Veto presidencial absurdo

Lo que en el fondo se discute en torno al absurdo veto presidencial que impide otorgar diez mil millones de pesos extraordinarios para apoyar un campo devastado por la sequía así como las afectaciones graves provocadas por heladas e inundaciones en veinte entidades federativas, no es el formalismo legal, sino la insensibilidad para generar auxilio emergente ante situaciones inéditas, existiendo recursos para ello.
No es nada ortodoxa la decisión de la Cámara de Diputados de modificar el decreto legislativo vigente que autorizó el presupuesto de egresos del 2011: es inédita la resolución camaral, y por lo mismo, sería deseable que caminará en una ruta de controversia constitucional para revisar las facultades que los legisladores tienen para reconducir el presupuesto nacional ante situaciones de evidente necesidad, con cuatro millones de cabezas de ganado en riesgo y la agricultura colapsada en un 70 por ciento.
Los diputados, con 284 votos, decidieron, como medida desesperada y extraordinaria, aprobar la ley que creaba el apoyo emergente para Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz, a sabiendas de que con ello abren un nuevo capítulo en la interpretación de las normas que regulan el ejercicio del gasto en el país, ante la cerrazón mostrada por la federación para destinar apoyo con base en la suficiencia existente en 30 mil millones de pesos de subejercicio así como excedentes en ingresos por petróleo y reservas internacionales por 125 mil millones de dólares.
Es cierto que ya hay recursos federales presupuestados y muchos ejercidos para apoyar la situación emergente: no se discute su ausencia, lo que se señala es la insuficiencia palpable del dinero público destinado y la ceguera en la implementación de programas y políticas públicas federales, como lo ha establecido con claridad la Universidad Autónoma de Chapingo, en una situación que amenaza en 2012 con agudizar la escasez de alimento y el aumento en el precio de los productos de consumo básico.
Es poco probable que los legisladores alcancen las dos terceras partes de los votos para derribar el veto presidencial, ya que los diputados y senadores del PAN, insensibles también, han manifestado de antemano su postura de apoyar la decisión de Felipe Calderón, bajo el formulismo jurídico supuesto de la insuficiencia de fundamento en la ley, sin observar la pertinencia de la misma: su urgencia en la aplicación para ayudar a los campesinos y sus familias.
¿De qué sirve que las reservas, el subejercicio y los excedentes recaudados permanezcan en la caja fuerte de la presidencia de la república en un año electoral? Probablemente de mucho para afanes electoreros, alejados de la realidad caótica que plantea el desastre en el campo, y la situación crítica de veinte entidades federativas.
Lo peor es que se niega la existencia de esos recursos, cuando la Cámara de Diputados los ha documentado. Negar que existan es insostenible, mejor sería aceptar que se trata de una política financiera macro que privilegia los grandes intereses económicos en lugar del bienestar de la población.
En Argentina Cristina Kirchner atraviesa por un momento similar. Las cacerolas no han dejado de sonar por su cerrazón de implementar apoyos fiscales a zonas devastadas, bajo el falso argumento de igualdad fiscal.
Lo mismo pasa en México: se cuestiona una decisión legislativa inédita, nada ortodoxa, cuando en el fondo es indispensable autorizar apoyos urgentes para el campo, cuando aún no se han dejado sentir en su magnitud los estragos del seco invierno. Estamos hablando de 2011 cuando 2012 se asoma a la ventana y amaga con un recrudecimiento de las condiciones sociales de la población más desprotegida.

Manipulación mediática

Es constante la acción de las administraciones públicas de incurrir en el uso de espacios mediáticos para posicionarse socialmente en sus logros y acciones.
Esta determinación de los servidores públicos es legítima e incluso pudiera decirse que necesaria, en una construcción de gobernabilidad en la conciencia colectiva.
La publicidad gubernamental fortalece la imagen de las instituciones, en un contexto donde la crisis económica e inseguridad propician un deterioro en la percepción pública de la efectividad de los programas de gobierno.
Sin embargo el uso de este instrumento tiene límites: no se debe utilizar para manipular la opinión pública, deteriorando la imagen de otras instituciones públicas, como ocurre actualmente desde el gobierno de la república en contra de nivel estatal y municipal, en la utilización del privilegio federal de los tiempos oficiales.
Este abuso mediático lo observamos desde hace semanas, de manera insistente, sistemática, en el gobierno de Felipe Calderón, de manera particular con el tema de seguridad, en lo que se ha convertido en una política de comunicación social permanente de deslinde en el ejercicio de las responsabilidades y obligaciones que le confiere el marco jurídico en materia de delincuencia organizada.
La divulgación masiva de mensajes teniendo como contenido una intervención de las fuerzas federales de seguridad en auxilio de diversas administraciones estatales del país, a solicitud de ellas mismas, se ha convertido en un instrumento perverso de comunicación política, cuando en el fondo lo único que ocurre es que el gobierno de la república cumple con su obligación legal de atacar el crimen organizado.
La perversidad en la construcción de los mensajes publicitarios consiste en hacer creer a la opinión pública que la responsabilidad del combate a este tipo de delitos es de las entidades federativas y de los municipios y no del gobierno federal.
No satisfechos con hacer alusión a ello en el uso de la comunicación social ordinaria, despliegan una campaña publicitaria, con cargo a los tiempos oficiales, para posicionar la idea de que el gobierno federal, ante la incapacidad de las administraciones estatales, acude en su auxilio, cuando ocurre lo contrario: la incapacidad es del gobierno federal, y ante ello a militarizado amplias zonas del territorio nacional.
Al adoptar estrategias de combate al crimen organizado, la administración calderonista simplemente cumple con su obligación: las entidades federativas son coadyuvantes en el combate a estos delitos.
El uso de la comunicación social exige un tratamiento responsable, más aún en temas tan delicados como la seguridad pública, donde Felipe Calderón ha encontrado uno de sus principales fracasos, y donde se ha mostrado renuente a las insistentes propuestas de los distintos sectores, que demandan más que el uso de la fuerza, el despliegue de inteligencia, con absoluto respeto a los derechos humanos.

