Parece que en el ámbito federal, fuera del uso mediático profuso, no se comprende a cabalidad que en chihuahua subsiste una emergencia inédita: la violencia relacionada con el crimen organizado.
Todo parece que es así porque mientras a nivel local se realizan esfuerzos por combatir un fenómeno que de origen corresponde a la federación, por encontrarse catalogados como delitos de éste ámbito –secuestro, asalto, robo, homicidio, perpetrados por delincuentes organizados mediante el uso de armas de fuego exclusivas del ejército-, el ejecutivo y el judicial, poderes ambos federales, asumen decisiones omisas.
Un juez federal niega competencia para juzgar al presunto responsable de más de mil quinientos crímenes, entre ellos, el asesinato del personal de la embajada norteamericana en Juárez; el juzgado de distrito se niega a seguir el proceso por los homicidios, evidentemente vinculados a la actividad principal, que es la delincuencia organizada.
La Procuraduría General de la República, tras la detención, asumió la atracción de los homicidios, toda vez que se encuentran vinculados con la actividad criminal principal. El juez de distrito se niega a procesarlo por este delito. Ahora tendrá que resolver un tribunal colegiado la competencia, en un asunto que debiera entenderse de mero trámite.
En el mismo sentido, de evadir responsabilidades, el gobierno federal recorta en 2011 los recursos públicos asignados mediante Subsemun, el subsidio de seguridad para municipios, en 38 millones de pesos, poco más de un tercio de los recursos que recibía el ayuntamiento de chihuahua.
Las administraciones anteriores, por cierto emanadas del Partido Acción Nacional, recibieron 98 millones de pesos. Así ocurrió el 2010. Para 2011, ya con administración priísta, la federación envío solo 61 millones de pesos.
La reducción presupuestal generó posiciones encontradas que culminaron con un acuerdo donde el entonces secretario de gobernación Francisco Blacke se comprometió, mediante la intervención del gobernador César Duarte, a respetar el histórico presupuestal para la capital de chihuahua.
Sin embargo, todo quedo en promesas. Ahora se niega el compromiso asumido de restituir los 38 millones y regresar a chihuahua al nivel de recurso autorizado vía Subsemun. Para 2012 se autorizan solo los 61 millones de pesos, cuando Chihuahua había presentado un programa de fortalecimiento en seguridad pública por 130 millones de pesos, donde destacan profesionalización, equipamiento, infraestructura y prevención de adicciones.
Es paradójico que la misma federación, por un lado, a través del secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconozca en chihuahua el esfuerzo extraordinario, donde por ejemplo, se han invertido 120 millones en mejora salarial de los elementos policiacos, recursos obtenidos de políticas de ajuste administrativo ordenadas por el alcalde Marco Adán Quezada, que al final han mejorado la seguridad, y por el otro lado, en un doble discurso, los recursos se ajusten.
Reducir el financiamiento federal para combatir el crimen es una estrategia equivocada. La situación inédita de chihuahua requiere los mayores apoyos y las decisiones más adecuadas de parte de la federación: que los tribunales asuman su responsabilidad de juzgar por atracción los delitos vinculados a crímenes del orden federal y que el Subsemun sea administrado sin tintes o colores partidistas: que simplemente retorne al histórico presupuestal, actualizado, del 2010.
martes, 31 de enero de 2012
martes, 24 de enero de 2012
Indiferencia
El pasado 12 de enero, el Presidente Felipe Calderón se paseo, bromeo, recomendó sitios turísticos de paseo, en un lujoso hotel de Cancún frente a los directivos latinoamericanos de Banco Santander, ante quienes presumió que las reservas internacionales mexicanas permiten pagar dos veces la deuda externa.
Tiene razón. México cuenta con reservas internacionales, de acuerdo al corte del 17 de enero del año en curso, por un monto de 144 mil 112 millones de dolares, 1 mil 637 millones más que al cierre del 31 de diciembre del 2011.
La política neoliberal acentuada en el gobierno panista de Fox y Calderón privilegia la macroeconomía, en un sistema económico globalizado y consumista: los indicadores macro hablan de estabilidad con un crecimiento lento y una inflación controlada, un mercado abierto a las grandes inversiones extranjeras, que propicia un consumo inmoderado sobre todo en servicios.
