Doble discurso

Dice el presidente Felipe Calderón que la mayoría de las corporaciones municipales han sido rebasadas por el crimen organizado y que requieren una modificación estructural que permita el reforzamiento logístico a través de la creación de treinta y dos policías estatales que subsuman a aquellas.
Tiene razón. Pero no es la solución de fondo al problema, que es el vacío de poder, la ausencia de coordinación por parte de la federación que debe asumir el liderazgo en la materia y que se ha visto incapaz para hacerlo, alentando por medio de omisiones y ausencias la corrupción y con ella la impunidad.
Es correcto buscar la reestructuración del sistema policial en el país como un mecanismo de solución, sin embargo los problemas de corporaciones compradas por el dinero del crimen organizado subsistirá, por la sencilla razón de que no hay voluntad para activar los mecanismos de control y supervisión, mecanismos que serán necesarios en el nuevo esquema planteado como lo son en este momento para detectar a los agentes policiacos que están en la nómina oscura del dinero criminal.
Este nuevo esquema tampoco resuelve el problema de la ausencia de equipo adecuado en las corporaciones policiacas, porque si existiera la supervisión adecuada, no habría desconfianza para equipar suficientemente a los agentes municipales, porque serían policías preparados técnica y logísticamente.
Es cierto, concentrar los mandos de la policía municipal en una sola cabeza estatal otorgará mayor capacidad de acción, con una sola línea vertical jerárquica, fortaleciendo la capacidad de acción de los gobernadores, pero debe tenerse cuidado, porque de entrada esto significa mayores responsabilidades y gasto.
La medida debe ir acompañada de una revisión a la distribución de recursos hacia las entidades federativas, porque en los hechos significa una cesión hacia el ámbito estatal de una actividad, que en estos momentos le corresponde al gobierno federal, que es el combate a la delincuencia organizada: sería lamentable que solo se cargara en los Estados una nueva responsabilidad sin los recursos económicos suficientes, sería desastroso, una medida simplemente mediática, de imagen.
Igual ocurre con los centros de readaptación social, los que son administrados por los estados, que día con día reciben internos por delitos federales, lo que provoca un aumento en el grado de riesgo del resguardo, sin que exista reciprocidad federal en los recursos.
En los hechos hay una distancia con el discurso que exige a los estados mayor participación, sin la correspondiente retribución financiera: esto es, conservo el presupuesto, pero me desligo de responsabilidades, un doble discurso riesgoso por la materia tan delicada.

Dados cargados

La actividad jurisdiccional es fundamental, elemento indispensable, en el estado moderno. Forma parte, junto con la actividad legislativa y ejecutiva, de un sistema de administración del poder público. Pero no solo ello, constituye una garantía que evita la concentración del poder en una sola persona o en una corporación única, con lo cual son posibles los pesos y contrapesos de que nos habla la teoría del estado y la doctrina constitucional.
El hecho de que se judicialicen las actividades de los particulares en sus relaciones comunes entre sí o con el Estado, no es algo que deba alarmar a nadie. Es de ordinario que se escuche con preocupación que las cuestiones tengan que resolverse ante los jueces, como si se tratara de algo extraordinario.
Creo que la intervención de los jueces debe ser, efectivamente, extraordinaria, pero en el sentido, de que antes de acudir a la justicia, debe buscarse una amable composición con base en el sentido común y la negociación, donde las partes ceden cada una en forma razonable.
Esta actividad jurisdiccional es aún más importante y necesaria cuando no existe esa posibilidad de arreglo, por constituir una forma civilizada, ordenada e imparcial de resolver los conflictos, que en teoría abandona el esquema de resolución vía cualquier esquema de la fuerza.
Es trascendental la función de resolución legal de conflictos en una sociedad democrática, por la polarización natural de intereses entre los partidos políticos, razón por la cual los tribunales en la materia se tornan en piedra toral de la instrumental electoral.
Toman especial relevancia sus características de independencia e imparcialidad, que deben reflejarse en sus magistrados, quienes deben en ocasiones construir la norma desde la interpretación, por lo que sus personas, su característica subjetiva, es determinante en el sentido de las resoluciones.
Chihuahua actualmente cuenta con un tribunal que se ha consolidado y profesionalizado, probado en diversos procesos electorales, generando confianza en los actores políticos, a tal grado de que por consenso se llega al nombramiento de la abogada Roxana García, como su nueva integrante, junto a José Rodríguez Anchondo y José Miguel Salcido.
2010 será una nueva prueba para éste órgano jurisdiccional, cuando se elija gobernador, alcaldes, síndicos y diputados; se espera una actuación sin dados cargados ni favoritismos de alguna especie.

