Suplantación de autoridad

Es cierto que en un estado de derecho nadie puede hacerse justicia por propia mano. Aceptar que esto es posible rompe con toda posibilidad de convivencia social, de sobre vivencia de las instituciones y de ejercicio de gobierno. Esto es lo que ocurre en Guerrero con los grupos ciudadanos de auto defensa, que en los últimos días han radicalizado su postura con la detención de un jefe de policía municipal y de ocho de sus elementos como presuntos cómplices de grupos de la delincuencia organizada. La detención de un mando policiaco por estos grupos de auto defensa denominados Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, sin ningún procedimiento formal y material de naturaleza jurisdiccional, más que el clamor de la comunidad, coloca al estado de derecho en entredicho, porque hace de la Impartición de la justicia un instrumento de la fuerza popular. Las fuerzas ciudadanas organizadas ya no sólo actúan en el supuesto de la flagrancia, sino que están implementando acciones persecutoras de los delitos y de Impartición de justicia: no sólo están sustituyendo a las policías en su labor preventiva de los delitos, sino que suplantan al ministerio público como integrador de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, y al juez impartidor de justicia. Estos grupos investigan, detienen y procesan a los delincuentes: probablemente tengan que instalar prisiones donde compurguen las penas las personas que ellos "sentencien", todo al margen de la ley y sin ninguna supervisión de organismos protectores de derechos humanos. El funcionamiento de estos grupos nace ante la desesperación ciudadana por la ola de violencia criminal que azota las pequeñas comunidades enclavadas en la sierra de guerrero. Sin embargo, suplantar la tarea de los órganos del estado no es la solución de fondo al problema. Se ha instaurado un mecanismo social para perseguir y castigar los delitos, bajo la mirada vigilante de los organismos protectores de los derechos humanos, nacionales e internacionales. Ese mecanismo social cuenta con procedimientos establecidos que garantizan la legalidad de las actuaciones, protegiendo el derecho del inculpado a una defensa adecuada y de las víctimas para evitar la impunidad. Hacer justicia por propia mano conduce a la ley del más fuerte. Esto es lo que esta ocurriendo en Guerrero, donde estos grupos ciudadanos están enfrentados a los grupos de la delincuencia organizada: este fin de semana varios de esos ciudadanos fueron privados de la libertad, en respuesta a la detención y posterior liberación de una decena de presuntos delincuentes, al carecer el ministerio público de pruebas contundentes. Toca a la autoridad establecida ejercer la ley con toda la fuerza del Estado: a los ciudadanos denunciar los hechos delictivos, todo en el marco del pleno respeto a los derechos humanos. Si la autoridad lo hace bien o mal, es una situación que debe ser señalada y corregida, pero no suplantada como esta ocurriendo en el sur del país, donde se esta rompiendo continuamente el estado de derecho.