La cuestión es que este fenómeno no se refleja en mejora en las condiciones de vida de quienes menos tienen y mucho menos privilegia la actividad económica primaria, como es la producción agropecuaria, que ha sido condenada a una despiadada competencia de precios.
La pobreza se ha agudizado. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre el 2008 y el 2010 el número de pobres aumento en 3.2 millones. De los 113 millones de habitantes en el país, unos 12 millones se encuentran en pobreza extrema.
La administración federal se ha cuidado de proteger la reserva internacional olvidando que se trata de un medio y no un fin: ¿de que sirve contar con recursos ociosos si la situación en el país empeora?
El campo es un ejemplo de ello. El gobierno de la república escamotea diez mil millones de pesos en apoyo al campo para enfrentar la emergencia producida por las heladas y las inundaciones, 756 millones de dólares al tipo de cambio, y se pavonea de contar con reservas por el doble de la deuda.
Si la finalidad es la estabilidad económica y las reservas son un medio para ello, incrementar el monto de las mismas por arriba de un indicador racional, representa una actitud indiferente y autista, pero que además pone en riesgo la gobernabilidad.
Cientos de campesinos marcharon al Distrito Federal a presionar los apoyos emergentes que el campo necesita. Los indignados del campo del Norte del país, bajo la declaración Chihuahua, exigen los recursos necesarios para enfrentar la crisis económica provocada por los fenómenos meteorológicos recientes.
A ellos se sumarán en los próximos días contingentes de todo el país. Mientras tanto, el gobierno federal solo atina a enviar aspirinas: 600 millones graneados para fortalecer la red hidráulica a través del Fondo Nacional de Desastres.
La inversión estructural es necesaria, indispensable, en la solución a largo plazo. Pero Chihuahua se encuentra en situación de emergencia, igual que veinte entidades: Solo en Chihuahua se requieren 2 mil 200 millones de manera inmediata en el corto e inmediato plazo para enfrentar la crisis alimentaria y fortalecer la infraestructura para la captación de agua: en el país se ha calculado en los 10 mil millones, un paliativo suficiente del orden del .52 por ciento de las reservas internacionales.
Es bien contar con una visión de largo plazo, estructurales, como ha insistido el titular del Ejecutivo Federal: el problema es que esta visión se construye en tramos de corto plazo, que no admiten demora, como está ocurriendo con las políticas federales de auxilio al campo mexicano.
Tiene razón. México cuenta con reservas internacionales, de acuerdo al corte del 17 de enero del año en curso, por un monto de 144 mil 112 millones de dolares, 1 mil 637 millones más que al cierre del 31 de diciembre del 2011.
La política neoliberal acentuada en el gobierno panista de Fox y Calderón privilegia la macroeconomía, en un sistema económico globalizado y consumista: los indicadores macro hablan de estabilidad con un crecimiento lento y una inflación controlada, un mercado abierto a las grandes inversiones extranjeras, que propicia un consumo inmoderado sobre todo en servicios.
La cuestión es que este fenómeno no se refleja en mejora en las condiciones de vida de quienes menos tienen y mucho menos privilegia la actividad económica primaria, como es la producción agropecuaria, que ha sido condenada a una despiadada competencia de precios.
La pobreza se ha agudizado. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre el 2008 y el 2010 el número de pobres aumento en 3.2 millones. De los 113 millones de habitantes en el país, unos 12 millones se encuentran en pobreza extrema.
La administración federal se ha cuidado de proteger la reserva internacional olvidando que se trata de un medio y no un fin: ¿de que sirve contar con recursos ociosos si la situación en el país empeora?
El campo es un ejemplo de ello. El gobierno de la república escamotea diez mil millones de pesos en apoyo al campo para enfrentar la emergencia producida por las heladas y las inundaciones, 756 millones de dólares al tipo de cambio, y se pavonea de contar con reservas por el doble de la deuda.
Si la finalidad es la estabilidad económica y las reservas son un medio para ello, incrementar el monto de las mismas por arriba de un indicador racional, representa una actitud indiferente y autista, pero que además pone en riesgo la gobernabilidad.
Cientos de campesinos marcharon al Distrito Federal a presionar los apoyos emergentes que el campo necesita. Los indignados del campo del Norte del país, bajo la declaración Chihuahua, exigen los recursos necesarios para enfrentar la crisis económica provocada por los fenómenos meteorológicos recientes.
