Auditoria política

Los mecanismos de auditoría establecidos en la función pública, ya sean preventivos o remédiales, permiten presumir que es sumamente difícil encontrar que una irregularidad pueda pasar desapercibida en cualquier nivel de la administración.
Pero además, existe un punto de unión entre los órganos de auditoría federal y estatal cuando existe la presencia de recursos del primer ámbito, donde podría decirse, hay una doble revisión.
Probablemente lo difícil es establecer las consecuencias derivadas del grado de responsabilidad individual resultantes y, antes, concluir si realmente existe una irregularidad simple de violación de procedimientos administrativos o estamos frente a una falta que amerita persecución penal.
A nivel federal y estatal se sigue el mismo esquema de revisión, primero a través de los órganos internos establecidos en las administraciones, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública o de las contralorías estatales. Dichos órganos auditan el ejercicio de recursos que ejecutan las diversas dependencias.
Adicionalmente, por sanidad administrativa, los órganos contratan despachos internos para reforzar las tareas desarrolladas por los departamentos de auditoría, en busca de reforzar candados y revisar exhaustivamente procesos que pudiesen estar fallando y, que en consecuencia, trajeran aparejadas deficiencias en el manejo de recursos y su posterior comprobación adecuada.
El tema tiene que ver con el caso de la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García. Ya lo aceptaba recientemente el contralor del gobierno del estado de aquella entidad, aún no se configura una responsabilidad directa de la gobernadora en las presuntas irregularidades administrativas señaladas hace unas semanas, pero la información genera incertidumbre y golpeteo.
La gobernadora García constituye uno de los activos políticos relevantes del sistema político, por el simple hecho de haber ocupado una gubernatura. Independientemente de ello, debe ser sujeta al escrutinio. Ser una figura de ese tamaño no la salva de ello. Sin embargo, la autoridad debe ser cuidadosa en el fondo y en la forma, porque al final, las aseveraciones oficiosas y sin sustento terminan lastimando a la misma administración pública.
Al final, los órganos de gobierno, cualquiera que sea su ámbito, construyen credibilidad ciudadana, hoy severamente lesionada. Por ello, la información debe ser sumamente objetiva y responsable.
No se trata solo de satisfacer designios políticos. Se trata de ejercer cabalmente la misión de trasparencia y rendición de cuentas, lo cual no se colma con el simple hecho de acudir al uso mediático denunciando presuntas violaciones de procedimiento administrativo, sino cumpliendo con los tiempos y procesos de auditoría, que al final, arrojan las responsabilidades especificas, que deberán ser solventadas en términos contables y jurídicos.
Un proceso de auditoría responsable es más efectivo, porque el funcionario es llamado a cuentas con los elementos sobre la mesa y no sobre situaciones que aún deben ser confirmadas, y al hacerlo, distribuir cargas individuales, y en ello, aplicar las sanciones que correspondan.