Debate, ¿simple instrumento de marketing?

Se ha discutido acerca de la contribución de los debates al fortalecimiento de la democracia, particularmente a la conformación de un electorado más crítico e informado. Incluso, recientemente, Andrés Manuel López Obrador discutió las restricciones que desde su punto de vista estableció el Instituto Federal Electoral en el formato de debates. Se coloca en la mesa del análisis la saturación en medios electrónicos de información política difundida por los candidatos y partidos políticos, a la cual se suma la obligación de concesionarios y permisionarios públicos de difundir el debate. Es innegable que la mayor discusión de los temas públicos, como es el caso de las diversas propuestas y posiciones de los candidatos a los diversos puestos de elección popular, es un pilar indispensable en un régimen democrático. Este es el motivo por el cual los debates han evolucionado. De constituir una posibilidad se convirtieron en elementos requeridos por el código electoral, aún y cuando no son obligatorios. El debate es una oportunidad para que los candidatos se muestren como personas, ciudadanos, profesionistas, aspirantes a un puesto de elección popular: asimismo, para que demuestren sus conocimientos en las diversas materias discutidas, pero sobre todo, su capacidad de improvisar, la inteligencia para presentar datos en unas cuantas oraciones, ser convincentes en el mensaje. Los debates aún no constituyen, por el formato, instrumentos a través de los cuales los aspirantes profundicen en los temas: el debate actualmente es un mecanismo de marketing: el candidato se presenta, discute, replica y hace uso de la contra replica, en unos cuantos minutos. No por el hecho de que los debates impidan profundizar en los temas deben estos ser desestimados, porque cumplen un propósito en la democracia instrumental, aún incipiente, mostrar a los candidatos frente al elector, una rendición de cuentas anticipada, que permita compararlos unos y otros. La cuestión es que al cuidar profundamente cuestiones de igualdad y equidad, el órgano electoral sacrifica una mayor confrontación de las ideas, al menos de más profundidad. Esto puede ser criticable, pero el formato deberá avanzar. Debe pensarse en debates temáticos de mayor profundidad, con interpelación de intelectuales, amas de casa, estudiantes, profesionistas, gente de a pie, o incluso un panel de periodistas. Ejercicios de debate de mayor duración, que permitan una confrontación real de conocimientos. E incluso debates técnicos de los personajes especialistas de los diversos comités de campaña. Aún más, debería pensarse en un debate adicional donde solo los punteros participarán en la discusión, ya que quienes se encuentran a la zaga poca oportunidad tienen de plantear ideas que no se encuentren influidas por razones de simple marketing, estruendo y búsqueda de espacios mediáticos. Así podría verse en escena única y exclusivamente al primer y segundo lugar. La cuestión es que una propuesta de esta naturaleza, en un ambiente crispado por la desconfianza, tiene poca oportunidad de avanzar. Un debate a profundidad, de dos o tres horas, con discusiones técnicas, provoca el desaliento del público radioescucha o televidente, que ve la televisión y el radio como entretenimiento, ubicando en ese parámetro a las discusiones de los candidatos: un debate de dos horas apenas resistirá la atención de un electorado que aún lucha por avanzar en la consolidación de su madurez. El hartazgo de la comunicación política, con miles de mensajes saturando el espectro radioeléctrico, poco abona también a la consolidación de ese espectador maduro democráticamente, ya que para el primer debate del seis de mayo próximo, llegarán hastiados de mercadotecnia política: la espotización de la democracia que poco contribuye a la construcción de un elector crítico y responsable. Indudablemente se debe avanzar en la construcción de formatos que propicien una discusión a profundidad, en ello como sociedad tenemos el gran reto, ante un exceso de regulación electoral que para tutelar la equidad en la contienda aplasta espacios de la libre expresión de las ideas y el derecho a la información.

