Pascual y Wikileaks

Tres son las cuestiones que primordialmente deben analizarse en torno a la renuncia de Carlos Pascual como embajador de los Estados Unidos en México; el contenido de los cables difundidos por wikileaks, la débil estructura de seguridad sobre la plataforma informática norteamericana y la ausencia de decisiones radicales desde la administración de Calderón en torno al contenido de las conversaciones diplomáticas.
Carlos Pascual, como se sabe, llegó a México en octubre de 2009, luego de una intensa carrera diplomática internacional, especializado en la transición en países en conflicto y con experiencia en el rediseño del Departamento de Estado norteamericano.
Sin embargo, nada de esto le valió cuando, entre muchos otros, se difundieron aseveraciones donde no sólo cuestionaba la política mexicana de combate al narcotráfico, sino realizaba comentarios en torno a cuestiones de política interior, describiendo como grises a los aspirantes panistas a la presidencia de la república, que aún y cuando fuera verdad, es inadmisible por respeto necesario entre los países a los asuntos domésticos.
Hizo bien el presidente Calderón al asumir frente a su similar estadounidense una posición inflexible en torno a la presencia no grata de Pascual; un par de semanas después, se anuncia su renuncia y posterior incorporación al departamento de estado norteamericano.
El embajador norteamericano hizo lo que desafortunadamente es el deporte nacional de nuestros vecinos del norte, entrometerse en cuestiones políticas que solo interesan a los connacionales de otros países, situación que solo pudimos conocer de manera extraoficial a través de la actividad que realiza wikileaks con sus filtraciones.
Al cumplirse un aniversario más del natalicio del Benemérito de las Américas, recobra relevancia en el caso, sus palabras en torno al respeto al derecho ajeno, entre las naciones como entre los individuos. Pascual pudo haber hecho más por la relación bilateral si al menos hubiera conocido un poco de México a través de la historia.
El contenido por supuesto es grave y delicado. Pascual renunció, pero ¿Dónde quedan las acciones y aclaraciones del lado mexicano? ¿Qué de las intervenciones aéreas a través de aparatos no tripulados? ¿Qué de las reuniones de pascual con personal militar y diplomático con quienes compartió muchos y diversos temas de seguridad nacional? ¿Dónde están las renuncias del lado mexicano? Calderón, por supuesto, prefiere la omisión y el olvido.
La actividad que despliega wikileaks es a todas luces ilegal, desde el origen de la información y su divulgación. Es obvio que hay una poderosa red de filtración de bases de datos, que han vulnerado la seguridad de los sistemas norteamericanos.
La cuestión ética de su divulgación es otra cosa. Creo que hay temas sobre los cuales la comunicación social privada debe ser responsable y cuidadosa, sobre todo cuando la vida de personas depende de un manejo adecuado.
De un extremo a otro, la divulgación de cierta información es tan delicada como la publicación del rostro de un policía durante un operativo policiaco: se vulnera la seguridad del aparato de Estado o se pone en riesgo la vida de un ciudadano que ofrece su vida por la seguridad del resto de la comunidad.
El hilo es delgado entre la información responsable y necesaria y la información que no lo es. Una de las soluciones planteadas a nivel internacional es la búsqueda del beneficio mayor y el daño menor, en la confrontación de valores como la seguridad y la protección auténtica de los pueblos. En última instancia, por supuesto debe estarse a lo último, con profundo respeto por los derechos humanos y las libertades.

