Desconfianza ministerial federal

Debe reconocerse que hasta la fecha el Estado Mexicano no ha podido resolver con eficacia el combate al crimen organizado, particularmente aquellos delitos contra la salud. Pero aún más: la confianza que la población tiene en la institución persecutora de los delitos del fuero federal se encuentra por los suelos, producto de la descoordinación interna y personal que no cumple con el perfil requerido. Esa baja confianza provoca que no se denuncien los delitos por parte de la sociedad, con lo cual la autoridad queda sin conocer una gran parte de las conductas desplegadas por criminales que generan zozobra y angustia en la comunidad. Estas aseveraciones forman parte de los argumentos presentados por Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República, ante el Senado, en busca de una reforma integral al Ministerio Público. Con esta reforma, se busca impulsar un combate eficiente a los delitos, particularmente a los de mayor impacto, en este caso aquellos relacionados con narcotráfico en sus diversas variables. Del total de delitos denunciados ante la Procuraduría, al menos un tercio tiene que ver con conductas vinculadas a ellos. La reforma busca reducir la falta de coordinación con la creación de cinco unidades regionales con logística e infraestructura similar a la oficina federal: contarán con servicios jurídicos, logísticos, de inteligencia, laboratorios y cuerpos de tarea especializados que servirán de apoyo y soporte a la operación. La propuesta busca fortalecer los servicios periciales, investigación, prevención y profesionalización de los agentes del ministerio público, dentro de los cuales destaca revisar la capacidad para solicitar a la autoridad judicial órdenes debidamente argumentadas, a efecto que resulten procedentes. Se trata de evitar pifias como la ocurrida con el Michoacanazo, donde más de veinte funcionarios estatales y alcaldes fueron detenidos por supuestos vínculos con el narcotráfico para luego ser liberados. Asimismo, con el reconocimiento de que los controles y la organización interna, son deficientes, se pretende revisar a profundidad la congruencia de los perfiles de puestos con el personal actualmente en funciones, para mejorar la coordinación, mando y estructura. Es cierto, el fenómeno de violencia producto de la lucha de carteles por el control de plazas tiene orígenes internacionales. Mucha de la solución atraviesa por el fortalecimiento de los vínculos de coordinación con otras naciones, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, el primero por el flujo de armas y el trasiego de droga, y el segundo por la presencia de múltiples ramificaciones y diversificación del crimen organizado. Sin embargo, la solución empieza hacia el interior del mismo organismo ministerial, como se propuso adecuadamente. La solución primero en cada para fortalecer la confianza y luego, en base a ese fortalecimiento, optimizar la coordinación internacional, basada, por supuesto, en la inefable confianza. http://robertopinon.blogspot.mx/

La protección del libro

¿Debe ser el mercado quien imponga el precio de los libros como ocurre con cualquier mercancía? O bien, ¿debe ser el estado, con su intervención a través de una regulación legislativa, quien proponga las reglas en función del beneficio social que el libro representa? Me parece que la solución se encuentra en la segunda aseveración. ¿Porqué?, porque el libro no es cualquier mercancía que pueda dejarse a la mano invisible para que señale su precio. Aceptar esto significa que la cultura, el pensamiento crítico, se encuentra lejos, ajeno de las posibilidades de la clase más desprotegida económicamente. Pensar en que el libro es cualquier mercancía, luego entonces es creer que el pensamiento creativo del pensador se encuentra tasado al mejor postor, en este caso, a los intermediarios comerciales que obtienen lucro virtud del legítimo acto del comercio, pero que debe tener límites en tratando de un artículo de especial importancia en el desarrollo de los pueblos. Los libros representan la posibilidad de recrear mundos imaginarios, lejanos, realidades imposibles, ideales: construir sociedades utópicas, que con el pensamiento creativo, aterrizado, metódico, se convierten en posibilidades reales, alcanzables. Por tal motivo, los libros representan una riqueza incalculable para el hombre: es el compartir desinteresado del conocimiento. El libro es un bien social universal: por ese motivo, es plausible la resolución al amparo promovido por la casa Porrua, en la cual la Suprema Corte se pronuncia por la constitucionalidad de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, particularmente en el articulado relativo al precio único. Con esta ley, vigente desde el veinticuatro de julio del 2008, la Corte ratifica que el precio único de venta de libro, lejos de perjudicar a los consumidores, los beneficia en la medida en que facilita el acceso equitativo al libro garantizando un mismo precio de venta al público en todo el territorio nacional, sin importar donde se adquiera, con la finalidad de incentivar la creación de librerías en aras de promover la lectura. El precio del libro, de acuerdo con la norma, es determinado por el editor o por el importador, lógico es, en conjunto con el autor, quien espera de manera legítima obtener una retribución por el esfuerzo intelectual. De esta manera, ninguna comercializadora podrá modificar el precio del libro, salvo que haya transcurrido un tiempo desde la edición del mismo, reduciendo el precio, nunca aumentándolo, con lo cual se garantiza que el libro, de acuerdo al tipo de edición, tendrá un precio único, evitando la especulación comercial con el mismo. Porrua alegó violaciones a la ley de comercio, igualdad, seguridad jurídica, legalidad, libre concurrencia y competencia económica, las cuales no existen. El libro tiene un valor superior y debe ser protegido por el estado mexicano.