A ellos se sumarán en los próximos días contingentes de todo el país. Mientras tanto, el gobierno federal solo atina a enviar aspirinas: 600 millones graneados para fortalecer la red hidráulica a través del Fondo Nacional de Desastres.
La inversión estructural es necesaria, indispensable, en la solución a largo plazo. Pero Chihuahua se encuentra en situación de emergencia, igual que veinte entidades: Solo en Chihuahua se requieren 2 mil 200 millones de manera inmediata en el corto e inmediato plazo para enfrentar la crisis alimentaria y fortalecer la infraestructura para la captación de agua: en el país se ha calculado en los 10 mil millones, un paliativo suficiente del orden del .52 por ciento de las reservas internacionales.
Es bien contar con una visión de largo plazo, estructurales, como ha insistido el titular del Ejecutivo Federal: el problema es que esta visión se construye en tramos de corto plazo, que no admiten demora, como está ocurriendo con las políticas federales de auxilio al campo mexicano.
martes, 17 de enero de 2012
Parálisis parlamentaria
Resulta interesante que Enrique Peña Nieto aborde el delicado tema del presidencialismo como sistema de gobierno ante el impulso de corrientes que asumen la necesidad de fortalecer un semi-parlamentarismo como esquema de ejercicio del poder en nuestro país.
Es cierto, como asume el aspirante tricolor, el semi-parlamentarismo resulta una ficción ya que en lugar de consolidarse en la práctica, pese a las modificaciones jurídicas efectuadas en vía de su fortalecimiento, ha devenido en una parálisis legislativa provocada por la atomización que polariza los cuerpos legislativos.
La tendencia que busca avanzar en el aumento de facultades del Congreso de la Unión y sus cámaras, en el ámbito federal, y en los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal, tiene como presupuesto el ejercicio desmedido de fuerza por parte del presidente de la república.
La cuestión es que la alta competencia electoral ha pluralizado el voto logrando pesos y contrapesos naturales en los diversos niveles de gobierno. Así vemos que en el Congreso de la Unión no existe una mayoría simple que permita sacar por si misma modificaciones legales, mucho menos una mayoría calificada que determine variaciones en el marco constitucional. Virtud a las elecciones intermedias del 2009, con la debacle del PAN, PRI tiene el 48 por ciento de los escaños en la cámara de diputados, el PAN el 28%, el PRD el 14 %, el verde ecologista el 5%, el PT el 3% , Nueva Alianza 1% y Movimiento Ciudadano 1%. La composición del senado favorece al PAN con 50, PRI 33, PRD 24, PVEM 7, Movimiento Ciudadano 5, PT 5, y 4 sin grupo. Cualquier reforma debe ser aprobada forzosamente en ambas cámaras.
En algunos países, el partido triunfante obtiene una compensación en la integración del cuerpo legislativo para obtener la mayoría que le permita superar la paralización; en México ocurre al contrario, la clausula de gobernabilidad fue derogada hace tiempo y en cambio se autoriza una sobrerrepresentación que beneficia a los partidos minoritarios, fundamentalmente a la primera minoría.
Imponer un esquema semi-parlamentarista para resolver esta situación implicaría dotar a la primera mayoría de los asientos necesarios para hacer gobierno, regresando a la clausula de gobernabilidad: se fortalece al órgano colegiado en detrimento, en teoría, del titular del ejecutivo.
La cuestión es que al regresar al viejo esquema lo que se fortalece es el ejecutivo, toda vez que resulta inercial históricamente el voto global por el candidato presidencial y el voto por diputados: en lugar de fortalecer un legislativo de origen distinto al ejecutivo termina apoyándose a éste último en el ejercicio del gobierno.
En los comicios de 2006, en la elección de diputados federales, el PAN obtuvo 13 millones 753 mil 633 votos contra 11 millones 941 mil 842 de la coalición Por el bien de todos. En la misma elección presidencial, el PAN obtuvo 15 millones 284 mil votos contra 14 millones 756 mil 350 sufragios de la coalición por el bien de todos. Lo mismo ocurrió en el 2000 y en los comicios donde converge elección presidencial y renovación del legislativo federal. Hay un voto paralelo en términos generales.
Irónicamente podríamos decir que el actual sistema es semi-parlamentario, porque castiga el voto de la mayoría en el congreso, dotando artificialmente de una sobrerrepresentación a las minorías que se convierten en la bisagra de los acuerdos legislativos.
