Tarifas leoninas

La comunicación aérea es elemental en cualquier nación, sobre todo en aquellas que cuentan con una situación geográfica accidentada y largas distancias de ciudad a ciudad.
En dichas condiciones, el transporte terrestre se vuelve inoperante por los altos costos de operación y el consecuente impacto en el precio final de los productos.
Por su naturaleza, los permisos de explotación de la transportación aérea recaen en los gobiernos, regularmente centrales, expidiendo las autorizaciones mediante el pago de un derecho, que debe ser tal que permita la operación de la navegación, esto es, moderado y no fatalmente oneroso.
Dicho derecho debe considerar que los diversos costos de la navegación ya son impactados por una serie de impuestos, donde destacan el IVA, que es trasladado al usuario, y el Impuesto sobre la Renta, que debe asumir en teoría el empresario, así como el impuesto agregado a la turbosina.
Por tanto, no debe existir voracidad en el gobierno al imponer el derecho por kilometro recorrido de las aeronaves, considerando que debe alentar la navegación como un instrumento de ingresos de la misma autoridad y una finalidad útil para la colectividad.
Asimismo, las empresas aeroportuarias deben considerar en sus tarifas un margen de ganancia moderado y no exorbitante: que les permita pagar con holgura los impuestos y obligaciones de distinta naturaleza, como seguros y prestaciones laborales, entre otras, pero sin ahogar al usuario.
No es el caso de México: las empresas aeroportuarias se han quejado de los altos impuestos y la tarifa elevada de derechos, como un elemento que para nada incentiva el crecimiento de la industria; pero las empresas tampoco quedan atrás en las quejas: pese a la incorporación de empresas de bajo costo, las tarifas continúan siendo elevadísimas, sobre todo, cuando son sujetas a la ausencia de real competencia en algunas rutas aéreas, donde se impone la cuota que sea, al existir un cliente cautivo que está dispuesto a desembolsar ante la ausencia de alternativas.
Por supuesto que la demanda de los funcionarios de turismo de las entidades federativas debe ser atendida, en el sentido de que se revisen tarifas, pero no solo del sector privado, sino también de los cobros que realiza el gobierno.
Los estudios actuariales deben indicar cuáles son los márgenes de las tarifas y en aquellos casos en que se compruebe una ganancia verdaderamente ilícita, regularse por el sector gobierno: no es posible que el monopolio de rutas permita cobrar cuotas exorbitantes.
Debe tenerse cuidado de desalentar la inversión privada: no estamos hablando de acabar con la regulación de libre mercado de tarifas, sin embargo, debe entenderse que por tratarse de un permiso para uso de un bien público, como es el espacio aéreo, el servicio debe quedar regulado, con márgenes de ganancia aceptables y no leoninas, como ocurre actualmente.

Necesaria e indispensable imparcialidad en la función pública

Los servidores públicos deben conservar una posición, no solo neutral, sino ajena en forma completa a los procesos electorales, como un principio de equidad e imparcialidad en la contienda, para que los ciudadanos elijan en libertad la opción partidista que les convenza.
Este principio se encuentra garantizado legalmente en diversas disposiciones locales y federales para evitar que los funcionarios utilicen recursos públicos en beneficio de un candidato o partido político, difundan acciones de gobierno en un período determinado previo a la jornada, obliguen a sus subordinados a sufragar por una opción determinada, entre otras normas que regulan la conducta de los servidores públicos.
Sin embargo, la cuestión es ¿hasta dónde un servidor público electo democráticamente, que forma parte de una institución política, puede desligarse de la misma? Porque, al final de cuentas, ese servidor público tiene un sello partidista: lo que haga se endosará, en automático, al partido con el cual se identifica.
Pero además, es legítimo que dicho servidor defienda públicamente los postulados y principios de su institución política; esto es, forma parte de la elemental garantía de libre expresión de las ideas, la consolidación del sistema de partidos, la discusión pública y abierta de los temas coyunturales y de fondo del ejercicio gubernamental, social, económico, etc.
Es, incluso, exigible, que el servidor público sea participe de dichas discusiones, aporte elementos de análisis, y contribuya –responsablemente- a la edificación de una opinión pública crítica e informada: servidores públicos autistas, alejados de los temas públicos, solo contribuyen a generar incertidumbre y zozobra.
Lo que restringe la norma electoral, es el uso de recursos públicos para favorecer a un partido o candidato, en todo momento, y el uso responsable de la opinión en un determinado momento, cuando se desarrollan las campañas electorales: es pues relativa la restricción de la libre expresión de los servidores públicos, pero además, legítima, porque gozan del privilegio de un emolumento surgido del erario público, que se conforma con una aportación de los ciudadanos sin distingo partidista alguno; esa pluralidad en la representación exige, por sí misma, una pluralidad en el ejercicio de la función.
Estas consideraciones son relevantes por las elecciones en diversas entidades federativas, entre ellas chihuahua, donde se habrá de elegir gobernador, ayuntamientos, síndicos y diputados, con una primer llamada de atención del presidente del órgano electoral Fernando Herrera, hacia la necesaria e indispensable imparcialidad de los tres órdenes de gobierno.

