De golpistas y autoritarios

Los derechos fundamentales, particularmente hablando de aquellos relativos a los derechos políticos, como la manifestación de las ideas o asociación, tienen como límite los derechos de tercero, el orden público y su ilicitud.

Esto es así, porque la violación de los derechos de terceros, como su privacidad, intimidad,  posesiones o propiedades, vulnera la esfera jurídica de otra persona, situación no solo ilegal, sino injusta, porque coloca en colisión ambos derechos.

Lo mismo ocurre cuando a través de la libre manifestación de las ideas o asociación se altera el orden público o se cometen o provocan ilícitos, ya que se violenta el derecho que tiene la colectividad de un entorno armónico social, político y económico, requisito indispensable para el ejercicio de sus derechos fundamentales, situación que en todo momento debe garantizar el poder público establecido, expresión comunal organizada en quien se deposita la confianza para el despliegue, en sus diversos grados, de la fuerza del Estado.

En principio no existe problema cuando se ejercitan todos los derechos de manera paralela, sin interferir unos frente a otros. El problema ocurre cuando existe colisión de derechos. ¿Cual de ellos debe prevalecer?

Es una pregunta muy complicada que obliga a soluciones particulares o casuísticas, pero bajo la aplicación de principios generales.

Un principio general es que la libre manifestación y asociación es un derecho ciudadano que impide tropelías y abusos del poder público, pero que a la vez sirve de dosificador de la presión, que permite desfogar anhelos sociales incumplidos, que de otra manera encontrarían escape a través de la acción directa, es decir, el derecho a la revolución autorizado por la misma carta fundamental.

Otro principio general es que esa libre manifestación, cuando es multitudinaria, siempre implica actos que violentan la ley o alteran el orden público, ya sea de manera aislada o generalizada. En principio, la obstrucción de calles es una violación al derecho de libre tránsito tutelado por la misma constitución y garantizado a través de diversas normas penales que sanciona el ilícito desde el punto de vista común y federal.

Uno más tiene que ver con la tolerancia que la autoridad debe mostrar siempre ante estos fenómenos sociales, atendiendo su naturaleza, como ya dijimos, como expresión natural de hartazgo, política inteligente de contención.

Aún más. La autoridad, en una acción de pleno cuidado, debe asumir una política policiaca de vigilancia que evite el mal mayor, mantenga las manifestaciones en un nivel social, económica y políticamente aceptable, evitando confrontaciones de violencia que detonen en una escalada mayor, que produzca lesiones o muerte.

Estos principios permiten a los Estados y a los ciudadanos mantener el ejercicio de sus derechos constitucionales en un marco que evite ingobernabilidad y males mayores.

El problema es que sabemos que existe una guerra de baja intensidad bajo el ejercicio político de unos y otros. Las manifestaciones ya lograron su objetivo, estrujar y modificar estructuras de poder, lo otro tiene que ver con la modificación de un orden constitucional y democrático.

Desde el gobierno, el problema es que los cambios de estructura anticipados no son profundos ni conllevan el cambio de conductas ni políticas públicas. Al contrario, el mensaje como Estado es privilegiar la estabilidad per se, teniendo como objetivo conservar un estatus quo que privilegia a la clase gobernante y se distancia de la colectividad, en lugar de aprovechar la oportunidad para reorientar profundamente sus acciones.

En este sentido, la colisión de derechos se amplia y profundiza, situación grave y delicada, porque la inestabilidad y ausencia de gobernabilidad profundiza diferencias, y retrasa avances. Sí a las manifestaciones, pero bajo un orden constitucional, flexibilidad y tolerancia. Si al ejercicio del poder público, pero sujeto al respeto a los derechos fundamentales.

México ha decidido caminar bajo un sistema democrático, de pesos y contrapesos, aún en consolidación, ajeno a intentonas golpistas y afanes totalitarios irracionales. La línea es delgada, no romperla es el truco. La difícil decisión esta en el ámbito público, porque los sectores radicales, aún en minoría, ya decidieron.

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