Luto e indignación

Estupor. Indignación. Hartazgo. No hay descripción posible al sentimiento que brota por el asesinato de dos entrañables amigos, Javier Salinas y Javier Moya, periodistas ambos, hombres de bien, trabajadores, idealistas, fundadores del Foro de Periodistas. La cuota de sangre se vuelve insoportable. No hay fin a la ola de violencia provocada por el crimen organizado. La sociedad secuestrada agoniza ante los embates crudos, criminales. Es cierto, la autoridad ha sido rebasada, ante la incompetencia federal de hacer frente efectivo a la delincuencia, que por disposición constitucional y legal debe combatir. Ante los crímenes, un múltiple crimen, el gobierno de la república calla. El Presidente Calderón se ufana de los avances de la lucha contra el crimen desde Veracruz, rodeado por las fuerzas armadas. Pareciera que en Chihuahua no ocurre ni ocurrió nada. Salvarcar, Creel, Chihuahua y otras vez la ciudad de Chihuahua, no le dicen nada. Tienen razón: los compañeros han sido víctimas circunstanciales. Hasta el momento así parece ser. Sin embargo, el gremio periodístico se siente atacado, vulnerado. Ya nos sentíamos así desde antes con David García Monroy, otra víctima reciente, mismas circunstancias. Incluso antes. Los nombres están presentes. A nivel nacional el problema se agudiza. 103 periodistas han fallecido en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. No todos tienen que ver directamente con ataques a libertad de expresión, como creo es el caso, pero indirectamente por supuesto que están relacionados: la sociedad pierde una voz crítica, una esperanza de comunicación, un talento periodístico: eso es más que suficiente para pensar en un ataque a todos los que aportan su voz por los que carecen de ella. Son dos periodistas más que son acallados por la violencia que como sociedad hemos alentado, reproducido, cobijado y que aún no hemos tomado la decisión de corregir y eliminar. La manifestación de dolor realizada por las organizaciones periodísticas y de comunicación en un desplegado abierto, sintetizan el agravio y las demandas: justicia, y para ello, el esclarecimiento inmediato, la atracción federal del caso, la protección de las familias, las medidas para evitar un nuevo atentado contra los chihuahuenses, que hoy como comunidad, estamos de luto, sumamente tristes e indignados.

Interés nacional contra neoliberalismo

El afianzamiento de la globalización económica y la diversidad de intereses trasnacionales de empresas privadas y de gobierno provocarán nuevos y constantes conflictos, como ocurre en argentina con el decreto expropiatorio de la empresa petrolera YPF propiedad de la española Repsol.
Argentina tiene en todo momento el derecho de proteger sus intereses nacionales. Su presidenta Cristina Fernández no se equivoca en ello. Los pueblos tienen el inalienable deber de proteger aquellas materias de la economía, que como es el caso del petróleo, resultan estratégicas para efectos de sobrevivencia, desarrollo y seguridad nacional.
En lo que se equivoca la nación argentina es en violentar acuerdos internacionales de comercio a través de los cuales, no solo los inversionistas privados, sino los mismos gobiernos, han construido un entramado de producción y consumo de bienes que solo gracias a la globalización pueden obtenerse a mejor costo y a menor precio.
Es cierto: la economía neoliberal privilegia el mercado y con ello el consumo: los habitantes nos hemos convertido en una serie de dígitos que producimos y compramos: si no hay dígitos, no produces ni compras, y por lo tanto, el mercado te expulsa y te condena al retraso, al subdesarrollo, a la inanición.
Sin embargo no creo fatalmente que esa visión sea del todo correcta. Corresponde a los Estados establecer mecanismos de contrapeso, de equidad, para compensar las desigualdades naturales en una sociedad.
Cristina Fernández está asumiendo una posición que busca proteger una deficiencia de la economía argentina: en función de ello, proceder de acuerdo a la norma nacional e internacional en asumir los compromisos y obligaciones que se derivan de la decisión, así como a las consecuencias, en concreto, la indemnización de daños y costos, que no son pocos.
El mercado internacional habrá de castigar la decisión de argentina por violentar la seguridad jurídica en los negocios, como ha ocurrido con otras naciones. Este es el riesgo calculado que ella ha adoptado, como en su momento lo hizo México con el petróleo.
Argentina es un país soberano que no debe ceder a sus intereses. Sin embargo no puede sustraerse a una realidad de una economía global que exige la interacción comercial y de negocios con empresas internacionales y otras naciones.
En relación con México ya tuvo una primera diferencia en materia de importación de autos, por una balanza comercial nada favorable.
Cerrar la frontera puede no ser la solución: el aislamiento es un mecanismo no idóneo para un país que exporta anualmente el .354 por ciento del mercado mundial; tiene una relación intensa de importaciones de bienes con Brasil (28,0%), Estados Unidos (20,0%), Alemania (6,2%) y China (3,5%) y de exportaciones con Brasil (18,8%), Chile (11,5%), Estados Unidos (11,5%), y China (4,3%). Paradójicamente el principal producto exportado son los combustibles, materia del diferendo.
Un dato de la década pasada ubica en 35 mil 100 millones de dólares la inversión directa extranjera en Argentina. Por supuesto actualmente la cifra es mayor.
Esperemos que la diplomacia permita a Argentina encontrar un justo medio, que proteja el interés nacional por la industria y la realidad imperante de intercambio comercial ineludible a nivel mundial. Seguramente así va a ocurrir y Fernández solo presiona para negociar.
Por lo pronto, deberá negociar con Repsol, quien tiene el 57 por ciento de las acciones de la empresa, por lo cual está pidiendo 9 mil millones de dólares. De esa cantidad, una parte es de México. Pemex es propietaria del 9 por ciento de las acciones de Repsol.

