Compañías telefónicas monopólicas

La existencia absoluta de una economía de libre mercado no puede ser permitida, porque sería dejar a los consumidores en la total desventaja frente a las grandes empresas que se disputan millonarias ganancias a costa de ellos.
Esta es una de las razones por las cuales en México ha avanzado la consolidación de un sistema protector del consumidor, que en la regulación de competencia encuentra una de las principales herramientas.
El problema es que luego el marco normativo no evoluciona tan rápidamente como las diferentes situaciones lo exigen. Aunque esto es normal por el sistema rígido de legislación que prevalece en el país, la falla debe ser subsanada con criterios protectores por parte del órgano responsable de evitar los monopolios y las prácticas monopólicas. El problema es que no ocurre así.
Este órgano es la Comisión Federal de Competencia, que acaba de imponer una millonaria multa, histórica, a la empresa Telcel, por el orden de los 11 mil 989 millones de pesos, por reincidir en la comisión de una práctica monopólica relativa, en esta ocasión en el mercado de terminación de llamadas en su red de telefonía móvil.
Ahora, la Comisión prepara otra sanción contra la misma empresa, pero en esta ocasión con motivo de dominancia en el mercado de interconexión, lo cual podría derivar en una regulación especial en la materia.
Para darnos una idea de las consecuencias de la práctica monopólica señalada a Telcel pensemos en que provocó en los usuarios de otras compañías telefónicas un pago adicional de 72 mil millones de pesos. Y decimos, provocó en los usuarios ese pago, porque seguramente las empresas derivaron en ellos el costo de la práctica monopólica.
¿Qué significa la primera resolución de la Comisión Federal de Competencia? Que Telcel cobra a los usuarios de otras compañías una tarifa de interconexión más alta que a sus propios usuarios.
El problema es que el resto de las compañías hacen lo mismo y la Comisión no se pronunció al respecto, bajo la base de que carecen de un poder sustancial en el mercado, lo cual es cuestionable.
Hasta hace dos años, Telcel acumulaba 56.3 millones de usuarios de telefonía celular, lo cual representa cerca del setenta por ciento del mercado total. Existe una dominancia en el mercado. Nadie lo discute.
La cuestión es que sin ejercer ese nivel de dominancia, Movistar tiene 15.3 millones de usuarios cautivos y Iusacell, 3.5 millones. ¿Acaso no existe en estas empresas un poder sustancial en el mercado?
Donde existe la misma razón, debe existe el mismo derecho. Lo que sanciona la Comisión en Telcel no lo sanciona en Movistar y Iusacell, a pesar de que entre ambas compañías representan casi veinte millones de usuarios.
Una resolución adecuada de la Comisión es sancionar la conducta y por tanto, proscribirla, a través de una resolución que sancione a las otras compañías que escudándose en su baja participación en el mercado realizan prácticas de índole monopólicas, ya que ejercen un poder sustancial en sus consumidores.
El concepto prácticas monopólicas tiene que ser modificado desde la misma Ley para evitar una interpretación estrictamente literal por parte del órgano responsable de cuidar los intereses de los consumidores a través de la aplicación del marco regulatorio en materia de competencia económica anti-monopolio.
El Estado, llámese en este caso el gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Competencia, no puede ser omisa al respecto, ello sería sumamente irresponsable.

