Obsesión persecutora

Algo debe estar ocurriendo en los Pinos en relación con la Procuraduría General de la República que atraviesa por una de sus más severas crisis de credibilidad.
La mala imagen del ministerio público federal se convierte en un lastre que amenaza con provocar daño electoral al presidente Calderón, sobre todo porque genera la impresión indiscutible de que existe una dedicatoria política en su actuación.
El empecinamiento se transforma, de la perseverancia natural y plausible, a una enfermedad obsesiva, en momentos en que la procuración de justicia en el país requiere pasos sólidos y no tímidos tropiezos que se convierten en ruidosas caídas, ante la zozobra ciudadana por la incapacidad federal para hacer frente a la violencia provocada por el crimen organizado.
En Quintana Roo, a muy corto tiempo de la elección de gobernador, la Procuraduría General de la República sorprende con el arresto del candidato de la coalición de izquierda, Gregorio Sánchez, bajo la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El político es declarado formalmente preso y recluido en una cárcel de alta seguridad. La detención fue difundida de manera sumamente amplia en el territorio nacional.
Un año y varios meses después, Greg, como se le conoce, abandona la cárcel por decisión de un juez federal que sostuvo que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, nunca comprobó las acusaciones.
Apenas había puesto pie fuera de las celdas, el político fue detenido en el marco de las atribuciones que tiene la subprocuraduría en mención por 96 horas, hasta que lograron obtener en su perjuicio medidas cautelares por veinte días más, bajo vigilancia satelital y la prohibición de salir del Distrito Federal.
Los nuevos cargos son tráfico de indocumentados y lavado de dinero, que técnicamente son los mismos en los que ha estado insistiendo la Procuraduría General de la República desde hace ya muchos meses.
La autoridad basa sus indagatorias en testigos protegidos que afirman vinculación del político y exalcalde de Benito Juárez (Cancún) con dos grupos distintos y antagónicos del crimen organizado, así como indagatorias del Buro Federal de Investigaciones norteamericano que implican a Sánchez con movimientos inmobiliarios por cinco millones de dólares en Miami.
No se vislumbra como el gobierno federal podrá sostener las acusaciones de manera firme ante los juzgados federales; hacer en veinte días lo que no pudieron demostrar en cerca de veinte meses.
El caso de Greg Sánchez se suma al de los alcaldes de Michoacán y al de Jorge Hank, en una antesala a los comicios federales del 2012, con un mensaje de que la justicia tiene una vinculación inocultable con los intereses políticos, en una persecución criminal que raya en la obsesión, y que deteriora la imagen de la policía mexicana en momentos en que necesita fortalecerla, como instrumento necesario e indispensable para recuperar la paz y la tranquilidad.