Maquinación fraudulenta

Es muy poco probable lograr dividendos en bolsa que dupliquen o tripliquen la inversión. Puede ocurrir de manera aislada algún caso de empresas que cotizan en el mercado financiero que obtengan para sus inversionistas ganancias relevantes, pero tarde que temprano regresara la normalidad y con ella el crecimiento estable. Existen fondos de inversión de alto riesgo que ofrecen altos dividendos, pero que a la vez alertan de la posibilidad de perder el dinero invertido. Se trata de fondos que cotizan en mercados altamente inestables y riesgosos. De acuerdo al nivel de riesgo es el monto del dividendo. Hay fondos que otorgan bajas recompensas por la inversión, pero son altamente estables. Por lo regular se encuentran en márgenes que poco superan la inflación o cualquier otro indicador financiero, como las tasas de interés, por lo cual resultan poco atractivos. Son inversiones sumamente conservadoras. La gente no se encuentra atraída hacia ellos. El interés del inversionista es lograr el mayor dividendo por el recurso invertido. Hay un ánimo de ganancia exacerbado. Esta pretensión de obtener una ganancia con el mínimo esfuerzo lleva a invertir en fondos altamente riesgosos. La cuestión es la claridad y conocimiento que en ello tiene el inversionista, situación de la cual también es responsable el asesor del fondo de inversión. El asunto es más dramático cuando se trata de inversionistas que ponen todo su patrimonio en una ilusión basada en el engaño, como ocurrió recientemente con un sector del magisterio chihuahuense. Los maestros pidieron dinero prestado, doscientos mil pesos cada uno, a sociedades de inversión, y pusieron como garantía su salario. De la nómina se les descuenta cada quincena el pago a prorrata del préstamo avalado por el sindicato, más los respectivos intereses. Ese dinero fue invertido por los maestros en otra financiera que les ofreció ganancias al doble anual que jamás llegaron. Ante el incumplimiento interpusieron denuncias penales que llevaron a la cárcel a la administradora de la financiera, quien enfrenta acusación de fraude. La fiscalía habrá de determinar la existencia del tipo penal y la responsabilidad de quienes habrían intervenido en la maquinación del engaño que se cree podría llegar a la afectación de cientos de maestros. Dentro del deslinde de responsabilidades seguramente la autoridad habrá de determinar la participación de las diversas financieras en la maquinación para despojar a los maestros de su dinero: unos para hacer el préstamo y la otra para invertirlo supuestamente en un fondo que generaría ganancias importantes, así como la participación de todos quienes contribuyeron en ello. El funcionamiento de las instituciones financieras se encuentra regulado por diversas normas. Se han creado diversos tipos penales que sancionan las conductas indebidas en la materia. Sin embargo, el principio elemental es no caer en el engaño. No existe, salvo que se asuma el riesgo de perder el recurso, fondo que permita duplicar o triplicar ganancias de manera consistente. Al menos una institución seria jamás podría ofrecer algo similar. Si lo hace es que algo esta mal y no se puede confiar en ella. http://robertopinon.blogspot.mx

Tatcher

El colonialismo y neoliberalismo económico son rasgos del desempeño de Margaret Tatcher como Primer Ministro de Inglaterra. Ella ordenó el envío de miles de fuerzas para recuperar las Islas Malvinas, enclave colonialista europeo, particularmente inglés en el Mar Territorial argentino. Los argentinos, en un anhelo largamente acariciado, desembarcaron en abril de 1982 en las islas, recuperando un territorio en disputa desde 1833, cuando los ingleses invadieron y tomaron posesión ante la debilidad militar argentina. Las fuerzas armadas británicas una vez más se impusieron y en junio recuperaron las islas, reforzando su posición en uno más de los dieciséis territorios coloniales con los que cuenta. Ante el litigio, la Organizacion de las Naciones Unidas reconoce la administración inglesa aún y cuando pertenecen a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Desde la reforma constitucional de 1994, el máximo ordenamiento juridico argentino reclama en uno de sus transitorios la soberanía y la recuperación de las Malvinas como un «objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino». Los isleños fueron reconocidos como ciudadanos ingleses, dotándolos de una constitución propia. El colonialismo inglés en las Malvinas representa una posición intervencionista en un territorio que no les pertenece, que violenta la soberanía argentina y que debe cesar. Por otro lado, el neoliberalismo impulsado por "La Dama de Hierro" acentuó los niveles de pobreza en Inglaterra. Impulso la privatización de la economía, reduciendo la participación del estado como mero rector o vigilante. Desreguló el sector financiero, flexibilizó el mercado laboral, privatizó empresas públicas y redujo el poder de los sindicatos. En su primer mandato la popularidad cae por la recesión pero la Guerra de las Malvinas le permite obtener la primer reelección. En 1987 obtiene una tercera reelección, pero un par de años después el impuesto a la comunidad le mereció una fuerte reprimenda electoral, que la obligo a renunciar, obligada por la presión de sus mismos líderes de partido conservador. La debacle fue su afán neoliberal: redujo drásticamente los impuestos directos privilegiando los indirectos, con lo cual afectó a toda la población, beneficiando el gran capital. Los ingleses no soportaron una vez más las políticas radicales que ya habían golpeado fuertemente con la reducción de subsidios a la educación, la vivienda y la salud, con un nuevo impuesto, Poll Tax. Tony Blair la sucede después de John Major: la tercera vía significó un política social y económica intermedia, equilibrada. La Baronesa Tatcher, miembro vitalicio de la Cámara de los Lores, murió el 8 de abril a la edad de 87 años después de una larga enfermedad de demencia senil tras un incidente cardiovascular.

