Terror y lucro

El acontecimiento ocurrido en Monterrey, específicamente en el Casino Royal, difícilmente puede describirse desde el punto de vista jurídico como un acto de terrorismo, aún y cuando comparta algunos elementos del concepto señalado como delito por el marco jurídico penal federal.
Es cierto que los criminales provocaron incendio y a través de él atentaron en contra de decenas de personas. Sin embargo, la finalidad del terrorismo no es únicamente producir alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, como ocurre indudablemente con este tipo de sucesos delictuosos, sino el objetivo último del terrorista es atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para qué tome una determinación.
Atentar contra la seguridad nacional sería, por ejemplo, atacar instalaciones estratégicas desde el punto de vista de las comunicaciones. Tampoco hasta el momento se conoce que haya una reivindicación oficial o un pliego petitorio.
Las indagatorias arrojan que el grupo delictivo pretendió presionar al propietario del negocio para pagar una cierta cantidad de dinero, lo que en términos jurídicos se conoce como extorsión, esto es, quien busca un lucro a través de un hacer o un no hacer causando un perjuicio patrimonial a alguien.
Fuera de estas consideraciones, coloquialmente pudiera considerarse innegable que acciones de esta naturaleza causan temor en la población, con lo cual efectivamente encuadran parcialmente en el concepto terrorismo.
Ahora bien. La Real Academia Española, al estudiar el vocablo, en una de sus acepciones, se refiere a él como una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.
Desde el punto de vista coloquial parece más correcto referirse al mismo desde este punto de vista: no es el hecho en concreto ocurrido en Monterrey, sino la sucesión de estos: Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Morelos, los que sumados integran el concepto terrorismo, donde los diversos grupos criminales provocan temor en la población, y desde un punto de vista genérico, tal vez indirecto, tratan de disuadir a la autoridad de cumplir con su cometido.
Tiene razón Miguel Carbonell, el estudioso constitucionalista, al señalar que desde un punto de vista técnico no estamos frente a un acto terrorista, sino un multihomicidio con todas las agravantes.
Sin embargo, la delincuencia utiliza el terror como un elemento que acompaña a sus actos de lucro criminal que deben ser combatidos con inteligencia y fuerza, y sobre todo, desde la reconstrucción social, en la cultura, la educación, los valores, la ética y la solidaridad en las comunidades.

De caprichos y necedades

La discusión de los veinticuatro alcaldes reunidos en chihuahua para analizar la política de seguridad pública federal, tuvo particular énfasis en el cariz político con el que se desenvuelve, la ausencia y discrecionalidad de apoyos financieros adecuados y suficientes, así como el despliegue mediático para responsabilizar a las entidades de una función donde la federación trata deslindarse en un doble juego en busca de capitalizar sufragios con miras estrictamente electorales.
La reunión que tuvo como sede Chihuahua, colocó a esta entidad y particularmente a este municipio en el epicentro nacional, al abordarse con claridad y sin ambages el fondo de la discusión, en este caso, el traslado de facultades sin apoyo financiero a las entidades y municipios del país por parte de la presidencia de la república que encabeza Felipe Calderón.
La postura natural de los alcaldes organizados fue rechazar tal conducta, y en principio, exigir que la entrada en vigor de la carga de persecución de narcomenudeo ocurra hasta diciembre de 2012 y no en agosto como se tiene programado a nivel nacional, de conformidad con los transitorios de las reformas autorizadas por el Congreso de la Unión.
De los puntos de acuerdo son dos las líneas centrales que deben destacarse; por un lado el aspecto político, donde se reconoce el papel central que ha jugado la Convención Nacional de Gobernadores, especialmente el gobernador César Duarte –desde la Comisión de Seguridad- para equilibrar el abuso federal en la materia.
Hay una posición de exigir la desaparición del famoso Subsemun, que es el subsidio de seguridad para los municipios, para sustituirlo por un fondo especial y más sustancioso, desde una visión no de la gracia federal, sino de una auténtica corresponsabilidad, concepto que surge desde la visión del alcalde chihuahuense Marco Adán Quezada.
Se reconoce la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde el doctor Narro ha sostenido una posición valiente en pro del respeto a los derechos humanos y de una visión de seguridad desde la óptica ciudadana y no de la militarización per se, que deriva necesariamente en la restricción de libertades.
Los municipios exigieron participar en el Consejo Nacional de Seguridad, en un reconocimiento al verdadero federalismo y la implementación inmediata de un programa de protección a los alcaldes, ya que en lo que va del año han perdido la vida 19 de ellos.
Los alcaldes fueron severos en el juicio a la federación: se le espeto una ausencia de voluntad política, discrecionalidad en la distribución de los recursos e incluso, se acusó que los requisitos de acceso al Subsemun representan un instrumento de coerción.
En lo económico, las posiciones fueron aún más radicales: se demandó restituir el recurso federal que le fue negado a los municipios en 2010 y 2011, aumentar a seis mil millones de pesos el apoyo en 2012, incluir 300 municipios en el subsidio para 2012 y destinar adicionalmente cuatro mil millones de pesos a tareas de prevención.
La reunión se convirtió en eco de federalismo, un federalismo donde los municipios son clave, sustancia de la distribución de competencias, una distribución razonable y no caprichosa, como ha venido ocurriendo en los últimos años.