Ya basta señor presidente

Tiene razón el señor presidente al realizar manifestaciones desesperadas contra quienes le han solicitado que rectifique el camino en el combate al crimen organizado.
Tiene también la razón cuando pide a la sociedad una mayor participación en las tareas de denuncia de los criminales que desde la sombra violentan la tranquilidad de las familias.
Tiene razón cuando señala que no es la solución retirar al ejército de las calles.
Hay razón en él, porque hasta el momento ha demostrado la incapacidad de construir un liderazgo desde el gabinete federal para enlazar una adecuada estrategia basada en la inteligencia financiera –fundamentalmente- para ahogar los ríos de recursos económicos que administra el crimen organizado.
También está en la justa razón porque la sociedad se siente abandonada por la federación, quien ha asumido la posición cómoda de acusar a las entidades federativas y a los municipios de ser los responsables de la violencia, cuando la misma es origen del crecimiento y diversificación del crimen organizado, que precisamente le corresponde atender al ámbito federal.
Y ahora en el colmo, lacerada y golpeada, la sociedad es llamada a construir la trinchera contra el crimen, con un reclamo en cadena nacional, que más bien parece una aceptación de incapacidad.
El presidente sabe que enfrenta la peor crisis de su gobierno, en un momento crucial, de cara a la renovación del poder ejecutivo.
Sabe que los penales tienen un severo problema de saturación, donde la carga se cimenta en las entidades federativas, que tienen que resguardar a peligrosos delincuentes del crimen organizado en situaciones de hacinamiento y defectos de seguridad, derivadas de la falta de apoyo federal.
Al 2006, el 53 por ciento de los centros penitenciarios del país tenían sobrepoblación con casos extremos como el de Chiapa de Corzo, con un 837 por ciento.
Sabe también que las corporaciones policiacas municipales y estatales deben ser reforzadas ante la federalización del delito de narcomenudeo, que deberá ser atendido por las corporaciones locales virtud a la reforma de 2009, sólo que esto ocurrirá sin más recursos económicos.
Es obvio que la federación por sus responsabilidades cuente con el mayor techo presupuestal. De los 89 mil millones de pesos autorizados para 2011, solo siete mil fueron enviados a las entidades y municipios a través del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública.
Es lógico que por esa concentración de recursos para seguridad pública, la federación asuma la mayor responsabilidad, y que en la medida en que esas responsabilidades son trasladadas a las entidades, también exista un traslado de recursos financieros de manera proporcional.
Pero esto no ocurre así.
Por ese motivo, el ya basta presidencial es inoportuno, dramático y meramente mercadológico.
Los ciudadanos esperan un Ya basta auténtico desde las políticas públicas que con eficiencia combatan el delito, recuperen los espacios, generen empleo y reactivación económica.

Actitud irresponsable

Es verdaderamente complicado para la Presidencia de la República defender el punto. Por ello, tal vez, ahora requieran de la intervención defensiva por parte de un alto funcionario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en una estrategia mercadológica de empate en la opinión pública frente a las declaraciones del dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Humberto Moreira.
Se sostiene, por parte del PAN, en eco de las afirmaciones en las cuales ha sido insistente el aparato de seguridad federal, que las administraciones estatales y municipales han sido incapaces de frenar la violencia.
La cuestión es que se olvida que la violencia, entendida así en términos generales, es representada por conductas delictivas de distinta índole, llamadas a ser atendidas, sancionadas o corregidas por una autoridad competente.
¿Es competente la autoridad estatal y la municipal para combatir la violencia inusitada desplegada por los grupos del crimen organizado? Sí lo es, en función de la necesaria colaboración que debe existir entre los diversos niveles de gobierno, sobre todo en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo.
Sin embargo, existe en el diseño institucional de combate a los delitos una distribución de competencias, en donde la federación, los estados y los municipios, enfrentan distintas categorías, es así como es ordinario escuchar la existencia de un fuero federal, uno común, y otro rango de faltas al bando de policía y buen gobierno, respectivamente.
No es caprichosa la determinación de competencias, sino que tiene que ver con una lógica de la fuerza y atención que requiere cada delito al ser atendido. Por eso mismo, los delitos contra la salud son del orden federal, aún, ya que la tendencia es arrojar a las entidades federativas la responsabilidad completa, en un juego extraño porque nadie resulta beneficiado de ello, más que el presidente en turno que se lava las manos.
Estos delitos son del orden federal por diversas razones, entre ellas las fuerzas económicas que implican, su naturaleza internacional en muchos casos, la extraterritorialidad en la comisión de los ilícitos, entre otros, lo cual implica que se requiere de la mayor atención por parte de la máxima autoridad, en este caso el gobierno de la república. Pero hay otra razón, la capacidad de personal especializado y armamento, con lo cual solo cuenta el gobierno federal.
Cuando se habla de combate a la violencia no estamos hablando de los incidentes ordinarios o extraordinarios del fuero común, un secuestro aislado, un homicidio o un robo a mano armada: estamos hablando de delincuencia organizada, con recursos económicos, armamento y personal, con un fuerte poder de corrupción, que requiere necesariamente ser atendido por la autoridad con mayor fortaleza y capacidad.
No sé hasta donde la tendencia del gobierno federal mexicano de enviar a las entidades federativas la responsabilidad de combate a la violencia propiciada por el crimen organizado, sea congruente con las políticas internacionales; incluso, hasta que punto representa una actitud irresponsable, bajo la mirada simplemente electoral de los tiempos que se avecinan.

