Una fiscalía blindada

Tiene razón Manlio Fabio Beltrones. Es necesario blindar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del capricho de renovación del titular durante los procesos electorales. Un mecanismo idóneo podría ser forzar la colaboración del Senado de la República en la designación, como ya se advierte del espíritu normativo del mismo reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
El reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el diario oficial de la federación el 25 de junio de 2003 y reformado el 20 de agosto del 2008, establece en dos numerales, el 11 y el 17, el procedimiento de designación del fiscal especial en delitos electorales, remitiendo para ello al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 17 de la Ley Orgánica.
Establece el artículo 11 del reglamento que son facultades del procurador, entre otras, nombrar a los coordinadores, titulares de las unidades especializadas, jefes de unidad, directores generales, delegados, agregados y fiscales especiales, a excepción del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, quien será nombrado en términos de lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica.
Más adelante, el artículo 17 del mismo reglamento, al referirse al titular de la fiscalía, reitera que éste será nombrado en términos del artículo 17 de la Ley Orgánica y tendrá el nivel de Subprocurador.
El llevado y traído artículo 17 de la Ley Orgánica, cuya última reforma data del 29 de mayo del 2009, establece que el Procurador General de la República será designado y removido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La constitución, a su vez, consigna, en el primer párrafo del apartado A del artículo 102, que la ley organizará el Ministerio Publico de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva y que el Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.
En las facultades exclusivas del Senado se establece esta facultad, en la fracción II del artículo 76, cuando se refiere a la ratificación de nombramientos de diversos funcionarios entre ellos el procurador.
Es obvio, ya ocurrió, el Procurador General de la República, ignoró el reglamento, y designó de manera directa, de acuerdo a la ley y a la constitución, a la fiscal especial de delitos electorales.
La autonomía técnica de la fiscalía debe reforzarse normativamente desde la designación del titular, acorde al espíritu del reglamento, para que en su designación participe el senado, con una modificación legal y constitucional que así lo obligue, señalando la imposibilidad, salvo causales establecidas con claridad dada su gravedad, para la remoción iniciado el proceso electoral.
Para que, como lo señalara el senador Manlio Fabio Beltrones, la fiscalía no se constituya en un instrumento electoral del mismo gobierno federal, como parece que está ocurriendo, con el ingrediente de una criminalización de las elecciones dado el perfil de la nueva titular.

Una Fiscal en entredicho

Fue fácil para el Presidente Calderón designar a Imelda Calvillo, una experta en investigación de lavado de dinero, como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Seguramente el principal argumento a su favor lo fue el convencimiento del mismo jefe del ejecutivo federal de la intervención del crimen organizado en las elecciones de Michoacán. Ahora Calderón buscará hacer de la fiscalía una agencia que encuentre la conexión de la delincuencia organizada con los partidos políticos y candidatos adversos.
Lo que seguramente no fue nada fácil fue sopesar el daño que el nombramiento genera en la credibilidad del ministerio público electoral, porque la nueva fiscal arrastra cuestionamientos serios en torno a su involucramiento con acciones de protección a bandas del crimen organizado en Quintana Roo y Puebla.
De acuerdo con el periódico digital “Por esto”, que se edita en Quintana Roo y Yucatán, existen dos expedientes en la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada, aún sin resolver, que giran en torno a la recién nombrada titular de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales.
Se le acusa de haber intervenido en la liberación de tres personas involucradas con un grupo del crimen organizado, en el proceso penal 58/2008, quienes tendrían relación con su cónyuge, en la ciudad de Puebla, cuando fungió como delegada de la Procuraduría General de la República. Antes, en Quintana Roo, se le acusó de solapar la actividad del mismo grupo en 2004.
Imelda Calvillo es una servidora pública con experiencia en el encargo presidencial: participó en la instrumentación de las indagatorias en torno al gobierno de Coahuila y el presunto uso de documentos falsos para la contratación de deuda y la investigación que involucra a los tres exgobernadores de Tamaulipas.
Es obvio que la nueva fiscal no va en busca de delitos electorales, sino la construcción de argumentos que le den la razón al presidente Calderón en la intervención del crimen organizado en los comicios: se trata no de judicializar las elecciones, sino de colocar como prioridad el combate a la supuesta intervención de la delincuencia organizada en la renovación del poder público.
Seguramente el Presidente se sintió lastimado por la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desestimo las acusaciones de intervención de crimen organizado en las elecciones de Michoacán, donde perdió su hermana, y ahora de un plumazo, en medio del proceso electoral iniciado desde octubre pasado, decide nombrar a una especialista en lavado de dinero, en la fiscalía, pese a las acusaciones de corrupción en su contra y a que carece del mínimo conocimiento en materia electoral.

