Afanes anticipados

Dice bien Marcelo Ebrard cuando habla que es necesario impulsar un cambio en la forma de gobernar. La cuestión es que repite los patrones que critica, corregidos y aumentados, con el fin de obtener un posicionamiento para superar a su principal contrincante en la búsqueda de la candidatura presidencial perredista: Andrés Manuel López Obrador.
El jefe del gobierno del distrito federal ha empeñado sus esfuerzos en realizar presencia nacional aprovechando el escenario electoral guerrerense, donde el próximo domingo se juega la gubernatura, en una reñida competencia entre dos priístas, uno militante y otro renegado.
Es obvio que el afán protagónico evade el cumplimiento de las normas electorales federales que impiden que las figuras públicas se anticipen a los comicios promoviendo sus aspiraciones, y por supuesto, su figura, en un hábil marketing político que luego cuestionan en sus adversarios.
Es muy difícil demostrar que el titular del ejecutivo en el gobierno del distrito federal violenta estrictamente la ley con el uso de recursos públicos para lograr sus propósitos políticos, sin embargo tácitamente lo hace, en la discusión añeja de los límites entre la función pública y privada de los servidores públicos.
La norma electoral ha caminado hacia un rigorismo que se convierte en aprobación no escrita de las conductas como las que despliega el responsable del gobierno capitalino, cuya trascendencia desborda la elección domestica de guerrero y que se proyecta hacia el 2012, y donde el Instituto Federal Electoral se mira ausente.
Mientras Andrés Manuel López Obrador conserva una posición de trabajo soterrado con organizaciones y la base de la izquierda nacional, Marcelo Ebrard aprovecha su posición para apropiarse anticipadamente de la candidatura, guiando la selección de candidato en el Estado de México, haciéndose acompañar de la dirigencia nacional de su partido, en un acompañamiento que habla de espaldarazos y decisiones consumadas.
En guerrero anuncia que los programas del Distrito Federal serán impulsados en aquella entidad, acciones que significan un alivio social para las clases más desprotegidas, pero que han sido usadas de manera populista en un sentido pragmático y electorero.
Es cierto, las cosas deben cambiar. La forma de hacer política y gobierno.
El problema es que el jefe de gobierno del distrito federal no contribuye a ello con sus acciones, en un asunto de incongruencia política y afanes anticipados.

Absurdos perversos

Existen en el país doscientos setenta mil internos en los centros de readaptación social, de los cuales, según cifras periodísticas, cincuenta mil corresponden a procesos del orden federal y el resto del fuero común.
Como se observa el número de reos de un orden y de otro contrasta grandemente, como contrasta también el poder corruptor con base en el dinero según el tipo de delincuencia de que se trate.
La fuerza económica no sólo corrompe el orden jurídico y funcional de las instituciones en términos generales, sino que además provee de la capacidad de armamento necesaria para evadir la acción de la justicia, como ocurrió con la fuga de reos el fin de semana en Chihuahua.
Es obvio que ambos internos no pueden compartir los mismos centros de reclusión porque la seguridad se encuentra en permanente riesgo de colapso.
No pueden ni deben los internos federales diseminarse a lo largo y ancho del país debilitando a los penales, que por su naturaleza no corresponden a un alto nivel de seguridad.
Puede decirse que los gobiernos de los estados comparten responsabilidad en la seguridad de los penales, sin embargo es muy complicado explicar como ocurre esto cuando los delitos son del orden federal, son juzgados por lo tanto por jueces de dicho orden y es la federación, por tanto quien debe aplicar las medidas sancionatorias respectivas y vigilar que auténticamente se cumpla, como es la reclusión.
Pero además, los gobiernos de los estados carecen de la posibilidad táctica y de armamento requerida para blindar adecuadamente a los penales, que en este caso incluye preparación y fuerza militar.
Se antoja de mayor factibilidad que el gobierno federal opere con el modelo de penales de máxima seguridad ubicados en zonas estratégicas, debidamente resguardados y protegidos con la fuerza necesaria, fuera de la mancha urbana de las ciudades.
La operación de estos ceresos, como ya ocurre en La Palma, por ejemplo, se efectúa entonces bajo estrictos procedimientos de seguridad que no se pueden aplicar, por sentido social y humano, a miles de internos del fuero común encerrados a lo largo y ancho del territorio nacional en los ceresos estatales.
Para colmo, las participaciones federales que se destinan a la manutención de los reos del orden federal son escasas e insuficientes, estrangulando a las entidades federativas desde el punto de vista operativo de manera incongruente: por un lado les exijo seguridad máxima porque ahí tengo internos y por el otro no suministro los recursos necesarios, en la necesaria y elemental lógica, constituyendo un absurdo perverso.