Una nación dependiente y carente de autonomía

Es muy difícil para alguien que tiene una deuda que rebasa sus capacidades financieras salir a corto plazo de las mismas.
Se requiere, más que voluntad para pagar, establecer una serie de procedimientos de ajuste de gasto para enfrentarlas.
No es posible pensar en la deuda destinándole un cierto porcentaje en forma permanente para pago, cuando apenas se alcanzan a cubrir los intereses y la deuda continua creciendo, pero además, cuando se echa mano de otros mecanismos financieros hasta llevar la deuda al infinito, esto es, a esquemas que la convierten en impagable.
Es cierto que estos mecanismos forman parte de los métodos que las personas físicas y morales asumen para enfrentar sus pasivos, sin embargo, la situación toma tintes dramáticos cuando se trata de una deuda de un gobierno, que debe enfrentar sus responsabilidades cotidianas de gobernabilidad sin menoscabo de cumplir con sus obligaciones financieras.
Es el caso de México.
Actualmente, solo pensando en la deuda interna, nuestro país debe, a través de diversos instrumentos, como Tesobonos, Cetes, Bondes, Ajustabonos y a finales de los noventas, Udibonos, algo así como dos billones 782 mil 303 millones de pesos, datos dados a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para darnos una idea de la magnitud del problema, el presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión para el próximo año es del orden de los 3 billones 176 mil millones de pesos, apenas unos quinientos mil millones de pesos más que el monto de la deuda interna. De la deuda externa ni hablamos.
No sería extraño que de pronto nos encontráramos con el problema financiero que provoco la primera gran crisis de nuestro país en 1982, cuando el gobierno mexicano no pudo enfrentar los pagos de sus compromisos contraídos a través de la deuda interna.
Y no sería extraño, ya que la deuda interna creció en el gobierno de Felipe Calderón algo así como un 63 por ciento, con lo cual se evidencia que es el instrumento de gobernabilidad que ha sido utilizado, como un mecanismo que permita enfrentar el compromiso con la deuda externa.
Probablemente el fondo es que se prefiere el endeudamiento interno para evitar comprometer la soberanía nacional, argumento poco creíble cuando quienes quieren los instrumentos son por lo general personas físicas y morales donde no se distinguen nacionalidades, y por lo mismo, existe un quebrantamiento de la independencia de nuestro país, aunque claro, bajo mecanismos que diversifican la deuda y por lo mismo, pluralizan las obligaciones.
Si bien es cierto, los gobiernos han tenido un manejo positivo de la deuda al mejorar el perfil de las amortizaciones, colocar exitosamente bonos del gobierno federal, alargar plazos, disminuir saldos, también tiene un lado negativo, el saldo es excesivo para las finanzas públicas, con un pago que compromete recursos que deberían usarse para paliar auténticamente la pobreza y sin políticas públicas que adelgacen el gobierno y enfrenten decididamente áreas ociosas e ineficientes.