Un contexto de sospechosismo

La función persecutora de los delitos es en las administraciones públicas una de las más delicadas, porque de ella depende la tranquilidad social a través del arresto y castigo a los infractores de las leyes, con pleno respeto a los derechos humanos, en una visión amplia ampliada virtud a las reformas constitucionales recientes.
Por lo tanto, el ministerio público, órgano responsable de desarrollar esta labor, tiene que avanzar hacia un mayor estadio de independencia y profesionalismo, para garantizar de manera llana que sólo los culpables de delitos sean sancionados, preservando la inocencia como un presupuesto esencial en un estado de derecho moderno.
La función se ha especializado. Las reformas al reglamento de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República amplían los órganos administrativos dotados de atribuciones de ministerio público y los estructuran de una manera más acabada.
Por ejemplo, en el caso de la fiscalía especializada en delitos electorales, se han creado diversas direcciones generales: Jurídica en Materia de Delitos Electorales, Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, Política Criminal, Coordinación y Desarrollo en Materia de Delitos Electorales, Coordinación y Desarrollo en Materia de Delitos Electorales.
Una de las características de esta fiscalía, y de todo el cuerpo persecutor del delito, es su carácter técnico, alejado de cualquier influjo de carácter político. Al menos esa debería ser en la práctica, lo cual no ocurre.
El Procurador General de la República, de conformidad con el procedimiento señalado en el marco jurídico aplicable, ha dispuesto la sustitución del titular de la fiscalía que atiende las denuncias de delitos electorales.
Igual que ocurrió en 2010, previo a la jornada electoral –en aquel entonces cuatro días antes de que los mexicanos salieran a votar- la procuraduría anuncia el cambio, con lo cual se abona al sospechosismo creeliano –por aquello del autor de la famosa frase, Santiago Creel-.
Imelda Calvillo Tello, una especialista en asuntos de crimen organizado –específicamente lavado de dinero- es designada titular de la fiscalía, en sustitución de Luis Vargas Valdes, dentro de una serie de enroques anunciados por la procuradora Marisela Morales Ibañez.
Por supuesto la designación apresurada genera suspicacias. Días antes el Partido Revolucionario Institucional apelaba a los rumores constantes acerca de los cambios, y señalaba que siendo un área sensible en el tema electoral, no podía considerarse un relevo normal u ordinario, sino el reforzamiento de una constante persecución del gobierno de Felipe Calderón en contra de sus opositores políticos.
La renovación en la fiscalía tiene que ser asociada en un contexto donde tres exgobernadores son señalados por supuestos nexos con el narcotráfico, en una investigación filtrada a los medios de comunicación con afanes de golpeteo político.
También debe analizarse a la luz de la apelación a los resultados electorales de Michoacán, donde se apuntaba la intervención del crimen organizado en los resultados electorales, que virtud al alto nivel de competencia, arrojaron la nulidad del proceso electoral constreñido exclusivamente a la capital Morelia, no así a la elección de gobernador, cuya validez fue ratificada por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El relevo tiene por supuesto una connotación política electoral, una instrumentación planeada de persecución contra todo aquello que pueda tener síntoma de delito electoral, haya o no haya elementos objetivos, sino solo el sospechosismo que tiene carta de naturalización en la actual administración federal, pero lo más delicado aún, una asociación oficial inscrita en piedra de la cuestión electoral y el tema crimen organizado.

Dispersión y pobreza

El tiempo ha permitido establecer con claridad que en Chihuahua la población de la zona serrana sobrevive a una de las más terribles sequías sin suicidios o migración masiva hacia las ciudades.
La mentira de que se habrían suicidado cincuenta indígenas por hambre, cayó por su propio peso cuando las cámaras de televisión nacional arribaron a las regiones señaladas sin encontrar alguna base que apuntalará una emergencia humanitaria que de manera irresponsable se propalo y que se comparó incluso con algunas tragedias como las que se han vivido en regiones de África.
Lo que en chihuahua se vive es la ausencia de lluvias que han reducido de manera severa el hato ganadero y que han evitado la siembra de temporal, principal mecanismo de sobrevivencia de la población en zonas rurales de la región serrana compuesta por veinte municipios.
En el 2011 se tuvo una precipitación pluvial de 12 mil 398 milímetros, la más baja en cincuenta años.
Las personas que habitan estas regiones viven de la producción para el autoconsumo. Habitan miles de comunidades con menos de cien habitantes. Se encuentran aisladas en lo más recóndito de la sierra.
Para darnos una idea, la entidad tiene 247 mil 87 kilómetros cuadrados de extensión, un promedio de 14 habitantes por kilometro cuadrado en total. La dispersión es aún mayor en ese tercio de territorio serrano: seis personas por kilometro cuadrado aproximadamente.
Mientras que en las localidades de menos de 2 mil 500 habitantes vive el 15.5% del total de la población del estado, en el otro extremo, en las localidades de 100 mil a menos de 500 mil habitantes reside el 6.5%, y en las de más de 500 mil lo hace el 63.2 por ciento.
Los municipios con mayor número de este tipo de localidades son Guachochi con 1 mil 134; Guadalupe y Calvo con 1 mil 086, Urique con 857 y Bocoyna con 505.
De esta manera, unas 528 mil personas habitan en localidades pequeñas y recónditas, están ubicadas en un tercio de la extensión territorial del estado, que es la sierra, lo cual dificulta cualquier tipo de desarrollo e incluso de ayuda, mucha de la cual, emergente, debe llegar por helicóptero.
La situación de marginación y pobreza en que se encuentran estas localidades afecta a población indígena y mestiza. Ambos enfrentan la ausencia de lluvia y por supuesto deben continuar recibiendo ayuda emergente.
La afectación no solo es de Chihuahua. La ausencia de lluvias o el exceso de estas en el país han agudizado la pobreza alimentaria. Se requiere ayuda extraordinaria por encima del recurso ya presupuestado. Por eso se solicitaron diez mil millones que en un principio el gobierno federal rechazó y luego dijo que eran más de 30 mil: ojalá se trate de recurso adicional a los programas ya proyectados, de lo contrario solo se abrirá un hoyo para tapar otro.