En letras doradas

Es un mecanismo adecuado de las administraciones públicas entregar reconocimientos para estimular en la sociedad el cumplimiento de los más altos valores de compromiso comunitario y social.
Para un ciudadano, recibir una condecoración del ayuntamiento, por reconocerse en su persona méritos sobresalientes, es motivo de orgullo, pero además, compromiso por continuar aportando en la construcción de un México cada día más justo y equilibrado.
Juan Antonio Lavín, alcalde de Córdoba, Veracruz, no se equivocó al llevar a Cabildo, en ese bello palacio Municipal, la propuesta para que el nombre de Macarita Elizondo Gasperín, quedará impreso en letras doradas.
Macarita es una abogada prestigiada, especialista en materia electoral. Destacó por su desempeño en una magistratura regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente ocupa el único espacio que la mujer tiene en el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Ha sido una defensora de la equidad de género, pero por encima de ello, ha buscado prevalecer en sus participaciones una contienda electoral que amplíe la participación democrática de la ciudadanía, en la más completa libertad.
Su formación jurisdiccional la lleva a convertirse, sin duda, en el pilar procedimental del órgano electoral federal, en una suerte de conciencia del más completo apego a la legalidad, en una materia que se ve presionada constantemente por los más diversos intereses políticos, por cierto, no todos ellos legítimos.
Macarita no es ajena a Chihuahua. Ha pisado esta tierra en varias ocasiones donde ha compartido sus conocimientos con el foro de abogados.
En una de sus primeras visitas me tocó en suerte atenderla en un programa de radio universitario, acompañada del maestro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien concedió una de las pocas charlas en radio. Hablamos del derecho y la justicia, y como ésta debía prevalecer.
Ese es el pensamiento de ella, una mujer de una sola pieza, una doctora en Derecho, merecedora en la UNAM de la medalla de plata “Gabino Barreda”, al mérito educativo, quien representa uno de los activos más importantes de la democracia en nuestro país, a partir de diciembre, con su nombre en letras doradas en su natal Córdoba, Veracruz.

Un as

Un as bajo la manga debe tener Alejandro Encinas para manifestar públicamente que cumple con el requisito de residencia en el Estado de México y de esta manera contender por la candidatura a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática.
Es obvio que antes de acudir a la reunión donde Jesús Ortega y Marcelo Ebrard lo respaldaron en sus pretensiones, Alejandro y ellos, debieron revisar con lupa las condiciones de la competencia electoral, no solo en el madruguete a Andrés Manuel, sino en los aspectos técnicos de cumplimiento de requisitos.
Lo digo porque el aspirante de la izquierda mexicana se encuentra en un brete nada fácil de resolver, tomando en cuenta que el órgano electoral federal cuenta con antecedentes que le serán útiles a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al momento de resolver la impugnación -que se anticipa- habrá de llegar, como es el caso de su credencial de elector y la acreditación de residencia con motivo de su elección como diputado federal en la capital del país, específicamente en la zona de Coyoacán.
El problema inicia con los requisitos legales para ser candidato al gobierno del estado de México. El artículo quince del código electoral respectivo establece que se deberá cumplir con el numeral sesenta y ocho de la constitución, que apunta: “Para ser Gobernador del Estado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos; II. Ser mexiquense con residencia efectiva en su territorio no menor a tres años o vecino del mismo, con residencia efectiva en su territorio no menor a cinco años, anteriores al día de la elección”.
Y remata en un segundo párrafo “se entenderá por residencia efectiva para los efectos de esta Constitución, el hecho de tener domicilio fijo en donde se habite permanentemente”.
El Código civil del Estado de México es muy claro al señalar en el artículo 2.17 que “el domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle”.
Y en cuanto al domicilio presumible de las personas físicas, como es el caso, agrega que -artículo 2.18- “se presume el propósito de establecerse permanentemente en un lugar, cuando se reside por más de seis meses en él, siempre y cuando no sea en perjuicio de terceros”.
La Sala Superior, tesis S3ELJ 04/2004, ha establecido que –no es nada sencillo demostrar artificialmente una residencia- porque las certificaciones municipales de domicilio deben valorarse a la luz de los elementos en que se apoyen. Esto es, no basta con una simple declaración de la autoridad municipal en materia de residencia, sino que deben estar apoyadas en elementos objetivos, como es el caso de que “…se sustenten en hechos constantes en expedientes o registros, existentes previamente en los ayuntamientos respectivos, que contengan elementos idóneos para acreditar suficientemente los hechos que se certifican…”
Tal vez el aspirante podrá conseguir una certificación de un ayuntamiento perredista que establezca su residencia, pero este documento deberá estar soportado en elementos objetivos.
Por si fuera poco demostrar objetiva y eficazmente la residencia, Alejandro Encinas deberá superar dos momentos: la indagatoria de oficio que despliegue el órgano electoral estatal en el Estado de México, y posteriormente, la impugnación que hagan al respecto los partidos interesados.
La cuestión es que el PRD corre el riesgo, de insistir en el registro, feneciendo las etapas del proceso electoral, de quedarse sin candidato al gobierno del Estado de México.
En esa teoría, Marcelo y Jesús habrán sufrido un serio descalabro, frente a un AMLO que se fortalece con una candidatura en la figura de Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien deberá ser registrada en tiempo y forma, de lo contrario la izquierda se habría quedado sin participación legal en la contienda.

