Un problema de urgente atención

El hambre constituye uno de los problemas torales de la sociedad moderna y uno de los retos más inmediatos y de atención urgente por parte de los gobiernos. En México se estima que un cincuenta por ciento de la población presenta carencias de tipo alimentario: En el 2012 un total de 52 millones de personas, de los 112 millones de habitantes, presentaba pobreza moderada o extrema. En pobreza moderada se encuentran aquellas personas que ganan menos de 2,114 pesos al mes en zonas urbanas y 1,329 pesos al mes en zonas rurales. La pobreza extrema se refiere a los que ganan menos de 978 pesos al mes en zonas urbanas y 684 pesos al mes en zonas rurales. Estas cifras proporcionadas por el Consejo Nacional de Evaluación indican que sólo uno de cada cinco mexicanos tiene ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades (alimentación, vivienda, salud) ya que sólo el 19.3% de la población (21.8 millones) no son pobres ni tienen carencias de ningún tipo: existen cuatro millones de personas que no tienen acceso a la alimentación. Se calculan en 11. 7 millones de personas en extrema pobreza, lo que representa el 10.4 por ciento de la poblaciòn. Esta pobreza extrema se agudizo en los últimos años en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Querétaro. Sin embargo, en Puebla, Michoacán, Chiapas, Guerrero e Hidalgo disminuyó. Las estadísticas, entonces, no son nada alegueñas. No se estaban haciendo bien las cosas. Esta situación provocó que la actual administración incluyera un capítulo especial en el Pacto por México que fue consensuado con las fuerzas políticas. Sin embargo, los planes no son nada sin acción. ¿Como evitar el simple discurso político, evitar la demagogia y los proyectos de siempre? Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto administrativo donde el Presidente Peña Nieto instruye la creación de dos órganos que habrán de garantizar la asunción de políticas y acciones concretas de combate al hambre y la fiscalización permanente. Por un lado, un consejo ciudadano de discusión que delinea y evalúa las acciones de combate al hambre, con participación de organizaciones sociales y representantes académicos, así como la intervención de los gobernadores y presidentes municipales. Además se van a integrar comités comunitarios donde participaran los mismos beneficiarios de los programas, que habrán de dar seguimiento puntual, directo, al cumplimiento de las acciones. Adicionalmente, para garantizar el correcto funcionamiento institucional de los compromisos y acciones, se crea una comisión intersecretarial que habrá de sesionar cada tres meses para atender la operación del programa y los acuerdos que emanen del consejo que habrá de encabezar la secretaria de desarrollo social. El objetivo es eliminar el hambre de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación, como la desnutrición infantil, y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez. También aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas postcosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. Se atenderán cuatrocientos municipios: en Chihuahua recibirán atención población de extrema pobreza de Chihuahua, Juarez, Guadalupe y Calvo, Morelos y Guachochi. Combatir el hambre es una responsabilidad de todos, aunque de manera fundamental lo sea del gobierno. Ese es un acierto del decreto presidencial, que parte de la idea de un compromiso interinstitucional, transversal con la sociedad y sobre todo, con quienes padecen este gravísimo problema social y humanitario.