Necesaria intervención del IFE

Es cierto que no le queda de otra a Santiago Creel que caminar sobre cuerda floja para obtener la candidatura de su partido a la presidencia de la república.
La cuestión es que se expone, de ganar la interna a una nulidad por violar flagrantemente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, realizando precampaña fuera de los tiempos legales y de la forma autorizada oficialmente.
Sus correligionarios juegan más inteligentemente con el “score”: agazapados trabajan prudente y metódicamente a los cuadros al interior del Partido Acción Nacional para obtener el apoyo de los liderazgos naturales que existen a lo largo y ancho del territorio nacional, sin exponerse mediática ni jurídicamente.
Las precampañas son reguladas después de un largo periodo de evolución que inicia con un desconocimiento de las mismas a través de una omisión legal hasta una amplia normatividad que señala un procedimiento concreto que trata de garantizar la igualdad de condiciones al interior de los partidos políticos, respetando el derecho de todo militante a ser postulado, y por otro lado, busca generar un uso de recursos económicos transparente y limitado a un techo financiero, donde es la misma autoridad quien provee la mayor cantidad de recursos a través del financiamiento.
La omisión en la regulación de las precampañas generaba no solo un gran gasto mediático y operativo por parte de los aspirantes a una candidatura, sino la exposición desde mucho tiempo antes de la jornada electoral de personajes que a través de ese recurso anticipado obligaban a una percepción pública de aceptación y secuestro virtual de los partidos.
Pero además generaba un gran vacío legal en el origen y destino de los recursos económicos utilizados en estas acciones anticipadas de campaña, que no era posible sujetar al escrutinio público por parte de los órganos fiscalizadores.
Con la regulación, que incluye el uso de espacios en radio y televisión, se busca generar una mayor certeza en el proceso electoral todo, incluyendo la fase previa a la elección de los candidatos.
Por ejemplo, antes del 20 de septiembre anterior al del año electoral, dice la legislación federal, el Instituto Federal Electoral deberá sugerir los lineamientos que contienen sugerencias a medios de comunicación en el manejo de la información que tenga que ver con precampaña y campaña electoral.
Establece una amplia legislación en materia de fiscalización y financiamiento público; un método de registro ante los partidos políticos, quienes deberán realizar diversos actos para garantizar equidad en la contienda, topes, financiamiento, propaganda, reuniones, etcétera.
La cuestión es que, habiendo un procedimiento, éste tiene un inicio y un final. Los partidos deben hacer del conocimiento del Instituto Federal Electoral estas fechas así como el método de selección con un cierto tiempo de anticipación.
Todavía el Partido Acción Nacional no realiza esta comunicación al Instituto Federal Electoral. En el caso en particular, las precampañas inician la tercera semana de diciembre del año anterior al de la elección.
Y ya Santiago Creel se manifiesta abiertamente precandidato. Los medios de comunicación así recogen y multiplican su expresión, incluso realizó un acto partidista que contiene los elementos de un acto de precampaña, que se transmitió por televisión en vivo.
Santiago sabe que no le queda de otra. Tiene que jugarla así ante la cargada presidencial por el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien por cierto no prende ni prenderá, con un lastre de pobreza que el modelo económico no ha podido superar.
La cuestión es que es tan flagrante la violación que se impone la intervención del Instituto Federal Electoral para poner un alto.

Afanes electorales desde el desempleo

En un mundo globalizado como el que vivimos, las acciones que pueden realizar las localidades para impulsar las actividades económicas o de seguridad poco resultado tendrán si la administración nacional o federal es errática u omisa al respecto.
En el caso particular de México, siendo una de las estrategias desde el inicio de la actual administración federal, incluso slogan de campaña, el empleo no ha podido despuntar.
De acuerdo a las cifras dadas a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en promedio, de cada 100 mexicanos que arribaron al estatus de Población Económicamente Activa, durante los últimos diez años, sólo 26 encontraron un empleo formal: en la década el Instituto Mexicano del Seguro Social solo registró 2.2 millones de asegurados contra un alza en la PEA de 8.5 millones.
La población en edad de laboral aumentó en dos por ciento promedio anual, mientras que la generación de empleos sólo en 1.6 por ciento.
En esta década, del 2001 al 2010, se calcula, de acuerdo a los datos del INEGI un déficit de 6.28 millones de empleos formales.
Actualmente, sin considerar el Censo de Población y Vivienda 2010, existen 47.8 millones de individuos en la PEA, es decir, cerca de 44 por ciento de la población total.
El dato es revelador, porque la informalidad creció, con todos sus efectos fiscales y de protección social a los trabajadores y sus familias, costo que al final de cuentas se traslada al Estado.
Si de cada cien personas solo 26 encontraron empleo formal, 74 se sumaron a la informalidad. Y el problema aumenta momento a momento: de abril a marzo de 2011 según cifras de la Secretaria del Trabajo Federal se sumaron al desempleo 263 mil personas.
El problema no tiene solo que ver con la baja generación de empleos formales, sino también implica el nivel salarial de estos trabajadores. De ellos 1.1 millones de personas reciben como máximo cinco salarios mínimos al mes.
En cuanto a protección social, las millones de personas en la informalidad acuden a los servicios asistenciales oficiales subsidiados, que se limitan a la protección a la salud.
No existe un mecanismo para la protección al retiro más que el Afore, donde se debe cotizar de manera voluntaria. Pero desde la informalidad, es probable que la persona no lo haga, generándose un problema social a largo plazo.
El empleo, acompañado de la violencia, sigue siendo el reto nacional a enfrentar por la administración pública federal, paradójicamente ambos vinculados de manera indisoluble: los indicadores de violencia impactan a la inversión y el empleo y viceversa.
La estrategia debe ser integral: el subsidio como estrategia de ataque al desempleo debe ser momentáneo y no permanente; igual ocurre con la militarización del país, partiendo de que, en el caso de la violencia, el empleo, en su solución, corresponde de principio a la construcción de condiciones nacionales y no locales: el gobierno federal debe voltear auténticamente a una administración con sentido social, lejos del paternalismo y el afán mercadológico por construir imagen con afanes electorales.

