Le dio de pronto al gobierno federal un ánimo desconcentrador, que no descentralizador de funciones.
Se le ocurrió que no tenía por qué cargar con las responsabilidades que le otorgó el constituyente del diecisiete y sin más decidió recurrir a la estratagema de enviar el dolor de cabeza a las entidades federativas.
Así lo hizo con el sector salud y el sector educativo, donde se compromete exclusivamente al envío de recursos para pago de nómina y a la construcción de inmuebles, cediendo la responsabilidad política y administrativa de atender dichos ámbitos a las entidades federativas, reservándose únicamente la rectoría.
Es decir, se guarda el derecho de marcar la pauta desde el centro del país, concentrando la suficiencia presupuestal idónea para hacer frente a dichas tareas y cuidando el aspecto político de las relaciones laborales a través de la titularidad de las relaciones con los sindicatos, que continúan siendo federales.
Mientras envía a las entidades federativas responsabilidades, se cuida de no soltar los recursos económicos, en un auténtico sentido federalista, porque federalismo que no incluye el apartado hacendario, es un federalismo que se convierte en una carga económica y un problema constante.
Es cierto: el sistema federalista implica una mayor democratización de las decisiones con la intervención decidida de los órganos de gobiernos estatales y municipales, pero poco tiene de democrática si los recursos continúan centralizados.
En este sentido, la Convención de Gobernadores ha impulsado la revisión del apartado hacendario con poco éxito. Existe una natural resistencia del gobierno federal, bajo un acendrado pensamiento centralista.
No nos engañamos, México se encuentra en pañales desde el punto de vista fiscal en relación con el Producto Interno Bruto: se requiere una mayor recaudación para acabar con la dependencia del recurso petrolero.
El circulo vicioso lo puede romper una coordinación fiscal equitativa y no leonina, para que las entidades sean incentivadas hacia una mayor captación recaudatoria y los ciudadanos tengan una mayor disposición contributiva derivada de los beneficios tangibles que la misma puede producir, fuera de la intangibilidad actual.
Tarea difícil pero de necesaria atención, para lo cual, desde la posición del PRI encabezara el abogado José Reyes Baeza Terrazas, en una continuidad a los trabajos desarrollados en el seno de la CONAGO, de cuya experiencia, esperamos, surja un nuevo modelo de coordinación fiscal, bajo la visión de largo aliento de un esquema propiciador de un desarrollo equilibrado para el país.
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