Un gobierno reflejo

El Índice Nacional de Percepción de la corrupción, dado a conocer por Transparencia Internacional, es un balde de agua fría para los gobernantes mexicanos, en momentos en que concluían la negociación de un presupuesto federal superior a los tres billones de pesos.
Según el informe, México presenta un índice de 3.3, en el puesto 89, en el mismo sitio que naciones como Ruanda o Malawi, muy lejos del lugar 72 que sostenía hace un año. La corrupción no solo continua, sino que se agudiza en el país.
Las razones de dicha percepción, de acuerdo al estudio, se encuentran en las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados, que frustran iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible.
Ante esta situación, el organismo internacional sostiene que es indispensable "una activo control por parte del poder legislativo, un poder judicial eficiente, organismos de auditoría y lucha contra la corrupción independientes y con recursos adecuados", así como la aplicación "enérgica" de la ley, transparencia presupuestal y espacios para los medios de comunicación independientes.
Nadie puede cuestionar en términos absolutos las sugerencias para reducir la corrupción ni cuestionar las causas mencionadas.
Sin embargo, debe señalarse que las instituciones son débiles, no por sí mismas, sino como reflejo de la corrupción que las carcome. Las instituciones en México son tan fuertes que soportaron un gobierno débil y ambiguo como el de Vicente Fox, sin hacerse añicos, al contrario, emergiendo una y otra vez del escándalo y la omisión.
Contrario a lo que señalan los expertos, las prácticas de gobernabilidad no son deficientes, por supuesto que no: son de tal eficiencia que permiten en estos momentos que los tres grandes partidos políticos lleguen a acuerdos que les permitan gobernar con la comodidad de los impuestos descansando sobre la base de los contribuyentes, sin una real política de austeridad, y que incluso, con gran desfachatez, se insista, ante la grave crisis económica, en un nuevo edificio para nuestros legisladores, para sustituir San Lázaro.
Es cierto, hay una injerencia excesiva de los particulares en las decisiones, pero de los intereses particulares de la clase gobernante, y unos cuantos empresarios que detentan la concentración de la riqueza en el país.
Desafortunadamente la corrupción en el sistema gubernamental es reflejo de una sociedad laxa y pragmática, que no solo permite dicho estado de cosas, sino que lo impulsa y se aprovecha de él; no es que el gobierno se haya alejado del sentir comunitario, al contrario, lo refleja en su mayor crudeza.

Manos oscuras

Es muy común que el poder público busque mecanismos sutiles, cuando no directos, para atosigar a la prensa.
Por eso nos resulta muy sospechoso que la colega Gabriela Gallegos, líder periodista en Durango, haya sufrido un robo en su casa, de donde fueron sustraídos equipos de distinta naturaleza que ella utiliza para realizar su trabajo.
Manos oscuras se llevaron la computadora, unas cámaras de video y su aparato celular, en un asunto que por supuesto nos inquieta, porque había objetos de valor en la misma habitación que no fueron tocados.
No deseo acusar a nadie en particular, pero las circunstancias del robo son extrañas. Hay que ser serios en el asunto. Esperamos que se trate de un simple hurto, como los que abundan en un México donde la tranquilidad se ha perdido, y que no existe ningún móvil detrás para acallar la libre expresión de las ideas.
Ya existe una averiguación previa en la procuraduría de justicia de aquella entidad. Debemos, en principio, tener confianza en que las indagatorias llegaran a buen puerto y finalmente habrá de aclararse la situación.
De las circunstancias del hecho son de todos conocidas: Gabriela Gallegos en su calidad de líder del periodismo realizó declaraciones fuertes en relación con el asesinato del colega Vladimir Antuna, con lo cual suman cuatro los compañeros que han muerto en 2009 en Durango.
¿Quién es el responsable de esas muertes?
No lo sabemos. Será responsabilidad de la autoridad estatal o federal, según sea el caso, determinarlo, así como el móvil del mismo, sea cual sea.
La responsabilidad del gremio periodístico es salir en defensa de los colegas exigiendo justicia y que las investigaciones deslinden culpas.
A esas investigaciones, con los señalamientos que ya ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habremos de atenernos: en ese sentido, esperamos expedientes pulcros, testigos entrevistados, hipótesis auscultadas, esto es, profesionalismo en las investigaciones, y no omisiones criminales que alientan la impunidad y el crimen.

