Actitud irresponsable

Es verdaderamente complicado para la Presidencia de la República defender el punto. Por ello, tal vez, ahora requieran de la intervención defensiva por parte de un alto funcionario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en una estrategia mercadológica de empate en la opinión pública frente a las declaraciones del dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Humberto Moreira.
Se sostiene, por parte del PAN, en eco de las afirmaciones en las cuales ha sido insistente el aparato de seguridad federal, que las administraciones estatales y municipales han sido incapaces de frenar la violencia.
La cuestión es que se olvida que la violencia, entendida así en términos generales, es representada por conductas delictivas de distinta índole, llamadas a ser atendidas, sancionadas o corregidas por una autoridad competente.
¿Es competente la autoridad estatal y la municipal para combatir la violencia inusitada desplegada por los grupos del crimen organizado? Sí lo es, en función de la necesaria colaboración que debe existir entre los diversos niveles de gobierno, sobre todo en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo.
Sin embargo, existe en el diseño institucional de combate a los delitos una distribución de competencias, en donde la federación, los estados y los municipios, enfrentan distintas categorías, es así como es ordinario escuchar la existencia de un fuero federal, uno común, y otro rango de faltas al bando de policía y buen gobierno, respectivamente.
No es caprichosa la determinación de competencias, sino que tiene que ver con una lógica de la fuerza y atención que requiere cada delito al ser atendido. Por eso mismo, los delitos contra la salud son del orden federal, aún, ya que la tendencia es arrojar a las entidades federativas la responsabilidad completa, en un juego extraño porque nadie resulta beneficiado de ello, más que el presidente en turno que se lava las manos.
Estos delitos son del orden federal por diversas razones, entre ellas las fuerzas económicas que implican, su naturaleza internacional en muchos casos, la extraterritorialidad en la comisión de los ilícitos, entre otros, lo cual implica que se requiere de la mayor atención por parte de la máxima autoridad, en este caso el gobierno de la república. Pero hay otra razón, la capacidad de personal especializado y armamento, con lo cual solo cuenta el gobierno federal.
Cuando se habla de combate a la violencia no estamos hablando de los incidentes ordinarios o extraordinarios del fuero común, un secuestro aislado, un homicidio o un robo a mano armada: estamos hablando de delincuencia organizada, con recursos económicos, armamento y personal, con un fuerte poder de corrupción, que requiere necesariamente ser atendido por la autoridad con mayor fortaleza y capacidad.
No sé hasta donde la tendencia del gobierno federal mexicano de enviar a las entidades federativas la responsabilidad de combate a la violencia propiciada por el crimen organizado, sea congruente con las políticas internacionales; incluso, hasta que punto representa una actitud irresponsable, bajo la mirada simplemente electoral de los tiempos que se avecinan.