Redes de complicidad

Se calcula en medio millón anual los indocumentados centroamericanos que cruzan por México y logran ingresar a territorio norteamericano.
De ellos, unos 150 mil son detenidos en la Unión Americana; otros doscientos cincuenta mil son arrestados en México. El resto tiene una oportunidad de ingresar al mercado laboral ilegal en los Estados Unidos, donde podrá sobrevivir en la semi-clandestinidad.
Sin embargo, unos veinte mil son secuestrados en territorio mexicano por los grupos del crimen organizado que obtienen jugosas ganancias a cambio de su libertad.
Las cifras, aún y cuando no son reales y solo representan un aproximado, derivado de fuentes oficiales y no oficiales, resultan alarmantes.
Se ha señalado que México debe adoptar una posición de mayor protección a las migrantes en tránsito. El caso es que es muy complicado pedirle esto cuando estamos hablando de compromisos económicos de gran relevancia con su principal socio comercial, que exige políticas de cero tolerancia en materia de migración, pero además cuando el flujo de indocumentados que permanecen en el país, en la zona limítrofe con la frontera sur, agravan los problemas de pobreza y marginación: cerrar los ojos a la migración, partiendo del supuesto de que la gran mayoría de ellos busca llegar a los Estados Unidos es partir de una premisa falsa.
Los indocumentados centroamericanos han encontrado en diversas ciudades mexicanas lugares de desarrollo en zonas de alta marginación, donde permanecen ocultos en espera de una oportunidad de cruzar el Rio Bravo, incrementando de manera sustancial las necesidades básicas de desarrollo.
Los migrantes ilegales representan un vasto porcentaje de la población flotante y semi-flotante en ciudades como Juárez, donde sobreviven en actividades laborales marginales relacionadas con el mercado subterráneo del comercio, sin descartar su incursión voluntaria o forzada en actividades francamente ilegales como el narcotráfico.
Esta realidad no debe impulsar acciones xenofóbicas. Al contrario: debe asumirse como un problema social internacional que requiere soluciones más allá del simplismo de la persecución policiaca: que exige el puntual cumplimiento de políticas humanitarias que no criminalicen al indocumentado y que investiguen y castiguen a quienes abusan y hacen negocio con ellos, rompiendo las redes de complicidad oficial federal existentes: que demandan políticas públicas para asimilar indocumentados mediante programas que incentiven el ingreso ordenado de personas y que regularicen, con un sentido humano, a quienes han contribuido al desarrollo de nuestro país durante muchos años.
Sobre todo, hay que insistir y subrayar, que sancionen con todo el rigor de la ley el secuestro de hermanos salvadoreños, guatemaltecos o de cualquier otra Nación, como ocurre actualmente con las cuarenta personas privadas de la libertad en Oaxaca, por cuya integridad y regreso con bien, todos debemos hacer votos.