Medidas inaplazables

Solidaridad con la familia del colega Adrián Rodríguez; exigencia de alto a la impunidad y asesinato de periodistas y comunicadores. Ya basta.

El sábado pasado fue asesinado el colega periodista Adrián Rodríguez, noticia que recibimos con indignación y pesar.

En ese momento vestía su chaleco de prensa y se dirigía a la estación de radio Antena 102.5,  como hacía desde abril, cuando empezó a trabajar en dicho lugar.

Para arrebatarle la vida fue utilizada una pistola calibre .45, arma de uso exclusivo del ejército, delito perseguido por el orden federal.

La autoridad estatal tiene diversas lineas de investigación en relación con el homicidio y trabaja en coordinación con la Fiscalía Especial para atención a delitos cometidos contra periodistas de la PGR, que en cualquier momento puede decidir la atracción, como lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales, por tratarse de un periodista y por el uso en el crimen de un arma prohibida.

Se dice que no habrá impunidad.

Hasta ahí todo muy bien.

El problema es que este suceso criminal forma parte de los veinte asesinatos cometidos contra periodistas en el Estado de Chihuahua, en los últimos seis años, y siempre se ha dicho y hecho lo mismo.

¿Que hacer en lo inmediato? Sumarnos -como de facto ya ocurre- únicamente al mecanismo federal de protección o crear un sistema estrictamente estatal. Parece que la salida es encontrar un justo medio. Recuperar el sistema integral de protección a periodistas, que no se limita a medidas cautelares o de protección reactiva, y aprovechar las ventajas de un sistema en marcha, como es el federal, que en la actualidad implementa cerca de 40 medidas cautelares de diverso grado.

Dentro del sistema integral, publicado por decreto del ejecutivo estatal, se contempla una mesa de trabajo permanente integrada por representantes del poder ejecutivo, judicial y legislativo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y las organizaciones de periodistas.

Esta mesa debe ser el foro idóneo para dar seguimiento y evaluar las acciones administrativas, legislativas y judiciales, realizadas para proteger a los comunicadores. Ahí se deberán discutir, las acciones de capacitación y sensibilización en materia de libertad de prensa para el sector público, privado y social; la comunicación social y las políticas establecidas al respecto por los diversos niveles de gobierno, entre ellas, la publicidad; y, la capacitación a periodistas para cobertura de sucesos de alto riesgo y protocolo de actuación.

Como se observa, se requiere una atención permanente, focalizada, en materia de libertad de expresión y periodismo.

Ya existe un instrumento, perfectible, con áreas de oportunidad como ser elevado a nivel de ley, pero lo urgente es implementarlo, y no legislar a priori, sin consenso y a espaldas del gremio periodístico.

Se requiere una auténtica voluntad para corregir el rumbo en materia de protección a periodistas. Es cierto: no toda la responsabilidad recae en el Gobierno Estatal o Federal, pero es el sector público, el Estado, quien tiene toda la fuerza y el deber de velar en primer lugar por una auténtica protección al ejercicio periodístico: tiene la obligación Constitucional, artículos sexto y séptimo, y Convencional: la Convención Interamericana de los Derechos humanos, que protege en términos amplios, no restrictivos, la libre expresión de las ideas y la actividad periodística, como un pilar del Estado democrático.

No se trata entonces de un asunto en que el gremio periodístico busque un estado de excepción o un fuero especial: existe legal e históricamente un consenso de la necesidad de proteger y alentar la comunicación y el periodismo, espacio indispensable para consolidar el resto de las libertades democráticas.

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