Mecanismo urgente

La muerte en Matamoros del colega periodista Carlos Alberto Guajardo Romero, en la refriega del fin de semana en un operativo policiaco contra un importante cabecilla del crimen organizado en el país, patentiza la urgencia con la cual se debe impulsar desde el ámbito nacional el mecanismo de protección para los comunicadores bajo un esquema horizontal de consenso que le provea de la necesaria legitimación.
Es cierto. El acuerdo firmado por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituye un avance en la construcción de medidas que protejan la seguridad de los periodistas y se aliente –y no inhiba- el ejercicio de la libertad de expresión.
Sin embargo, ambas instituciones han dejado de lado una amplia consulta con las asociaciones de periodistas del país, y sobre todo, las experiencias de los colegas que desempeñan su labor en una situación de alto riesgo, como es el caso de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa o Baja California.
El acuerdo considera el establecimiento de mecanismos para sustraer de sus lugares de trabajo a los periodistas en riesgo, acciones de protección social así como protocolos de actuación de periodistas en cobertura de sucesos de alto impacto, así como practicas ideales del ejercicio profesional.
Estos elementos no son una novedad. Mecanismos internacionales en la materia lo contienen, principalmente Colombia. Chihuahua avanzó desde mediados del año con un mecanismo idéntico.
Lo que se requiere en el ámbito nacional es un amplio consenso en relación con las medidas y evitar la imposición desde la cúpula de un mecanismo que carezca de la legitimidad para su aplicación.
Esto es importante porque, si bien es cierto, muchas de las acciones tienen que ver con capacitación y sensibilización a cuerpos policiacos en todos sus niveles, también lo es que los periodistas deberemos romper paradigmas y comprender que la cobertura, en todos sus procesos, se ha modificado y ante ello debemos asumir nuevas conductas para seguir informando.
Esas nuevas conductas tienen que ver con acciones individuales y colectivas, incluso, con participación de las mismas empresas, que deberán revisar políticas editoriales, en busca de proteger al periodista.
El reto es grande. Las autoridades en el ámbito nacional tienen que acelerar la marcha para obtener un producto adecuado y consensado para que pueda ser de aplicación real, y que privilegie la máxima difusión de la información bajo condiciones de seguridad.
Es urgente que ocurra así. Mientras tanto es importante que los colegas asuman protocolos estrictos de cobertura.