Simulación

El gobierno de la república anunció un apoyo millonario (5 mil millones de pesos) para comprar cartera de deuda en poder de empresas financieras y que significaban una pesada carga para 300 mil maestros en el país. De acuerdo al procedimiento anunciado, cada maestro presentará una solicitud a Bansefi, quien reducirá el interés del 43 al 18 por ciento, y los pagos quincenales hasta en un 70 por ciento, con nuevos plazos que podrían llegar hasta los 30 meses. Se trata de un esfuerzo loable del gobierno federal por apoyar a un sector profesional, en medio de la discusión por la reforma y los nuevos mecanismos de evaluación. Sin embargo, mas bien parece, que en el fondo, por las revelaciones que circulan en medios nacionales, se trata de salvar de la quiebra a decenas de empresas financieras que han lucrado con el negocio de los prestamos en bienes y servicios, a través de la comodidad de la nómina, con la complicidad de los sindicatos, alentando la adquisición de créditos por la base trabajadora, que termina estrangulando su capacidad de pago por encima del 30 por ciento permisible por ley. Los trabajadores federales pueden adquirir créditos que les impliquen la deducción inmediata vía nomina hasta del 30 por ciento del salario. La cuestión es que, por un lado adquieren vivienda, coche y enseres domésticos por esta vía, hasta que el porcentaje resulta insuficiente, dados los compromisos normales para subsistir, como son colegiaturas en escuelas, gasolina, recibos de servicios, entre otros muchos. No tardan, en estas condiciones, en caer en la insolvencia. ¿Quienes están detrás de estos negocios? Personalidades vinculadas a la vida política inmediata. Se leen los apellidos Zedillo, Chedraui, y Montiel, asi como personas no conocidas pero vinculadas directamente a la maestra Elba Esther Gordillo, incluso, que son investigadas en el marco de las indagatorias por lavado de dinero. Estos personajes son socios o propietarios de diversas sociedades financieras, Consupago, Etesa, Crédito real, Con su pago, Su personal paguitos, Grupo Ofem y Crédito Maestro, entre otras. La historia negra habla de que para incluirlos como prestadores de servicios de crédito habrían entregado sobornos en distintos niveles del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, desde el Comité Ejecutivo Nacional hasta las secciones sindicales estatales. Nada mas para darse una idea del negocio subyacente, solo Consupago manejo en 2011 una cartera de 360 millones de pesos en créditos, principalmente en Veracruz, Guerrero y el Distrito Federal. Para mayor transparencia, obvio es que deben darse a conocer los contratos y el mecanismo mediante el cual se autorizaban los créditos, que si bien es cierto era responsabilidad de cada trabajador decidir con que sociedad contrataba, en base a condiciones del préstamo, también lo es que históricamente se establecen intereses verdaderamente usurarios, con sanciones y multas que terminaban por duplicar o triplicar el crédito, por más pagos que se realicen. Debe, entonces, antes de salir al rescate de una cartera de deuda inflada artificialmente -un doble negocio, porque el gobierno federal a través de Bansegi pagara en efectivo- debe realizarse un estudio actuarial que evite abusos en intereses y eventuales recargos -que se supone no aplican-. Es decir, un trabajador estuvo realizando pagos, que acumuló intereses, habría que revisar su estimación y no entregar cheques en blanco que salven empresas que desde un principio representaron un negocio lucrativo. Asimismo, sería deseable una investigación a fondo, fuera de las indagatorias que ya realiza la Procuraduría General de la República en el caso Gordillo, que incluya a estas sociedades y las acusaciones de pago de sobornos para entrar como proveedores de estos lucrativos servicios financieros. Pero además, urge una regulación más efectiva que evite el tráfico de influencias en negocios que terminan ahogando a la base trabajadora, en una moderna tienda de raya. EN EL TABLERO...Designados los jefes de policía en las principales ciudades del Estado, Chihuahua y Juárez, mediante un mecanismo novedoso, que incluye la intervención del Congreso del Estado, sigue ahora la presentación de los programas de trabajo, en una necesaria transparencia que señale indicadores para poder evaluar avances...No estaría mal en ese sentido, que se socialice el diagnostico real del estado que guarda la seguridad pública...José Miguel Salcido es el primer magistrado de la Sala Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado... El abogado era el Presidente del Tribunal Estatal Electoral, donde deberá convocarse a la brevedad para nombrar a un nuevo magistrado...Se especula que dados los problemas de salud del actual presidente del Supremo Tribunal, Salcido es la carta fuerte del gobernador...