Necesaria intervención del IFE

Es cierto que no le queda de otra a Santiago Creel que caminar sobre cuerda floja para obtener la candidatura de su partido a la presidencia de la república.
La cuestión es que se expone, de ganar la interna a una nulidad por violar flagrantemente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, realizando precampaña fuera de los tiempos legales y de la forma autorizada oficialmente.
Sus correligionarios juegan más inteligentemente con el “score”: agazapados trabajan prudente y metódicamente a los cuadros al interior del Partido Acción Nacional para obtener el apoyo de los liderazgos naturales que existen a lo largo y ancho del territorio nacional, sin exponerse mediática ni jurídicamente.
Las precampañas son reguladas después de un largo periodo de evolución que inicia con un desconocimiento de las mismas a través de una omisión legal hasta una amplia normatividad que señala un procedimiento concreto que trata de garantizar la igualdad de condiciones al interior de los partidos políticos, respetando el derecho de todo militante a ser postulado, y por otro lado, busca generar un uso de recursos económicos transparente y limitado a un techo financiero, donde es la misma autoridad quien provee la mayor cantidad de recursos a través del financiamiento.
La omisión en la regulación de las precampañas generaba no solo un gran gasto mediático y operativo por parte de los aspirantes a una candidatura, sino la exposición desde mucho tiempo antes de la jornada electoral de personajes que a través de ese recurso anticipado obligaban a una percepción pública de aceptación y secuestro virtual de los partidos.
Pero además generaba un gran vacío legal en el origen y destino de los recursos económicos utilizados en estas acciones anticipadas de campaña, que no era posible sujetar al escrutinio público por parte de los órganos fiscalizadores.
Con la regulación, que incluye el uso de espacios en radio y televisión, se busca generar una mayor certeza en el proceso electoral todo, incluyendo la fase previa a la elección de los candidatos.
Por ejemplo, antes del 20 de septiembre anterior al del año electoral, dice la legislación federal, el Instituto Federal Electoral deberá sugerir los lineamientos que contienen sugerencias a medios de comunicación en el manejo de la información que tenga que ver con precampaña y campaña electoral.
Establece una amplia legislación en materia de fiscalización y financiamiento público; un método de registro ante los partidos políticos, quienes deberán realizar diversos actos para garantizar equidad en la contienda, topes, financiamiento, propaganda, reuniones, etcétera.
La cuestión es que, habiendo un procedimiento, éste tiene un inicio y un final. Los partidos deben hacer del conocimiento del Instituto Federal Electoral estas fechas así como el método de selección con un cierto tiempo de anticipación.
Todavía el Partido Acción Nacional no realiza esta comunicación al Instituto Federal Electoral. En el caso en particular, las precampañas inician la tercera semana de diciembre del año anterior al de la elección.
Y ya Santiago Creel se manifiesta abiertamente precandidato. Los medios de comunicación así recogen y multiplican su expresión, incluso realizó un acto partidista que contiene los elementos de un acto de precampaña, que se transmitió por televisión en vivo.
Santiago sabe que no le queda de otra. Tiene que jugarla así ante la cargada presidencial por el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien por cierto no prende ni prenderá, con un lastre de pobreza que el modelo económico no ha podido superar.
La cuestión es que es tan flagrante la violación que se impone la intervención del Instituto Federal Electoral para poner un alto.