, entre ellos, el sector privado, la iglesia o el crimen organizado.
Esto es, no debe abandonarse la crítica bajo el argumento de que hay poderes facticos que actúan bajo la luz de la legalidad, y solo debe criticarse aquellos factores que actúan en la sombra de la ilegalidad. Obvio es, que ambos deben ser sujetos del señalamiento de los comunicadores.
La única diferencia, abismal diferencia, entre ambas instituciones, esto es, los poderes facticos y formales legales, es que, precisamente, tienen un marco referencial legal, y, el crimen organizado, por ejemplo, jamás podrá colocarse bajo un supuesto legal, claro, salvo que prosperen las iniciativas de ley que pretenden la legalización de la droga.
Esta situación diferencial nos lleva al extremo de que los poderes que actúan bajo un marco legal, podrán tener deficiencias y omisiones, actos de corrupción, impunidad, colusión –en ocasiones- con el crimen organizado, por ejemplo, pero también existen sectores de la función pública y privada que efectúan acciones positivas en beneficio de la comunidad.
¿Cuáles son estas? No lo sé. Ahí debe aplicarse la lupa del periodista bajo un principio ético de solidaridad de la autoridad que actúa en beneficio de la comunidad.
Siendo la ética un mecanismo de autocontrol, el periodista deberá valorar desde su formación profesional y humana, la información que deba resaltar y señalar como acción positiva de cualquiera de los poderes. Es la misma pluralidad de pensamientos e intereses legítimos, los que permitirán a los lectores acercarse diversa información que por un lado señala errores y aciertos.
Esta diversidad de conceptos constituyeron elemento de discusión al celebrarse en Durango la IX sesión de consejo directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, desde donde se emitió la declaración Durango, que demanda del presidente de la república y la cámara de diputados, las reformas legislativas que protejan y mejoren la calidad de vida de los periodistas en el país.
Podrá decirse que también existe la objetividad, la pluralidad, la independencia, entre otros muchos elementos conceptuales, sin embargo, la crítica implica un periodismo objetivo y plural, y la ética, la necesaria independencia y autonomía de criterio al momento de redactar una información.
¿Por qué un periodismo debe ser crítico? Porque es una de sus funciones elementales, el servir de control a los abusos y omisiones del poder público y los poderes facticos, entre ellos, el sector privado, la iglesia o el crimen organizado.
Esto es, no debe abandonarse la crítica bajo el argumento de que hay poderes facticos que actúan bajo la luz de la legalidad, y solo debe criticarse aquellos factores que actúan en la sombra de la ilegalidad. Obvio es, que ambos deben ser sujetos del señalamiento de los comunicadores.
La única diferencia, abismal diferencia, entre ambas instituciones, esto es, los poderes facticos y formales legales, es que, precisamente, tienen un marco referencial legal, y, el crimen organizado, por ejemplo, jamás podrá colocarse bajo un supuesto legal, claro, salvo que prosperen las iniciativas de ley que pretenden la legalización de la droga.
Esta situación diferencial nos lleva al extremo de que los poderes que actúan bajo un marco legal, podrán tener deficiencias y omisiones, actos de corrupción, impunidad, colusión –en ocasiones- con el crimen organizado, por ejemplo, pero también existen sectores de la función pública y privada que efectúan acciones positivas en beneficio de la comunidad.
¿Cuáles son estas? No lo sé. Ahí debe aplicarse la lupa del periodista bajo un principio ético de solidaridad de la autoridad que actúa en beneficio de la comunidad.
Siendo la ética un mecanismo de autocontrol, el periodista deberá valorar desde su formación profesional y humana, la información que deba resaltar y señalar como acción positiva de cualquiera de los poderes. Es la misma pluralidad de pensamientos e intereses legítimos, los que permitirán a los lectores acercarse diversa información que por un lado señala errores y aciertos.
Esta diversidad de conceptos constituyeron elemento de discusión al celebrarse en Durango la IX sesión de consejo directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, desde donde se emitió la declaración Durango, que demanda del presidente de la república y la cámara de diputados, las reformas legislativas que protejan y mejoren la calidad de vida de los periodistas en el país.
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