Decisiones arbitrarias

Es un deber indiscutible en una sociedad democrática defender la construcción y consolidación de las herramientas que permitan la selección de las autoridades a través del voto, en un marco de equidad, transparencia, rendición de cuentas, pero sobre todo, de impulso a la competencia, motor indispensable en la consolidación del mencionado estado democrático.
Una de estas herramientas es el Instituto Federal Electoral, que desde su nacimiento a principios de la década de los noventas, ha evolucionado hasta constituirse en el eje vertebrador de una política democrática de Estado.
Es cierto. Hay que tener mucho cuidado al referirnos a esta figura administrativa de operación electoral que alcanzó estadios de consolidación bajo el liderazgo de José Woldenberg y que, virtud a su fuerza, basada en el servicio profesional electoral nacional, no sucumbió ante el torpe manejo de Luis Carlos Ugalde.
Sin embargo, presa de una reforma electoral controladora, que ahoga la libre expresión de las ideas y spotiza el debate electoral, remitiéndolo a una simple confrontación de clitches, el Consejo General del IFE sucumbió a la tentación legislativa del abuso en la reglamentación, y decidió, a cuatro meses del inicio del proceso electoral del 2012, acortar los tiempos para la revisión, procesamiento y transmisión de mensajes en radio y televisión, partiendo de varias premisas falsas, y una, solo una verdadera.
La primera de ellas, es que todas las estaciones de radio y televisión tienen la capacidad humana y material de atender las solicitudes en 72 o 48 horas, dependiendo del mecanismo mediante el cual se va a hacer llegar el material; parece que no se conoce que cientos de estaciones de radio sobreviven con penurias al embate de los grandes consorcios de comunicación que acaparan la publicidad y con ello, la rentabilidad en un negocio que hace mucho dejó de ser negocio para ellos, y que por lo mismo, sobreviven con el mínimo de personal y capacidad técnica.
Segundo, que la transmisión de 39 millones de spots, en unas 30 mil versiones diferentes, implica la disposición de personal específicamente responsable de la atención del pautado electoral, con lo cual se crea una carga adicional a las estaciones de radio y televisión, lo cual me parece desborda el simple uso del espectro en la transmisión de mensajes electorales, y que deviene necesariamente en gastos administrativos que alguien debe cubrir, y que en este caso, serán los propios concesionarios y permisionarios, quienes deberán hacerlo, en un asunto interesante que aún no es explorado como vía de impugnación.
Tercero, el mismo Instituto Federal Electoral, que demostró un alto grado de efectividad con los tiempos anteriores, se coloca en la picota de procedimiento, al reducirse también sus tiempos de revisión de la calidad y duración de los mensajes, en un asunto que no debe ser desestimado, y que al igual que en el caso de los medios de comunicación, de incumplirse con los plazos, puede generar condiciones de inequidad.
Cuarto, se dice, en el acuerdo, que con estas medidas se garantiza a los ciudadanos un modelo de comunicación más ágil, a través de la información oportuna de promocionales, lo que fomentará un debate de ideas más efectivo, lo cual parece una alocución demagógica, cuando el árbitro debería ser el más centrado en la comunicación de las ideas: los spots solo trivializan la discusión de las ideas, no profundizan, se convierten en el reino del cliché y de la superficialidad en el debate necesario y urgente de la cosa pública.
Sólo tiene razón el IFE en la constitucionalidad y legalidad del acto. Creo que se encuentra en el ámbito de sus atribuciones y que, salvo el asunto de la radio comunitaria, con un trato diferenciado, el resto de la reforma pasará lamentablemente la prueba del ácido. Sin embargo, el Tribunal podría considerar insuficientemente motivado el acuerdo y devolverlo con el fin de soportarlo adecuadamente, pero además, adecuarlo a la realidad: las normas deben ser de posible cumplimiento. Esa podría ser una buena salida, ante una decisión arbitraria y absurda que pone en riesgo el proceso electoral del 2012.