Precandidatos en serio

Las entidades federativas tienen como principio el republicano en su forma de gobierno. ¿Qué significa esto? Que hay una renovación periódica de las personas que ocupan las principales magistraturas, entre ellas, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Pareciera que el principio republicano solo aplicará a los poderes legislativo y ejecutivo, que son de elección directa y no al judicial, que es de elección indirecta, pero la realidad es que también aplica con la finalidad de evitar la permanencia de una sola persona en un cargo por periodos demasiado prolongados.
El punto viene al caso porque son varios los estados que renuevan gobernador y diputados, entre los cuales se encuentra Chihuahua.
El estado grande debe elegir 22 diputados, 67 ayuntamientos y un gobernador, en un proceso electoral que arranca el próximo mes de diciembre con la instalación del Consejo General.
Los partidos políticos empiezan oficialmente con precampañas en el mes de enero, el día trece, según ha trascendido. Sin embargo, los tiempos de afianzamiento de precandidaturas prácticamente han iniciado.
En el Partido Acción Nacional, Carlos Borruel, prominente integrante de la ultraderecha, se perfila como candidato único, tras la declinación de Gustavo Madero y la desgracia de Juan Blanco.
En el Partido Revolucionario Institucional sobresalen Héctor Murguía Lardizabal, César Duarte Jáquez y Oscar Villalobos Chávez. También tienen interés Fernando Rodríguez Moreno y Alejandro Cano Ricaud.
El martes Oscar Villalobos dio el paso definitivo hacia la candidatura, al asumir la decisión de retirarse de la secretaria de fomento social, en un acuerdo político con el gobernador José Reyes Baeza.
En una estrategia mediática, Oscar Villalobos utilizó la plataforma de palacio de gobierno para evidenciar su cercanía e institucionalidad hacia el jefe del ejecutivo estatal: manifestar el argumento central de su renuncia, que es la búsqueda de la candidatura.
Tan pulcra fue su decisión, que incluso el líder de la coordinación parlamentaria del PAN, Fernando Álvarez Monge, la justificó, desde el punto de vista de que siendo secretario del gobierno del estado, el uso de las instalaciones oficiales para anunciar la renuncia y sus motivos, es legítimo.
Es indudable que la renuncia fue obligada por las presiones de los otros contendientes a la candidatura, pero el anuncio, en la forma en que se realiza, es un paso adelante hacia la consecución del objetivo. Ahora sí, podría decirse, que hay tres aspirantes a la candidatura del PRI a la gubernatura en firme, en un asunto que deberá definirse en febrero, cuando concluya la interna, que se avizora como inevitable, pese a los intentos de forzar desde el centro una candidatura de unidad.

Transparencia y demagogia

La transparencia es considerada como un elemento consustancial a la democracia, en función de que, aunada a la rendición de cuentas institucional, constituye la auditoria ciudadana, popular, de la información de interés público.
El nivel de transparencia constituye uno de los indicadores para considerar sí efectivamente nos encontramos frente a la existencia de un estado democrático.
Desafortunadamente, la transparencia es, por un lado, un elemento demagógico y de simulación, y por el otro, una simple nulidad.
Hay entidades federativas y ayuntamientos –sin descartar al ejecutivo federal, cuya estructura de rendición de cuentas deja mucho que desear- que navegan en la oscuridad de la información, e insisto, en la demagogia transparente.
Uno de estos casos es el ayuntamiento de Chihuahua, que presume de premios nacionales e internacionales, pero que en la realidad, se queda atrás de diversos órganos municipales que hacen esfuerzos por transparentar su vida interior.
Pero no es el único ayuntamiento que se encuentra en esta circunstancia.
De acuerdo a una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, los recursos públicos en manos de los más de 2 mil alcaldes del país se ejercen sin transparencia.
El informe, elaborado a partir del estudio a 373 municipios, que representan 80% del PIB nacional, 65% de la población y 65% del gasto municipal total, es demoledor.
Los resultados señalan que 100 de los ayuntamientos evaluados no cuentan con página de internet oficial, sólo 97 publican su presupuesto en la red, 89 no lo publican, 52 tienen una página que no funciona y sólo 35 ofrecen la opción de solicitar información pública.
No es Chihuahua uno de los municipios reconocidos en los primeros lugares, apenas se encuentra en el doceavo, incluso por debajo de Juárez; entre los primeros destacan Mexicali, La Paz, Atizapán y Tlaquepaque.
La transparencia constituye un logro de las diversas fuerzas políticas en pro de un mayor control del gasto. Es el paso inmediato anterior a una auténtica fiscalización, con un órgano autónomo, independiente de los poderes de gobierno.
Por lo mismo, no debe ser utilizado como esquema demagógico electoral para posicionarse ante los ciudadanos, que tienen bien claro quién es quién en el manejo de la información.