Trámites engorrosos

Es interesante, sin duda, que el gobierno de la república tenga preocupación por resolver uno de los síndromes que aquejan a México, en este caso la abundancia y duplicidad de trámites.
Aún y cuando existe una Secretaría de la Función Pública, el presidente decidió que sean los mismos funcionarios públicos los que determinen que trámites son necesarios, cuáles deben ser sus procedimientos y, por tanto, cuáles de ellos tienen que desaparecer.
La sanción inicial, anunciada por el mismo mandatario, es en el sentido de que, al no dar respuesta a la solicitud central para desparasitar de tramitología innecesaria, aquellos trámites que no sean justificados deberán desaparecer.
En principio, la preocupación presidencial debe ser aplaudida. Todos los ciudadanos estamos de acuerdo en que el cumplimiento de procedimientos tortuosos y carísimos dificulta el desarrollo de nuestras actividades ordinarias.
Para muestra basta un botón: en la administración municipal de chihuahua, de pronto se dieron cuenta que requerían tres días para aprobar los documentos en relación con un permiso de construcción y un par de días más para expedir la autorización, cuando en la administración anterior el procedimiento era sencillo y sumario: entregabas papelería, pasaba a revisión, pagabas y listo, tenías el permiso en tus manos.
Es evidente que algo hay que hacer con este trámite, como con millares más en el país, la cuestión es que los mismos servidores públicos forman parte del problema y no de la solución, si lo fueran, ya habrían resuelto el tortuguismo, porque son simples procedimientos administrativos, que mediante un acuerdo del superior jerárquico, pueden modificarse, hacerse ágiles y sencillos.
Por eso la solución presidencial al problema de la tramitología poca suerte tendrá, pero además, aplicándose la sanción al trámite y no al servidor público responsable de aplicarlo, poco resultado tendrá.
El presidente debería confiar más en la Secretaría de la Función Pública y responsabilizarla de resolver el problema de los abultados trámites y sus procedimientos engorrosos, mediante un diagnostico –que seguramente existe- y la aplicación de auditorías a las mismas oficinas para comprobar el cumplimiento de los principios de eficiencia y economía que debe prevalecer en la función pública.
Sin embargo, es un hecho que no confía en la mencionada secretaria: por eso pidió su desaparición junto con Turismo, y por ello, poco espera de ella.

Candidatos

Los principales partidos políticos en Chihuahua se aprestan a iniciar sus procesos de selección con definiciones claras en relación con sus candidatos; por el PRI, la reunión en el Comité Ejecutivo Nacional oficializa a César Duarte Jáquez, expresidente de la Cámara de Diputados, como seguro aspirante; por el PAN, el domingo se registra Carlos Borruel, representante del ultraderechista Yunque, como precandidato, en el inicio de un proceso interno donde tiene una clara ventaja sobre un desconocido contrincante.
El Partido Revolucionario Institucional no desea jugar a un proceso interno, mientras que el PAN encuentra en esta estrategia un arma idónea que fortalezca las posibilidades de triunfo: en el primero, una contienda interna genera posibilidades de ruptura, en el segundo, es la oportunidad de reducir los cerca de 30 puntos de diferencia que el tricolor ha establecido.
La designación de César Duarte no es una sorpresa. El Comité Ejecutivo Nacional en comunicación estrecha con el gobernador Reyes Baeza, decidió apostar a un aspirante con experiencia, que supo construir una fuerte presencia en el centro del país, y con el menor ruido posible, esto es, el riesgo mínimo de una guerra sucia, que en el caso del juarense Héctor Murguía, ya se habían deslizado con el asunto de un ex funcionario de seguridad pública detenido con droga.
Duarte supo construir confianza en el centro del país y en Chihuahua: generó enlaces y construyo compromisos, lo suficientemente fuertes para edificar la candidatura, en una estrategia atinada que le permitió incluso, en la mesa de negociación con Beatriz Paredes, sumar a uno de los más fuertes contrincantes, el deliciense Oscar Villalobos.
El reto para Duarte es sumar a los seguidores de Murguía, sobre todo por la importancia que éste tiene en la fronteriza ciudad de Juárez y en la base construida en Chihuahua, donde Jorge Neaves es fundamental.
En el caso del PAN, Carlos Borruel tiene la candidatura en la bolsa, cuando los principales contrincantes, como Gustavo Madero, Javier Corral y Ramón Galindo, decidieron no participar, generando un brete para el panismo chihuahuense, necesitado de una real contienda interna, que permita generar expectativa y sumar votos.
En las próximas semanas Chihuahua acudirá a un escenario, con dos candidatos prácticamente definidos, Duarte y Borruel, en una contienda donde el PRI lleva la ventaja.

