Trámites engorrosos

Es interesante, sin duda, que el gobierno de la república tenga preocupación por resolver uno de los síndromes que aquejan a México, en este caso la abundancia y duplicidad de trámites.
Aún y cuando existe una Secretaría de la Función Pública, el presidente decidió que sean los mismos funcionarios públicos los que determinen que trámites son necesarios, cuáles deben ser sus procedimientos y, por tanto, cuáles de ellos tienen que desaparecer.
La sanción inicial, anunciada por el mismo mandatario, es en el sentido de que, al no dar respuesta a la solicitud central para desparasitar de tramitología innecesaria, aquellos trámites que no sean justificados deberán desaparecer.
En principio, la preocupación presidencial debe ser aplaudida. Todos los ciudadanos estamos de acuerdo en que el cumplimiento de procedimientos tortuosos y carísimos dificulta el desarrollo de nuestras actividades ordinarias.
Para muestra basta un botón: en la administración municipal de chihuahua, de pronto se dieron cuenta que requerían tres días para aprobar los documentos en relación con un permiso de construcción y un par de días más para expedir la autorización, cuando en la administración anterior el procedimiento era sencillo y sumario: entregabas papelería, pasaba a revisión, pagabas y listo, tenías el permiso en tus manos.
Es evidente que algo hay que hacer con este trámite, como con millares más en el país, la cuestión es que los mismos servidores públicos forman parte del problema y no de la solución, si lo fueran, ya habrían resuelto el tortuguismo, porque son simples procedimientos administrativos, que mediante un acuerdo del superior jerárquico, pueden modificarse, hacerse ágiles y sencillos.
Por eso la solución presidencial al problema de la tramitología poca suerte tendrá, pero además, aplicándose la sanción al trámite y no al servidor público responsable de aplicarlo, poco resultado tendrá.
El presidente debería confiar más en la Secretaría de la Función Pública y responsabilizarla de resolver el problema de los abultados trámites y sus procedimientos engorrosos, mediante un diagnostico –que seguramente existe- y la aplicación de auditorías a las mismas oficinas para comprobar el cumplimiento de los principios de eficiencia y economía que debe prevalecer en la función pública.
Sin embargo, es un hecho que no confía en la mencionada secretaria: por eso pidió su desaparición junto con Turismo, y por ello, poco espera de ella.