Una crisis institucional

La Procuraduría General de la República constituye el instrumento civil por medio del cual el gobierno de la república persigue los delitos del fuero federal, donde destaca, por su gran impacto social, el crimen organizado en sus diversas vertientes, narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de blancas y tráfico de indocumentados.
Esta dependencia del gobierno federal desempeña las funciones de ministerio público, a través de la cual investiga y persigue los delitos, para presentar a los presuntos responsables ante los jueces, quienes dilucidan las pruebas y determinan la sujeción a proceso.
Se trata sin duda de un órgano de gran importancia en el sistema punitivo del Estado, que no puede estar sujeto a los vaivenes políticos coyunturales, y que reclama una definición de autonomía constitucional, para blindarlo del capricho presidencial, no solo en la determinación estructural de puestos de primer nivel, sino en su operación misma, al convertirse en brazo político que persigue signos partidistas distintos en un contrasentido de un sistema democrático, como ocurrió en Michoacán o en Baja California, y recientemente –en un drama que está por resolverse- en el Distrito Federal con el caso Greg.
La Procuraduría opera a través de delegados en las 32 entidades federativas, quienes representan la cabeza del Ministerio Público Federal y por tanto son los responsables de las tareas de persecución de los delitos en aquellas materias que le son propias y exclusivas, y donde las entidades solo coadyuvan, esto es, son corresponsables.
Bueno, pues 21 de estas delegaciones –el lunes se hablaba de 29- se quedaron acéfalas porque, a través del oficial mayor, la procuradora Marisela Morales anunció una serie de acciones de traslado de delegados a diversas entidades, un enroque.
Todos estos servidores públicos pertenecen al servicio civil de carrera de la institución, algunos con más de 20 años de servicio. Ahora, de pronto, se les anuncia el cambio de adscripción, bajo condiciones de presión.
Es obvio que si la Procuraduría General de la República ha fallado en el combate al crimen organizado es con motivo de la falta de acciones estratégicas, pero también porque sus mandos de todos los niveles han incumplido en distinta proporción. Pero ¿21 de los 32 delegados se van? ¿En un momento se dieron cuenta en los Pinos que estaba todo mal? ¿Y si los delegados estaban mal, como estará lo demás?
La renuncia masiva de dos tercios de los delegados ocurre en un contexto peculiar, cuando el presidente felicita por red social a la policía por el arresto de un líder criminal a quien se responsabiliza por mil quinientos homicidios, mientras en el Distrito Federal uno más escapaba de un hospital gracias a la complicidad de agentes policiacos federales, hechos en evidente contrasentido que el gobierno norteamericano se encarga de apuntalar con un efusivo mensaje de congratulación por la captura y el silencio por la fuga y las dimisiones que no son cosa menor, sino una crisis institucional.
Nadie lo niega: los arrestos generan esperanza en la población, que espera una solución al problema de la inseguridad; pero las detenciones aisladas poco aprovechan si no se fortalece la colaboración entre la federación y los Estados, y no hablamos solo de trasladar responsabilidades, sino de otorgar mayores recursos y apoyar realmente las tareas de profesionalización policiaca; urge que la federación de marcha atrás en una política de miopía en la distribución presupuestal, como ocurrió con el subsidio para seguridad pública municipal, con recortes inexplicables como los ocurridos en Juárez y Chihuahua, dos de las entidades más severamente golpeadas por la violencia, bajo el argumento simplista de reglas de operación unilaterales, lejos, muy lejos, de un espíritu federalista.
Urge también que la Procuraduría General supere su crisis institucional, no la de ahorita, que no es más que la punta del iceberg, sino una crisis permanente que el Presidente no atina a enfrentar, en perjuicio de la sociedad entera.