El esquema mexicano ha encontrado en la evolución constitucional matices parlamentarios para lograr equilibrios, como el veto y la facultad de iniciar leyes, por parte del ejecutivo, y del legislativo, el nombramiento de ciertos funcionarios y el juicio político.
Buscar otros rasgos de parlamentarismo, como la designación de un primer ministro por el parlamento o la disolución de éste por el jefe de estado, representan esquemas de gobierno ajenos a nuestra historia.
Es cierto, como asume el aspirante tricolor, el semi-parlamentarismo resulta una ficción ya que en lugar de consolidarse en la práctica, pese a las modificaciones jurídicas efectuadas en vía de su fortalecimiento, ha devenido en una parálisis legislativa provocada por la atomización que polariza los cuerpos legislativos.
La tendencia que busca avanzar en el aumento de facultades del Congreso de la Unión y sus cámaras, en el ámbito federal, y en los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal, tiene como presupuesto el ejercicio desmedido de fuerza por parte del presidente de la república.
La cuestión es que la alta competencia electoral ha pluralizado el voto logrando pesos y contrapesos naturales en los diversos niveles de gobierno. Así vemos que en el Congreso de la Unión no existe una mayoría simple que permita sacar por si misma modificaciones legales, mucho menos una mayoría calificada que determine variaciones en el marco constitucional. Virtud a las elecciones intermedias del 2009, con la debacle del PAN, PRI tiene el 48 por ciento de los escaños en la cámara de diputados, el PAN el 28%, el PRD el 14 %, el verde ecologista el 5%, el PT el 3% , Nueva Alianza 1% y Movimiento Ciudadano 1%. La composición del senado favorece al PAN con 50, PRI 33, PRD 24, PVEM 7, Movimiento Ciudadano 5, PT 5, y 4 sin grupo. Cualquier reforma debe ser aprobada forzosamente en ambas cámaras.
En algunos países, el partido triunfante obtiene una compensación en la integración del cuerpo legislativo para obtener la mayoría que le permita superar la paralización; en México ocurre al contrario, la clausula de gobernabilidad fue derogada hace tiempo y en cambio se autoriza una sobrerrepresentación que beneficia a los partidos minoritarios, fundamentalmente a la primera minoría.
Imponer un esquema semi-parlamentarista para resolver esta situación implicaría dotar a la primera mayoría de los asientos necesarios para hacer gobierno, regresando a la clausula de gobernabilidad: se fortalece al órgano colegiado en detrimento, en teoría, del titular del ejecutivo.
La cuestión es que al regresar al viejo esquema lo que se fortalece es el ejecutivo, toda vez que resulta inercial históricamente el voto global por el candidato presidencial y el voto por diputados: en lugar de fortalecer un legislativo de origen distinto al ejecutivo termina apoyándose a éste último en el ejercicio del gobierno.
En los comicios de 2006, en la elección de diputados federales, el PAN obtuvo 13 millones 753 mil 633 votos contra 11 millones 941 mil 842 de la coalición Por el bien de todos. En la misma elección presidencial, el PAN obtuvo 15 millones 284 mil votos contra 14 millones 756 mil 350 sufragios de la coalición por el bien de todos. Lo mismo ocurrió en el 2000 y en los comicios donde converge elección presidencial y renovación del legislativo federal. Hay un voto paralelo en términos generales.
Irónicamente podríamos decir que el actual sistema es semi-parlamentario, porque castiga el voto de la mayoría en el congreso, dotando artificialmente de una sobrerrepresentación a las minorías que se convierten en la bisagra de los acuerdos legislativos.
El esquema mexicano ha encontrado en la evolución constitucional matices parlamentarios para lograr equilibrios, como el veto y la facultad de iniciar leyes, por parte del ejecutivo, y del legislativo, el nombramiento de ciertos funcionarios y el juicio político.
Buscar otros rasgos de parlamentarismo, como la designación de un primer ministro por el parlamento o la disolución de éste por el jefe de estado, representan esquemas de gobierno ajenos a nuestra historia.
martes, 10 de enero de 2012
Sentencias caprichosas
La anulación de la elección de alcalde en Morelia Michoacán, bajo criterios excesivamente amplios y sin sustento metodológico por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente en Sala Toluca, colocan a los procesos electorales federales en una situación delicada, dado el uso permitido de medios de difusión masiva a favor de los precandidatos del PAN a la presidencia, en perjuicio de los otros contendientes.