Gobierno federal y desempleo

Es sumamente complicada la situación del Presidente Felipe Calderón cuando la seguridad pública no es el único problema que debe enfrentar en lo inmediato. La economía está sufriendo una recesión que complica una explicación frente a una oferta inicial de sexenio de mejoría en las condiciones de vida de la población, específicamente con empleo, debido a una constante en el comportamiento de la desocupación y la subocupación.
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos tiene razón: el estancamiento económico agudizará el comportamiento del empleo, ante la ausencia de políticas integrales desde el sector gubernamental federal, en un empecinamiento de modelo económico que incrementa la disparidad en la distribución de la riqueza.
El empleo es el principal impulsor de la mejora de las condiciones de vida de la población; el problema es que el presidente del empleo no ha podido con sus promesas de campaña.
De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística las cifras de desempleo en México para el pasado mes de octubre, última actualización de la información, son del 5 por ciento, con una mejoría porcentual de .68, que la coloca al nivel de enero del 2009 y abril del 2011: la cuestión es que los porcentajes dicen poco, cuando en términos absolutos hablamos de un incremento del desempleo con 2 millones 480 mil 290 personas en estas condiciones.
Un signo más del debilitamiento del mercado laboral se encuentra en el aumento de la subocupación.
Para octubre del 2011, la tasa de subocupación se encontraba en los 9.2 puntos porcentuales, 4 millones 604 mil 281 personas, que han tenido que buscar actividades económicas distintas a su actividad original. Están haciendo otra cosa diferente para la que están capacitados con el fin de sobrevivir. Están subempleados.
A estas variables, desempleo y subempleo, debe sumarse la actividad informal. Un 28.7% de la población económicamente activa se encuentra en estas condiciones. Estamos hablando de 14 millones 229 mil personas laborando en una situación de franca desventaja de seguridad social, bajos salarios, e inestabilidad laboral.
Por lo tanto, hay dos millones y medio de personas sin empleo, 4 millones y medio de personas que realizan una actividad distinta a su capacitación y 14 millones en el empleo informal sin ningún tipo de seguridad social: no la tiene fácil el presidente Calderón con 20 millones de personas económicamente activas en estas condiciones.
A estas cifras deben sumarse las personas que dependen de ellas. Si fueran dos en promedio, estaríamos hablando de cuarenta millones de mexicanos.
Súmese el raquítico aumento salarial autorizado recientemente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del orden del 4.2%, que rige las percepciones económicas de la mayoría de los 46 millones de trabajadores ocupados formalmente.
Un aumento ridículo, como ya lo apuntaba con tino el gobernador de Chihuahua César Duarte.

Necesaria coordinación

Reconstruir el tejido social de las comunidades es un reto fundamental para avanzar en la consolidación de un auténtico estado de derecho y no al contrario, como parece percibirse en las acciones instrumentadas desde el gobierno federal.
La solución ante la inseguridad es el rescate de valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el amor a la vida, y nunca, de manera unilateral el uso de la fuerza pública que encuentra su máxima expresión en la militarización de los espacios públicos.
Es cierto: las acciones de tipo social, cultural y educativo no bastan ante una violencia exacerbada, y que es necesaria la persecución de los delitos, pero en un marco de que respete el derecho humano y social de las comunidades: un estado policiaco permanente como el implementado por el presidente Calderón vulnera de manera constante estos derechos, como lo hemos observado a lo largo y ancho del país, como lo ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y actualmente se estudia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero además, siendo concomitantes estas dos acciones, la federación requiere del trabajo conjunto con el resto de los órdenes de gobierno, las entidades federativas y los municipios, de una coordinación, que sume esfuerzos para rescatar auténticamente los espacios públicos, y esto ocurre solo a través de la organización comunitaria.
Los municipios en el país hacen esfuerzos de esta naturaleza. En Chihuahua, el alcalde de Marco Adán Quezada, se reúne con estudiantes, charlan acerca de tareas conjuntas en convivencia, marchan por las calles manifestando el anhelo por una sociedad más justa, y hacen compromisos hacia valores ciudadanos que mejoren la convivencia en el entorno comunitario, se constituyen comités de vecinos dando énfasis a resolver problemas sentidos y promover un sentido alto a la cultura de la legalidad.
En la integración de la comunidad el municipio es pieza clave. La federación debe reforzar la alianza con el mismo y cumplir con su función legal de atacar al crimen organizado desde una visión protectora de los derechos humanos, fuera del simplismo de presentarse mediáticamente como salvadora del flagelo a solicitud de entidades y ayuntamientos, como lo spotiza diariamente en radio y televisión nacional, cuando solo cumple con una obligación.
La Conferencia Nacional de Gobernadores ha insistido en mejorar la coordinación entre los ámbitos de gobierno. Se han dado pasos al respecto, pero es necesario acentuarlos desde un compromiso mayúsculo del área federal, dejando a un lado esquemas de clientelismo electoral como ha ocurrido hasta la fecha.