Centralismo que no resuelve

Hay un equivoco en el pacto por méxico. Cuando se habla de crear el Instituto Nacional de Elecciones, como la panacea de las soluciones a los problemas de ejercicio indebido de recursos por parte de organismos electorales, partidos políticos y gobiernos, ya sea federal o estatales, corrupción, trafico de influencias, clientelismo o litigiosidad, entre otros males, creo que caminamos por el rumbo incorrecto. La creación de una institución nacional que concentre la organización de cuatro mil procesos electorales en el país, solo acrecentará los problemas que la democracia enfrenta en la actualidad. ¿Por que? Es sencillo. La tentación de la negociación central pasara por encima de la realidad de cada región: los partidos políticos nacionales y el gobierno federal, desde la mesa, tomarán las decisiones, en perjuicio de la militancia y de la ciudadanía, que regresara a un status de sumisión de los máximos jerarcas. El perjuicio inminente es la ausencia de conocimiento real de lo que acontece en cada municipio del país por parte de las autoridades y dirigencias centrales. Ese desconocimiento es obvio: en cada zona del país palpitan diversos intereses legítimos de todo tipo, politicos, económicos, sociales, culturales, que para ser tomados en cuenta auténticamente requieren una vía de expresión, no impuesta de manera central, sino construida en cada localidad, donde la diversidad democrática se expresa en la multiplicidad de formas de pensar y actuar. La democracia nace así en México. Nos lo recuerda César Jauregui Robles, consejero de la judicatura del Poder Judicial de la Federación. Al hecho de que las primeras elecciones se hicieron desde las mismas comunidades, añade el alto funcionario judicial el hecho de que las principales reformas en materia democrática han nacido en provincia y no en el centro del país: como la credencial de elector de Baja California o la Judicatura en Coahuila. Tiene razón Marco Antonio Garcia Baños -quien junto con Jauregui participaron en la mesa panel que sobre el tema convocó el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua que preside el abogado José Miguel Salcido-: la solución de fondo se encuentra en eliminar los males a los que hemos hecho referencia, de otra manera, los problemas subsistirán. Es decir: quitar a los organismos electorales y tribunales estatales, poco resuelve el problema. El Instituto Federal Electoral tendría que instalar organismos que realicen estas funciones -a nivel municipal-, al igual que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La desventaja es que el costo de las elecciones organizadas por el IFE es mayor que lo que gastan los organismos electorales estatales, y que el TRIFE se convertirá en primera, segunda y definitiva instancia -en el pleno- de resolución de conflictos, restando la riqueza de la resolución otorgada por tribunales integrados por magistrados locales, como ocurre actualmente. Luego no se resuelve el problema del alto costo electoral. Tampoco se resuelve la cuestión de la influencia de los gobernadores sobre los órganos, porque buscaran influir en los nuevos organizadores electorales. El clientelismo partidista no se acaba, ni la denunciada corrupción ni los litigios electorales. Coincido con el consejero Baños. Hay que pensar, más que en un instituto nacional electoral o en concentrar toda la resolución de conflictos en el TRIFE, en reformas al artículo 116 constitucional, para normar el funcionamiento de los organismos estatales electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, generando un estándar de actuación, que acabe con los vicios. El centralismo electoral, considero, no aporta a la solución de fondo. Mientras tanto, decenas de magistrados electorales del país acudieron al Senado de la República a plantear su rechazo a la concentración de los litigios electorales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo la batuta de Chihuahua que encabeza la asociación nacional. EN EL TABLERO...Las normas en materia de protección civil en el Estado de Chihuahua establecen que la primer responsabilidad recae en la Fiscalía General del Estado, como operador por ministerio de ley del sistema estatal...No descarte que una de las lineas de investigación tenga que ver con esas omisiones que desembocan en la unidad estatal de protección civil, en el caso de la tragedia ocurrida en la presentación de las Monster Truck...Es cierto que Maria Eugenia Campos es la única mujer diputada que no ocupa la titularidad de una Comisión, como pasa con sus trece compañeras de legislatura, sin embargo es natural porque se encuentra colocada en comisiones clave: Fiscalización, Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, Programación, Presupuesto y Hacienda, y Energía...