Los magistrados electorales determinaron, después del recuento de votos que dio el triunfo al Partido Revolucionario Institucional con Wilfrido Lázaro a la cabeza, que la transmisión en señal nacional del logotipo de dicho instituto político en los calzoncillos de Juan Manuel Márquez y la transmisión periodística del cierre de campaña del candidato a la gubernatura, eran elementos suficientes para anular, sin contar en expediente con un instrumento científico que avalara el impacto mediático en los electores, con solo apreciaciones genéricas de especialistas y un estudio de Ibope, desestimados ambos por insuficientes por el Tribunal Local.
El tribunal, bajo una apreciación genérica considero que este uso de medios de comunicación favoreció al candidato priísta. Los magistrados implemente especularon y con base en esto, anulan la elección.
La apreciación es relevante porque representa un criterio que de ser generalizado debería en estos momentos ser el parámetro para virar el criterio con el cual el Instituto Federal Electoral está permitiendo que los precandidatos del PAN abusen de los tiempos oficiales para posicionarse ante la población electoral abierta, cuando el proceso en el cual se definirá candidato implica solo militantes y adherentes.
Esto es, bajo la argumentación genérica del tribunal federal electoral, hay una clara anticipación de actos de campaña por parte de los precandidatos del PAN, en una evidente inequidad en el uso de los medios de comunicación, ya que mientras los aspirantes internos de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática no pueden posicionarse ante población electoral abierta, sus contrincantes si lo pueden hacer. Este uso inequitativo de los espacios en radio y televisión necesariamente impacta en la conformación del criterio de los electores.
La primera interpretación en el caso de la impugnación de comicios en Morelia era, por así decirlo, estricta jurídicamente: el PAN nunca pudo demostrar el impacto real del uso de medios de comunicación para influir en los comicios, y al no demostrarlo, el razonamiento se considero infundado.
Luego, el Tribunal Federal considera demostrada la violación constitucional y dada la diferencia de votos -2,000- anula los comicios, con base en la presunción de que el uso de medios de comunicación influye en los resultados. Este mismo criterio debería en estos momentos aplicarse en la contienda presidencial: el IFE suspender el uso indebido de tiempos oficiales por parte de los precandidatos del PAN o permitir -y compensar- el uso por parte de los otros precandidatos en contienda.
No hacerlo constituye una grave violación electoral, que el IFE debe remediar o en su caso atender el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando aún restan miles de mensajes en radio y televisión por transmitirse, con un evidente impacto electoral: implica el uso de dos raseros distintos, una justicia electoral aplicada desde el capricho, y lo más delicado, parece corroborar lo que ha venido sosteniendo Cristina Díaz, secretaria general del CEN priísta: una intervención presidencial inaceptable en los criterios electorales de la autoridad.
Los magistrados electorales determinaron, después del recuento de votos que dio el triunfo al Partido Revolucionario Institucional con Wilfrido Lázaro a la cabeza, que la transmisión en señal nacional del logotipo de dicho instituto político en los calzoncillos de Juan Manuel Márquez y la transmisión periodística del cierre de campaña del candidato a la gubernatura, eran elementos suficientes para anular, sin contar en expediente con un instrumento científico que avalara el impacto mediático en los electores, con solo apreciaciones genéricas de especialistas y un estudio de Ibope, desestimados ambos por insuficientes por el Tribunal Local.
El tribunal, bajo una apreciación genérica considero que este uso de medios de comunicación favoreció al candidato priísta. Los magistrados implemente especularon y con base en esto, anulan la elección.
La apreciación es relevante porque representa un criterio que de ser generalizado debería en estos momentos ser el parámetro para virar el criterio con el cual el Instituto Federal Electoral está permitiendo que los precandidatos del PAN abusen de los tiempos oficiales para posicionarse ante la población electoral abierta, cuando el proceso en el cual se definirá candidato implica solo militantes y adherentes.