Cabilderos

Se promueve en el senado de la república un reglamento para sancionar a los legisladores que incurran en actos de corrupción con las personas que promueven los intereses de particulares y dependencias de los diversos niveles de gobierno.
La medida busca prohibir e indagar la recepción de dádivas como regalos y viajes, a cambio de favores en el impulso de leyes y reglamentos, que beneficien actividades de sectores públicos y privados, aún y cuando no constituyan actos de ilegalidad.
Se trata de evitar tráfico de influencia que genere beneficios mediante la creación artificial de consensos, en pocas palabras, que la actividad legislativa se supedite al interés de unos cuantos con capacidad económica de comprar voluntades en los cuerpos camarales y no en aras de la colectividad.
México no es el único país donde existiría este tipo de legislaciones que inhiben los actos de corrupción de los legisladores. En los Estados Unidos existe una abundante reglamentación al respecto.
En nuestro país ya existen normas que prohíben los ingresos indebidos por parte de los servidores públicos. Existe un aparato persecutor de la actividad ilícita que implica la recepción de beneficios a cambio de orientar la actividad pública, y dentro de ella, por supuesto, la legislativa.
Se pretende ahora reglamentar lo ya reglamentado, en lugar de profundizar en las indagatorias y en la facultad de auditoría ya autorizada. No se entiende para que más normas, si ya las existen.
Al final de cuentas se trata de moral pública de los gobernantes y no de la creación innecesaria de leyes que castiguen una y otra vez las mismas conductas inadecuadas.
Los diputados tienen que presentar sus declaraciones patrimoniales al inicio y al término de la función, y están obligados a realizar actualizaciones periódicas. Una revisión a las mismas permitiría allegarse información valiosa. Pero aún si esto fuera insuficiente y tendiera al engaño, por el uso de prestanombres, existen mecanismos directos, como las inspecciones físicas del modus vivendi o los movimientos bancarios, que permiten a las áreas respectivas realizar su trabajo con eficiencia.
Finalmente la protección del fuero es simplemente temporal y para efectos penales, no administrativos, pero además, puede derribarse una vez que existan elementos indubitables de enriquecimiento ilícito. La cuestión de fondo será superar los afanes revanchistas y las persecuciones políticas disfrazadas de autenticas auditorias y actos anticorrupción. Esa es finalmente la meta de la actividad que castiga las conductas inadecuadas de los legisladores.

Un pronóstico real

Lo advertimos casi todos.
Un aumento a la gasolina traería complicaciones inmediatas en el precio de los productos debido al impacto en los costos de transportación.
No era pues oponerse a un incremento gradual en los combustibles un simple capricho, sino una razonable decisión de impedir la espiral inflacionaria y sus nefastas consecuencias en el bolsillo de quienes menos tiene y de la clase media, sector fundamental para el desarrollo y estabilizador social por excelencia.
Se considera que los precios de los alimentos crecerán entre un ocho y un diez por ciento en el 2010, en un duro impacto frente a un ridículo aumento salarial y el golpe fiscal que representa pagar una tasa de ISR de hasta el 30 por ciento y un IVA del 16 por ciento con excepción de la zona fronteriza donde será del once por ciento.
Según la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, en un estudio efectuado los primeros días del año, el impacto por el alza en combustibles ya afectó los precios de los productos básicos, entre ellos el huevo y el azúcar, y eso que apenas han pasado cuatro días del nuevo año.
El problema no acaba ahí. De acuerdo a la Facultad de Economía de la UNAM, el 2010 se perfila como un año particularmente adverso en materia de poder adquisitivo de la población.
Irónicamente, el gobierno requiere mayores recursos económicos apretando el cuello de la población vía alza en impuestos, pero con un sacrificio adicional a través de una contribución disfrazada con los aumentos en combustibles y su repercusión en la economía y el mercado.
En lugar de incentivar el pago de impuestos a través de mejorar los mercados, fortalecer la capacidad adquisitiva de bienes por parte de los ciudadanos, la política del gobierno federal ataca el consumo, no solo aquel considerado suntuoso, sino inclusive el elemental, el básico para la supervivencia, como son los alimentos.
¿Cómo generar una perspectiva de mejoramiento de las finanzas públicas y en general de la economía, si los ciudadanos se ven enfrentados, cotidianamente, a una mayor carga contributiva y a un deterioro real y creciente del poder adquisitivo?
La función de los gobiernos, cualesquiera que sea su extracción política o partidista, es el bienestar de los ciudadanos, en un equilibrio con el interés colectivo y la conservación de orden, seguridad, estabilidad, que necesariamente genera el Estado, como organización necesaria, instrumental, no causa final del sacrificio de la comunidad, principio que -a todas luces se confirma- no se cumple.
Y eso que el 2010 apenas inicia.