Columna de análisis crítico

martes, 18 de agosto de 2015

No basta con ser reactivos

Mejorar los mecanismos de protección a los periodistas no se agota en la implementación de acciones remediales y reactivas –aún y cuando resulten vitales-, como es el caso del sistema implementado desde la Federación con fundamento en la Ley Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Esta es solo una parte de la solución. La otra parte la componen las acciones preventivas, particularmente la capacitación a los periodistas y comunicadores, así como a los integrantes y mandos medios de cuerpos policíacos.

Es cierto que ante una agresión que pone en riesgo al comunicador, las primeras horas resultan fundamentales para proteger su integridad y la de su familia. Y en ello es clave contar con un mecanismo ágil de protección, fines que persigue el recién aplicado instrumento nacional, y que en estos momentos –según datos difundidos- protege a medio centenar de periodistas.

Sin embargo, ¿cómo debe actuar el periodista frente a una agresión? ¿Cuáles son las medidas de precaución que debe adoptar? ¿Cuáles son las experiencias internacionales ante situaciones de alto riesgo? Esta etapa, la preventiva, vía la capacitación, adquiere gran relevancia para eficientar la etapa protectora, porque permitirá al comunicador superar las primeras horas de tensión, e incluso, en muchos casos, resolver por sí mismo los casos de presión para evitar que escalen en gravedad.

Desde 2010, el sistema estatal de protección contra periodistas distinguía estas dos necesarias etapas de protección, la preventiva y la reactiva. Este modelo bien puede trasladarse a nivel nacional en cuya norma jurídica se contiene pero no se aplica de manera generalizada y solo en los casos particulares sometidos a su consideración.

Por ello resulta relevante que el pasado miércoles 12 de agosto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya convocado a organizaciones de distinta índole y naturaleza a una reunión con los responsables de políticas públicas de la Secretaría de Gobernación, y que en ese marco, se haya planteado la necesidad de adoptar el modelo a nivel nacional desde la experiencia de Chihuahua.
La Secretaría de Gobernación ocupa un papel clave en la implementación del sistema nacional de protección a periodistas, de hecho, es la secretaría del ramo responsable del mismo. Por ello, es quien debe asumir la responsabilidad de impulsar esta vertiente de la prevención en busca de disminuir las agresiones, que en algunos Estados de la República son un verdadero escándalo, como es el caso de Veracruz, más aún con el homicidio del colega Rubén Espinosa en la colonia Narvarte en la ciudad de México, por la presunción de amenazas gubernamentales en su contra.

Un sistema de protección que solo busca de manera reactiva proteger al periodista al momento del riesgo no resuelve de fondo los problemas. Ataca el efecto, pero a veces es demasiado tarde. Por ello debe impulsarse con vigor una cruzada de capacitación en prevención en todas las entidades federativas.
Una vía para ello pueden ser las mismas Comisiones de Derechos Humanos estatales y las organizaciones periodísticas.

No debe perderse de vista, como ha ocurrido lamentablemente en Chihuahua en lo que va del año, las agresiones provienen en muchos de los casos de los integrantes de los cuerpos policíacos, que no comprenden la labor de los comunicadores y aplican a ciegas –y muchas veces con exceso, abuso y prepotencia- las normas reglamentarias de su actividad.

Una capacitación constante a comunicadores y cuerpos policíacos puede auxiliar a prevenir sucesos lamentables de agresiones, en una ruta que no puede esperar más tiempo y que debe ser abordada de manera sistemática y permanente, con el impulso institucional, bajo la premisa de que la libre expresión de las ideas es uno de los derechos humanos fundamentales y pilar del Estado moderno.




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