Esto es, bajo la argumentación genérica del tribunal federal electoral, hay una clara anticipación de actos de campaña por parte de los precandidatos del PAN, en una evidente inequidad en el uso de los medios de comunicación, ya que mientras los aspirantes internos de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática no pueden posicionarse ante población electoral abierta, sus contrincantes si lo pueden hacer. Este uso inequitativo de los espacios en radio y televisión necesariamente impacta en la conformación del criterio de los electores.
La primera interpretación en el caso de la impugnación de comicios en Morelia era, por así decirlo, estricta jurídicamente: el PAN nunca pudo demostrar el impacto real del uso de medios de comunicación para influir en los comicios, y al no demostrarlo, el razonamiento se considero infundado.
Luego, el Tribunal Federal considera demostrada la violación constitucional y dada la diferencia de votos -2,000- anula los comicios, con base en la presunción de que el uso de medios de comunicación influye en los resultados. Este mismo criterio debería en estos momentos aplicarse en la contienda presidencial: el IFE suspender el uso indebido de tiempos oficiales por parte de los precandidatos del PAN o permitir -y compensar- el uso por parte de los otros precandidatos en contienda.
No hacerlo constituye una grave violación electoral, que el IFE debe remediar o en su caso atender el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando aún restan miles de mensajes en radio y televisión por transmitirse, con un evidente impacto electoral: implica el uso de dos raseros distintos, una justicia electoral aplicada desde el capricho, y lo más delicado, parece corroborar lo que ha venido sosteniendo Cristina Díaz, secretaria general del CEN priísta: una intervención presidencial inaceptable en los criterios electorales de la autoridad.
lunes, 2 de enero de 2012
Inequidad electoral
Uno de los pilares fundamentales del sistema electoral mexicano es el de equidad en la participación de los partidos políticos y sus candidatos en la búsqueda, primero de la postulación y segundo, del voto ciudadano para arribar a los distintos puestos de elección popular.
Rota la equidad se atenta en contra de otros postulados torales, como es la imparcialidad y la legalidad, provocando un favorecimiento a uno o varios partidos o candidatos en perjuicio de otros, permitiéndoles una plataforma ilegal en alguna de las estrategias de posicionamiento, como es la promoción de la imagen.
Esta situación está ocurriendo con la interpretación estricta que prohíbe, por un lado, a los aspirantes del revolucionario institucional y de la revolución democrática, acceder a los espacios de radio y televisión, bajo el argumento legal de que, al resultar candidato electo y precandidato único, les está vedada la promoción, al no tener necesidad de buscar el voto interno de sus militantes, pero por otro lado, permite de manera laxa y extraordinariamente flexible una publicidad indebida a los precandidatos presidenciales del Partido Acción Nacional.
Se le olvida al Instituto Federal Electoral observar que los precandidatos del Partido Acción Nacional también están impedidos legalmente para realizar propaganda y aparecer en mensajes de radio y televisión nacional, porque exceden el mercado electoral al cual deben constreñirse estrictamente: es decir, no existe un mecanismo que controle, al utilizarse la difusión masiva, que los anuncios sean solo y únicamente observados por militantes y adherentes.
De acuerdo al artículo 37 del estatuto vigente del Partido Acción Nacional, serán los militantes y adherentes inscritos en el padrón partidario, quienes deberán elegir al candidato a la presidencia de la república. Conforme con esta norma, el 17 de noviembre pasado se emitió la respectiva convocatoria, constriñendo la elección a dichos votantes. Ni los estatutos ni la convocatoria hablan de una elección donde participe el universo de electores o ciudadanos del país.
Al estar señalada con precisión la base electoral que habrá de decidir al candidato presidencial panista entre sus militantes y adherentes, solo ellos deberán ser el objeto de la precampaña electoral, y no el universo de ciudadanos y futuros ciudadanos, aquellos que cumplan 18 años al día de la elección.
La publicidad que ha desplegado el Partido Acción Nacional, utilizando los tiempos señalados por el mismo Instituto Federal Electoral, desbordan a la población objetivo de la precampaña de selección de candidatos, al difundirse en violación franca al principio de equidad en la contienda entre el universo que habrá de votar en las elecciones de julio próximo.
El universo total de electores solo puede ser abordado con propaganda y promoción hasta iniciado el periodo de campaña electoral, no antes, como está ocurriendo desde este momento.
Al permitirse que el Partido Acción Nacional difunda masivamente mensajes publicitarios de sus precandidatos se está permitiendo, desde la autoridad electoral –con violación al principio de imparcialidad- una ventaja indebida permitiendo sesenta días de campaña anticipada del candidato que resulte postulado.
