Acciones contundentes

Uno de los pilares del Estado moderno es el principio de legalidad. Nadie puede actuar de manera tal que vulnere los derechos del resto de los ciudadanos, aún y cuando esté investido de alguna autoridad, ya que se encuentra sujeto –con mayor razón por la lógica elemental del ejemplo- a cumplir con la norma.
Los ciudadanos deben comprometerse y convivir en un estado de armonía, como requisito indispensable de la vida en sociedad. Por tanto, todas sus actividades se sujetan a las reglas morales que la comunidad acepta como valores de interacción social, así como al orden jurídico establecido.
Es imposible que un comunidad sobreviva en el caos, donde la ley del más fuerte se impone, porque tarde que temprano hay un aniquilamiento total de las personas. La fuerza es el origen primigenio del poder, pero ya institucionalizado conforma normas, legitimándose frente a los ciudadanos, porque teniendo como principio la igualdad, la única diferencia entre unos y otros es la capacidad de desarrollo personal e intelectual.
El orden jurídico y moral en una sociedad siempre está en conflicto con personas que buscan hacer de la anomia un modo de vida: el resquicio legal protegido por la impunidad, los alienta a mejorar su condición por medio de la fuerza.
En ese marco debe señalarse a las actividades ilegales como el tráfico y comercio de drogas, la prostitución, la extorsión, el secuestro, entre otras muchas conductas sancionadas socialmente y castigadas desde el punto de vista penal.
Frente a esas conductas, la fuerza legitima del Estado, no solo tiene el derecho, sino la obligación de asumir acciones contundentes y terminantes para eliminar el riesgo que plantean al orden social, con respeto a los principios universales de derechos humanos y al mismo ordenamiento legal.
Por ese motivo, cuando se anuncia la imposición de cadena perpetua para extorsionadores, secuestradores y homicidas múltiples por parte del gobernador César Duarte, se abre una expresión de sanción ejemplar y agresiva, dentro de los límites humanitarios y legales, para romper con una espiral de violencia que agobia a chihuahua y al país.
Es cierto, no toda la solución es sancionatoria, pero es la vía para manifestar la voluntad del Estado en contra de las acciones que vulneran la tranquilidad de los hogares de familias cuyos integrantes, todos los días, en la casa, en la escuela y en el trabajo, impulsan la consolidación de una comunidad armónica.