Nueva ley de amparo

Es trascendente la nueva ley de amparo cuya vigencia inicia el día de hoy. La discusión en torno a la misma fue intensa, no solo por lo sustantivo de sus cambios, sino por la urgencia de su promulgación y publicación, ante el gran vacío que se género después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que sustituye el concepto de garantías individuales en un afán de máxima protección contra los actos de autoridad y de los mismos particulares. Los titulares de los poderes ejecutivo y judicial se encargaron de resaltar la importancia de la reforma, fundamentalmente por tres ejes, protección a los derechos humanos con el reconocimiento de los tratados internacionales firmados por México, agilización de los juicios de amparo y el fortalecimiento del Poder Judicial. En particular, debe resaltarse el reconocimiento del interés colectivo que supera el interés jurídico concreto, personal en los asuntos; los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad y sus facultades sean derivadas de una ley, también podrán ser sujetos de amparo; el ejecutivo y el legislativo podrán solicitarle al poder judicial que priorice la resolución de juicios de inconstitucionalidad que resulten de urgencia; el poder judicial podrá hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad de normas cuando el poder legislativo se niegue a modificar las leyes o normas que así hayan sido declaradas. Se trata de modificaciones de gran relevancia que colocarán al poder ejecutivo en una nueva tesitura. ¿Deberán conocer de los juicios que cualquier ciudadano inicien en contra de particulares que, por ejemplo, desmontan el bosque violando el derecho humano al equilibrio ecológico, bajo el supuesto de que dicho particular puede resultar una persona moral mercantil, sujeta en su actividad a una ley? Cualquier ciudadano podrá también demandar a la autoridad por el mal estado de los parques y jardines, bajo el concepto de violación a ese equilibrio ecológico, conservación del medio ambiente, espacios de recreación adecuados; por la ausencia de plena seguridad, ¿vivienda?, ¿igualdad de oportunidades en lo económico, educativo, social? La reforma abre una puerta interesante para los tribunales, que deberán resolver asuntos y distinguir en ellos la real violación a un derecho humano, ahora en el más amplio concepto como lo señala a misma constitución, y aquellos que resulten simplemente del capricho o de intereses económicos de personas morales o físicas, en un marco de posibilidades reales de la administración pública que carece de los recursos para atender todas las necesidades de ciudadanos, de la ciudad, el desierto y la montaña, sujeto a un presupuesto limitado por condiciones económicas locales, nacionales e internacionales. La decisión de otorgarle al ejecutivo y al legislativo, a través de la consejería jurídica y los presidentes de las cámaras, que respetando los plazos de ley se priorice la resolución de aquellos asuntos que por su relevancia resulten de necesaria urgencia, genera un equilibrio que evitara que las controversias por leyes duerman el sueño de los justos. Esta facultad, que podría parecer un exceso que fortalece el presidencialismo, es acotada por la determinación que tendrá el poder judicial para realizar declaratorias generales de inconstitucionalidad de normas: se supera la simple inaplicabilidad: ahora el poder judicial podrá decirle a las cámaras que tal ley ha sido declarada inconstitucional, y de no modificarse o derogarse, podrá ordenar la publicación de la declaratoria general en el Diario Oficial. Se trata de la primera gran reforma al juicio de amparo en 172 años, institución garantista de talla internacional, que adquiere tintes de protección social y colectiva, por encima del interés individualista que siempre ha protegido. Tiene razón el Presidente Enrique Peña Nieto: la modernización de esta norma no garantiza por si sola el éxito de su aplicación, por lo que toca al Poder Judicial, a los litigantes y a los ciudadanos todos, lograr que este instrumento sea un derecho al alcance de todos los mexicanos.