En estos momentos, igual que el resto de los partidos, acción nacional debería limitarse a la difusión de mensajes genéricos basado en su plataforma electoral, sin utilizar la imagen de sus precandidatos, lo cual constituye una ventaja indebida que rompe con el principio de equidad y que arroja una sombra de imparcialidad sobre el proceso electoral que debe ser corregido a la brevedad.
Como se ufana Cordero, cuando uno de sus voceros presume su ventaja entre militantes y adherentes, frente a Josefina y Santiago, mejor posicionados en población electoral abierta: quienes elegirán candidato son un grupo reducido de ciudadanos y no el universo de electores, lo cual al parecer ha pasado desapercibido en la autoridad electoral, autorizando una promoción inequitativa e ilegal.
Rota la equidad se atenta en contra de otros postulados torales, como es la imparcialidad y la legalidad, provocando un favorecimiento a uno o varios partidos o candidatos en perjuicio de otros, permitiéndoles una plataforma ilegal en alguna de las estrategias de posicionamiento, como es la promoción de la imagen.
Esta situación está ocurriendo con la interpretación estricta que prohíbe, por un lado, a los aspirantes del revolucionario institucional y de la revolución democrática, acceder a los espacios de radio y televisión, bajo el argumento legal de que, al resultar candidato electo y precandidato único, les está vedada la promoción, al no tener necesidad de buscar el voto interno de sus militantes, pero por otro lado, permite de manera laxa y extraordinariamente flexible una publicidad indebida a los precandidatos presidenciales del Partido Acción Nacional.
Se le olvida al Instituto Federal Electoral observar que los precandidatos del Partido Acción Nacional también están impedidos legalmente para realizar propaganda y aparecer en mensajes de radio y televisión nacional, porque exceden el mercado electoral al cual deben constreñirse estrictamente: es decir, no existe un mecanismo que controle, al utilizarse la difusión masiva, que los anuncios sean solo y únicamente observados por militantes y adherentes.
De acuerdo al artículo 37 del estatuto vigente del Partido Acción Nacional, serán los militantes y adherentes inscritos en el padrón partidario, quienes deberán elegir al candidato a la presidencia de la república. Conforme con esta norma, el 17 de noviembre pasado se emitió la respectiva convocatoria, constriñendo la elección a dichos votantes. Ni los estatutos ni la convocatoria hablan de una elección donde participe el universo de electores o ciudadanos del país.
Al estar señalada con precisión la base electoral que habrá de decidir al candidato presidencial panista entre sus militantes y adherentes, solo ellos deberán ser el objeto de la precampaña electoral, y no el universo de ciudadanos y futuros ciudadanos, aquellos que cumplan 18 años al día de la elección.
La publicidad que ha desplegado el Partido Acción Nacional, utilizando los tiempos señalados por el mismo Instituto Federal Electoral, desbordan a la población objetivo de la precampaña de selección de candidatos, al difundirse en violación franca al principio de equidad en la contienda entre el universo que habrá de votar en las elecciones de julio próximo.
El universo total de electores solo puede ser abordado con propaganda y promoción hasta iniciado el periodo de campaña electoral, no antes, como está ocurriendo desde este momento.
Al permitirse que el Partido Acción Nacional difunda masivamente mensajes publicitarios de sus precandidatos se está permitiendo, desde la autoridad electoral –con violación al principio de imparcialidad- una ventaja indebida permitiendo sesenta días de campaña anticipada del candidato que resulte postulado.
En estos momentos, igual que el resto de los partidos, acción nacional debería limitarse a la difusión de mensajes genéricos basado en su plataforma electoral, sin utilizar la imagen de sus precandidatos, lo cual constituye una ventaja indebida que rompe con el principio de equidad y que arroja una sombra de imparcialidad sobre el proceso electoral que debe ser corregido a la brevedad.
Como se ufana Cordero, cuando uno de sus voceros presume su ventaja entre militantes y adherentes, frente a Josefina y Santiago, mejor posicionados en población electoral abierta: quienes elegirán candidato son un grupo reducido de ciudadanos y no el universo de electores, lo cual al parecer ha pasado desapercibido en la autoridad electoral, autorizando una promoción inequitativa e ilegal.
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