Un nuevo agravio al periodismo

Para el periodismo organizado del país es claro que la autoridad ha sido incapaz de detener los crímenes contra los periodistas. La muerte de Vladimir Antuna García, en Durango, así lo demuestra.
En lo que va de 1983 a la fecha, han sido asesinados cerca de cien periodistas en todo el país, con lo cual México ocupa el primer lugar a nivel internacional. En Durango, el crimen de Vladimir es el cuarto en lo que va del año: antes que él, fueron asesinados Carlos Ortega Melo Samper, Eliseo Barrón Hernández, y Gerardo Esparza Mata.
Los crímenes actualizan las propuestas que han hecho tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, como la Federación Latinoamericana de Periodistas, entre ellas dos que destacan, la federalización de delitos contra periodistas y la creación de una comisión de riesgo que evalúe amenazas y adopte medidas urgentes para salvaguardar la integridad de los compañeros.
Ambas propuestas, desafortunadamente, han quedado en el tintero: el congreso de la unión ha sido una roca insensible a la necesidad de generar estos mecanismos extraordinarios de protección a los periodistas.
Con la federalización de los delitos se evitaría la discrecionalidad de la Procuraduría General de la República para investigar especialmente agresiones físicas fatales. Pero además, impediría que se rechace esta posibilidad cuando existe evidencia de crimen organizado, pero en la muerte no hay uso de armas exclusivas del ejército, como ocurrió en el caso del colega Vladimir Antuna.
La creación de una comisión interinstitucional de riesgo es urgente, porque, como ocurrió con el compañero Antuna, las amenazas son desestimadas porque no existe un procedimiento para que se dé seguimiento a las mismas. Vivimos una guerra de competencias que deja en la indefensión a los compañeros que sufren amenazas.
Es de vital importancia que el Procurador General de la República, recién estrenado, asuma su responsabilidad, en principio, ordenando la reestructuración de la fiscalía, que por el momento pocos resultados ha brindado, e impulsando ambas propuestas, en busca de encontrar soluciones en el corto plazo.

Una decisión valiente

¿Cuáles fueron los motivos que orillaron a Maurilio Ochoa a votar en contra del paquete económico que impone aumentos a las contribuciones, en medio de una de las peores crisis que México y el mundo han padecido?
La verdad, lo desconozco, pero sin duda, fue una decisión valiente por varias razones.
Maurilio Ochoa tuvo que sopesar con su voto la lealtad al Partido Revolucionario Institucional, en términos generales, y en particular, a la bancada por Chihuahua.
El legislador, de los nueve diputados federales recién estrenados por la entidad, fue el único que se opuso a los nuevos incrementos, los emblemáticos IVA e ISR.
Seguramente Maurilio esta convencido de que el mejor o mayor servicio que le puede hacer a su partido es oponerse al aumento de contribuciones, bajo el argumento –cierto- de que el ejecutivo federal se cerró para encontrar alternativas distintas al cómodo resolutivo de incrementar impuestos.
Esa cierto. Como ocurrió con el aumento del Impuesto al Valor Agregado del diez al quince por ciento, cuando el Revolucionario Institucional cargó con todo el peso de la decisión, que le permitió a los subsecuentes gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón administrar con menores contratiempos, ahora el Partido Acción Nacional no quiso cargar con la responsabilidad.
Se esperaba, en este escenario, que el PRI asumiera de nueva cuenta la responsabilidad histórica, pero en este caso de enmendarle la plana al ejecutivo federal en forma total y completa, y no parcial, como ocurrió con las modificaciones superficiales a la ley de ingresos, aún cuando tenía las herramientas legislativas para hacerlo.
No se trataba de obstaculizar la marcha de la administración pública federal: se trataba de recuperar la esencia del estado mexicano, en sus características sustanciales de profundo compromiso social: de entender al estado como rector e impulsor del desarrollo: un estado que asume las funciones elementales para vivir en sociedad, dejando el resto en los particulares: un estado moderno, eficiente, con un mínimo de gasto corriente: un estado que en lugar de pedir más dinero encuentra mecanismos para reducir sus gastos.
Probablemente Maurilio comprendió esto y actuó en consecuencia, con los riesgos políticos que implica. ¿Es el mal menor lo que se aprobó por los diputados y senadores o existía otra alternativa? Creo, como Maurilio, que la existía.
La cuestión es que autorizados los nuevos impuestos, seguramente quedará para mejores oportunidades un real federalismo en la distribución de los recursos: de nueva cuenta el gobierno central se queda con los impuestos, y las migajas van a los Estados y Municipios; la base de contribuyentes será menor y la economía subterránea se fortalecerá; y finalmente, se ahogará el esfuerzo y la creatividad de los profesionistas que deberán aportarle al gobierno el 30 por ciento de sus ingresos vía ISR.