Golpes al municipalismo

El municipio es la autoridad de primer contacto con las personas, porque de él depende la prestación de los servicios básicos elementales y de primera necesidad para que funcionen las comunidades.
Alumbrado público, recolección de basura, seguridad preventiva, limpieza en las calles, agua potable y drenaje, son de los principales servicios que se prestan a la comunidad desde los ayuntamientos.
Es cierto que en muchos de los más de dos mil municipios del país existe un manejo administrativo inadecuado de los recursos, opacidad, malas decisiones, contratación indebida de deuda, en unos corrupción, entre otras cuestiones que deben llamar la atención ante el crecimiento exponencial del problema financiero que los abate y que ha llevado a muchos a una auténtica quiebra.
Según datos oficiales, los dos mil cuatrocientos cuarenta municipios tienen una deuda en conjunto de treinta y un mil millones de pesos con la banca privada y de desarrollo. Muchos han logrado una renegociación exitosa, prolongando el plazo, reduciendo los pagos y comprometiendo a la hacienda municipal por quince o más años. Parece ser la única salida, ante la incapacidad de cubrir la deuda y la ausencia de recursos para pagar salarios y sus prestaciones, no se diga para brindar los servicios públicos a los cuales están obligados.
Ante esta situación, el gobierno federal ha adoptado una posición centralista: concentra el ochenta por ciento de los recursos que se destinan a los municipios en sus diversas partidas, envía los recursos y realiza una superficial fiscalización.
No hay una preocupación ni ocupación por fomentar las prácticas administrativas adecuadas en los ayuntamientos, como por ejemplo, ha sido un esfuerzo constante de la asociación nacional de síndicos, que preside la chihuahuense Liliana Álvarez.
Los municipios requieren mayores recursos para enfrentar sus compromisos con la ciudadanía, pero también, es necesario un esfuerzo serio a nivel nacional para proporcionarles las herramientas adecuadas para administrar adecuadamente.
La solución centralista es la más cómoda: te envío unos cuantos pesos, te doy libertad para administrar y luego focalizo la fiscalización para decir que estás mal, administras indebidamente y por lo mismo ya no te puedo apoyar con mayores recursos: hay evidentemente un circulo vicioso impulsado desde la federación, una especie de paternalismo reducido.
La muestra es el apartado de seguridad, donde los municipios en su totalidad reciben unos cinco mil millones de pesos a través del Subsemun, para financiar el rubro, cuando la Policía Federal recibe unos treinta y cuatro mil millones, y luego aún así se les pide a los municipios una mayor participación contra la delincuencia organizada, y en algunos casos, se les desplaza por su supuesta inoperancia, cuando carecen de los recursos para hacerlo.
L a tendencia pareciera marcar una decisión de golpear hasta desaparecer a los municipios, convirtiéndolos en una mera extensión de la federación. Ojalá no sea así.

Inaceptable porte de armas

El presidente Felipe Calderón sabe que cualquier decisión en torno a la posible portación y posesión de armas por parte de agentes extranjeros tiene que circular por la vía legislativa, no sólo por el aspecto político que el asunto contiene, sino por los impedimentos legales existentes.
Actualmente la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos impide que los extranjeros posean y porten armas, salvo cuando se trate de personas físicas que acrediten su calidad de inmigrado, un estatus especial que los agentes federales que actúan en México carecen, ya que implica la adquisición de derechos definitivos de residencia en el país: esto es, solo los nacionales pueden portar y poseer armas en territorio nacional.
Exista una razón histórica al respecto. Por supuesto las invasiones en los últimos dos siglos han hecho que la legislación mexicana sea inflexible con respecto al uso de armas por parte de extranjeros. Abonan a ello los conflictos bélicos internacionales de principios del siglo pasado y las incursiones punitivas en algunos puntos del país.
Además se trata de controlar el uso de armas a través de una liga o conexión natural para aplicar la ley, que es la nacionalidad y el arraigo en el territorio nacional. Se comprende, por supuesto.
Luego, habría que reformar la ley para permitir que agentes que trabajan para un gobierno extranjero posean y porten armas, para su protección.
Es un hecho que en el territorio nacional, por razones de estrategia global de combate al crimen organizado, permanezcan agentes realizando tareas encubiertas de inteligencia. No se ha afirmado abiertamente esta situación, pero es obvio que se hace en el marco de la cooperación que debe existir para enfrentar un fenómeno que trasciende las barreras geográficas de las naciones.
No está mal que así ocurra. Al contrario, debe reforzarse esa cooperación, partiendo de la base de que el problema ocupa a todos los países del mundo, y que los esfuerzos de persecución, arresto y sanción compete a todos los países.
Ninguna nación puede decirse ajena al problema. La droga que se cultiva y procesa en recónditos lugares del mundo busca por vía aérea y marítima los mercados más apetitosos de las grandes zonas urbanas, diversificando sus acciones ilegales hacia rubros como la extorsión. Por lo mismo existe y debe reforzarse la colaboración y coordinación en temas de inteligencia, en sus procesos de recabar y procesar la información, para posteriormente instrumentar estrategias comunes, en el respeto a las normas existentes en cada país.
Siendo muy tenue la línea entre autorizar el porte de armas para defensa y el porte de armas para participar en acciones directas, sería muy complicado el control por parte de la autoridad mexicana, aun considerando una modificación legal en este sentido.
Es más pertinente continuar con el esquema actual, donde no está permitido el uso y porte para extranjeros. El combate directo armado en todas sus modalidades debe continuar exclusivamente en manos de nacionales como ocurre en todo el mundo. El resto, cooperación, inteligencia, estrategia, apoyo en armamento y tecnología se justifica como un trabajo conjunto internacional. Lo demás sería inaceptable.

