Es cierto lo que sostiene el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendáriz. La letra del Sistema Integral de Protección a Periodistas del Estado de Chihuahua requiere voluntad y aplicación.
Las acciones, cualesquiera que sean, jamás habrán de realizarse si hay inexistencia del impulso inicial. Ese impulso habrá de mover la voluntad para construir, edificar, con base en un concepto, una actividad, que estamos seguros será de beneficio para la colectividad, además de cumplir con el objetivo directo de prevenir, en lo humanamente posible, más atentados y agresiones contra colegas periodistas.
En Chihuahua el impulso unificador aconteció de manera natural desde la indignación por la muerte del compañero periodista Guillermo Alcaraz. Una marcha con pancartas que deviene en una mesa redonda con el gobernador Reyes Baeza y posteriormente, la instrumentación de un mecanismo horizontal de planeación y acuerdos.
La voluntad para que trascienda requiere plasmarse en documentos con cierta permanencia y oficialidad. Esto ocurrirá el próximo lunes, cuando en una mesa amplia, organizaciones de comunicadores y medios de comunicación, rubricarán, junto a los titulares de los tres poderes del Estado, un acuerdo de protección a los periodistas, que tiene como base el Sistema Integral.
Un Sistema en el cual se garantizan políticas públicas de máxima apertura y protección al quehacer periodístico por parte de las autoridades estatales, estableciendo un mecanismo cautelar, sin requisitos previos, de salvaguarda a la integridad de colegas amenazados y donde, en corresponsabilidad, el periodista asume compromisos éticos en la búsqueda y publicación de información.
En resumen, de la voluntad a la acción, un acuerdo donde el periodista le dice a la sociedad que será veraz y objetivo, oportuno, en el dato, y donde el Estado asume el compromiso de evitar agresiones y propiciar el mayor flujo de información.
Es cierto: hay una colisión de derechos: ¿hasta dónde se coarta la libertad de expresión del periodista si se le impide tomar imágenes de crímenes y publicarlas, y, hasta donde, por el contrario, se vulneran los derechos de las víctimas al utilizar imágenes de sus cuerpos y publicarlas en medios de difusión?
También, ¿en qué momento la autoridad pone en riesgo a los elementos policiacos o a la sociedad misma con la divulgación de cierta información? y, al revés, ¿cuándo estamos frente a un acto de manipulación de datos con fines políticos?
Estos límites se establecen en los periodistas en el carácter ético de su desempeño, y en la autoridad, en la ley.
Por eso es necesario un paso más allá de la voluntad, como lo demuestra la próxima semana la publicación en periódico oficial del Sistema Integral de Protección a Periodistas, firmado por los tres poderes del Estado y las organizaciones periodísticas.
Manifestada la voluntad y hecho oficial a través de su publicación, solo restará aplicarlo, en una suerte de compromiso social que todos debemos asumir.
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