Pagés y la cultura de la legalidad

Los premios a periodistas deben entregarse entre pares. Esta es una máxima practicada desde la fundación del foro de periodistas de chihuahua y que a nivel nacional son ejemplo tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos como el Club Primera Plana.
Además de la medalla José Vasconcelos, el Premio México de Periodismo y los reconocimientos que entregan dichas instituciones gremiales, hay en el país otros premios que son ejemplo. Uno de ellos es el Premio Nacional de Comunicación que entrega la Fundación José Pagés Llergo desde el año 2001, el cual se conservo inalterable reconociendo géneros periodísticos hasta el año pasado.
A partir del año 2011 reconoce la actividad periodística, política, de las ciencias sociales, la ecología, la cultura, entre otras expresiones humanas que utilizan la imprenta y en general la comunicación social para transmitir opinión y, creo, construir comunidad.
Es decir, se premia la comunicación como un instrumento para compartir, solidariamente, el pensamiento y la obra que nos hace, primero cuestionarnos, y luego construir e incluso, modificar conductas, pensándonos, tal como somos, integrantes de una colectividad, profundamente interrelacionada, vertical, horizontal y transversalmente, en una visión orgánica de compromiso mutuo.
Resulta relevante destacar, en el pensamiento de los diseñadores del premio, ampliar el mismo, permitiendo reconocer los esfuerzos editoriales, que fuera del estridentismo de la nota principal, la contundencia del reportaje a profundidad, el color de la crónica o la sagacidad argumentativa del articulo de fondo, reconoce los esfuerzos editoriales que a simple vista se antojan tímidos o de bajo impacto, pero a la larga, se convierten en una suerte de periodismo trascendente por su gran relevancia en el fortalecimiento de los valores ciudadanos.
Recibir un premio de esta naturaleza impulsa a las casas editoriales a continuar los proyectos, pero mas importante, obliga a repensar la necesidad de impulsar políticas editoriales con mayor sentido ético y moral social: es decir, alienta y promueve la repetición de acciones desde la comunicación social, en una visión de alto compromiso, una especie de filantropía comunicacional.
No es la primera vez que un medio de comunicación chihuahuense obtiene un premio nacional, pero haberlo logrado desde la ventana de un espacio que impulsa la cultura de la legalidad es para El Heraldo de Chihuahua motivo de confirmación de una adecuada política editorial transversal de beneficio a la comunidad.
Su director, Javier Contreras Orozco ha emprendido diversas acciones de comunicación demostrando que es posible hacer periodismo con sentido comunitario: un periodismo comprometido que nada tiene que ver con información sensacionalista y amarillista.
La cultura de la legalidad es un pendiente en la evolución de los pueblos. Una cultura que no debe ser entendida como el cumplimiento ciego a la norma, sino una aceptación consciente de la necesidad de cumplir espontáneamente, en función del interés general, una norma, que idealmente es legitima desde el punto de vista material y formal.
Una cultura de la legalidad, que en los pueblos desarrollados, lleva al compromiso moral de rechazar una norma por contradecir los principios fundamentales que dan vida a una sociedad como es el caso de la libertad, aun y cuando se haya cumplido impecablemente con el proceso legislativo.