Una reforma fiscal

Una reforma fiscal es fundamental en el país, porque en ella subyace la posibilidad de encontrar mejores condiciones de vida para la población, beneficiarios finales del federalismo en la distribución de facultades recaudatorias y de los recursos mismos obtenidos por éste mecanismo, como lo sostienen diversos actores políticos en el país, entre ellos Manlio Fabio Beltrones.
Es cierto. Es muy complicado para los políticos asumir decisiones fiscales, cuando hacerlo implica reducir la recaudación, generando un reto mayor en la eficiencia de recursos en su administración, ante una creciente demanda para soportar servicios y obra pública.
Una administración eficiente debe correr ese riesgo.
La reducción del Impuesto al Valor Agregado del 16 al 15 por ciento, con una bonificación directa e inmediata del tres por ciento a los contribuyentes ordenados en el uso de facturación, es una medida que se antoja viable.
La medida implicaría ampliar la base recaudatoria, buscando a aquellos contribuyentes que históricamente han sido omisos en el cumplimiento de sus obligaciones hacendarias, y premiando a quienes han hecho el esfuerzo de conservarse en la economía formal, pese a los golpes de la economía de los últimos treinta años.
El Impuesto Sobre la Renta es otro gravamen que debe ser considerado en la propuesta, para alentar el crecimiento de los servicios y de las empresas, en lugar de castigarlos con tasas que recortan la expectativa de la utilidad.
Revisar los impuestos en sus tasas y mecanismos de compensación es una vía de la reforma fiscal. La otra tiene que ver con la distribución de facultades recaudatorias.
México necesita desprenderse del centralismo fiscal para impulsar el desarrollo de las regiones: que las entidades federativas sean el órgano recaudador de la mayor cantidad de gravámenes para impulsar un auténtico federalismo, donde el gobierno central recibe exclusivamente lo necesario para desarrollar sus funciones, las cuales deben ser reducidas aún más.
Paradójicamente el gobierno federal descentralice facultades, pero no envía a las entidades federativas el recurso para desarrollarlas, y si lo hace es a través de convenios de coordinación con programas etiquetados, que se convierten en camisas de fuerza.
Al final de cuentas, las entidades federativas y los ayuntamientos son el principal contacto con la población, y por ello, tienen que brindar los servicios más cercanos a ella, como seguridad preventiva, recolección de basura, pavimentación, agua, drenaje, educación, salud, entre otras muchas.
Al ser los responsables de los servicios que dan vida a las comunidades, es lógico que sean también responsables de recaudar los impuestos necesarios para cumplir eficientemente con sus responsabilidades, lo cual no ocurre en nuestro país.
Por ese motivo es necesario pensar de una vez por todas en una auténtica reforma fiscal que beneficie en última instancia a los ciudadanos, a través de una retribución en servicios de calidad a cambio de sus contribuciones al fisco.
EN EL TABLERO…El Club Primera Plana llevó a cabo la develación del busto del maestro periodista Federico Barrera Fuentes, en las instalaciones de Casa Coahuila, en el Distrito Federal…Felicidades al presidente del Club, Raúl Gómez Espinoza, por el atinado esfuerzo de reconocimiento entre pares…