En un principio se pensó en la elaboración de un protocolo de seguridad para periodistas en la cobertura de sucesos de alto riesgo. Sin embargo, el trabajo de la mesa técnica se embarcó en una tarea más amplia, pensando en la determinación de una serie de políticas de protección a la libre expresión de las ideas, que generaban obligación hacia autoridades y periodistas, en un compromiso de cara a la sociedad.
En este sentido se elaboraron tres procedimientos, el denominado “Protocolo de protección a periodistas en situaciones de alto riesgo”, el que contiene “Medidas cautelares” y el que se refiere al “Flujo de información”.
La discusión en relación con éste último tuvo que ver con una serie de cuestionamientos como es el caso de la resolución de conflictos entre los riesgos de una información y su difusión; la obligación del Estado, cualquiera que sea la autoridad, de privilegiar la máxima apertura de información, y en tercer lugar, la socialización de las políticas públicas en relación con la difusión y la información gubernamental, partiendo del derecho a y de la información que tiene la sociedad, y que ejerce, indirectamente, a través del quehacer periodístico.
Es evidente que la información gubernamental debe equilibrarse con el derecho a la información; debe existir un equilibrio, donde se evite poner en riesgo a las personas; debe, en suma, existir una ponderación entre el beneficio que se genera con la difusión de determinada nota y los riesgos que pudiesen provocarse con este acto.
Sin menoscabo de lo anterior, el Estado debe partir de la premisa de la máxima apertura de información, como política pública central de una administración que busca generar un control de sus actos con la formación de opinión pública crítica e informada. En este sentido no es suficiente con la garantía de acceso a la información, sino que ésta debe ser difundida de la manera más amplia posible, porque de lo contrario el dato sería patrimonio de un sector privilegiado y no de la más amplia comunidad.
Por último, la autoridad debe buscar socializar sus políticas públicas, como la oportunidad de debatir abiertamente su pertinencia. Al airearse suficientemente los asuntos públicos, la administración se genera la oportunidad de encontrar legitimación política, más allá de la legitimidad jurídica de sus actos.
Estos aspectos forman parte del procedimiento de flujo de información que se encuentra contenido en el Sistema Integral de Protección a Periodistas, que será rubricado próximamente por los tres poderes del Estado de Chihuahua y agrupaciones periodísticas, y que, posteriormente, será publicado en el periódico oficial del Estado.
El documento es, sin duda, un parte aguas nacional en la materia y un reto para el resto de las entidades federativas y el gobierno federal.
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