Calderón y su fracasada coalición

El Sí en el Estado de México de los militantes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática no fue suficiente para concretar la alianza impulsada desde los Pinos.
Finalmente los grupos radicales impidieron el afán presidencial y precipitaron, de manera accidentada, un final de telenovela que aún no concluye de manera formal y que dejó con un palmo de narices a quienes participaron en la consulta, en una cuestión que seguramente tendrá efectos en las urnas.
Lo más delicado en el análisis posterior es que al recorrer el telón aparece como principal impulsor el Presidente Calderón, asumiendo un papel meta-constitucional, que en teoría habría renunciado, en la sana distancia hacia su partido, pero que ejerce en un doble lenguaje político-electoral.
No habían transcurrido unas horas en que Gustavo Madero y Jesús Ortega, dirigentes nacionales del PAN y PRD, alzaban la mano en señal de triunfo con un Sí contundente a la alianza política antinatural ideológica, cuando los grupos se cerraron hacia el interior de los institutos políticos.
Por un lado Andrés Manuel López Obrador, en una operación estratégica con Marcelo Ebrard, apuntalan a Alejandro Encinas, como su candidato, pese a sus problemas legales de registro, en una postura radical de la izquierda perredista, por el otro la ultraderecha impulsa a uno de sus líderes nacionales Felipe Bravo Mena, eliminando cualquier posibilidad de conciliación bajo la óptica simple de que los extremos no se unen, menos cuando se trata de los extremos radicales.
Obvio es que las propuestas impulsan la polarización en el choque, sin posibilidades de negociación, lo que vino a dar con el traste a la pretendida coalición, en un rotundo fracaso partidista, consecuencia natural, creo, de los problemas internos que ya se deben estar dando para acomodar la distribución de piezas y gobernabilidad en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, donde PRD y PAN co-gobiernan.
Lo lamentable de toda esta situación es que los ciudadanos que creyeron en la coalición y acudieron a las urnas a votar verán con decepción que la política partidista no cambia; que son sujetos de manipulación para apoyar ideas cupulares bajo un pragmatismo electoral inmediatista impulsado desesperadamente desde los Pinos, como lo revela la inocente declaración de la Secretaria Nacional del PAN, después de una reunión convocada urgentemente por el Presidente Calderón.
La coalición es un instrumento de la mercadotecnia electoral muy alejada aún de generar condiciones reales de gobernabilidad y co-gobierno, menos aún con segundas y terceras mayorías no afines ideológicamente.
En una estrategia pragmática, el impulso de la coalición generaba un piso electoral interesante, con cerca de 300 mil votos: expectativa en una solución de conciliaciones y posibles gobernabilidades entre extremos, plataforma necesaria para una coalición hacia el 2012. El mensaje ahora es contrario: hay un desgaste institucional del PRD y PAN que avizora una debacle en las pretensiones aliancistas del próximo año, y un triunfo de las posiciones radicales, que regresa al tablero político mexicano el concepto izquierda-centro-derecha, contra el modelo centro-socialdemocracia, este último conformado momentánea y arficialmente por la izquierda y derecha mexicana, que en común no tienen nada.