¿Dónde está el ahorro?

El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tabasco, José Guadalupe Leal no alcanza a ver los beneficios del cambio de horario en los recibos de electricidad que paga él o sus socios.
“El gobierno dice que hay ahorros, pero nosotros no lo hemos detectado así”, declaró recientemente a un diario digital.
Es que el gobierno federal presume que en 2011 se generó un ahorro económico de mil 35 millones de pesos, al evitarse un consumo adicional de 988 Gigawatts/hora, que equivale a la quema de 40 millones de barriles de petróleo, dejándose de emitir 24.32 millones de lámparas ahorradoras.
Es cierto, probablemente el principal beneficio sea el ecológico, porque la estadística de venta de energía no representa mayores variaciones, de acuerdo a la información que la Secretaría de Energía tiene en su página electrónica.
Las únicas variaciones de consumo histórico a la baja en los últimos años se reflejan en los clientes del sector comercio, específicamente en 2009 (-1.7) y 2010 (-3.2); en servicios en 2010 (-1.0); el sector agrícola con variaciones a la baja en 2000 (-1.2), 2001 (-5.5), 2003 (-4.0), 2004 (-5.0), 2006 (-1.3), 2007 (-2.0) y 2010 (-7.5); la empresa mediana, tiene impacto en 2009 (-2.1) y la gran industria, que se dice es la principal beneficiada, 2001 (-4.4), 2003 (-4.6), 2008 (-0.7) y 2009 (-9.7).
Por supuesto, las cifras en el sector comercio y en el sector agrícola deben verse con reservas, toda vez que más que un impacto real de ahorro de energía, podríamos encontrarnos con una desaceleración de crecimiento en dichas ramas debido al estancamiento económico.
La sorpresa de las cifras sin duda es el impacto benéfico del cambio de horario en la empresa mediana, que solo tiene resultados positivos en 2009, hace tres años, mientras que en 2010 es a la alza (3.5) igual que en 2011 (4.9).
Incluso el consumo en la gran industria creció en los últimos dos años, de manera acumulada en un 10.6 por ciento (2010,2.9; 2011, 7.7).
Es obvio que si el presidente de Canacintra en Tabasco no observa los beneficios, el ciudadano común tampoco.
El consumo domestico se ha elevado desde el 2000 a la fecha. El pico más alto de crecimiento ocurre precisamente en ese año (8.3), 2001 (6.1), 2005 (4.4), 2006 (4.5) y 2011, en cifras preliminares, en 6.3 por ciento.
Por eso las amas de casa no resienten el ahorro con el cambio de horario. La verdad es que no existe en este nivel de consumo.
Para 2012 las cifras no varían. Al mes de enero el consumo de energía domestico tiene una variación positiva de 1.2, el comercial de 2.6, los servicios 2.7, la empresa mediana 5.2, la gran industria 8.5, haciendo un promedio de aumento de consumo de energía de 4.4.
Tiene razón Guadalupe Leal, habría que revisar seriamente el cambio de horario para ver si realmente existen beneficios económicos. Las cifras dicen otra cosa.