Un contexto de sospechosismo

La función persecutora de los delitos es en las administraciones públicas una de las más delicadas, porque de ella depende la tranquilidad social a través del arresto y castigo a los infractores de las leyes, con pleno respeto a los derechos humanos, en una visión amplia ampliada virtud a las reformas constitucionales recientes.
Por lo tanto, el ministerio público, órgano responsable de desarrollar esta labor, tiene que avanzar hacia un mayor estadio de independencia y profesionalismo, para garantizar de manera llana que sólo los culpables de delitos sean sancionados, preservando la inocencia como un presupuesto esencial en un estado de derecho moderno.
La función se ha especializado. Las reformas al reglamento de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República amplían los órganos administrativos dotados de atribuciones de ministerio público y los estructuran de una manera más acabada.
Por ejemplo, en el caso de la fiscalía especializada en delitos electorales, se han creado diversas direcciones generales: Jurídica en Materia de Delitos Electorales, Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, Política Criminal, Coordinación y Desarrollo en Materia de Delitos Electorales, Coordinación y Desarrollo en Materia de Delitos Electorales.
Una de las características de esta fiscalía, y de todo el cuerpo persecutor del delito, es su carácter técnico, alejado de cualquier influjo de carácter político. Al menos esa debería ser en la práctica, lo cual no ocurre.
El Procurador General de la República, de conformidad con el procedimiento señalado en el marco jurídico aplicable, ha dispuesto la sustitución del titular de la fiscalía que atiende las denuncias de delitos electorales.
Igual que ocurrió en 2010, previo a la jornada electoral –en aquel entonces cuatro días antes de que los mexicanos salieran a votar- la procuraduría anuncia el cambio, con lo cual se abona al sospechosismo creeliano –por aquello del autor de la famosa frase, Santiago Creel-.
Imelda Calvillo Tello, una especialista en asuntos de crimen organizado –específicamente lavado de dinero- es designada titular de la fiscalía, en sustitución de Luis Vargas Valdes, dentro de una serie de enroques anunciados por la procuradora Marisela Morales Ibañez.
Por supuesto la designación apresurada genera suspicacias. Días antes el Partido Revolucionario Institucional apelaba a los rumores constantes acerca de los cambios, y señalaba que siendo un área sensible en el tema electoral, no podía considerarse un relevo normal u ordinario, sino el reforzamiento de una constante persecución del gobierno de Felipe Calderón en contra de sus opositores políticos.
La renovación en la fiscalía tiene que ser asociada en un contexto donde tres exgobernadores son señalados por supuestos nexos con el narcotráfico, en una investigación filtrada a los medios de comunicación con afanes de golpeteo político.
También debe analizarse a la luz de la apelación a los resultados electorales de Michoacán, donde se apuntaba la intervención del crimen organizado en los resultados electorales, que virtud al alto nivel de competencia, arrojaron la nulidad del proceso electoral constreñido exclusivamente a la capital Morelia, no así a la elección de gobernador, cuya validez fue ratificada por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El relevo tiene por supuesto una connotación política electoral, una instrumentación planeada de persecución contra todo aquello que pueda tener síntoma de delito electoral, haya o no haya elementos objetivos, sino solo el sospechosismo que tiene carta de naturalización en la actual administración federal, pero lo más delicado aún, una asociación oficial inscrita en piedra de la cuestión electoral y el tema crimen organizado.