Lo inmediato

La situación educativa nacional es dramática.
La eficiencia terminal en educación básica es aceptable pero aún existe mucho por hacer con 93.8 por ciento en primaria y un 80.9 en secundaria. Pero se torna aún más complicada en el nivel profesional técnico (46.0) y bachillerato (61.7).
El fenómeno de los jóvenes que ni trabajan ni estudian se convierte en una fuente interminable de carne de cañón para el crimen organizado, donde la edad promedio de vinculación se encuentra entre los 14 y los diecinueve.
Son importantes los esfuerzos de las entidades federativas por impulsar una modificación en los indicadores con base en eficiencia y calidad, inversión local del sector público y privado, las estrategias personales de los titulares de las áreas educativas locales, tienen sin duda una importante influencia.
Sin embargo los esfuerzos parecen chocar contra las necesidades inmediatas, como es el caso de la atención a la violencia y a los desastres naturales.
La Presidencia de la República parece tener más interés en atacar los problemas inmediatos que plantear una estrategia a largo plazo. El caso de la educación parece el ejemplo más palpable, donde se advierte una especie de abandono.
Es cierto que pensar en salvar lo inmediato, como es atender las zonas afectadas por desastres naturales, junto con la violencia, son un argumento sumamente fuerte para reducir recursos al área educativa. Empero es un mal mensaje y una mala decisión.
Es un mal mensaje porque la reducción de cerca de ochenta millones al presupuesto educativo tendrá afectación directa en la atención de 170 mil niños y adolescentes con capacidades diferentes y en los proyectos especiales de educación de excelencia en 23 mil jóvenes y niños.
Esta fue la queja del secretario de educación, relacionada con la decisión legislativa del recorte. Lo curioso y dramático es que hasta ahora, a unos días de entrar en vigor el ejercicio presupuestal, se den cuenta de la afectación, y no se haya hecho nada en su momento.
Habla de un descuido por parte del sector educativo oficial federal en relación con el presupuesto. ¿Qué pasó con los operadores del presupuesto por parte del gobierno federal?
Seguramente estaban ocupados por cuidar especialmente el recurso destinado para enfrentar el crimen organizado. ¿Eso es malo? Creo que no. La seguridad pública merece toda la atención, pero al cuidar lo inmediato únicamente, nos vamos en forma exclusiva a atender políticas coyunturales y dejamos de lado la solución de fondo al problema del crimen organizado, que es la educación.
Un cuarenta por ciento de los estudiantes de bachilleres no terminan sus estudios.
Sin oportunidades terminan por engrosar las filas de los desempleados, empleados mal pagados, trabajadores del comercio informal, y por último, desafortunadamente, acabar en filas del crimen organizado.

Federalismo fiscal

El combate a la inseguridad es una de las principales prioridades del gobierno para el dos mil once. En eso estamos de acuerdo con el presidente Felipe Calderón.
El año que acaba de concluir cerró con la cifra más alta de ejecuciones vinculadas con el crimen organizado, donde muchas de esas personas fueron víctimas inocentes, cuyas familias aún se preguntan ¿por qué?
La Presidencia de la República seguramente tendrá como respuesta que son muertes inevitables en una guerra necesaria por limpiar el país de las drogas y la extorsión, los principales delitos cometidos por grupos violentos en todas –sin excepción- las entidades del país.
No se discute que en una guerra haya víctimas inocentes. Desafortunadamente la realidad se impone. La cuestión es que la estrategia continúa equivocada.
A fines de semana se publicó una entrevista del gobernador de Jalisco, Emilio González, donde se trasluce de su explicación en materia de seguridad que las policías estatales se harán cargo de la persecución de los integrantes del crimen organizado en aquellos lugares donde los ayuntamientos carezcan de la fuerza suficiente para hacerlo.
¿Desde cuándo y en qué momento es competencia de las autoridades estatales combatir un delito que de origen, constitucional y legal es federal?
Se comprende que de la ineficacia federal para hacerlo, y de la presión que desde el centro se ejerce para que las entidades federativas asuman una responsabilidad que no les corresponde, para lo cual además carecen de los elementos financieros para hacerlo.
Es obvio que la tendencia federalizante que la autoridad central desarrolla desde hace varios años debe alcanzar también el aspecto fiscal.
Sí son las autoridades estatales las responsables de combatir el principal problema que enfrenta el país, deben también tener la posibilidad de allegarse de los recursos suficientes para ello: la solución no es enviar más facultades, sino acompañarlas de recursos económicos para desarrollarlas eficazmente.
Una auténtica federalización fiscal implicaría que las entidades federativas cobren los impuestos y los distribuyan a su vez a la federación, en un porcentaje que le permita sobrevivir solo administrativamente, ya que se ha adelgazado a grado tal que la educación, la salud y ahora la seguridad pública completa ha sido trasladada a las administraciones estatales, con la ministración económica mínima.
¿Por qué no hacer lo mismo con el aspecto fiscal?
Encuentro muchas razones por las cuales debe ser el gobierno federal quien asuma la titularidad fiscal, pero también las encuentro, y de sobra, para que auténticamente ejerza su responsabilidad en materia de seguridad pública en las materias que le competen, en lugar de trasladar culpas a los Estados y Municipios, involucrándolos en una estrategia inadecuada.